Noticia:
La Suprema Corte de Justicia dio a conocer que no lleva un registro de los viajes al extranjero de sus integrantes, por lo que no difundirá los nombres de los funcionarios, los fines de las salidas ni la categoría de boletos de avión en la que viajaron.
Luego de dos años de la solicitud de información que hizo este diario, la Corte únicamente se comprometió a elaborar una versión pública del total de gastos por transportación, hospedaje y viáticos.
Señaló que las áreas de Tesorería, y de Presupuesto y Contabilidad “no tienen la obligación de procesar la información dispersa en diversos documentos, si no es ésta una de sus funciones sustantivas”.
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lunes, 22 de febrero de 2010
sábado, 23 de enero de 2010
Corte ofrece analizar a fondo reclamo por IETU.
Noticia:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dedicará todo el tiempo necesario para lograr decisiones apegadas a derecho que resuelvan el caso del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), anticipó el presidente del máximo tribunal del país, Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Ello luego de la audiencia pública en la que autoridades y empresarios argumentaron en pro y en contra, respectivamente, de la constitucionalidad del cobro del impuesto que de declararse ilegal obligaría a los funcionarios de la Hacienda pública a devolver más de 90 mil millones de pesos a los inconformes.
Ortiz Mayagoitia convocó a todos los ministros de la Corte a dedicar el tiempo necesario para analizar desde el próximo lunes el asunto en el que es ponente la ministra Olga Sánchez Cordero, pues el caso lo calificó como un asunto “polémico, difícil y de gran trascendencia”.
Tras escuchar los cuatro bloques de participantes en esta audiencia pública, destacó el gran número de planteamientos jurídicos del caso, y que enfocaron los puntos de mayor interés de las partes, y respecto de los cuales dijo a sus homólogos: “Debemos poner especial atención sin descuidar ninguno de los elementos hechos valer en la demanda central”.
Salvo el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), que declinó participar en la audiencia por las discrepancias entre sus agremiados, el Pleno de ministros escuchó a los abogados que representan a los empresarios, quienes rechazan el pago del impuesto por considerarlo inconstitucional, así como representantes de la SHCP, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y de las cámaras de Diputados y Senadores, que defendieron el cobro.
Entre los representantes del gobierno estuvieron el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, y el procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, mientras que por los legisladores, quienes aprobaron el impuesto, estuvieron los panistas Francisco Ramírez Acuña y Gustavo Madero Muñoz, quienes al igual que los representantes de las empresas inconformes tuvieron 15 minutos cada uno para defender su posición.
El IETU no fue, según opinión del subsecretario de Ingresos de la SHCP, José Antonio Meade, inflacionario ni provocó desempleo o la modificación de contratos colectivos de trabajo. Consideró que con su implementación desde 2008, las autoridades hacendarias aumentaron por arriba de 90 mil millones lo recaudado por ingresos no petroleros.
Frente a los argumentos de los abogados del sector privado, la SHCP, en voz del jefe de la Unidad de Política de Ingresos, Juan Manuel Pérez Porrúa, recordó que el IETU ya fue declarado constitucional por dos instancias del Poder Judicial de la Federación, y confió en que por tercera y definitiva ocasión, la SCJN declare inválidos los amparos promovidos.
Advirtió que en caso contrario, las empresas pueden exigir las devoluciones del pago de impuesto que, calculó, llegaría a casi 90 mil millones de pesos más recargos y actualizaciones, en algunos casos, dependiendo de lo que determinara la Corte.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dedicará todo el tiempo necesario para lograr decisiones apegadas a derecho que resuelvan el caso del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), anticipó el presidente del máximo tribunal del país, Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Ello luego de la audiencia pública en la que autoridades y empresarios argumentaron en pro y en contra, respectivamente, de la constitucionalidad del cobro del impuesto que de declararse ilegal obligaría a los funcionarios de la Hacienda pública a devolver más de 90 mil millones de pesos a los inconformes.
Ortiz Mayagoitia convocó a todos los ministros de la Corte a dedicar el tiempo necesario para analizar desde el próximo lunes el asunto en el que es ponente la ministra Olga Sánchez Cordero, pues el caso lo calificó como un asunto “polémico, difícil y de gran trascendencia”.
Tras escuchar los cuatro bloques de participantes en esta audiencia pública, destacó el gran número de planteamientos jurídicos del caso, y que enfocaron los puntos de mayor interés de las partes, y respecto de los cuales dijo a sus homólogos: “Debemos poner especial atención sin descuidar ninguno de los elementos hechos valer en la demanda central”.
Salvo el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), que declinó participar en la audiencia por las discrepancias entre sus agremiados, el Pleno de ministros escuchó a los abogados que representan a los empresarios, quienes rechazan el pago del impuesto por considerarlo inconstitucional, así como representantes de la SHCP, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y de las cámaras de Diputados y Senadores, que defendieron el cobro.
Entre los representantes del gobierno estuvieron el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, y el procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, mientras que por los legisladores, quienes aprobaron el impuesto, estuvieron los panistas Francisco Ramírez Acuña y Gustavo Madero Muñoz, quienes al igual que los representantes de las empresas inconformes tuvieron 15 minutos cada uno para defender su posición.
El IETU no fue, según opinión del subsecretario de Ingresos de la SHCP, José Antonio Meade, inflacionario ni provocó desempleo o la modificación de contratos colectivos de trabajo. Consideró que con su implementación desde 2008, las autoridades hacendarias aumentaron por arriba de 90 mil millones lo recaudado por ingresos no petroleros.
Frente a los argumentos de los abogados del sector privado, la SHCP, en voz del jefe de la Unidad de Política de Ingresos, Juan Manuel Pérez Porrúa, recordó que el IETU ya fue declarado constitucional por dos instancias del Poder Judicial de la Federación, y confió en que por tercera y definitiva ocasión, la SCJN declare inválidos los amparos promovidos.
Advirtió que en caso contrario, las empresas pueden exigir las devoluciones del pago de impuesto que, calculó, llegaría a casi 90 mil millones de pesos más recargos y actualizaciones, en algunos casos, dependiendo de lo que determinara la Corte.
miércoles, 16 de diciembre de 2009
Corte: en libertad, 20 mil acusados.
Noticia:
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, informó que más de 20 mil personas que presuntamente han cometido diversos delitos federales, y que han sido acusadas ante juzgados de todo el país, están en libertad porque no han podido ser aprehendidas.
Al rendir su tercer informe anual de labores ante jueces, magistrados y consejeros de la Judicatura Federal, y con la presencia del presidente Felipe Calderón, el ministro dijo que durante 2009, en materia de procesos penales se registraron 55 mil 823 consignaciones.
