Noticia:
El ombudsman nacional, Raúl Plascencia, afirmó que en los últimos tres años “resurgieron” en el país fenómenos que se creían superados, como la tortura, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias; “parecía que eran parte de una agenda superada; sin embargo, se han venido reproduciendo en los últimos años”.
Las violaciones a los derechos humanos colocan al país “en una condición muy crítica —en la esfera internacional—, por eso es que recibimos condenas del Congreso de Estados Unidos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalamientos de la Sociedad Interamericana de Prensa, de organismos no gubernamentales, que se podrían evitar si tuviéramos un mayor compromiso en la temática”.
Comentó que es una gran preocupación de la Comisión a su cargo, que se encarcele a indígenas “que no hablan debidamente el español y que se les procese al margen de la ley”.
Citó el caso de las otomíes Teresa González y Alberta Alcántara, presas desde 2006 en Querétaro, pese a que la CNDH acreditó que fueron procesadas al margen de la ley.
En junio de 2009, “la CNDH envió una recomendación a la Procuraduría General de la República (PGR) que fue rechazada y lamentablemente, a propósito de este tipo de acciones negativas de respeto a los derechos humanos, se les mantiene todavía en prisión”.
Dijo que la CNDH trabaja con legisladores federales para que toda víctima del delito pueda, en buena medida, ejercer sus derechos y que se evite la criminalización, sobre todo de la población indígena.
Ayer, el ombudsman firmó un convenio de colaboración con la Procuraduría de los Derechos Humanos local, que establecerá la Red de Atención Integral para Víctimas del Delito de Secuestro en Guanajuato, durante las octavas Jornadas Nacionales sobre Víctimas del Delito y Derechos Humanos.
Profesionalización policiaca
Confió en que el Ejército regrese a sus funciones antes de que termine el sexenio del presidente Felipe Calderón, “porque no está capacitado para ejercer funciones que competen a la policía en los municipios y en las entidades del país”.
Plascencia Villanueva afirmó que las recomendaciones a los militares acusados de violación a los derechos humanos han sido aceptadas, pero lo importante es prevenir la repetición de esos eventos, por lo que se busca una capacitación más intensa de las Fuerzas Armadas. “Todos deben comprometerse a cumplir la ley”.
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viernes, 19 de marzo de 2010
jueves, 4 de marzo de 2010
Francés denuncia tortura de policía mexicana.
Noticia:
Un ciudadano francés detenido en México desde noviembre pasado acusado de secuestro denuncia torturas de la policía mexicana, al tiempo que insiste en su inocencia y asegura que le persiguen por criticar el sistema carcelario del país.
"Soy inocente. Pueden condenarme a 60 años de cárcel por haber denunciado la tortura que sufrí" , declara en la edición de hoy del vespertino Le Monde Gilles Moreaux, un empresario marsellés de 46 años afincado desde hace ocho en México.
A esa condena se enfrenta el francés acusado de haber secuestrado a una amiga mexicana, Irianelly Miranda Domínguez, en septiembre de 2008.
Ambos fueron rehenes y ella aseguró a la policía mexicana la implicación de Moreaux en el secuestro, lo que llevó a su detención en Puebla el 21 de noviembre de 2009.
A partir de entonces comenzó su calvario, según relata a Le Monde.
"Me taparon los ojos y comenzaron a golpearme durante horas. Me desnudaron y me echaron agua helada por el cuerpo y me amenazaron de muerte. Me metieron un trapo en la boca y la nariz y empezaron a echar agua hasta que llenaron mis pulmones. Creía que me ahogaba" , precisa.
Indica que en esas condiciones confesó el secuestro, un testimonio logrado bajo tortura sobre el que está basada la acusación, según sus abogados.
"Habría firmado cualquier cosa con tal de que eso parara", agrega Moreaux.
El francés denuncia irregularidades en el proceso, como la desaparición de un informe médico en el que se demostraba que había sido torturado.
Moreaux también denuncia las condiciones de detención que vive en México: "somos tres en una celda de 4 metros cuadrados sin ventanas. Duermo en el suelo con cucarachas y ratas, sin agua potable ni electricidad. Pero nada comparado al calvario que he sufrido" .
El detenido pide ayuda a las autoridades francesas para que intercedan por su caso.
París ha solicitado en varias ocasiones la entrega de Florence Cassez, una francesa de 35 años condenada a 60 años de cárcel por tres secuestros y violencia organizada y que lleva cuatro años entre rejas en México.
Un ciudadano francés detenido en México desde noviembre pasado acusado de secuestro denuncia torturas de la policía mexicana, al tiempo que insiste en su inocencia y asegura que le persiguen por criticar el sistema carcelario del país.
"Soy inocente. Pueden condenarme a 60 años de cárcel por haber denunciado la tortura que sufrí" , declara en la edición de hoy del vespertino Le Monde Gilles Moreaux, un empresario marsellés de 46 años afincado desde hace ocho en México.
A esa condena se enfrenta el francés acusado de haber secuestrado a una amiga mexicana, Irianelly Miranda Domínguez, en septiembre de 2008.
Ambos fueron rehenes y ella aseguró a la policía mexicana la implicación de Moreaux en el secuestro, lo que llevó a su detención en Puebla el 21 de noviembre de 2009.
A partir de entonces comenzó su calvario, según relata a Le Monde.
"Me taparon los ojos y comenzaron a golpearme durante horas. Me desnudaron y me echaron agua helada por el cuerpo y me amenazaron de muerte. Me metieron un trapo en la boca y la nariz y empezaron a echar agua hasta que llenaron mis pulmones. Creía que me ahogaba" , precisa.
Indica que en esas condiciones confesó el secuestro, un testimonio logrado bajo tortura sobre el que está basada la acusación, según sus abogados.
"Habría firmado cualquier cosa con tal de que eso parara", agrega Moreaux.
El francés denuncia irregularidades en el proceso, como la desaparición de un informe médico en el que se demostraba que había sido torturado.
Moreaux también denuncia las condiciones de detención que vive en México: "somos tres en una celda de 4 metros cuadrados sin ventanas. Duermo en el suelo con cucarachas y ratas, sin agua potable ni electricidad. Pero nada comparado al calvario que he sufrido" .
El detenido pide ayuda a las autoridades francesas para que intercedan por su caso.
París ha solicitado en varias ocasiones la entrega de Florence Cassez, una francesa de 35 años condenada a 60 años de cárcel por tres secuestros y violencia organizada y que lleva cuatro años entre rejas en México.
martes, 27 de octubre de 2009
Procuraduría detiene a 4 albañiles por tortura.
Noticia:
Justo cuando vencía el ultimátum que el gobernador Ney González Sánchez estableció a su gabinete de Seguridad, la Procuraduría anunció la captura de cuatro albañiles como presuntos responsables de la tortura videograbada y ejercida a cinco jóvenes que habían ingresado a robar una vivienda de Tepic.
Se debió a una “puntada” que al menos ocho albañiles idearon cuando se encontraban borrachos y drogados, dijo en conferencia de prensa el procurador Héctor Béjar Fonseca. Mencionó que cuatro de ellos están arrestados y bajo investigación luego de una denuncia anónima.
“Todo se debió a una puntada, que inició cuando los muchachos (los agresores) se encontraban en un zanjón, en casas aledañas al fraccionamiento Las Lomas, uno (de los detenidos) refiere que uno de ellos (de los adolescentes ladrones) corrió y se llevó un X-Box”, agregó el fiscal ante los medios de comunicación a las 8:00 horas de ayer.
