Letra muerta, ley que protege a mujeres.

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A punto de ser dictada su sentencia de divorcio, en noviembre anterior, César amenazó de muerte a Mariana, aún esposa suya. Por teléfono, le advirtió que aparecería “encostalada”. Ella acudió a la agencia del Ministerio Público de Monte Altais esquina con Alpes (Lomas de Chapultepec), la próxima a su trabajo. Le dijeron que su denuncia quedaría como testimonio, es decir, sin valor judicial, porque debía presentarla en la delegación correspondiente a su domicilio, en Coyoacán.

Aunque César no cumplió su amenaza, Mariana es parte ya de entre 60% y 80 % de las mujeres que, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, ha sido violentada alguna vez en su vida. También es una víctima más de la impunidad. Patricia Valladares, coordinadora del Programa de Investigación en Violencia de Género, de la FES Iztacala (UNAM), asegura que 97% de los delitos contra ellas quedan impunes; 50% no se investiga, y sólo 3% va a prisión —con penas de cárcel que nunca rebasan los cinco años—. Esto provoca que sean pocas las que denuncian: entre 20% y 50% de las violentadas, “y es que una cosa es denunciar; otra, que agarren a los agresores, y otra ver cuánto les dan en prisión”.

El 2 de febrero de 2007 entró en vigor con gran cobertura publicitaria la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fue anunciada como modelo en América Latina, pero dos años después no se ha concretado ninguno de sus rubros principales: a) el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; b) el Banco Nacional de Datos; c) el diagnóstico nacional sobre las formas de violencia a las mujeres; d) la alerta de género; e) la emisión de órdenes de protección; f) los programas de reeducación para los agresores, y g) la capacitación al personal policiaco y de procuración de justicia.

Ni sistema, ni alerta de género

La Ley dispone que, por ejemplo, el diagnóstico nacional se realizaría dentro de los 365 días siguientes a la integración del Sistema, el cual asimismo debió conformarse dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la norma. Celita Alamilla, directora general de Promoción y Enlace del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), informa que el diagnóstico quedará listo en octubre próximo; y que ha habido seis reuniones del Sistema (en la primera fue aprobado su reglamento), mismo que integran nueve dependencias federales y tiene por objeto “la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

Esta legislación también establece que “el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres deberá integrarse dentro de los 365 días siguientes a la conformación del Sistema”. La funcionaria de Inmujeres admite que “está aún en proceso de conformación. Los estados están en vinculación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal —que se hará cargo del Banco— para asesorarse y retroalimentarse, a fin de que se vaya integrando esta gran red que funcionará sobre la base de una plataforma tecnológica e-méxico. Pero aún no hay casos registrados; apenas se va a pilotear con dos o tres dependencias o instancias estatales para ver que esto funcione”. Subraya, además, que conformar el Banco no es sencillo, porque se pretende diseñar una plantilla y una ventanilla únicas para todas las dependencias, mediante las cuales se captarán los datos personales de las víctimas y los casos o tipos de violencia.

Dos aspectos críticos en lo que se refiere al Banco, destaca la perredista Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, son que debe recoger la información no sólo federal, sino de los estados (que a su vez canaliza la municipal). “Es un proceso complejo, pero lo mecánico sería lo de menos; el problema es que no hay una clasificación nacional de delitos en contra de las mujeres, y cada entidad tiene su propio código penal y civil; estos son diversos y algunos atentatorios contra los derechos de las mujeres. Falta voluntad política para reformar los códigos y establecer de manera concreta las acciones que permitan que las mujeres no sean víctimas de violencia”.

La ley “está siendo letra muerta, aunque conceptualmente sea la octava maravilla del mundo”, reconoce la diputada, ejemplificando con la “alerta de género”, que establece las acciones gubernamentales de emergencia que deben tomarse. “Tenemos los casos de Ciudad Juárez y el estado de México, donde la violencia hacia las mujeres es alarmante; sin embargo, el año pasado, pese a que se asignaron 50 millones de pesos para ese rubro, no pudo emitirse una sola alerta”.

Esto, continúa la legisladora, porque el procedimiento que establece el reglamento de la Ley es complicado; se le da a los organismos de la sociedad civil una función de Ministerio Público, pues tienen no sólo que presentar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema la solicitud de investigación sobre la procedencia de declaratoria de alerta de violencia de género, sino reunir las pruebas, lo cual tendría que ser una función del gobierno; además, las organizaciones civiles tienen que gastar para trasladarse al DF, porque hay dos formas de presentar la solicitud: personalmente ante Inmujeres, que es titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, o enviándola a través del Servicio Postal Mexicano.