De ese total, aclaró, 20 mil 792 asuntos se consignaron sin detenido, “con solicitud de orden de aprehensión en contra de uno o más inculpados”.
Otros 25 mil nueve asuntos fueron consignados con uno o más detenidos; mientras que los 10 mil 22 asuntos restantes se consignaron con uno o más inculpados en libertad provisional.
El máximo representante del Poder Judicial dijo que la mayoría de los casos que se presentaron ante los juzgados estuvieron relacionados con delitos contra la salud (35%), es decir, con asuntos vinculados con el narcotráfico.
Pero también, en 26% de los casos, con ilícitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
“Desde luego, una misma persona puede ser acusada por uno o más de esos delitos, y cada causa penal puede estar enderezada en contra de uno o de varios inculpados”, dijo Ortiz Mayagoitia en este acto al que también asistió el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña.
Disculpó al presidente del Senado, Carlos Navarrete, quien no pudo asistir por problemas relacionados con el tráfico en la ciudad.
Por la presencia del presidente Calderón y de algunos funcionarios de su gabinete se colocó un cerco alrededor del máximo tribunal, lo que generó tráfico vial en sus alrededores.
Entre los invitados al informe estuvieron el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zúrita; el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia; la esposa del presidente de la República, Margarita Zavala; el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL; el gobernador saliente del Banco de México, Guillermo Ortiz, así como académicos y abogados de distintos sectores.
Estadísticas de las sentencias
En materia de justicia penal, Ortiz Mayagoitia reportó que, de acuerdo con el corte estadístico que hicieron al mes de noviembre, durante este año, los jueces federales emitieron 27 mil 545 sentencias, “de las cuales, 25 mil 38 (90.8%) fueron condenatorias, y 2 mil 507 restante (9.2%), fueron absolutorias”.
“El Poder Judicial de la Federación está comprometido con la seguridad, la legalidad y la justicia, sirviendo a la sociedad con estricto apego a las leyes y a los procedimientos que rigen su actuación y sus potestades, velando siempre por la vigencia del Estado de Derecho en todas sus actuaciones”.
Con la presentación del informe concluyó el periodo de sesiones de la Corte e inició su periodo vacacional de dos semanas, en las que sólo se quedará de guardia una comisión de receso integrada por los ministros Olga Sánchez Cordero y José de Jesús Gudiño Pelayo.
Los detalles del informe, en todas sus materias, se podrán consultar en la página de internet de la Corte scjn.gob.mx, en la que se colocó la información para que todos los interesados en tema puedan tener acceso al mismo.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, informó que más de 20 mil personas que presuntamente han cometido diversos delitos federales, y que han sido acusadas ante juzgados de todo el país, están en libertad porque no han podido ser aprehendidas.
Al rendir su tercer informe anual de labores ante jueces, magistrados y consejeros de la Judicatura Federal, y con la presencia del presidente Felipe Calderón, el ministro dijo que durante 2009, en materia de procesos penales se registraron 55 mil 823 consignaciones.
De ese total, aclaró, 20 mil 792 asuntos se consignaron sin detenido, “con solicitud de orden de aprehensión en contra de uno o más inculpados”.
Otros 25 mil nueve asuntos fueron consignados con uno o más detenidos; mientras que los 10 mil 22 asuntos restantes se consignaron con uno o más inculpados en libertad provisional.
El máximo representante del Poder Judicial dijo que la mayoría de los casos que se presentaron ante los juzgados estuvieron relacionados con delitos contra la salud (35%), es decir, con asuntos vinculados con el narcotráfico.
Pero también, en 26% de los casos, con ilícitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
“Desde luego, una misma persona puede ser acusada por uno o más de esos delitos, y cada causa penal puede estar enderezada en contra de uno o de varios inculpados”, dijo Ortiz Mayagoitia en este acto al que también asistió el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña.
Disculpó al presidente del Senado, Carlos Navarrete, quien no pudo asistir por problemas relacionados con el tráfico en la ciudad.
Por la presencia del presidente Calderón y de algunos funcionarios de su gabinete se colocó un cerco alrededor del máximo tribunal, lo que generó tráfico vial en sus alrededores.
Entre los invitados al informe estuvieron el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zúrita; el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia; la esposa del presidente de la República, Margarita Zavala; el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL; el gobernador saliente del Banco de México, Guillermo Ortiz, así como académicos y abogados de distintos sectores.
Estadísticas de las sentencias
En materia de justicia penal, Ortiz Mayagoitia reportó que, de acuerdo con el corte estadístico que hicieron al mes de noviembre, durante este año, los jueces federales emitieron 27 mil 545 sentencias, “de las cuales, 25 mil 38 (90.8%) fueron condenatorias, y 2 mil 507 restante (9.2%), fueron absolutorias”.
“El Poder Judicial de la Federación está comprometido con la seguridad, la legalidad y la justicia, sirviendo a la sociedad con estricto apego a las leyes y a los procedimientos que rigen su actuación y sus potestades, velando siempre por la vigencia del Estado de Derecho en todas sus actuaciones”.
Con la presentación del informe concluyó el periodo de sesiones de la Corte e inició su periodo vacacional de dos semanas, en las que sólo se quedará de guardia una comisión de receso integrada por los ministros Olga Sánchez Cordero y José de Jesús Gudiño Pelayo.
Los detalles del informe, en todas sus materias, se podrán consultar en la página de internet de la Corte scjn.gob.mx, en la que se colocó la información para que todos los interesados en tema puedan tener acceso al mismo.
martes, 24 de noviembre de 2009
Conflicto en relevo de ministros.
Noticia:
El relevo de los dos ministros de la Corte, Mariano Azuela, y Genaro Góngora Pimentel en el Senado, inició con un conflicto entre partidos.
A petición del senador del PRD, Pablo Gómez, el jueves pasado cuando se recibieron las propuestas del Ejecutivo, éstas se turnaron sólo a la comisión de Justicia, que encabeza el panista Alejandro González Alcocer.
El hecho provocó reclamos del PRI, cuyos senadores se encontraban fuera del salón de sesiones, al dejar fuera a la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que encabeza el priista Fernando Castro Trenti.
Hoy, los senadores de ambos partidos pedirán ampliar el turno de nueva cuenta a la comisión priísta de Estudios Legislativos, confirmó González Alcocer.
“Nos agarró dormidos… y al PRI ausente”, dijo el legislador, quien reconoció que hay un pacto para manejar estos temas con la participación de PAN y PRI en las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera.
González Alcocer aseguró que para elegir a los nuevos ministros no habrá arreglos en lo oscuro, ni intereses partidistas.
