Argentina da un nuevo paso a la expropiación de aerolíneas.

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El oficialismo ha presentado este lunes en el Congreso de Diputados de Argentina un proyecto de ley que declara de "utilidad pública" y "sujetas a expropiación" Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria Austral, propiedad del grupo español Marsans, según informa el diario Clarín.

La iniciativa, impulsada por diputados del gobernante Frente para la Victoria (FPV), fue elaborada después de que el pasado martes una comisión parlamentaria recomendara al plenario de las dos cámaras legislativas debatir una ley de expropiación de la compañía aérea.

El proyecto lleva las firmas del titular del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi, y del presidente de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, el también oficialista Mariano West.

El proyecto plantea la declaración de Aerolíneas y Austral como "bienes de utilidad pública" sujetos a expropiación, pero desde la oposición objetan el hecho de que el estado argentino, además de hacerse cargo de los activos de las compañías, asuma también la abultada deuda de Aerolíneas.

Haciendo pesar su mayoría en ambas cámaras, el oficialismo apuesta por sacar adelante la ley en el plazo de un mes.

A vueltas con las tasaciones

El Gobierno argentino y el grupo español firmaron el pasado julio un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al estado argentino de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes. A juicio del estado argentino, la empresa tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que no debería pagar nada, mientras que para Marsans vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.

Marsans reclamaba la opinión de un tercer tasador independiente, cuya valoración sería inapelable, tal como lo estableció el acta firmada con el Gobierno en julio, cuando se inició la negociación, pero Buenos Aires se ha negado a activar esa instancia.

Este jueves, Marsans envió una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández, comunicándole que si en el plazo de una semana no procuraba una "solución amistosa" en torno a la controversia por Aerolíneas, el grupo demandará al estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial. En tanto, este viernes, un juzgado resolvió intervenir la compañía aérea a solicitud del secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Comentario:

Todo parece indicar que el asunto terminará en los tribunales internacionales. ¿Quién ganará?