Recortan el presupuesto

Otros problemas en la implantación institucional de la Ley son el subejercicio presupuestal en 2008 y su reducción para 2009. El primer año mencionado el presupuesto federal asignado fue de mil 163 millones de pesos. Para el actual será de 899.7 millones. Así, los fondos públicos para la alerta de género, por ejemplo, se redujeron de 50 millones a un millón de pesos.

Por otra parte, según el desglose del monto aprobado en 2008, de enero a septiembre hubo un subejercicio de 30% en las dependencias públicas a las que se asignó dinero para este fin, explica la diputada Contreras. Hay estados, refuerza Celita Alamilla, de Inmujeres, que están regresando el dinero porque no tuvieron la capacidad de gasto el año pasado, aunque “es una cifra mínima: de 104 millones de pesos que se les distribuyeron por partes iguales, nos están devolviendo 2%, y eso que fue la primera experiencia y que el dinero llegó un poco tarde”.

Este manejo de los recursos también afectó a los refugios, cuya creación está prevista en el reglamento de la Ley, para alojar a las víctimas de violencia y sus hijos hasta tres meses, proveyéndoles alimentación, vestido, servicio médico, apoyo sicológico y jurídico, capacitación laboral, programas educativos y bolsa de trabajo. La diputada Contreras dice que en 2008 “tuvimos serias complicaciones para la aplicación de los recursos que la Comisión de Equidad y Género designó para el apoyo a los refugios de la sociedad civil, debido a que se asignó el dinero a una partida que obligaba a que se entregara a través de las secretarías de Salud de los estados, pese a que no tienen ningún tipo de experiencia en el tema. En lo que entendieron para qué era el dinero y en lo que lanzaron las convocatorias para los proyectos, llegó octubre y ¿qué institución puede aplicar los recursos que son para todo un año en tres meses”.

A la fecha sólo existen 70 albergues, la mayoría de los cuales son de las organizaciones civiles; “otros son operados por las entidades en casas prestadas donde a veces no llegan los recursos de manera consistente cada mes. La idea es reforzarlos para que tengan un modelo deseable”, afirma Alamilla, de Inmujeres.

Es difícil decir cuántos albergues se necesitan en México, pero Sonia Frías, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, dice que, hasta 2000, en Estados Unidos había mil 386, y que “una respuesta simplista sería decir que una persona requiere ir a un sitio de éstos cuando la violencia ha escalado en frecuencia y severidad, o cuando desea dejar una relación violenta y no tiene a dónde ir. Sin embargo, habría que ver cuántas mujeres quieren ir a un albergue”.

¿Y las órdenes de protección?

La creación de programas de reeducación al agresor y la emisión de las órdenes de protección que establece la Ley también han sido postergados. Así lo reconoce Celita Alamilla, quien dice que hasta hoy no se ha emitido ninguna orden de protección que, entre otras cosas, obliga al agresor a desocupar el domicilioconyugal y establece el auxilio policial para la víctima, incluido el acceso al domicilio.

Hoy, como nunca, el cumplimiento de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por parte del gobierno es apremiante, en virtud de que han surgido nuevas formas de violencia contra las mujeres, como la asociada al narcotráfico: “Si un grupo llega a un lugar y mata a todos, no es violencia de género, pero si en una venganza entre narcos una banda se desquita con las mujeres de sus enemigos, sí lo es; o también que ellas se vuelven cómplices obligadas de la delincuencia”, precisa Patricia Valladares, del Programa de Investigación en Violencia de Género, de la FES Iztacala.

Sonia Frías, autora de la tesis doctoral “Género, el Estado y patriarcado: violencia de pareja en México”, menciona el caso de la migración: “Cuando las mujeres se desplazan dentro del país o hacia otro se abren situaciones de riesgo. Las redes sociales de apoyo disminuyen el peligro de violencia; cuando emigran, sus redes ya no están ahí o se debilitan. El estrés experimentado por hombres y mujeres por el cambio de escenario también está asociado a la violencia. Ésta puede venir de su pareja, del patrón que paga poco, de la discriminación o del acoso sexual”.

Comentario:

A nuestras "flamantes" autoridades parece importarles un comino la seguridad de los ciudadanos.