“Será un proceso transparente, el que reúna las dos terceras partes será… hay un elemento nuevo y diferente, que hace que haya más transparencia porque no hay nadie con signo partidista, y ese fue un esmero del presidente (Felipe Calderón) que no hubiera alguien que se inclinara para el reparto de cuotas, es un ejercicio serio de gente capaz”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, reconoció que hubo reclamos del PRI, y sólo fue una “ocurrencia de último minuto” de Pablo Gómez, pero enmendarán el error, sobre todo para encontrar los consensos suficientes pues se requieren las dos terceras partes de los votos para ratificar alguna de las propuestas.
“Ahí se sintieron un poco ofendidos los del PRI, porque la mayoría no estaba, y de repente se saca este acuerdo a petición de Pablo Gómez y dicen nos están eliminando. Y el enojo se podría traducir en que a lo mejor no vayan o no participen, y esto no puede ser porque nos requieren dos terceras partes.
“Vamos a pedir la ampliación del turno, porque lo que propuso Pablo Gómez nos descuadró; aquí tenemos que ir todos forzosamente o si no, no encontramos las dos terceras partes, vamos a pedir que se les incluya”.
Confirmó que mañana a las cinco de la tarde, comparecerán ante comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, los primeros tres aspirantes para sustituir a Mariano Azuela, que son integrantes del Poder Judicial: el consejero de la Judicatura y magistrado Luis María Aguilar Morales, la magistrada María Luisa Martínez Delgadillo y el magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo, propuestos por el Ejecutivo.
Está por definirse el turno de los propuestos por el Ejecutivo para el cargo de Genaro Góngora Pimentel, de corte académico: del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jorge Adame Goddard y Eduardo Ferrer MacGregor, y al profesor de la Escuela Libre de Derecho, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Se espera pasar al pleno el dictamen antes del 15 de diciembre, dijo González Alcocer.
El relevo de los dos ministros de la Corte, Mariano Azuela, y Genaro Góngora Pimentel en el Senado, inició con un conflicto entre partidos.
A petición del senador del PRD, Pablo Gómez, el jueves pasado cuando se recibieron las propuestas del Ejecutivo, éstas se turnaron sólo a la comisión de Justicia, que encabeza el panista Alejandro González Alcocer.
El hecho provocó reclamos del PRI, cuyos senadores se encontraban fuera del salón de sesiones, al dejar fuera a la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que encabeza el priista Fernando Castro Trenti.
Hoy, los senadores de ambos partidos pedirán ampliar el turno de nueva cuenta a la comisión priísta de Estudios Legislativos, confirmó González Alcocer.
“Nos agarró dormidos… y al PRI ausente”, dijo el legislador, quien reconoció que hay un pacto para manejar estos temas con la participación de PAN y PRI en las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera.
González Alcocer aseguró que para elegir a los nuevos ministros no habrá arreglos en lo oscuro, ni intereses partidistas.
“Será un proceso transparente, el que reúna las dos terceras partes será… hay un elemento nuevo y diferente, que hace que haya más transparencia porque no hay nadie con signo partidista, y ese fue un esmero del presidente (Felipe Calderón) que no hubiera alguien que se inclinara para el reparto de cuotas, es un ejercicio serio de gente capaz”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, reconoció que hubo reclamos del PRI, y sólo fue una “ocurrencia de último minuto” de Pablo Gómez, pero enmendarán el error, sobre todo para encontrar los consensos suficientes pues se requieren las dos terceras partes de los votos para ratificar alguna de las propuestas.
“Ahí se sintieron un poco ofendidos los del PRI, porque la mayoría no estaba, y de repente se saca este acuerdo a petición de Pablo Gómez y dicen nos están eliminando. Y el enojo se podría traducir en que a lo mejor no vayan o no participen, y esto no puede ser porque nos requieren dos terceras partes.
“Vamos a pedir la ampliación del turno, porque lo que propuso Pablo Gómez nos descuadró; aquí tenemos que ir todos forzosamente o si no, no encontramos las dos terceras partes, vamos a pedir que se les incluya”.
Confirmó que mañana a las cinco de la tarde, comparecerán ante comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, los primeros tres aspirantes para sustituir a Mariano Azuela, que son integrantes del Poder Judicial: el consejero de la Judicatura y magistrado Luis María Aguilar Morales, la magistrada María Luisa Martínez Delgadillo y el magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo, propuestos por el Ejecutivo.
Está por definirse el turno de los propuestos por el Ejecutivo para el cargo de Genaro Góngora Pimentel, de corte académico: del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jorge Adame Goddard y Eduardo Ferrer MacGregor, y al profesor de la Escuela Libre de Derecho, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Se espera pasar al pleno el dictamen antes del 15 de diciembre, dijo González Alcocer.
Ejecutivo no podrá decidir concesiones.
Noticia:
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retiraron al Poder Ejecutivo, por mayoría de votos, la facultad de otorgar concesiones y permisos en materia de radio y televisión.
El máximo tribunal determinó ayer que el secretario de Comunicaciones no tiene atribuciones para dar concesiones o permisos en materia de radiodifusión, para otorgar prórrogas, refrendos o modificaciones de las concesiones ni para declarar administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o revocación.
Durante la revisión del juicio de controversia constitucional que promovió en febrero la Cámara de Diputados, los ministros concluyeron que las facultades que el presidente Felipe Calderón otorgó al secretario de Comunicaciones corresponden única y exclusivamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), organismo regulador del sector.
La Corte continuará hoy con la revisión del juicio. En la sesión se tiene previsto revisar las atribuciones que le corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y a la Cofetel.
Las decisiones no tienen efectos retroactivos.
Gonzalo Martínez Pous, integrante de la Cofetel, consideró que la decisión de la Corte fortalece al organismo, pero “sería bueno que los legisladores analicen que si ahora la comisión tiene todas las facultades en materia de radiodifusión, deba tener todas en materia de telecomunicaciones”.
En la Cámara de Diputados, el PRI anunció que solicitará la comparecencia del secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas,
El legislador Fernando Morales Martínez comentó que debido a la opacidad que existe en el tema se solicitará al funcionario una lista sobre los beneficiarios en materia de concesiones en los últimos meses. “Es un revés para el gobierno federal y el deber de la Cámara de Diputados es dar seguimiento al tema”.
El investigador Gabriel Sosa Plata mencionó que la decisión debe abrir la puerta para darle autonomía plena a la Cofetel, como la tiene el Banco de México.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retiraron al Poder Ejecutivo, por mayoría de votos, la facultad de otorgar concesiones y permisos en materia de radio y televisión.
