Noticia:
Vivió cinco años en sicosis. El hombre que ama, con el que procreó dos hijos, se convirtió en su principal agresor, tanto que intentó matarla.
Actualmente está separada de él y desde ayer es una de las 166 nuevas beneficiarias del Seguro contra la Violencia Familiar del gobierno del DF.
Hace cuatro meses, Jésica huyó de casa cuando su pareja comenzó a golpearla frente al niño, cuando amenazó con que le había llegado su hora.
Con ayuda de vecinos llegó a una agencia del Ministerio Público en shock, pero la falta de sensibilidad de un funcionario determinó la separación de sus hijos. “No podía ni hablar y el ministerio fue agresivo, me trató mal y yo iba mal, sentí que me agredía, como que no le caí y nos enfrentamos. Entonces me quitó a mis hijos y se los dio a mi hermano. Hoy estoy a punto de recuperarlos”.
Víctima de humillaciones y de acoso por su pareja, a quien mantenía, Jésica recuerda las agresiones verbales y amenazas veladas que recibió: “¿Cómo se te vería el tenedor adentro de la panza?” y “métete a bañar porque te voy a usar”.
Aunque no ha vivido los últimos meses con sus hijos, sabe que están bien al lado de su hermano. Ella ha recibido terapias sicológicas y orientación legal en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), que es dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Es pronto para decirlo, pero asegura sentirse bien, lista para continuar la batalla legal contra su ex pareja para conseguir la custodia legal de su hijo y volver a trabajar como estilista.
Jésica se mantiene refugiada en casa de una pareja de amigos y al recuperar su autoestima ha empezado a relacionarse con la gente mediante la venta de cosméticos y el corte de cabello a domicilio.
A mediados a mayo le avisaron que fue incorporada al seguro contra la violencia que proporciona el GDF, y ayer recibió la tarjeta con la que podrá tener acceso cada mes a mil 500 pesos para comenzar a rehacer su vida.
Rehacen su vida
Con las 166 mujeres que este domingo recibieron sus tarjetas del programa, suman 2 mil 414 las beneficiarias de 2008 a la fecha, según Martí Batres, secretario de Desarrollo Social del DF.
De acuerdo con María Elena Ortega, directora de Igualdad y Diversidad Social del DF, hasta ahora unas mil 800 mujeres han completado el año de apoyo, y mil de ellas iniciaron procesos jurídicos para separarse de sus agresores.
De esas mil, 600 han concluido satisfactoriamente el proceso legal para obtener el divorcio de sus parejas, y el resto se encuentra en proceso.
María Elena Ortega explica que con apoyo de otras dependencias se les brinda capacitación para el trabajo, y en 50 casos se les han otorgado en préstamo departamentos del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (Invi), como parte del programa de reinserción social que se tiene con esta población.
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lunes, 7 de junio de 2010
lunes, 1 de junio de 2009
Crean Comisión para erradicar violencia contra mujer.
Noticia:
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó el decreto por el que se crea la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
A través del Diario Oficial de la Federación, la Segob señala que ese organismo prevé dar cumplimiento a la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, previsto en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Pro igualdad) .
Detalla que esa comisión tiene por objeto ejercer las atribuciones previstas en este decreto además de dar seguimiento, evaluar acciones, políticas y el programa en la materia.
Dicho documento abroga el decreto por el que se creó la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, publicado el 18 de febrero de 2004, y deroga todas las disposiciones que se opongan a él.
El decreto, que entrará en vigor el 2 de junio, agrega que los asuntos que se tramitan en la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y los archivos que estén bajo su resguardo se transferirán a la nueva comisión o, en su caso, a otras autoridades competentes conforme a las disposiciones aplicables.
Comentario:
Lo importante es que se aplique la ley.
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó el decreto por el que se crea la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
A través del Diario Oficial de la Federación, la Segob señala que ese organismo prevé dar cumplimiento a la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, previsto en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Pro igualdad) .
Detalla que esa comisión tiene por objeto ejercer las atribuciones previstas en este decreto además de dar seguimiento, evaluar acciones, políticas y el programa en la materia.
Dicho documento abroga el decreto por el que se creó la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, publicado el 18 de febrero de 2004, y deroga todas las disposiciones que se opongan a él.