La víspera, el mandatario fijó un plazo máximo de 12 horas para que el procurador de Justicia y el director de la Policía Estatal Investigadora (PEI) dieran “resultados definitivos, serios, sin chivos expiatorios” sobre las indagatorias de la vejación a cinco preparatorianos, presumiblemente víctimas de alguna corporación policiaca.
El gobernador firmó a las 20:00 horas del domingo en un comunicado que de no haber avances ante la sociedad nayarita, cambiaría al procurador Héctor Béjar y al director de la PEI, Julio César Betancourt García.
Aceleran la pesquisa
La detención de los cuatro sospechosos se realizó, de acuerdo con el fiscal Béjar Fonseca, cerca de las 19:00 horas del domingo, luego de que una llamada anónima advirtió a la policía sobre unos sujetos que festejaban en el bar El Huracán haber torturado y videograbado a cinco adolescentes.
De forma oficial, los presuntos responsables son Daniel Abraham Rentería Solano El Dany, Miguel Ángel Alemán Solís El Micky, Martín Eduardo Morelia Ramos El Perusi y Jonathan Ibarría Gómez El Jhony.
“Se encontraban en un bar bebiendo y debido a los efectos de los embriagantes comenzaron a hablar sobre el tema de moda. Quizás un mesero o alguno de los que estaban ahí escucharon y nos hicieron el favor de hacer la denuncia”, informó el procurador.
Uno de los señalados coincidió —durante la presentación ante los medios— con lo dicho por Béjar Fonseca, de que se trababa de una broma. “Pues, fue por allá pa’ al lado del libramiento… (lo hicimos) porque los miramos robando. Para hacer una broma, nomás. Estábamos fumando mariguana, ahí por avenida Jacarandas y los vimos cuando brincaron de una casa”, afirmó El Dany.
Dijo que los otros detenidos son de Puerto Vallarta y fueron ellos quienes difundieron los videos en internet.
“Nos iba a caer la bronca a nosotros, porque la gente nos vio que estábamos en el zanjón fumando mariguana... iban a pensar que fuimos nosotros”, agregó Rentería Solano.
Los hombres presentados dijeron que la noche del suceso —hace un par de semanas, aunque el video se dio a conocer el 21 de octubre— traían dos camionetas, una negra y otra blanca, aunque no recordaron la marca, ni el lugar a donde llevaron a los jóvenes para torturarlos. En sus declaraciones negaron conocer al dueño de la casa robada.
Uno de los detenidos refirió que en los hechos participaron otros cuatro hombres, todos de Puerto Vallarta, a quienes conocieron en un colado de concreto, “y como ellos traían dinero y droga, se nos unieron”.
Los presuntos responsables cuentan con antecedentes penales por delitos como robo, portación de arma de fuego y lesiones.
Niegan participación de policías
El procurador negó la participación de agentes en los actos de tortura física y psicológica a los que fueron sometidos los cinco estudiantes de preparatoria durante la noche del martes 13 y madrugada del 14 de octubre.
Lo anterior se contrapone al testimonio que una de las víctimas dio en entrevista a EL UNIVERSAL. Narró que no sólo fueron entregados a quienes los torturaron y filmaron, sino que antes tres de los cinco muchachos fueron llevados al área de armas de la Procuraduría estatal.
Según el testimonio fueron golpeados en las rodillas, brazos y pecho con troncos, así como con las cachas de las armas. Una de ellas, la única que hasta ahora tiene en su poder la procuraduría y de acuerdo con las pruebas de balística, resultó ser de juguete (de copitas). Posteriormente fueron abandonados desnudos en un predio cerca del bulevar Tepic-Xalisco.
El director de Seguridad Pública Municipal, Édgar Veytía, informó hasta la madrugada del lunes pasado que policías del lugar vieron a los jóvenes desnudos tirados en la calle e hicieron el reporte al 089.
“Por ello llegaron varias patrullas, entre ellas una de la procuraduría. Ahí se les tomaron algunos datos a los jóvenes”, informó por su parte Béjar Fonseca.
Policías apoyaron a los jóvenes
Según el avance de las investigaciones, los policías dejaron ir a cuatro de los adolescentes hallados sobre el bulevar, porque así lo quisieron. El quinto joven fue llevado a las instalaciones de la Policía Municipal para prestarle ayuda clínica, donde se le encontró una costilla rota, pero luego fue entregado, esa misma noche, a sus padres. El director de la Policía, Édgar Vaytía, reportó al fiscal del apoyo brindado hasta la madrugada de ayer, pues según Béjar Fonseca, hasta entonces no existían vínculos entre el video y los estudiantes en el bulevar.
Las filmaciones producto de la tortura circularon durante varios días por internet y en ellas se puede escuchar que el presunto dueño de la casa expone que eso les pasaba por robar. Al parecer la vivienda, de donde presuntamente los jóvenes fueron capturados para luego recibir un escarmiento por robar, es propiedad de Guillermo Olvera, y pese a que en los videos hay una voz que se identifica como el dueño, los 40 investigadores que trabajan en el caso no han podido localizarlo; el domicilio ya fue cateado y desde el viernes no hay nadie ahí.
Las indagatorias mienten
El presidente de la Barra de Abogados de Nayarit, Jorge Varga López, sostuvo que el procurador Héctor Béjar es el campeón de la mentira y la simulación.
“Los borrachos que presentó es pura mentira, no es otra cosa que la desesperación por parte de Béjar, para dar respuesta al ultimátum que le puso el gobernador Ney González. Ahora resulta que son albañiles”.
Dijo que las cinco agrupaciones de abogados de Nayarit exigirán que se realice una investigación sería: “Todos sabemos que en Nayarit los grandes capos mandan siempre a los ayudantes menores a que paguen sus culpas, y ahora resulta que los presentados como culpables gritan: ‘nosotros somos los culpables, sí nosotros somos’. Eso es una burla para la sociedad nayarita”.
Justo cuando vencía el ultimátum que el gobernador Ney González Sánchez estableció a su gabinete de Seguridad, la Procuraduría anunció la captura de cuatro albañiles como presuntos responsables de la tortura videograbada y ejercida a cinco jóvenes que habían ingresado a robar una vivienda de Tepic.
Se debió a una “puntada” que al menos ocho albañiles idearon cuando se encontraban borrachos y drogados, dijo en conferencia de prensa el procurador Héctor Béjar Fonseca. Mencionó que cuatro de ellos están arrestados y bajo investigación luego de una denuncia anónima.
“Todo se debió a una puntada, que inició cuando los muchachos (los agresores) se encontraban en un zanjón, en casas aledañas al fraccionamiento Las Lomas, uno (de los detenidos) refiere que uno de ellos (de los adolescentes ladrones) corrió y se llevó un X-Box”, agregó el fiscal ante los medios de comunicación a las 8:00 horas de ayer.
La víspera, el mandatario fijó un plazo máximo de 12 horas para que el procurador de Justicia y el director de la Policía Estatal Investigadora (PEI) dieran “resultados definitivos, serios, sin chivos expiatorios” sobre las indagatorias de la vejación a cinco preparatorianos, presumiblemente víctimas de alguna corporación policiaca.