El máximo tribunal determinó ayer que el secretario de Comunicaciones no tiene atribuciones para dar concesiones o permisos en materia de radiodifusión, para otorgar prórrogas, refrendos o modificaciones de las concesiones ni para declarar administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o revocación.
Durante la revisión del juicio de controversia constitucional que promovió en febrero la Cámara de Diputados, los ministros concluyeron que las facultades que el presidente Felipe Calderón otorgó al secretario de Comunicaciones corresponden única y exclusivamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), organismo regulador del sector.
La Corte continuará hoy con la revisión del juicio. En la sesión se tiene previsto revisar las atribuciones que le corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y a la Cofetel.
Las decisiones no tienen efectos retroactivos.
Gonzalo Martínez Pous, integrante de la Cofetel, consideró que la decisión de la Corte fortalece al organismo, pero “sería bueno que los legisladores analicen que si ahora la comisión tiene todas las facultades en materia de radiodifusión, deba tener todas en materia de telecomunicaciones”.
En la Cámara de Diputados, el PRI anunció que solicitará la comparecencia del secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas,
El legislador Fernando Morales Martínez comentó que debido a la opacidad que existe en el tema se solicitará al funcionario una lista sobre los beneficiarios en materia de concesiones en los últimos meses. “Es un revés para el gobierno federal y el deber de la Cámara de Diputados es dar seguimiento al tema”.
El investigador Gabriel Sosa Plata mencionó que la decisión debe abrir la puerta para darle autonomía plena a la Cofetel, como la tiene el Banco de México.
viernes, 20 de noviembre de 2009
FCH propone para Corte a jueces y académicos.
Noticia:
El presidente Felipe Calderón propuso una terna de académicos y otra de magistrados de carrera para que el Senado elija de entre ellos a quienes relevarán a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón y Genaro Góngora Pimentel.
En reemplazo del ministro Góngora Pimentel, impulsor de ideas liberales y garantistas, el Ejecutivo propuso a los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jorge Adame Goddard y Eduardo Ferrer MacGregor, y al profesor de la Escuela Libre de Derecho, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Para relevar a Mariano Azuela, parte del ala conservadora de la Corte, Calderón propuso a tres integrantes del Poder Judicial. La lista la integran el consejero de la Judicatura y magistrado Luis María Aguilar Morales, la magistrada María Luisa Martínez Delgadillo y el magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo.
La propuesta presidencial configurará un tribunal con mayoría integrada por abogados externos al Poder Judicial y sin experiencia como jueces, por primera vez desde la reforma de 1994.
La Constitución fija 30 días de plazo para que los senadores elijan a los nuevos ministros. Si el Senado rechaza alguna de las ternas, Calderón tendrá que enviar una nueva. En caso de que la segunda terna sea nuevamente rechazada, el Ejecutivo podrá nombrar al ministro de entre los candidatos que envió.
El presidente Felipe Calderón propuso una terna de académicos y otra de magistrados de carrera para que el Senado elija de entre ellos a quienes relevarán a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón y Genaro Góngora Pimentel.
En reemplazo del ministro Góngora Pimentel, impulsor de ideas liberales y garantistas, el Ejecutivo propuso a los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jorge Adame Goddard y Eduardo Ferrer MacGregor, y al profesor de la Escuela Libre de Derecho, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Para relevar a Mariano Azuela, parte del ala conservadora de la Corte, Calderón propuso a tres integrantes del Poder Judicial. La lista la integran el consejero de la Judicatura y magistrado Luis María Aguilar Morales, la magistrada María Luisa Martínez Delgadillo y el magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo.
La propuesta presidencial configurará un tribunal con mayoría integrada por abogados externos al Poder Judicial y sin experiencia como jueces, por primera vez desde la reforma de 1994.
La Constitución fija 30 días de plazo para que los senadores elijan a los nuevos ministros. Si el Senado rechaza alguna de las ternas, Calderón tendrá que enviar una nueva. En caso de que la segunda terna sea nuevamente rechazada, el Ejecutivo podrá nombrar al ministro de entre los candidatos que envió.
lunes, 16 de noviembre de 2009
Corte aplaza juicio masivo sobre IETU.
Noticia:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó para 2010 la revisión del juicio masivo más cuantioso que enfrenta el gobierno federal, en contra del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), en el que están en juego 70 mil millones de pesos.
El aplazamiento permitirá que los dos nuevos ministros que nombren el presidente Felipe Calderón y el Senado, en sustitución de Mariano Azuela y Genaro Góngora, en próximos días, participen en la resolución del juicio, que suma 31 mil demandas.
Esta situación abre la puerta para que el Presidente y el Senado elijan a ministros afines a la postura del gobierno.
La aplicación del IETU fue impugnada por empresas de todos los sectores del país desde 2008, y en una primera instancia, a nivel de juzgado de distrito, la demanda fue desechada, y el caso será revisado por la Suprema Corte de Justicia Nación.
La cantidad que está en juego en dichos amparos supera la cifra de devoluciones que hizo la Secretaría de Hacienda durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada.
De 2001 a 2006, de acuerdo con reportes oficiales, Hacienda devolvió 47 mil 183 millones de pesos, por juicios que le ganaron empresas que se ampararon contra diversos impuestos.
El importe total de las devoluciones fue recibido por un reducido grupo de contribuyentes, de acuerdo con información dada a conocer, en el primer semestre, por el procurador fiscal, Javier Laynez Potisek, quien ha reportado que sólo 2% de las más de 676 mil empresas contribuyentes son quienes ganan amparos para que se les devuelva el pago de sus impuestos.
Se trata, de acuerdo con el procurador fiscal, de un grupo de privilegiados que, en la práctica, han hecho del amparo contra impuestos una estrategia de negocios, por las ventajas económicas y competitivas que obtienen al liberarse del pago de impuestos.
Dada la importancia de este caso, desde que inició el año el presidente del alto tribunal, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, se fijó como meta resolver los amparos promovidos en contra del IETU, pero por diversos motivos este tema se fue aplazando hasta que la semana pasada el Pleno del alto tribunal acordó, definitivamente, dejar el asunto para el próximo año.
La Corte dedicará sus últimas sesiones del año a resolver sólo dos asuntos: a despedir al ministro Genaro Góngora; y a la presentación del informe anual de labores del presidente alto tribunal y de los titulares de la Primera y Segunda Salas, encargadas de los asuntos civiles, penales, laborales y administrativos.
Otro caso
Entre los asuntos que resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de terminar su segundo periodo de vacaciones, está un juicio de acción de inconstitucionalidad sobre la aprobación o no de la bursatilización de recursos públicos.
