La ASE viola garantías en San Antonio la Isla, acusan.

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La presencia de decenas elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) en el municipio de San Antonio la Isla, viola garantías fundamentales de los habitantes del territorio municipal como es la de libre tránsito pues éstos están temerosos de salir a la calle, sostuvo Mónica Hurtado, integrante de la Asociación Prodefensa de Derechos Humanos del Estado de México (Adhem).

A una semana de que fueran encarcelados cinco de los principales vecinos activistas que se oponen a la operación del relleno sanitario del municipio de San Antonio la Isla, la presencia de decenas de policías de la ASE continúa en la zona.

Lo que para Adhem, es un agravió más que se suma a las detenciones irregulares que se han registrado en contra de cinco de los habitantes de dicha comunidad que su único “delito” fue haberse manifestado contra la operación del lugar que califican como un tiradero de basura y que para la autoridad estatal es un relleno sanitario que opera de forma regular pues cumple con todas las normas.

“La presencia de la policía en el municipio causa temor, en vez de brindar una sensación de seguridad; los pobladores están atemorizados”, sostuvo la defensora de los derechos humanos que tiene presencia en el valle de Toluca.



Ya arrestaron a 4 por protestar

Por lo anterior Mónica Hurtado realizó un llamado al gobierno estatal para que ordene el retiro inmediato de los elementos policíacos.

Francisco Estrada y Luis Gutiérrez opositores a los trabajos del relleno sanitario, fueron detenidos el pasado 24 de agosto, luego de que el titular del juzgado segundo de lo penal Héctor Téllez, les dictó auto de formal prisión por el delito de obstrucción a vías de comunicación, ya que protagonizaron un bloqueo sobre la calle de Lerdo –frente a las oficinas del gobernador Enrique Peña Nieto—, donde manifestaron su inconformidad.

Veinticuatro horas más tarde Jesús García y los hermanos Sotero y Mónica Estrada, corrieron la misma suerte, no obstante que ellos estuvieron apostados en las inmediaciones del relleno sanitario.

Situación que para la autoridad mereció una orden de aprehensión –a petición del concesionario del relleno sanitario— que culminó con el pago de una fianza superior a los 30 mil pesos y de esa manera obtuvieron su libertad y lograron regresar a su hogar en el municipio de San Antonio la Isla.