El gobernador firmó a las 20:00 horas del domingo en un comunicado que de no haber avances ante la sociedad nayarita, cambiaría al procurador Héctor Béjar y al director de la PEI, Julio César Betancourt García.
Aceleran la pesquisa
La detención de los cuatro sospechosos se realizó, de acuerdo con el fiscal Béjar Fonseca, cerca de las 19:00 horas del domingo, luego de que una llamada anónima advirtió a la policía sobre unos sujetos que festejaban en el bar El Huracán haber torturado y videograbado a cinco adolescentes.
De forma oficial, los presuntos responsables son Daniel Abraham Rentería Solano El Dany, Miguel Ángel Alemán Solís El Micky, Martín Eduardo Morelia Ramos El Perusi y Jonathan Ibarría Gómez El Jhony.
“Se encontraban en un bar bebiendo y debido a los efectos de los embriagantes comenzaron a hablar sobre el tema de moda. Quizás un mesero o alguno de los que estaban ahí escucharon y nos hicieron el favor de hacer la denuncia”, informó el procurador.
Uno de los señalados coincidió —durante la presentación ante los medios— con lo dicho por Béjar Fonseca, de que se trababa de una broma. “Pues, fue por allá pa’ al lado del libramiento… (lo hicimos) porque los miramos robando. Para hacer una broma, nomás. Estábamos fumando mariguana, ahí por avenida Jacarandas y los vimos cuando brincaron de una casa”, afirmó El Dany.
Dijo que los otros detenidos son de Puerto Vallarta y fueron ellos quienes difundieron los videos en internet.
“Nos iba a caer la bronca a nosotros, porque la gente nos vio que estábamos en el zanjón fumando mariguana... iban a pensar que fuimos nosotros”, agregó Rentería Solano.
Los hombres presentados dijeron que la noche del suceso —hace un par de semanas, aunque el video se dio a conocer el 21 de octubre— traían dos camionetas, una negra y otra blanca, aunque no recordaron la marca, ni el lugar a donde llevaron a los jóvenes para torturarlos. En sus declaraciones negaron conocer al dueño de la casa robada.
Uno de los detenidos refirió que en los hechos participaron otros cuatro hombres, todos de Puerto Vallarta, a quienes conocieron en un colado de concreto, “y como ellos traían dinero y droga, se nos unieron”.
Los presuntos responsables cuentan con antecedentes penales por delitos como robo, portación de arma de fuego y lesiones.
Niegan participación de policías
El procurador negó la participación de agentes en los actos de tortura física y psicológica a los que fueron sometidos los cinco estudiantes de preparatoria durante la noche del martes 13 y madrugada del 14 de octubre.
Lo anterior se contrapone al testimonio que una de las víctimas dio en entrevista a EL UNIVERSAL. Narró que no sólo fueron entregados a quienes los torturaron y filmaron, sino que antes tres de los cinco muchachos fueron llevados al área de armas de la Procuraduría estatal.
Según el testimonio fueron golpeados en las rodillas, brazos y pecho con troncos, así como con las cachas de las armas. Una de ellas, la única que hasta ahora tiene en su poder la procuraduría y de acuerdo con las pruebas de balística, resultó ser de juguete (de copitas). Posteriormente fueron abandonados desnudos en un predio cerca del bulevar Tepic-Xalisco.
El director de Seguridad Pública Municipal, Édgar Veytía, informó hasta la madrugada del lunes pasado que policías del lugar vieron a los jóvenes desnudos tirados en la calle e hicieron el reporte al 089.
“Por ello llegaron varias patrullas, entre ellas una de la procuraduría. Ahí se les tomaron algunos datos a los jóvenes”, informó por su parte Béjar Fonseca.
Policías apoyaron a los jóvenes
Según el avance de las investigaciones, los policías dejaron ir a cuatro de los adolescentes hallados sobre el bulevar, porque así lo quisieron. El quinto joven fue llevado a las instalaciones de la Policía Municipal para prestarle ayuda clínica, donde se le encontró una costilla rota, pero luego fue entregado, esa misma noche, a sus padres. El director de la Policía, Édgar Vaytía, reportó al fiscal del apoyo brindado hasta la madrugada de ayer, pues según Béjar Fonseca, hasta entonces no existían vínculos entre el video y los estudiantes en el bulevar.
Las filmaciones producto de la tortura circularon durante varios días por internet y en ellas se puede escuchar que el presunto dueño de la casa expone que eso les pasaba por robar. Al parecer la vivienda, de donde presuntamente los jóvenes fueron capturados para luego recibir un escarmiento por robar, es propiedad de Guillermo Olvera, y pese a que en los videos hay una voz que se identifica como el dueño, los 40 investigadores que trabajan en el caso no han podido localizarlo; el domicilio ya fue cateado y desde el viernes no hay nadie ahí.
Las indagatorias mienten
El presidente de la Barra de Abogados de Nayarit, Jorge Varga López, sostuvo que el procurador Héctor Béjar es el campeón de la mentira y la simulación.
“Los borrachos que presentó es pura mentira, no es otra cosa que la desesperación por parte de Béjar, para dar respuesta al ultimátum que le puso el gobernador Ney González. Ahora resulta que son albañiles”.
Dijo que las cinco agrupaciones de abogados de Nayarit exigirán que se realice una investigación sería: “Todos sabemos que en Nayarit los grandes capos mandan siempre a los ayudantes menores a que paguen sus culpas, y ahora resulta que los presentados como culpables gritan: ‘nosotros somos los culpables, sí nosotros somos’. Eso es una burla para la sociedad nayarita”.
lunes, 28 de septiembre de 2009
CNDH acusa al Ejército de abuso y tortura.
Noticia:
Elementos del Ejército detuvieron, golpearon y amenazaron a varias personas que asistían a un sepelio en Villa Ahumada, Chihuahua, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó a la Secretaría de la Defensa la reparación del daño ocasionado.
A través de golpes, toques eléctricos e intentos de asfixia, ocho personas “confesaron” en instalaciones militares ilícitos como portación de armas prohibidas y tráfico de drogas, señala la Comisión en su recomendación 59/2009.
La instancia exige investigar al batallón desplegado en Ciudad Juárez, implicado en los abusos a civiles.
Elementos del Ejército detuvieron, golpearon y amenazaron a varias personas que asistían a un sepelio en Villa Ahumada, Chihuahua, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó a la Secretaría de la Defensa la reparación del daño ocasionado.
A través de golpes, toques eléctricos e intentos de asfixia, ocho personas “confesaron” en instalaciones militares ilícitos como portación de armas prohibidas y tráfico de drogas, señala la Comisión en su recomendación 59/2009.
La instancia exige investigar al batallón desplegado en Ciudad Juárez, implicado en los abusos a civiles.
viernes, 24 de abril de 2009
Condoleezza también autorizó uso de tortura.
Noticia:
La ex secretaria estadounidense de Estado, Condoleezza Rice, se sumó ayer a la lista de altos cargos de la administración de George W. Bush que autorizaron la práctica de la tortura.
Tras la divulgación del nombre del ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, como uno de los implicados, la lista se ha ampliado a Rice y al ex fiscal general, John Ashcroft, quienes habrían dado su autorización verbal en el verano de 2002 para el empleo de métodos de interrogatorio como la asfixia simulada y castigos corporales contra presuntos miembros de la organización terrorista Al-Qaeda que permanecían confinados en prisiones secretas.