Este tema lo verá como parte del juicio que promovieron legisladores panistas del Congreso de Sonora en contra de las reformas que impulsó y que logró que se aprobaran en la entidad el ex gobernador Eduardo Bours —en agosto de 2007—, para obtener un financiamiento por 10 mil millones de pesos a cambio de pagarlo con los impuestos estatales y federales que recibiría la entidad en los próximos 30 años.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó para 2010 la revisión del juicio masivo más cuantioso que enfrenta el gobierno federal, en contra del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), en el que están en juego 70 mil millones de pesos.
El aplazamiento permitirá que los dos nuevos ministros que nombren el presidente Felipe Calderón y el Senado, en sustitución de Mariano Azuela y Genaro Góngora, en próximos días, participen en la resolución del juicio, que suma 31 mil demandas.
Esta situación abre la puerta para que el Presidente y el Senado elijan a ministros afines a la postura del gobierno.
La aplicación del IETU fue impugnada por empresas de todos los sectores del país desde 2008, y en una primera instancia, a nivel de juzgado de distrito, la demanda fue desechada, y el caso será revisado por la Suprema Corte de Justicia Nación.
La cantidad que está en juego en dichos amparos supera la cifra de devoluciones que hizo la Secretaría de Hacienda durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada.
De 2001 a 2006, de acuerdo con reportes oficiales, Hacienda devolvió 47 mil 183 millones de pesos, por juicios que le ganaron empresas que se ampararon contra diversos impuestos.
El importe total de las devoluciones fue recibido por un reducido grupo de contribuyentes, de acuerdo con información dada a conocer, en el primer semestre, por el procurador fiscal, Javier Laynez Potisek, quien ha reportado que sólo 2% de las más de 676 mil empresas contribuyentes son quienes ganan amparos para que se les devuelva el pago de sus impuestos.
Se trata, de acuerdo con el procurador fiscal, de un grupo de privilegiados que, en la práctica, han hecho del amparo contra impuestos una estrategia de negocios, por las ventajas económicas y competitivas que obtienen al liberarse del pago de impuestos.
Dada la importancia de este caso, desde que inició el año el presidente del alto tribunal, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, se fijó como meta resolver los amparos promovidos en contra del IETU, pero por diversos motivos este tema se fue aplazando hasta que la semana pasada el Pleno del alto tribunal acordó, definitivamente, dejar el asunto para el próximo año.
La Corte dedicará sus últimas sesiones del año a resolver sólo dos asuntos: a despedir al ministro Genaro Góngora; y a la presentación del informe anual de labores del presidente alto tribunal y de los titulares de la Primera y Segunda Salas, encargadas de los asuntos civiles, penales, laborales y administrativos.
Otro caso
Entre los asuntos que resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de terminar su segundo periodo de vacaciones, está un juicio de acción de inconstitucionalidad sobre la aprobación o no de la bursatilización de recursos públicos.
Este tema lo verá como parte del juicio que promovieron legisladores panistas del Congreso de Sonora en contra de las reformas que impulsó y que logró que se aprobaran en la entidad el ex gobernador Eduardo Bours —en agosto de 2007—, para obtener un financiamiento por 10 mil millones de pesos a cambio de pagarlo con los impuestos estatales y federales que recibiría la entidad en los próximos 30 años.
jueves, 5 de noviembre de 2009
Azuela anticipa su retiro como ministro.
Noticia:
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, dejará de ejercer, de manera anticipada, sus funciones a partir de mañana.
Con tres semanas de antelación al vencimiento de su periodo, el cual termina el 30 de noviembre, Azuela pidió y obtuvo una licencia que le concedieron sus compañeros para dejar de asistir a las sesiones de la Segunda Sala y del Pleno del máximo tribunal del país.
La Corte operará con 10 ministros y queda en suspenso decidir si con este número de integrantes el máximo tribunal resuelve, como lo tenía planeado, los amparos que se promovieron en contra del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) en 2008, en los que están en juego 70 mil millones de pesos.
O, si en su defecto, el Pleno acuerda esperar a que se nombre al relevo de Azuela y del ministro Genaro Góngora Pimentel, para analizar éste y otros asuntos importantes.
Góngora Pimentel también concluye su periodo como ministro el 30 de noviembre, pero él anunció que se mantendrá en su cargo hasta el último día.
Azuela dejó pendiente la notificación del caso Oaxaca, en la que se declaró que el gobernador Ulises Ruiz incurrió en graves violaciones a las garantías de la población al no preservar la seguridad y la paz social durante los conflictos que se de mayo de 2006 a enero de 2007.
Ahora la notificación le tocará realizarla a otro ministro.
Los ministros de la Segunda Sala despidieron ayer de manera oficial a Mariano Azuela, catalogado como un juzgador conservador, y este jueves se le rendirá un homenaje en el pleno.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, dejará de ejercer, de manera anticipada, sus funciones a partir de mañana.
Con tres semanas de antelación al vencimiento de su periodo, el cual termina el 30 de noviembre, Azuela pidió y obtuvo una licencia que le concedieron sus compañeros para dejar de asistir a las sesiones de la Segunda Sala y del Pleno del máximo tribunal del país.
La Corte operará con 10 ministros y queda en suspenso decidir si con este número de integrantes el máximo tribunal resuelve, como lo tenía planeado, los amparos que se promovieron en contra del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) en 2008, en los que están en juego 70 mil millones de pesos.
O, si en su defecto, el Pleno acuerda esperar a que se nombre al relevo de Azuela y del ministro Genaro Góngora Pimentel, para analizar éste y otros asuntos importantes.
Góngora Pimentel también concluye su periodo como ministro el 30 de noviembre, pero él anunció que se mantendrá en su cargo hasta el último día.
Azuela dejó pendiente la notificación del caso Oaxaca, en la que se declaró que el gobernador Ulises Ruiz incurrió en graves violaciones a las garantías de la población al no preservar la seguridad y la paz social durante los conflictos que se de mayo de 2006 a enero de 2007.
Ahora la notificación le tocará realizarla a otro ministro.
Los ministros de la Segunda Sala despidieron ayer de manera oficial a Mariano Azuela, catalogado como un juzgador conservador, y este jueves se le rendirá un homenaje en el pleno.
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Tesorero local, en la mira de la Corte.
Noticia:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza diversos proyectos de sentencia en los que se propone separar de su cargo al tesorero del gobierno del DF, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, y consignarlo ante un juez para que se le procese por desacato, al no haber cumplido con varias sentencias dictadas por jueces federales.