El decreto, que entrará en vigor el 2 de junio, agrega que los asuntos que se tramitan en la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y los archivos que estén bajo su resguardo se transferirán a la nueva comisión o, en su caso, a otras autoridades competentes conforme a las disposiciones aplicables.
Comentario:
Lo importante es que se aplique la ley.
lunes, 23 de febrero de 2009
Investigan 100 casos de violencia contra la mujer.
Noticia:
Durante 2008, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) inició 100 averiguaciones previas por violencia de género y 24 por trata, según cifras del primer informe de actividades de esa instancia, creada el 31 de enero de 2008, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
En el mismo periodo, la Fevimtra atendió también 58 casos en los que se relacionó a servidores públicos en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, lesiones, amenazas, hostigamiento sexual, violencia familiar y violación.
Estas indagatorias se atendieron en coordinación con las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas, la de Justicia Militar y la Dirección General de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la PGR, “para garantizar que el acceso a la justicia de las víctimas no fuera obstaculizado por la posición de poder de los indiciados”, destaca el informe.
En el caso de las averiguaciones por violencia contra las mujeres, la Fevimtra consignó ante las autoridades siete casos, por los delitos de tentativa de violación, lesiones, amenazas, abuso de autoridad, hostigamiento sexual, abuso sexual y trata de personas.
La PGR destacó que la mayor incidencia de delitos de violencia de género ocurren en Coahuila, Chiapas, Chihuahua, DF, Edomex, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, en las zonas urbanas.
La PGR destacó que la Fevimtra puso en marcha el Modelo de Actuación para prevenir y sancionar la trata de personas, en tres ejes fundamentales:
Se brindará atención a cada víctima para que adquiera la confianza de reinsertarse a un ambiente familiar y social; se investigará el delito con métodos de inteligencia estratégica; se sustentará con argumentos jurídicos las consignaciones.
Durante 2008, la Femivtra localizó e identificó a 84 personas reportadas como desaparecidas entre febrero de 2007 a enero de 2009.
En el mismo periodo se dio atención a 3 mil 249 mujeres, de las cuales 3 mil 124 fueron casos típicos de violencia, y se brindaron 6 mil 919 servicios especializados de apoyo a las víctimas.
La fiscalía adquirió un inmueble en el que se acondicionará un refugio especializado en atención integral y protección a víctimas de trata.
Comentario:
Al menos ya es un comienzo.
Durante 2008, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) inició 100 averiguaciones previas por violencia de género y 24 por trata, según cifras del primer informe de actividades de esa instancia, creada el 31 de enero de 2008, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
En el mismo periodo, la Fevimtra atendió también 58 casos en los que se relacionó a servidores públicos en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, lesiones, amenazas, hostigamiento sexual, violencia familiar y violación.
Estas indagatorias se atendieron en coordinación con las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas, la de Justicia Militar y la Dirección General de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la PGR, “para garantizar que el acceso a la justicia de las víctimas no fuera obstaculizado por la posición de poder de los indiciados”, destaca el informe.
En el caso de las averiguaciones por violencia contra las mujeres, la Fevimtra consignó ante las autoridades siete casos, por los delitos de tentativa de violación, lesiones, amenazas, abuso de autoridad, hostigamiento sexual, abuso sexual y trata de personas.
La PGR destacó que la mayor incidencia de delitos de violencia de género ocurren en Coahuila, Chiapas, Chihuahua, DF, Edomex, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, en las zonas urbanas.
La PGR destacó que la Fevimtra puso en marcha el Modelo de Actuación para prevenir y sancionar la trata de personas, en tres ejes fundamentales:
Se brindará atención a cada víctima para que adquiera la confianza de reinsertarse a un ambiente familiar y social; se investigará el delito con métodos de inteligencia estratégica; se sustentará con argumentos jurídicos las consignaciones.
Durante 2008, la Femivtra localizó e identificó a 84 personas reportadas como desaparecidas entre febrero de 2007 a enero de 2009.
En el mismo periodo se dio atención a 3 mil 249 mujeres, de las cuales 3 mil 124 fueron casos típicos de violencia, y se brindaron 6 mil 919 servicios especializados de apoyo a las víctimas.
La fiscalía adquirió un inmueble en el que se acondicionará un refugio especializado en atención integral y protección a víctimas de trata.
Comentario:
Al menos ya es un comienzo.
jueves, 29 de enero de 2009
Letra muerta, ley que protege a mujeres.