Los nombres de Rice, Ashcroft y otros antiguos cargos de la administración Bush, como el ex vicepresidente Dick Cheney, figuran en una cronología preparada por el Comité de Inteligencia del Senado que ha sido desclasificada por el Departamento de Justicia.
La ampliación de la lista de ex altos cargos de la administración Bush en estos documentos secretos, que sugieren o prueban su responsabilidad en casos de tortura, ha desatado una intensa batalla en el seno del Congreso.
En este sentido, el senador republicano y ex candidato a la Presidencia, John McCain, ha criticado a la administración Obama por preparar el terreno a una “cacería de brujas” que “será mala para el país y para futuros presidentes”.
Contra esta opinión se manifestaba ayer el secretario de Defensa, Robert Gates, quien fungió como director de la CIA durante casi 30 años y formó parte del gabinete de George W. Bush. “Tratar de ocultar estos memorandums habría sido poco realista ya que su divulgación era inevitable”, aseguró Gates en alusión a la investigación que sigue su curso en el Congreso y a las demandas legales pendientes que han entablado organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En medio de un intenso forcejeo e intercambio de reproches y acusaciones entre demócratas y republicanos, el fiscal general, Eric Holder, dijo que “no voy a permitir la criminalización (del caso) a partir de diferencias políticas”. “Sin embargo, añadió, como fiscal general es mi responsabilidad hacer cumplir la ley. Y si encuentro evidencia de algo indebido, procederé con todo el peso de la ley…”, aseguró.
El vocero de la Casa Blanca, Bob Gibbs, intentó reducir las expectativas en torno a la creación de una comisión de investigación que han demandado algunos congresistas como el demócrata Patrick Leahy, presidente del comité judicial en el Senado. “Una comisión de este tipo se prestaría a un intenso forcejeo político”, aseguró cuando se le preguntó si, acaso, el presidente Obama apoyaba esta idea.
El diario The New York Times reportó que el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, y otros prominentes senadores coinciden con la Casa Blanca en oponerse a la creación de una comisión especial para investigar los métodos de tortura aprobados por la administración Bush contra sospechosos de terrorismo, impulsada por la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros prominentes congresistas demócratas.
Comentario:
Una cacería de brujas que sólo sirve para fortalecer a Al Qaeda. Quien la intente, bonito papelito que está haciendo. Dudo que venga directamente de Obama.
La ex secretaria estadounidense de Estado, Condoleezza Rice, se sumó ayer a la lista de altos cargos de la administración de George W. Bush que autorizaron la práctica de la tortura.
Tras la divulgación del nombre del ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, como uno de los implicados, la lista se ha ampliado a Rice y al ex fiscal general, John Ashcroft, quienes habrían dado su autorización verbal en el verano de 2002 para el empleo de métodos de interrogatorio como la asfixia simulada y castigos corporales contra presuntos miembros de la organización terrorista Al-Qaeda que permanecían confinados en prisiones secretas.
Los nombres de Rice, Ashcroft y otros antiguos cargos de la administración Bush, como el ex vicepresidente Dick Cheney, figuran en una cronología preparada por el Comité de Inteligencia del Senado que ha sido desclasificada por el Departamento de Justicia.
La ampliación de la lista de ex altos cargos de la administración Bush en estos documentos secretos, que sugieren o prueban su responsabilidad en casos de tortura, ha desatado una intensa batalla en el seno del Congreso.
En este sentido, el senador republicano y ex candidato a la Presidencia, John McCain, ha criticado a la administración Obama por preparar el terreno a una “cacería de brujas” que “será mala para el país y para futuros presidentes”.
Contra esta opinión se manifestaba ayer el secretario de Defensa, Robert Gates, quien fungió como director de la CIA durante casi 30 años y formó parte del gabinete de George W. Bush. “Tratar de ocultar estos memorandums habría sido poco realista ya que su divulgación era inevitable”, aseguró Gates en alusión a la investigación que sigue su curso en el Congreso y a las demandas legales pendientes que han entablado organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En medio de un intenso forcejeo e intercambio de reproches y acusaciones entre demócratas y republicanos, el fiscal general, Eric Holder, dijo que “no voy a permitir la criminalización (del caso) a partir de diferencias políticas”. “Sin embargo, añadió, como fiscal general es mi responsabilidad hacer cumplir la ley. Y si encuentro evidencia de algo indebido, procederé con todo el peso de la ley…”, aseguró.
El vocero de la Casa Blanca, Bob Gibbs, intentó reducir las expectativas en torno a la creación de una comisión de investigación que han demandado algunos congresistas como el demócrata Patrick Leahy, presidente del comité judicial en el Senado. “Una comisión de este tipo se prestaría a un intenso forcejeo político”, aseguró cuando se le preguntó si, acaso, el presidente Obama apoyaba esta idea.
El diario The New York Times reportó que el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, y otros prominentes senadores coinciden con la Casa Blanca en oponerse a la creación de una comisión especial para investigar los métodos de tortura aprobados por la administración Bush contra sospechosos de terrorismo, impulsada por la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros prominentes congresistas demócratas.
Comentario:
Una cacería de brujas que sólo sirve para fortalecer a Al Qaeda. Quien la intente, bonito papelito que está haciendo. Dudo que venga directamente de Obama.
jueves, 23 de abril de 2009
El debate sobre las torturas amenaza el cambio de Obama.
Noticia:
Intentando escapar a la presión de la izquierda y la derecha en relación con la polémica sobre las torturas, Barack Obama quiere desviar la posible investigación sobre sus responsables políticos hacia una comisión bipartidista, cuyo trabajo podría ser más aceptable para la opinión pública norteamericana y supondría un riesgo menor de que este episodio, fácilmente catalogable como revanchismo por los rivales del presidente, ponga en riesgo otros asuntos capitales del programa reformista de la Casa Blanca.
"No quiero prejuzgar los acontecimientos, pero me preocupa que esto se politice tanto que no seamos capaces de funcionar correctamente, incluso que perjudique nuestra capacidad para conducir nuestras operaciones de seguridad", ha advertido el presidente norteamericano.
Obama claramente se está resistiendo a la idea de algunos dentro de su propio partido de abrir una causa general contra la anterior Administración. Consciente de que eso constituye un peligro enorme de hipotecar el trabajo de toda su presidencia, Obama ha insistido siempre en su deseo de "mirar hacia adelante y no hacia atrás".
Este fin de semana, su jefe de Gabinete, Rahm Emanuel, se manifestaba inequívocamente en contra de procesar a responsables del anterior Gobierno por su posible relación con torturas. "No podemos gastar nuestra energía en mirar al pasado", afirmaba en un programa de televisión. El propio director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, admitía en una carta conocida ayer que "las tácticas duras en algunos interrogatorios a miembros de Al Qaeda había permitido obtener información altamente valiosa".
Los principales aliados de Obama en el Congreso, de forma paralela, intentaban poner freno a los intentos de algunos de sus colegas de acelerar las investigaciones sobre el equipo de George W. Bush pese a las señales enviadas por la Casa Blanca de que prefería centrarse en su compleja agenda presupuestaria. Ayer mismo, con ocasión del Día de la Tierra, el propio presidente viajó a Iowa, un Estado símbolo de su conexión con los problemas inmediatos de los norteamericanos, para insistir en que su prioridad son asuntos como la reforma energética y medioambiental.