La sanción que se propone aplicar al tesorero capitalino es una de las más fuertes que puede ordenar el máximo tribunal del país, porque la destitución es automática, definitiva e inapelable, lo mismo que el juicio penal que se iniciaría en su contra.
Luis Rosendo Gutiérrez es ubicado en la Corte como uno de los funcionarios del gobierno capitalino que de manera recurrente se ha negado a acatar los amparos que se le han concedido a diversos particulares para que se les devuelva el dinero que se les ha cobrado de manera indebida por concepto de impuestos como el predial.
De acuerdo con los expedientes en poder de la Suprema Corte de Justicia, el tesorero capitalino se ha negado a devolver cantidades que van de uno a 7 millones de pesos, y que ha perdido el gobierno del Distrito Federal en distintos juicios.
En la Corte se considera que el caso de Gutiérrez Romano, junto con el de otros funcionarios federales de menor jerarquía, servirá para enviarle un mensaje a todos los servidores públicos de que, de ahora en adelante, no se tolerará el incumplimiento de las sentencias que emitan los juzgados y tribunales federales del país.
Porque en estos casos la Corte aplicará las nuevas reglas para sancionar los desacatos que anunció desde el 31 de marzo pasado, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 107 de la Constitución, que faculta al máximo tribunal “para separar de su cargo y consignar ante el juez que corresponda a la autoridad responsable”.
Cierran resquicios
El alto tribunal decidió aplicar medidas más severas contra el incumplimiento de las sentencias, de manera coincidente, en otro caso similar en el que también estaba involucrado el tesorero del Distrito Federal, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, además de otros funcionarios del área encargada de recaudar los impuestos en la capital del país.
En esa ocasión, el 31 de marzo pasado, la Suprema Corte había agendado revisar un caso en el que también se proponía destituirlo y consignarlo por no acatar una sentencia de amparo que le ordenaba devolverle a la empresa Apasco la sobretasa que se le había cobrado por el impuesto predial.
Pero en ese momento se salvó porque, de última hora, el gobierno capitalino comprobó que el pago ya se había efectuado y que la sentencia se había acatado.
Esta situación generó molestía en el pleno del alto tribunal. Y para evitar que se volviera a repetir, la Suprema Corte resolvió derogar un acuerdo —emitido por ella misma— que en la práctica les daba más tiempo a las autoridades para alargar o evitar el cumplimiento de una sentencia, hasta que veían en riesgo de ser sancionadas.
El acuerdo que derogaron —según reconocieron los propios ministros del máximo tribunal del país— había convertido a la Corte en una especie de gestor que tenía prácticamente que estar persiguiendo a los funcionarios, quienes incluso se negaban a responder llamadas de los funcionarios judiciales a los que se les encomendó esta labor, para que cumplieran las sentencias con el fin de que no fueran sancionados.
Las autoridades “han evadido dolosamente el cumplimiento de sus sentencias. Es indispensable, inaplazable, que este alto tribunal tome las medidas que considere necesarias para que las ejecutorias dictadas sean inmediatamente acatadas”, aseguró en ese momento el ministro de la Corte Sergio Valls Hernández.
Por este motivo determinaron que una vez que un caso de inejecución de sentencia llegue a la Corte, las autoridades sólo tendrían 10 días para cumplir las órdenes que se giraron.
Porque después de este plazo, la Suprema Corte procedería a sancionarlos tomando en cuenta únicamente la información que tuvieran en su poder, sin importar que la sentencia se cumpliera de última hora para evitar el castigo correspondiente.
Y, en el caso del tesorero del gobierno del Distrito Federal, la Corte detectó que no respetó las nuevas reglas y volvió a negarse a acatar las sentencias de amparo dictadas por juzgados y tribunales federales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza diversos proyectos de sentencia en los que se propone separar de su cargo al tesorero del gobierno del DF, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, y consignarlo ante un juez para que se le procese por desacato, al no haber cumplido con varias sentencias dictadas por jueces federales.
La sanción que se propone aplicar al tesorero capitalino es una de las más fuertes que puede ordenar el máximo tribunal del país, porque la destitución es automática, definitiva e inapelable, lo mismo que el juicio penal que se iniciaría en su contra.
Luis Rosendo Gutiérrez es ubicado en la Corte como uno de los funcionarios del gobierno capitalino que de manera recurrente se ha negado a acatar los amparos que se le han concedido a diversos particulares para que se les devuelva el dinero que se les ha cobrado de manera indebida por concepto de impuestos como el predial.
De acuerdo con los expedientes en poder de la Suprema Corte de Justicia, el tesorero capitalino se ha negado a devolver cantidades que van de uno a 7 millones de pesos, y que ha perdido el gobierno del Distrito Federal en distintos juicios.
En la Corte se considera que el caso de Gutiérrez Romano, junto con el de otros funcionarios federales de menor jerarquía, servirá para enviarle un mensaje a todos los servidores públicos de que, de ahora en adelante, no se tolerará el incumplimiento de las sentencias que emitan los juzgados y tribunales federales del país.
Porque en estos casos la Corte aplicará las nuevas reglas para sancionar los desacatos que anunció desde el 31 de marzo pasado, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 107 de la Constitución, que faculta al máximo tribunal “para separar de su cargo y consignar ante el juez que corresponda a la autoridad responsable”.
Cierran resquicios
El alto tribunal decidió aplicar medidas más severas contra el incumplimiento de las sentencias, de manera coincidente, en otro caso similar en el que también estaba involucrado el tesorero del Distrito Federal, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, además de otros funcionarios del área encargada de recaudar los impuestos en la capital del país.
En esa ocasión, el 31 de marzo pasado, la Suprema Corte había agendado revisar un caso en el que también se proponía destituirlo y consignarlo por no acatar una sentencia de amparo que le ordenaba devolverle a la empresa Apasco la sobretasa que se le había cobrado por el impuesto predial.
Pero en ese momento se salvó porque, de última hora, el gobierno capitalino comprobó que el pago ya se había efectuado y que la sentencia se había acatado.
Esta situación generó molestía en el pleno del alto tribunal. Y para evitar que se volviera a repetir, la Suprema Corte resolvió derogar un acuerdo —emitido por ella misma— que en la práctica les daba más tiempo a las autoridades para alargar o evitar el cumplimiento de una sentencia, hasta que veían en riesgo de ser sancionadas.
El acuerdo que derogaron —según reconocieron los propios ministros del máximo tribunal del país— había convertido a la Corte en una especie de gestor que tenía prácticamente que estar persiguiendo a los funcionarios, quienes incluso se negaban a responder llamadas de los funcionarios judiciales a los que se les encomendó esta labor, para que cumplieran las sentencias con el fin de que no fueran sancionados.