Noticia:
A punto de ser dictada su sentencia de divorcio, en noviembre anterior, César amenazó de muerte a Mariana, aún esposa suya. Por teléfono, le advirtió que aparecería “encostalada”. Ella acudió a la agencia del Ministerio Público de Monte Altais esquina con Alpes (Lomas de Chapultepec), la próxima a su trabajo. Le dijeron que su denuncia quedaría como testimonio, es decir, sin valor judicial, porque debía presentarla en la delegación correspondiente a su domicilio, en Coyoacán.
Aunque César no cumplió su amenaza, Mariana es parte ya de entre 60% y 80 % de las mujeres que, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, ha sido violentada alguna vez en su vida. También es una víctima más de la impunidad. Patricia Valladares, coordinadora del Programa de Investigación en Violencia de Género, de la FES Iztacala (UNAM), asegura que 97% de los delitos contra ellas quedan impunes; 50% no se investiga, y sólo 3% va a prisión —con penas de cárcel que nunca rebasan los cinco años—. Esto provoca que sean pocas las que denuncian: entre 20% y 50% de las violentadas, “y es que una cosa es denunciar; otra, que agarren a los agresores, y otra ver cuánto les dan en prisión”.
El 2 de febrero de 2007 entró en vigor con gran cobertura publicitaria la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fue anunciada como modelo en América Latina, pero dos años después no se ha concretado ninguno de sus rubros principales: a) el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; b) el Banco Nacional de Datos; c) el diagnóstico nacional sobre las formas de violencia a las mujeres; d) la alerta de género; e) la emisión de órdenes de protección; f) los programas de reeducación para los agresores, y g) la capacitación al personal policiaco y de procuración de justicia.
Ni sistema, ni alerta de género
La Ley dispone que, por ejemplo, el diagnóstico nacional se realizaría dentro de los 365 días siguientes a la integración del Sistema, el cual asimismo debió conformarse dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la norma. Celita Alamilla, directora general de Promoción y Enlace del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), informa que el diagnóstico quedará listo en octubre próximo; y que ha habido seis reuniones del Sistema (en la primera fue aprobado su reglamento), mismo que integran nueve dependencias federales y tiene por objeto “la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.
Esta legislación también establece que “el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres deberá integrarse dentro de los 365 días siguientes a la conformación del Sistema”. La funcionaria de Inmujeres admite que “está aún en proceso de conformación. Los estados están en vinculación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal —que se hará cargo del Banco— para asesorarse y retroalimentarse, a fin de que se vaya integrando esta gran red que funcionará sobre la base de una plataforma tecnológica e-méxico. Pero aún no hay casos registrados; apenas se va a pilotear con dos o tres dependencias o instancias estatales para ver que esto funcione”. Subraya, además, que conformar el Banco no es sencillo, porque se pretende diseñar una plantilla y una ventanilla únicas para todas las dependencias, mediante las cuales se captarán los datos personales de las víctimas y los casos o tipos de violencia.
Dos aspectos críticos en lo que se refiere al Banco, destaca la perredista Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, son que debe recoger la información no sólo federal, sino de los estados (que a su vez canaliza la municipal). “Es un proceso complejo, pero lo mecánico sería lo de menos; el problema es que no hay una clasificación nacional de delitos en contra de las mujeres, y cada entidad tiene su propio código penal y civil; estos son diversos y algunos atentatorios contra los derechos de las mujeres. Falta voluntad política para reformar los códigos y establecer de manera concreta las acciones que permitan que las mujeres no sean víctimas de violencia”.
La ley “está siendo letra muerta, aunque conceptualmente sea la octava maravilla del mundo”, reconoce la diputada, ejemplificando con la “alerta de género”, que establece las acciones gubernamentales de emergencia que deben tomarse. “Tenemos los casos de Ciudad Juárez y el estado de México, donde la violencia hacia las mujeres es alarmante; sin embargo, el año pasado, pese a que se asignaron 50 millones de pesos para ese rubro, no pudo emitirse una sola alerta”.
Esto, continúa la legisladora, porque el procedimiento que establece el reglamento de la Ley es complicado; se le da a los organismos de la sociedad civil una función de Ministerio Público, pues tienen no sólo que presentar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema la solicitud de investigación sobre la procedencia de declaratoria de alerta de violencia de género, sino reunir las pruebas, lo cual tendría que ser una función del gobierno; además, las organizaciones civiles tienen que gastar para trasladarse al DF, porque hay dos formas de presentar la solicitud: personalmente ante Inmujeres, que es titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, o enviándola a través del Servicio Postal Mexicano.
