Reforma educativa es irregular, acusan.

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Dos días después de que se inició el ciclo escolar y con más de 27 millones 700 mil libros de primero y sexto grados distribuidos en el país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), el proyecto para modificar los planes y programas de estudio de la Reforma Integral de la Educación Básica.

Académicos y juristas advierten que con esta acción, los textos y el nuevo programa son “irregulares”, y que los funcionarios del sector incurrieron en violaciones a las leyes de educación y de servidores públicos.

El documento para modificar el Acuerdo 181, con el cual se renovará y dejará sin efecto el programa de estudios de primaria aprobado en 1993, fue enviado a la Cofemer el pasado 26 de agosto por Guillermo Bernal Miranda y Héctor Escamilla Tecalco, ambos de la dirección de Planeación y Apoyo Técnico de la dirección general de Desarrollo Curricular; y un día después, la Comisión le dio entrada para análisis y posible aprobación.

En el formulario que presentó la subsecretaría de Educación Básica se indica que la reforma beneficiará a más de 15 mil alumnos de primero y sexto grados, aunque el subsecretario Fernando González ha dicho que se aplicará a 7 millones.

Para que la Cofemer dé paso al análisis del documento se pidió a la dependencia que explique los alcances e impactos que tendrán al modificar programas, como en este caso el Acuerdo 181, aunque la subsecretaría responde que no hay un plan en el que la reforma tenga implicaciones presupuestales.

Descarta que pueda generar sanciones ante el incumplimiento del nuevo programa de estudios, al asegurar que “no aplica” describir el esquema de sanciones del anteproyecto, ni la “severidad de las sanciones”.

Rechaza que la modificación al plan de estudios, vigente en escuelas públicas y privadas desde hace más de una semana, tenga un “alto impacto”, ya que no entregó un estudio del costo-beneficio correspondiente.

A pesar de que la iniciativa también tiene efectos sobre el servicio educativo que ofrecen las escuelas privadas en México, en cuanto a la reelaboración de materiales educativos, la dirección general de Desarrollo Curricular, que encabeza Leopoldo Rodríguez, asegura que “no aplican” efectos sobre consumidores o sobre usuarios intermedios de bienes y servicios.

A pregunta del formulario para fijar “un costo cuantificable” de lo que significará el cambio de programas y planes de estudio, a consecuencia de libros para el maestro y de texto, se vuelve a indicar que “no aplica”.

Daniel Márquez e investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas coincidieron en que las violaciones a ambas leyes se sancionan con suspensión del cargo e inhabilitación, que tendrían que provenir en primera instancia de la SEP, ya que la reforma no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación ni en los estados.