Obama conoce el potencial explosivo que encierra un asunto como la investigación del Gobierno anterior. Las últimas encuestas advierten, peligrosamente, de que, aunque su popularidad es muy alta, la división partidista sobre la opinión del presidente está alcanzando cotas históricas. Un asunto como llevar a los tribunales a figuras de la Administración saliente, mucho más si eso se hace con el respaldo de Europa y de la ONU, puede convertirse en un verdadero bumerán que destroce esta presidencia.
La presión de la izquierda demócrata no ha decrecido por ello. Ayer, un día después de que Obama aceptara la posibilidad de una investigación sobre quienes autorizaron las torturas, la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, del sector liberal del partido, insistía en que esa investigación debe quedar en el Congreso, donde los demócratas cuentan con una amplia mayoría que les permite un control estricto de los acontecimientos.
Obama, sin embargo, es partidario de conducir esa investigación, en el caso de que fuese necesaria, a través de una comisión bipartidista e independiente, similar a la que analizó los ataques terroristas del 11 de septiembre. Una comisión podría conseguir un apoyo mayor entre la opinión pública. Al mismo tiempo, y como no puede ser de otra manera, el presidente ha dejado en manos del fiscal general, Eric Holder, la posibilidad de actuar como considere oportuno contra los arquitectos del sistema de interrogatorios de los últimos años, entre ellos los abogados del Departamento de Justicia que avalaron su legalidad, Steven Bradbury, Jay Bybee y John Yoo, y en última instancia los propios ex presidente y ex vicepresidente, Dick Cheney.
Mientras tanto, se van acumulando pruebas sobre la actualización ilegal en esos interrogatorios. Un informe del Congreso hecho público ayer afirma que las técnicas de extrema dureza fueron utilizadas por militares y agentes de la CIA a pesar de numerosas advertencias de que podrían estar cometiendo actos ilegales.
El senador demócrata Carl Levin, presidente del Comité de Fuerzas Armadas, aseguró que este informe "representa tanto una condena de los métodos de interrogación de la Administración de Bush como de los altos funcionarios que trataron de esquivar la culpa sobre lo ocurrido en Abu Ghraib, Guantánamo y Afganistán".
Algunos de esos métodos, según informaba ayer The New York Times, habían sido sacados del plan de adiestramiento de los soldados norteamericanos en la guerra de Corea, a los que se preparaba para soportar, si caían prisioneros, las torturas a las que podrían ser sometidos por el Ejército de China.
La Casa Blanca estudia ahora cómo manejar todas esas revelaciones de forma que no perturben la agenda política del presidente, lo que no es nada fácil. A la presión de la izquierda demócrata y las organizaciones humanitarias se suma la de los demócratas conservadores y los republicanos, que acusan a Obama de haber provocado esta situación con la publicación, la semana pasada, de los informes que probaban las torturas.
Ese sector critica ahora a Obama por haber puesto en peligro la seguridad nacional y le insiste en que diga claramente cuál va a ser su próximo paso. "En estos momentos vivimos en medio de una gran confusión", dijo ayer el jefe de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
Pero el presidente quiere hablar de cómo crear empleo, no de Bush, e intenta ganar tiempo para que la polémica actual se difumine o sea canalizada de una forma bipartidista y, por tanto, más serena y controlada.
Comentario:
Yo soy partidiario de ver hacia adelante y olvidarse de buscar culpables en el tema de la tortura.
Intentando escapar a la presión de la izquierda y la derecha en relación con la polémica sobre las torturas, Barack Obama quiere desviar la posible investigación sobre sus responsables políticos hacia una comisión bipartidista, cuyo trabajo podría ser más aceptable para la opinión pública norteamericana y supondría un riesgo menor de que este episodio, fácilmente catalogable como revanchismo por los rivales del presidente, ponga en riesgo otros asuntos capitales del programa reformista de la Casa Blanca.
"No quiero prejuzgar los acontecimientos, pero me preocupa que esto se politice tanto que no seamos capaces de funcionar correctamente, incluso que perjudique nuestra capacidad para conducir nuestras operaciones de seguridad", ha advertido el presidente norteamericano.
Obama claramente se está resistiendo a la idea de algunos dentro de su propio partido de abrir una causa general contra la anterior Administración. Consciente de que eso constituye un peligro enorme de hipotecar el trabajo de toda su presidencia, Obama ha insistido siempre en su deseo de "mirar hacia adelante y no hacia atrás".
Este fin de semana, su jefe de Gabinete, Rahm Emanuel, se manifestaba inequívocamente en contra de procesar a responsables del anterior Gobierno por su posible relación con torturas. "No podemos gastar nuestra energía en mirar al pasado", afirmaba en un programa de televisión. El propio director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, admitía en una carta conocida ayer que "las tácticas duras en algunos interrogatorios a miembros de Al Qaeda había permitido obtener información altamente valiosa".
Los principales aliados de Obama en el Congreso, de forma paralela, intentaban poner freno a los intentos de algunos de sus colegas de acelerar las investigaciones sobre el equipo de George W. Bush pese a las señales enviadas por la Casa Blanca de que prefería centrarse en su compleja agenda presupuestaria. Ayer mismo, con ocasión del Día de la Tierra, el propio presidente viajó a Iowa, un Estado símbolo de su conexión con los problemas inmediatos de los norteamericanos, para insistir en que su prioridad son asuntos como la reforma energética y medioambiental.
Obama conoce el potencial explosivo que encierra un asunto como la investigación del Gobierno anterior. Las últimas encuestas advierten, peligrosamente, de que, aunque su popularidad es muy alta, la división partidista sobre la opinión del presidente está alcanzando cotas históricas. Un asunto como llevar a los tribunales a figuras de la Administración saliente, mucho más si eso se hace con el respaldo de Europa y de la ONU, puede convertirse en un verdadero bumerán que destroce esta presidencia.
La presión de la izquierda demócrata no ha decrecido por ello. Ayer, un día después de que Obama aceptara la posibilidad de una investigación sobre quienes autorizaron las torturas, la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, del sector liberal del partido, insistía en que esa investigación debe quedar en el Congreso, donde los demócratas cuentan con una amplia mayoría que les permite un control estricto de los acontecimientos.
Obama, sin embargo, es partidario de conducir esa investigación, en el caso de que fuese necesaria, a través de una comisión bipartidista e independiente, similar a la que analizó los ataques terroristas del 11 de septiembre. Una comisión podría conseguir un apoyo mayor entre la opinión pública. Al mismo tiempo, y como no puede ser de otra manera, el presidente ha dejado en manos del fiscal general, Eric Holder, la posibilidad de actuar como considere oportuno contra los arquitectos del sistema de interrogatorios de los últimos años, entre ellos los abogados del Departamento de Justicia que avalaron su legalidad, Steven Bradbury, Jay Bybee y John Yoo, y en última instancia los propios ex presidente y ex vicepresidente, Dick Cheney.
Mientras tanto, se van acumulando pruebas sobre la actualización ilegal en esos interrogatorios. Un informe del Congreso hecho público ayer afirma que las técnicas de extrema dureza fueron utilizadas por militares y agentes de la CIA a pesar de numerosas advertencias de que podrían estar cometiendo actos ilegales.