Recortan el presupuesto
Otros problemas en la implantación institucional de la Ley son el subejercicio presupuestal en 2008 y su reducción para 2009. El primer año mencionado el presupuesto federal asignado fue de mil 163 millones de pesos. Para el actual será de 899.7 millones. Así, los fondos públicos para la alerta de género, por ejemplo, se redujeron de 50 millones a un millón de pesos.
Por otra parte, según el desglose del monto aprobado en 2008, de enero a septiembre hubo un subejercicio de 30% en las dependencias públicas a las que se asignó dinero para este fin, explica la diputada Contreras. Hay estados, refuerza Celita Alamilla, de Inmujeres, que están regresando el dinero porque no tuvieron la capacidad de gasto el año pasado, aunque “es una cifra mínima: de 104 millones de pesos que se les distribuyeron por partes iguales, nos están devolviendo 2%, y eso que fue la primera experiencia y que el dinero llegó un poco tarde”.
Este manejo de los recursos también afectó a los refugios, cuya creación está prevista en el reglamento de la Ley, para alojar a las víctimas de violencia y sus hijos hasta tres meses, proveyéndoles alimentación, vestido, servicio médico, apoyo sicológico y jurídico, capacitación laboral, programas educativos y bolsa de trabajo. La diputada Contreras dice que en 2008 “tuvimos serias complicaciones para la aplicación de los recursos que la Comisión de Equidad y Género designó para el apoyo a los refugios de la sociedad civil, debido a que se asignó el dinero a una partida que obligaba a que se entregara a través de las secretarías de Salud de los estados, pese a que no tienen ningún tipo de experiencia en el tema. En lo que entendieron para qué era el dinero y en lo que lanzaron las convocatorias para los proyectos, llegó octubre y ¿qué institución puede aplicar los recursos que son para todo un año en tres meses”.
A la fecha sólo existen 70 albergues, la mayoría de los cuales son de las organizaciones civiles; “otros son operados por las entidades en casas prestadas donde a veces no llegan los recursos de manera consistente cada mes. La idea es reforzarlos para que tengan un modelo deseable”, afirma Alamilla, de Inmujeres.
Es difícil decir cuántos albergues se necesitan en México, pero Sonia Frías, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, dice que, hasta 2000, en Estados Unidos había mil 386, y que “una respuesta simplista sería decir que una persona requiere ir a un sitio de éstos cuando la violencia ha escalado en frecuencia y severidad, o cuando desea dejar una relación violenta y no tiene a dónde ir. Sin embargo, habría que ver cuántas mujeres quieren ir a un albergue”.
¿Y las órdenes de protección?
La creación de programas de reeducación al agresor y la emisión de las órdenes de protección que establece la Ley también han sido postergados. Así lo reconoce Celita Alamilla, quien dice que hasta hoy no se ha emitido ninguna orden de protección que, entre otras cosas, obliga al agresor a desocupar el domicilioconyugal y establece el auxilio policial para la víctima, incluido el acceso al domicilio.
Hoy, como nunca, el cumplimiento de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por parte del gobierno es apremiante, en virtud de que han surgido nuevas formas de violencia contra las mujeres, como la asociada al narcotráfico: “Si un grupo llega a un lugar y mata a todos, no es violencia de género, pero si en una venganza entre narcos una banda se desquita con las mujeres de sus enemigos, sí lo es; o también que ellas se vuelven cómplices obligadas de la delincuencia”, precisa Patricia Valladares, del Programa de Investigación en Violencia de Género, de la FES Iztacala.
Sonia Frías, autora de la tesis doctoral “Género, el Estado y patriarcado: violencia de pareja en México”, menciona el caso de la migración: “Cuando las mujeres se desplazan dentro del país o hacia otro se abren situaciones de riesgo. Las redes sociales de apoyo disminuyen el peligro de violencia; cuando emigran, sus redes ya no están ahí o se debilitan. El estrés experimentado por hombres y mujeres por el cambio de escenario también está asociado a la violencia. Ésta puede venir de su pareja, del patrón que paga poco, de la discriminación o del acoso sexual”.
Comentario:
A nuestras "flamantes" autoridades parece importarles un comino la seguridad de los ciudadanos.