Las autoridades “han evadido dolosamente el cumplimiento de sus sentencias. Es indispensable, inaplazable, que este alto tribunal tome las medidas que considere necesarias para que las ejecutorias dictadas sean inmediatamente acatadas”, aseguró en ese momento el ministro de la Corte Sergio Valls Hernández.
Por este motivo determinaron que una vez que un caso de inejecución de sentencia llegue a la Corte, las autoridades sólo tendrían 10 días para cumplir las órdenes que se giraron.
Porque después de este plazo, la Suprema Corte procedería a sancionarlos tomando en cuenta únicamente la información que tuvieran en su poder, sin importar que la sentencia se cumpliera de última hora para evitar el castigo correspondiente.
Y, en el caso del tesorero del gobierno del Distrito Federal, la Corte detectó que no respetó las nuevas reglas y volvió a negarse a acatar las sentencias de amparo dictadas por juzgados y tribunales federales.
martes, 4 de agosto de 2009
Corte urge a Ejecutivo y Senado nombrar a nuevos ministros.
Noticia:
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, exhortó al presidente Felipe Calderón y al Senado para que designen a tiempo y sin retrasos a los dos nuevos integrantes del alto tribunal, que sustituyan a partir del 1 de diciembre a los ministros Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón.
Al iniciar el segundo periodo de sesiones del alto tribunal advirtió que con la salida de los ministros Góngora y Azuela quedará desintegrada, y por tanto no podrá operar, la Segunda Sala de la Corte, la cual se encarga principalmente de la mayoría de los asuntos fiscales, administrativos y laborales.
“Motivo por el cual desde aquí hago una respetuosa exhortación al titular del Ejecutivo Federal y al Senado de la República, a efecto de que la designación de los nuevos ministros se realice con toda oportunidad”.
De acuerdo con las reglas establecidas en la Constitución, al presidente Calderón le corresponde enviar al Senado una terna por cada lugar que quedará vacante, para que los legisladores elijan de entre ellas a los nuevos integrantes del máximo tribunal del país.
El exhorto del máximo representante del Poder Judicial llega en un momento en el que la Corte enfrenta un rezago de asuntos importantes por resolver y que, incluso, llevó al presidente del alto tribunal a que en la sesión de este mismo lunes propusiera una serie de modificaciones en la discusión de los juicios para agilizar su resolución.
“Dada la intensa carga de trabajo”, el presidente de la Corte les anunció a sus compañeros del Pleno que propondrá simplificar las reglas para la discusión de los asuntos, a fin de que las sesiones sean más expeditas y eficientes.
En especial, porque durante el segundo de periodos que inició este lunes, la Corte resolverá diversos temas de relevancia para el país, en los que destacó, todavía participarán los ministros Góngora y Azuela, cuyos votos se espera sean decisivos en la resolución de algunos de los casos.
“La lista –dijo- de asuntos que deben ser conocidos y resueltos por el Pleno, está compuesta por temas de gran interés para la sociedad mexicana; uno de ellos es el relacionado con la solicitud de ejercer la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los lamentables sucesos registrados en la Guardería ABC, respecto del cual ha habido ya importantes avances y definiciones esta mañana.
“Otro tema es el relativo a la jurisdicción que debe conocer de los asuntos en los que se encuentran involucrados los elementos de las fuerzas militares y la población civil”.
Además de que también se verá, agregó, “el dictamen de la investigación realizada por los hechos acaecidos en el estado de Oaxaca; los juicios de amparo en contra del impuesto empresarial, la tasa única IETU, y aquellos otros en contra del impuesto a los depósitos en efectivo; los amparos en contra de la capitalización de intereses en cuentas de ahorro o inversión presentados por las instituciones financieras, conocido públicamente como anatocismo inverso”.
Así como “la acción de inconstitucionalidad y los casi tres mil amparos relativos de las Leyes de Protección a los no Fumadores; la definición sobre la procedencia del amparo directo en contra del juicio político; las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral de diversos Estados; la contradicción de tesis relativa a la posesión de narcóticos para consumo personal; y las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con las modificaciones a las Constituciones de algunas Entidades Federativas.”
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, exhortó al presidente Felipe Calderón y al Senado para que designen a tiempo y sin retrasos a los dos nuevos integrantes del alto tribunal, que sustituyan a partir del 1 de diciembre a los ministros Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón.
Al iniciar el segundo periodo de sesiones del alto tribunal advirtió que con la salida de los ministros Góngora y Azuela quedará desintegrada, y por tanto no podrá operar, la Segunda Sala de la Corte, la cual se encarga principalmente de la mayoría de los asuntos fiscales, administrativos y laborales.
“Motivo por el cual desde aquí hago una respetuosa exhortación al titular del Ejecutivo Federal y al Senado de la República, a efecto de que la designación de los nuevos ministros se realice con toda oportunidad”.
De acuerdo con las reglas establecidas en la Constitución, al presidente Calderón le corresponde enviar al Senado una terna por cada lugar que quedará vacante, para que los legisladores elijan de entre ellas a los nuevos integrantes del máximo tribunal del país.
El exhorto del máximo representante del Poder Judicial llega en un momento en el que la Corte enfrenta un rezago de asuntos importantes por resolver y que, incluso, llevó al presidente del alto tribunal a que en la sesión de este mismo lunes propusiera una serie de modificaciones en la discusión de los juicios para agilizar su resolución.
“Dada la intensa carga de trabajo”, el presidente de la Corte les anunció a sus compañeros del Pleno que propondrá simplificar las reglas para la discusión de los asuntos, a fin de que las sesiones sean más expeditas y eficientes.
En especial, porque durante el segundo de periodos que inició este lunes, la Corte resolverá diversos temas de relevancia para el país, en los que destacó, todavía participarán los ministros Góngora y Azuela, cuyos votos se espera sean decisivos en la resolución de algunos de los casos.
“La lista –dijo- de asuntos que deben ser conocidos y resueltos por el Pleno, está compuesta por temas de gran interés para la sociedad mexicana; uno de ellos es el relacionado con la solicitud de ejercer la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los lamentables sucesos registrados en la Guardería ABC, respecto del cual ha habido ya importantes avances y definiciones esta mañana.
“Otro tema es el relativo a la jurisdicción que debe conocer de los asuntos en los que se encuentran involucrados los elementos de las fuerzas militares y la población civil”.