El senador demócrata Carl Levin, presidente del Comité de Fuerzas Armadas, aseguró que este informe "representa tanto una condena de los métodos de interrogación de la Administración de Bush como de los altos funcionarios que trataron de esquivar la culpa sobre lo ocurrido en Abu Ghraib, Guantánamo y Afganistán".
Algunos de esos métodos, según informaba ayer The New York Times, habían sido sacados del plan de adiestramiento de los soldados norteamericanos en la guerra de Corea, a los que se preparaba para soportar, si caían prisioneros, las torturas a las que podrían ser sometidos por el Ejército de China.
La Casa Blanca estudia ahora cómo manejar todas esas revelaciones de forma que no perturben la agenda política del presidente, lo que no es nada fácil. A la presión de la izquierda demócrata y las organizaciones humanitarias se suma la de los demócratas conservadores y los republicanos, que acusan a Obama de haber provocado esta situación con la publicación, la semana pasada, de los informes que probaban las torturas.
Ese sector critica ahora a Obama por haber puesto en peligro la seguridad nacional y le insiste en que diga claramente cuál va a ser su próximo paso. "En estos momentos vivimos en medio de una gran confusión", dijo ayer el jefe de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
Pero el presidente quiere hablar de cómo crear empleo, no de Bush, e intenta ganar tiempo para que la polémica actual se difumine o sea canalizada de una forma bipartidista y, por tanto, más serena y controlada.
Comentario:
Yo soy partidiario de ver hacia adelante y olvidarse de buscar culpables en el tema de la tortura.
miércoles, 22 de abril de 2009
Obama, abierto a indagar uso de tortura.
Noticia:
En un giro sorpresivo, el presidente Barack Obama dejó ayer entreabierta la puerta al posible procesamiento de altos cargos de la administración Bush que diseñaron, ordenaron y defendieron el uso de la tortura contra presuntos miembros de la organización terrorista Al-Qaeda.
“No creo que sea apropiado que se enjuicie a quienes actuaron conforme a las opiniones legales que se definieron desde la Casa Blanca”, dijo Obama a los periodistas en la Casa Blanca, al reafirmar su negativa contra el procesamiento de agentes de la CIA que torturaron bajo órdenes superiores.
“Pero con respecto a aquellos que formularon esas decisiones legales, creo que dependerá del fiscal general, dentro de los límites de varias leyes y no quiero prejuzgar o emitir un juicio anticipado sobre ello”, añadió el presidente para no descartar así el posible procesamiento de ex altos cargos de la administración Bush por su decisión de ordenar y justificar la práctica de la tortura contra presuntos terroristas.
La decisión de Obama se ha producido a contracorriente de quienes le han criticado por desclasificar documentos secretos que han evidenciado la práctica de la tortura contra presuntos miembros de Al-Qaeda.
Pero, además, en medio de los reclamos de algunos de los más respetados miembros del Congreso, como los senadores demócratas, Diane Feinstein y Patrick Leahy, quienes han insistido en la necesidad de crear una comisión de la verdad que saque a relucir las responsabilidades políticas y judiciales de aquellos que ordenaron la práctica de la tortura a espaldas de la nación.
Precisamente, nada más conocer las declaraciones del presidente Obama, la senadora demócrata y presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Diane Feinstein, celebró la decisión de no cerrar la puerta a cualquier decisión legal antes de que el Congreso termine de analizar el grueso expediente que contiene los documentos secretos del Departamento de Justicia en los que se autorizó la práctica de la tortura durante interrogatorios de la CIA.
“Creo que el presidente ha hecho lo correcto”, aseguró Feinstein, quien detalló que los trabajos de análisis del Congreso podrían durar entre seis y ocho meses.
Por el contrario, desde las filas republicanas, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnel, se declaró ayer desconcertado por una decisión presidencial que va contra su propia promesa de “mirar hacia adelante” y no mirar debajo de la alfombra donde la administración Bush deslizó una larga lista de memorándums para justificar su guerra secreta contra el terrorismo de Al-Qaeda.
En una improvisada rueda de prensa, McConnel arremetió además contra el presidente Obama por sepultar “políticas fundamentales” que “nos han mantenido a salvo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001”.
Comentario:
Las declaraciones de Obama son muy prudentes, porque corresponde a un juez determinar y deslindar culpabilidades y posibles violaciones a la ley.
En un giro sorpresivo, el presidente Barack Obama dejó ayer entreabierta la puerta al posible procesamiento de altos cargos de la administración Bush que diseñaron, ordenaron y defendieron el uso de la tortura contra presuntos miembros de la organización terrorista Al-Qaeda.
“No creo que sea apropiado que se enjuicie a quienes actuaron conforme a las opiniones legales que se definieron desde la Casa Blanca”, dijo Obama a los periodistas en la Casa Blanca, al reafirmar su negativa contra el procesamiento de agentes de la CIA que torturaron bajo órdenes superiores.
“Pero con respecto a aquellos que formularon esas decisiones legales, creo que dependerá del fiscal general, dentro de los límites de varias leyes y no quiero prejuzgar o emitir un juicio anticipado sobre ello”, añadió el presidente para no descartar así el posible procesamiento de ex altos cargos de la administración Bush por su decisión de ordenar y justificar la práctica de la tortura contra presuntos terroristas.
La decisión de Obama se ha producido a contracorriente de quienes le han criticado por desclasificar documentos secretos que han evidenciado la práctica de la tortura contra presuntos miembros de Al-Qaeda.
Pero, además, en medio de los reclamos de algunos de los más respetados miembros del Congreso, como los senadores demócratas, Diane Feinstein y Patrick Leahy, quienes han insistido en la necesidad de crear una comisión de la verdad que saque a relucir las responsabilidades políticas y judiciales de aquellos que ordenaron la práctica de la tortura a espaldas de la nación.
Precisamente, nada más conocer las declaraciones del presidente Obama, la senadora demócrata y presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Diane Feinstein, celebró la decisión de no cerrar la puerta a cualquier decisión legal antes de que el Congreso termine de analizar el grueso expediente que contiene los documentos secretos del Departamento de Justicia en los que se autorizó la práctica de la tortura durante interrogatorios de la CIA.
“Creo que el presidente ha hecho lo correcto”, aseguró Feinstein, quien detalló que los trabajos de análisis del Congreso podrían durar entre seis y ocho meses.
Por el contrario, desde las filas republicanas, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnel, se declaró ayer desconcertado por una decisión presidencial que va contra su propia promesa de “mirar hacia adelante” y no mirar debajo de la alfombra donde la administración Bush deslizó una larga lista de memorándums para justificar su guerra secreta contra el terrorismo de Al-Qaeda.
En una improvisada rueda de prensa, McConnel arremetió además contra el presidente Obama por sepultar “políticas fundamentales” que “nos han mantenido a salvo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001”.
Comentario:
Las declaraciones de Obama son muy prudentes, porque corresponde a un juez determinar y deslindar culpabilidades y posibles violaciones a la ley.
lunes, 20 de abril de 2009
Naciones Unidas reprende a EE UU por no castigar las torturas de la CIA.
Noticia:
Al relator de Naciones Unidas contra la Tortura no le ha gustado nada la decisión tomada por el presidente de Estados Unidos de no enjuiciar a aquellos agentes de la CIA que utilizaron técnicas cuestionables de interrogatorio contra sospechosos de terrorismo entre 2002 y 2005.