A punto de ser dictada su sentencia de divorcio, en noviembre anterior, César amenazó de muerte a Mariana, aún esposa suya. Por teléfono, le advirtió que aparecería “encostalada”. Ella acudió a la agencia del Ministerio Público de Monte Altais esquina con Alpes (Lomas de Chapultepec), la próxima a su trabajo. Le dijeron que su denuncia quedaría como testimonio, es decir, sin valor judicial, porque debía presentarla en la delegación correspondiente a su domicilio, en Coyoacán.
Aunque César no cumplió su amenaza, Mariana es parte ya de entre 60% y 80 % de las mujeres que, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, ha sido violentada alguna vez en su vida. También es una víctima más de la impunidad. Patricia Valladares, coordinadora del Programa de Investigación en Violencia de Género, de la FES Iztacala (UNAM), asegura que 97% de los delitos contra ellas quedan impunes; 50% no se investiga, y sólo 3% va a prisión —con penas de cárcel que nunca rebasan los cinco años—. Esto provoca que sean pocas las que denuncian: entre 20% y 50% de las violentadas, “y es que una cosa es denunciar; otra, que agarren a los agresores, y otra ver cuánto les dan en prisión”.
El 2 de febrero de 2007 entró en vigor con gran cobertura publicitaria la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fue anunciada como modelo en América Latina, pero dos años después no se ha concretado ninguno de sus rubros principales: a) el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; b) el Banco Nacional de Datos; c) el diagnóstico nacional sobre las formas de violencia a las mujeres; d) la alerta de género; e) la emisión de órdenes de protección; f) los programas de reeducación para los agresores, y g) la capacitación al personal policiaco y de procuración de justicia.
Ni sistema, ni alerta de género
La Ley dispone que, por ejemplo, el diagnóstico nacional se realizaría dentro de los 365 días siguientes a la integración del Sistema, el cual asimismo debió conformarse dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la norma. Celita Alamilla, directora general de Promoción y Enlace del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), informa que el diagnóstico quedará listo en octubre próximo; y que ha habido seis reuniones del Sistema (en la primera fue aprobado su reglamento), mismo que integran nueve dependencias federales y tiene por objeto “la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.
Esta legislación también establece que “el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres deberá integrarse dentro de los 365 días siguientes a la conformación del Sistema”. La funcionaria de Inmujeres admite que “está aún en proceso de conformación. Los estados están en vinculación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal —que se hará cargo del Banco— para asesorarse y retroalimentarse, a fin de que se vaya integrando esta gran red que funcionará sobre la base de una plataforma tecnológica e-méxico. Pero aún no hay casos registrados; apenas se va a pilotear con dos o tres dependencias o instancias estatales para ver que esto funcione”. Subraya, además, que conformar el Banco no es sencillo, porque se pretende diseñar una plantilla y una ventanilla únicas para todas las dependencias, mediante las cuales se captarán los datos personales de las víctimas y los casos o tipos de violencia.
Dos aspectos críticos en lo que se refiere al Banco, destaca la perredista Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, son que debe recoger la información no sólo federal, sino de los estados (que a su vez canaliza la municipal). “Es un proceso complejo, pero lo mecánico sería lo de menos; el problema es que no hay una clasificación nacional de delitos en contra de las mujeres, y cada entidad tiene su propio código penal y civil; estos son diversos y algunos atentatorios contra los derechos de las mujeres. Falta voluntad política para reformar los códigos y establecer de manera concreta las acciones que permitan que las mujeres no sean víctimas de violencia”.
La ley “está siendo letra muerta, aunque conceptualmente sea la octava maravilla del mundo”, reconoce la diputada, ejemplificando con la “alerta de género”, que establece las acciones gubernamentales de emergencia que deben tomarse. “Tenemos los casos de Ciudad Juárez y el estado de México, donde la violencia hacia las mujeres es alarmante; sin embargo, el año pasado, pese a que se asignaron 50 millones de pesos para ese rubro, no pudo emitirse una sola alerta”.
Esto, continúa la legisladora, porque el procedimiento que establece el reglamento de la Ley es complicado; se le da a los organismos de la sociedad civil una función de Ministerio Público, pues tienen no sólo que presentar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema la solicitud de investigación sobre la procedencia de declaratoria de alerta de violencia de género, sino reunir las pruebas, lo cual tendría que ser una función del gobierno; además, las organizaciones civiles tienen que gastar para trasladarse al DF, porque hay dos formas de presentar la solicitud: personalmente ante Inmujeres, que es titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, o enviándola a través del Servicio Postal Mexicano.