Además de que también se verá, agregó, “el dictamen de la investigación realizada por los hechos acaecidos en el estado de Oaxaca; los juicios de amparo en contra del impuesto empresarial, la tasa única IETU, y aquellos otros en contra del impuesto a los depósitos en efectivo; los amparos en contra de la capitalización de intereses en cuentas de ahorro o inversión presentados por las instituciones financieras, conocido públicamente como anatocismo inverso”.
Así como “la acción de inconstitucionalidad y los casi tres mil amparos relativos de las Leyes de Protección a los no Fumadores; la definición sobre la procedencia del amparo directo en contra del juicio político; las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral de diversos Estados; la contradicción de tesis relativa a la posesión de narcóticos para consumo personal; y las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con las modificaciones a las Constituciones de algunas Entidades Federativas.”
lunes, 9 de marzo de 2009
Ex ministros cobran comidas de lujo al erario.
Noticia:
Los mexicanos gastaron 493 mil 354 pesos en comidas que disfrutaron 34 de los 35 ministros jubilados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —uno rechazó el privilegio—, según las facturas del periodo de enero de 2006 a agosto de 2008 que presentó la misma Corte en respuesta a una petición de información de EL UNIVERSAL.
La SCJN tiene 35 ministros jubilados o en retiro; todos gozan de pensiones —que van de los 150 mil a los 255 mil pesos mensuales—, seguro de gastos médicos mayores, un chofer y un auxiliar que pueden destinar para cualquier labor, incluidas las de su casa, lo cual genera un cargo al erario por 75 millones 608 mil 924 pesos cada año.
Sólo Diego Valadés declinó a incluir comidas en sus gastos reembolsables. En el periodo reportado, los 34 restantes gastaron entre 4 mil y 6 mil pesos en una sola comida con bebidas. En la mayoría de los casos, el erario cubrió también sus propinas.
Los ministros jubilados acudieron a restaurantes de lujo en el DF, en Cancún, en Cozumel. Hay un registro de consumo en Vancouver, Canadá, por ejemplo.
La Corte entregó las facturas solicitadas, pero omitió el nombre del pensionado al que corresponde cada una. Esto fue informado al Comité de Acceso a la Información de la SCJN. EL UNIVERSAL espera esta respuesta.
Comentario:
Ni siquiera disimulan un poquito al gastar el dinero que aportamos millones de mexicanos.
Los mexicanos gastaron 493 mil 354 pesos en comidas que disfrutaron 34 de los 35 ministros jubilados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —uno rechazó el privilegio—, según las facturas del periodo de enero de 2006 a agosto de 2008 que presentó la misma Corte en respuesta a una petición de información de EL UNIVERSAL.
La SCJN tiene 35 ministros jubilados o en retiro; todos gozan de pensiones —que van de los 150 mil a los 255 mil pesos mensuales—, seguro de gastos médicos mayores, un chofer y un auxiliar que pueden destinar para cualquier labor, incluidas las de su casa, lo cual genera un cargo al erario por 75 millones 608 mil 924 pesos cada año.
Sólo Diego Valadés declinó a incluir comidas en sus gastos reembolsables. En el periodo reportado, los 34 restantes gastaron entre 4 mil y 6 mil pesos en una sola comida con bebidas. En la mayoría de los casos, el erario cubrió también sus propinas.
Los ministros jubilados acudieron a restaurantes de lujo en el DF, en Cancún, en Cozumel. Hay un registro de consumo en Vancouver, Canadá, por ejemplo.
La Corte entregó las facturas solicitadas, pero omitió el nombre del pensionado al que corresponde cada una. Esto fue informado al Comité de Acceso a la Información de la SCJN. EL UNIVERSAL espera esta respuesta.
Comentario:
Ni siquiera disimulan un poquito al gastar el dinero que aportamos millones de mexicanos.
miércoles, 24 de septiembre de 2008
Suprema Corte invalida reforma del Congreso del Estado de Querétaro.
Noticia:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó la reforma del Congreso de Querétaro al fusionar en una institución la defensa de los derechos humanos y el manejo de la información pública gubernamental.
Argumenta que se consideró como retroceso en transparencia y acceso a la información y es inconstitucional al atentar contra los derechos plasmados en el artículo sexto constitucional.
Los legisladores locales reformaron la Constitución de Querétaro y crearon la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, que asumiría las funciones de dos instituciones, como ocurre tanto a en el nivel federal como en el estatal.
La reforma fue impugnada por el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, y por el Partido del Trabajo, pues viola la disposición de la Constitución federal que señala que estos temas deben ser atendidos por organismos autónomos y especializados.
En respuesta a sus demandas, a propuesta de la ministra Margarita Luna Ramos, el pleno de la Corte acordó darle la razón a la PGR y al PT e invalidar dicha reforma, porque la fusión de estas dos instituciones viola el artículo sexto de la Carta Magna, que establece que debe existir autonomía y la especialidad en cada una de estas dependencias.
La SCJN adoptó esa decisión en su sesión de ayer durante la revisión de un par de juicios de acciones de inconstitucionalidad en los que también se impugnaron diversas reformas de tipo electoral realizadas por el Congreso de Querétaro.
La revisión del paquete de reformas continuará el jueves próximo; en esa sesión se espera que se den a conocer los detalles finales de la decisión de la Corte.
Comentario:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación cumple con su papel de institución republicana.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó la reforma del Congreso de Querétaro al fusionar en una institución la defensa de los derechos humanos y el manejo de la información pública gubernamental.
Argumenta que se consideró como retroceso en transparencia y acceso a la información y es inconstitucional al atentar contra los derechos plasmados en el artículo sexto constitucional.
Los legisladores locales reformaron la Constitución de Querétaro y crearon la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, que asumiría las funciones de dos instituciones, como ocurre tanto a en el nivel federal como en el estatal.
La reforma fue impugnada por el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, y por el Partido del Trabajo, pues viola la disposición de la Constitución federal que señala que estos temas deben ser atendidos por organismos autónomos y especializados.
En respuesta a sus demandas, a propuesta de la ministra Margarita Luna Ramos, el pleno de la Corte acordó darle la razón a la PGR y al PT e invalidar dicha reforma, porque la fusión de estas dos instituciones viola el artículo sexto de la Carta Magna, que establece que debe existir autonomía y la especialidad en cada una de estas dependencias.
La SCJN adoptó esa decisión en su sesión de ayer durante la revisión de un par de juicios de acciones de inconstitucionalidad en los que también se impugnaron diversas reformas de tipo electoral realizadas por el Congreso de Querétaro.
La revisión del paquete de reformas continuará el jueves próximo; en esa sesión se espera que se den a conocer los detalles finales de la decisión de la Corte.
Comentario:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación cumple con su papel de institución republicana.
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