Para Manfred Nowak, la decisión de Barack Obama viola el derecho internacional. Así de sencillo. "EEUU, al igual que los otros países adheridos a la Convención de la ONU contra la Tortura, se ha comprometido a investigar torturas y llevar ante la justicia a todas las personas con pruebas en su contra", declaró Nowak en una entrevista concedida al diario vienés Der Standard.
La pasada semana, Obama anunció que los colaboradores de la CIA que utilizaron métodos sospechosos de tortura no serían encausados, ya que cumplían órdenes. "Aquellos que cumplieron con sus obligaciones fiándose de la buena fe del asesoramiento del Departamento de Justicia no serán enjuiciados", manifestó el presidente tras darse a conocer la publicación de cuatro memorandos que detallaban con todo lujo de detalles las técnicas que los agentes de la CIA debían emplear en las prisiones secretas que la Agencia tenía desperdigadas por el mundo contra los sospechosos de pertenecer a Al Qaeda.
El anuncio decepcionó a grupos defensores de los derechos humanos y a ex detenidos que condenaron esas prácticas como tortura. Ahora ha hablado el relator de la ONU. "El hecho de que uno haya cumplido una orden no exime de responsabilidad", agrega Nowak, aunque admite que, sin embargo, ése podría ser un factor mitigador a la hora de iniciar un juicio. Para Nowak, lo más importante ahora es abrir una investigación exhaustiva por instancias independientes. Otros tribunales y fiscales de EEUU sí pueden abrir querellas contra presuntas torturas, razona Nowak en la entrevista, para concluir que también lo pueden hacer "otros países, como por ejemplo España".
Pero la Administración demócrata ya ha dejado claro que va a proteger a los empleados de la CIA de "cualquier tribunal internacional o extranjero" -en referencia a las diligencias iniciadas en España por el juez Baltasar Garzón contra un grupo de colaboradores del presidente George W. Bush.
Si la decisión de hacer públicos los informes que ahora han creado la polémica tuvo un intenso debate en el seno de la Casa Blanca -se considera una victoria del fiscal general, Eric Holder-, el hecho de qué hacer con quienes aplicaron esos métodos de interrogatorios también es un asunto que va a dividir al Gobierno. De momento, al senador Patrick Leahy, presidente del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara Alta, le faltó tiempo para decir que los informes refuerzan su argumento de establecer una comisión independiente que investigue o sucedido.
Para Anthony Romero, director del grupo de defensa de derechos civiles ACLU, lo que ha hecho Obama es proponer una amnistía encubierta para los agentes de la CIA que sencillamente es "insostenible". En este sentido, Nowak considera muy improbable que Obama vaya tan lejos como para emitir "una ley de amnistía" y considera que lo que ha sucedido es puramente político. El presidente ha querido dejar claro que pasa página en ese asunto. Punto. "Es hora de reflexionar y no de castigar", declaró Obama tras dar a conocer los informes.
El presidente del Instituto Árabe Americano, James Zogby, aseguró que el "valiente acto de Obama de transparencia debe ir seguido de pasos concretos que hagan responsable a la Administración Bush de los abusos que cometieron". De momento, Manfred Nowak ha anunciado que en breve viajará a Washington para reunirse con responsables del Gobierno Obama.
Comentario:
La ONU pone contra la pared a Estados Unidos.
Al relator de Naciones Unidas contra la Tortura no le ha gustado nada la decisión tomada por el presidente de Estados Unidos de no enjuiciar a aquellos agentes de la CIA que utilizaron técnicas cuestionables de interrogatorio contra sospechosos de terrorismo entre 2002 y 2005.
Para Manfred Nowak, la decisión de Barack Obama viola el derecho internacional. Así de sencillo. "EEUU, al igual que los otros países adheridos a la Convención de la ONU contra la Tortura, se ha comprometido a investigar torturas y llevar ante la justicia a todas las personas con pruebas en su contra", declaró Nowak en una entrevista concedida al diario vienés Der Standard.
La pasada semana, Obama anunció que los colaboradores de la CIA que utilizaron métodos sospechosos de tortura no serían encausados, ya que cumplían órdenes. "Aquellos que cumplieron con sus obligaciones fiándose de la buena fe del asesoramiento del Departamento de Justicia no serán enjuiciados", manifestó el presidente tras darse a conocer la publicación de cuatro memorandos que detallaban con todo lujo de detalles las técnicas que los agentes de la CIA debían emplear en las prisiones secretas que la Agencia tenía desperdigadas por el mundo contra los sospechosos de pertenecer a Al Qaeda.
El anuncio decepcionó a grupos defensores de los derechos humanos y a ex detenidos que condenaron esas prácticas como tortura. Ahora ha hablado el relator de la ONU. "El hecho de que uno haya cumplido una orden no exime de responsabilidad", agrega Nowak, aunque admite que, sin embargo, ése podría ser un factor mitigador a la hora de iniciar un juicio. Para Nowak, lo más importante ahora es abrir una investigación exhaustiva por instancias independientes. Otros tribunales y fiscales de EEUU sí pueden abrir querellas contra presuntas torturas, razona Nowak en la entrevista, para concluir que también lo pueden hacer "otros países, como por ejemplo España".
Pero la Administración demócrata ya ha dejado claro que va a proteger a los empleados de la CIA de "cualquier tribunal internacional o extranjero" -en referencia a las diligencias iniciadas en España por el juez Baltasar Garzón contra un grupo de colaboradores del presidente George W. Bush.
Si la decisión de hacer públicos los informes que ahora han creado la polémica tuvo un intenso debate en el seno de la Casa Blanca -se considera una victoria del fiscal general, Eric Holder-, el hecho de qué hacer con quienes aplicaron esos métodos de interrogatorios también es un asunto que va a dividir al Gobierno. De momento, al senador Patrick Leahy, presidente del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara Alta, le faltó tiempo para decir que los informes refuerzan su argumento de establecer una comisión independiente que investigue o sucedido.
Para Anthony Romero, director del grupo de defensa de derechos civiles ACLU, lo que ha hecho Obama es proponer una amnistía encubierta para los agentes de la CIA que sencillamente es "insostenible". En este sentido, Nowak considera muy improbable que Obama vaya tan lejos como para emitir "una ley de amnistía" y considera que lo que ha sucedido es puramente político. El presidente ha querido dejar claro que pasa página en ese asunto. Punto. "Es hora de reflexionar y no de castigar", declaró Obama tras dar a conocer los informes.
El presidente del Instituto Árabe Americano, James Zogby, aseguró que el "valiente acto de Obama de transparencia debe ir seguido de pasos concretos que hagan responsable a la Administración Bush de los abusos que cometieron". De momento, Manfred Nowak ha anunciado que en breve viajará a Washington para reunirse con responsables del Gobierno Obama.
Comentario:
La ONU pone contra la pared a Estados Unidos.
Un ex director de la CIA defiende la tortura durante los interrogatorios.
Noticia:
Michael Hayden, ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense durante los dos últimos años de la Administración Bush, ha criticado este domingo las decisiones del presidente Barack Obama, que ordenó suprimir la tortura durante los interrogatorios y desclasificar los documentos que detallaban la aplicación de esas prácticas entre 2002 y 2005. En el programa de televisión Fox News Sunday, el general Hayden ha explicado que la supresión de la tortura "brinda una ventaja táctica a Al Qaeda" al poner en conocimiento de sus miembros las controvertidas técnicas, "aunque luego éstas realmente no lleguen a aplicarse ahora". En 2002, los agentes de la CIA aplicaron la técnica del waterboarding -asfixia simulada- hasta 183 veces a Khalid Shaikh Mohammed, uno de los cerebros de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, según un memorando desclasificado.