Recortan el presupuesto
Otros problemas en la implantación institucional de la Ley son el subejercicio presupuestal en 2008 y su reducción para 2009. El primer año mencionado el presupuesto federal asignado fue de mil 163 millones de pesos. Para el actual será de 899.7 millones. Así, los fondos públicos para la alerta de género, por ejemplo, se redujeron de 50 millones a un millón de pesos.
Por otra parte, según el desglose del monto aprobado en 2008, de enero a septiembre hubo un subejercicio de 30% en las dependencias públicas a las que se asignó dinero para este fin, explica la diputada Contreras. Hay estados, refuerza Celita Alamilla, de Inmujeres, que están regresando el dinero porque no tuvieron la capacidad de gasto el año pasado, aunque “es una cifra mínima: de 104 millones de pesos que se les distribuyeron por partes iguales, nos están devolviendo 2%, y eso que fue la primera experiencia y que el dinero llegó un poco tarde”.
Este manejo de los recursos también afectó a los refugios, cuya creación está prevista en el reglamento de la Ley, para alojar a las víctimas de violencia y sus hijos hasta tres meses, proveyéndoles alimentación, vestido, servicio médico, apoyo sicológico y jurídico, capacitación laboral, programas educativos y bolsa de trabajo. La diputada Contreras dice que en 2008 “tuvimos serias complicaciones para la aplicación de los recursos que la Comisión de Equidad y Género designó para el apoyo a los refugios de la sociedad civil, debido a que se asignó el dinero a una partida que obligaba a que se entregara a través de las secretarías de Salud de los estados, pese a que no tienen ningún tipo de experiencia en el tema. En lo que entendieron para qué era el dinero y en lo que lanzaron las convocatorias para los proyectos, llegó octubre y ¿qué institución puede aplicar los recursos que son para todo un año en tres meses”.
A la fecha sólo existen 70 albergues, la mayoría de los cuales son de las organizaciones civiles; “otros son operados por las entidades en casas prestadas donde a veces no llegan los recursos de manera consistente cada mes. La idea es reforzarlos para que tengan un modelo deseable”, afirma Alamilla, de Inmujeres.
Es difícil decir cuántos albergues se necesitan en México, pero Sonia Frías, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, dice que, hasta 2000, en Estados Unidos había mil 386, y que “una respuesta simplista sería decir que una persona requiere ir a un sitio de éstos cuando la violencia ha escalado en frecuencia y severidad, o cuando desea dejar una relación violenta y no tiene a dónde ir. Sin embargo, habría que ver cuántas mujeres quieren ir a un albergue”.
¿Y las órdenes de protección?
La creación de programas de reeducación al agresor y la emisión de las órdenes de protección que establece la Ley también han sido postergados. Así lo reconoce Celita Alamilla, quien dice que hasta hoy no se ha emitido ninguna orden de protección que, entre otras cosas, obliga al agresor a desocupar el domicilioconyugal y establece el auxilio policial para la víctima, incluido el acceso al domicilio.
Hoy, como nunca, el cumplimiento de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por parte del gobierno es apremiante, en virtud de que han surgido nuevas formas de violencia contra las mujeres, como la asociada al narcotráfico: “Si un grupo llega a un lugar y mata a todos, no es violencia de género, pero si en una venganza entre narcos una banda se desquita con las mujeres de sus enemigos, sí lo es; o también que ellas se vuelven cómplices obligadas de la delincuencia”, precisa Patricia Valladares, del Programa de Investigación en Violencia de Género, de la FES Iztacala.
Sonia Frías, autora de la tesis doctoral “Género, el Estado y patriarcado: violencia de pareja en México”, menciona el caso de la migración: “Cuando las mujeres se desplazan dentro del país o hacia otro se abren situaciones de riesgo. Las redes sociales de apoyo disminuyen el peligro de violencia; cuando emigran, sus redes ya no están ahí o se debilitan. El estrés experimentado por hombres y mujeres por el cambio de escenario también está asociado a la violencia. Ésta puede venir de su pareja, del patrón que paga poco, de la discriminación o del acoso sexual”.
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A nuestras "flamantes" autoridades parece importarles un comino la seguridad de los ciudadanos.
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