Los cuatro documentos secretos del Departamento de Justicia de EE UU que el Gobierno de EE UU hizo públicos el jueves explicitan que esas prácticas autorizaban a lanzar contra la pared al detenido, asfixiarle lo suficiente como para aterrorizarlo, quitarle la comida, impedirle dormir (hasta siete días y medio), despojarle de toda su ropa y permitirle ponerse sólo un pañal durante la noche o encerrarlo en un contenedor lleno de insectos.
El ex director de la CIA ha añadido que el no disponer de estos tormentos para conseguir información limitará la capacidad de la institución para luchar contra el terrorismo en el futuro. Hayden, que ocupó su cargo entre 2006 y 2008, aseguró el año pasado a un comité del Congreso que las torturas habían sido explícitamente dejadas de lado del menú de métodos autorizados por la agencia. En esa oportunidad, el ex responsable de la CIA dijo que creía que era ilegal emplear tormentos para obtener información, según el periódico estadounidense The New York Times .
"En medio de una guerra hemos descrito a nuestros enemigos los límites" de los agentes en los interrogatorios. Eso es una información muy valiosa", ha explicado Hayden en la entrevista en la televisión. El general ha agregado: "creo que esto es muy útil para nuestros enemigos aunque, en materia de política, este presidente haya decidido no usar una, algunas o todas esas técnicas".
Doble crítica a Obama
En la CNN, el senador republicano John Ensign (representa al Estado de Nevada), ha criticado al Gobierno de Obama por considerar que las decisiones adoptadas respecto de la CIA debilitarán la capacidad de lucha antiterrorista. "¿Realmente pensamos que no querremos usar esas técnicas avanzadas de interrogación si encontramos a Osama Bin Laden?", ha cuestionado Ensign.
Los que acusan a Obama de debilitar a la CIA se suman a los que lo acusan de no carecer de firmeza para juzgar a los agentes que emplearon los tormentos durante el tiempo que estuvieron en vigor, como Manfred Nowak, relator de Naciones Unidas contra la Tortura. La semana pasada, el presidente de EE UU consideró que para "cerrar este capítulo negro" era suficiente con prohibir esas prácticas (decisión que se agrega a la de desmantelar la prisión secreta de Guantánamo, que Obama anunció al segundo día de llegar a la Casa Blanca). "Aquellos que cumplieron con sus obligaciones fiándose de buena fe del asesoramiento legal del Departamento de Justicia, no serán enjuiciados", declaró el presidente para disgusto de Nowak, que ha considerado que esa posición viola el derecho internacional.
De acuerdo con el periódico The New York Times, Obama tiene previsto visitar hoy la sede de la CIA, donde conversará públicamente con los agentes y empleados, y mantendrá reuniones privadas con las cabezas del servicio de espionaje. Es la primera vez que el mandatario concurre a la CIA desde que asumió la presidencia de Estados Unidos.
Comentario:
Me parece que la mayoría de los agentes de la CIA se opondrán a no aplicar tortura, no sólo Michael Hayden.
Michael Hayden, ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense durante los dos últimos años de la Administración Bush, ha criticado este domingo las decisiones del presidente Barack Obama, que ordenó suprimir la tortura durante los interrogatorios y desclasificar los documentos que detallaban la aplicación de esas prácticas entre 2002 y 2005. En el programa de televisión Fox News Sunday, el general Hayden ha explicado que la supresión de la tortura "brinda una ventaja táctica a Al Qaeda" al poner en conocimiento de sus miembros las controvertidas técnicas, "aunque luego éstas realmente no lleguen a aplicarse ahora". En 2002, los agentes de la CIA aplicaron la técnica del waterboarding -asfixia simulada- hasta 183 veces a Khalid Shaikh Mohammed, uno de los cerebros de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, según un memorando desclasificado.
Los cuatro documentos secretos del Departamento de Justicia de EE UU que el Gobierno de EE UU hizo públicos el jueves explicitan que esas prácticas autorizaban a lanzar contra la pared al detenido, asfixiarle lo suficiente como para aterrorizarlo, quitarle la comida, impedirle dormir (hasta siete días y medio), despojarle de toda su ropa y permitirle ponerse sólo un pañal durante la noche o encerrarlo en un contenedor lleno de insectos.
El ex director de la CIA ha añadido que el no disponer de estos tormentos para conseguir información limitará la capacidad de la institución para luchar contra el terrorismo en el futuro. Hayden, que ocupó su cargo entre 2006 y 2008, aseguró el año pasado a un comité del Congreso que las torturas habían sido explícitamente dejadas de lado del menú de métodos autorizados por la agencia. En esa oportunidad, el ex responsable de la CIA dijo que creía que era ilegal emplear tormentos para obtener información, según el periódico estadounidense The New York Times .
"En medio de una guerra hemos descrito a nuestros enemigos los límites" de los agentes en los interrogatorios. Eso es una información muy valiosa", ha explicado Hayden en la entrevista en la televisión. El general ha agregado: "creo que esto es muy útil para nuestros enemigos aunque, en materia de política, este presidente haya decidido no usar una, algunas o todas esas técnicas".
Doble crítica a Obama
En la CNN, el senador republicano John Ensign (representa al Estado de Nevada), ha criticado al Gobierno de Obama por considerar que las decisiones adoptadas respecto de la CIA debilitarán la capacidad de lucha antiterrorista. "¿Realmente pensamos que no querremos usar esas técnicas avanzadas de interrogación si encontramos a Osama Bin Laden?", ha cuestionado Ensign.
Los que acusan a Obama de debilitar a la CIA se suman a los que lo acusan de no carecer de firmeza para juzgar a los agentes que emplearon los tormentos durante el tiempo que estuvieron en vigor, como Manfred Nowak, relator de Naciones Unidas contra la Tortura. La semana pasada, el presidente de EE UU consideró que para "cerrar este capítulo negro" era suficiente con prohibir esas prácticas (decisión que se agrega a la de desmantelar la prisión secreta de Guantánamo, que Obama anunció al segundo día de llegar a la Casa Blanca). "Aquellos que cumplieron con sus obligaciones fiándose de buena fe del asesoramiento legal del Departamento de Justicia, no serán enjuiciados", declaró el presidente para disgusto de Nowak, que ha considerado que esa posición viola el derecho internacional.
De acuerdo con el periódico The New York Times, Obama tiene previsto visitar hoy la sede de la CIA, donde conversará públicamente con los agentes y empleados, y mantendrá reuniones privadas con las cabezas del servicio de espionaje. Es la primera vez que el mandatario concurre a la CIA desde que asumió la presidencia de Estados Unidos.
Comentario:
Me parece que la mayoría de los agentes de la CIA se opondrán a no aplicar tortura, no sólo Michael Hayden.
lunes, 16 de febrero de 2009
Proponen castigar más la tortura.
Noticia:
La fracción del PAN en el Congreso local impulsará una reforma al Código Penal del estado para que la tortura se castigue hasta con 10 años de prisión en el estado de Guanajuato, informó el presidente de la Comisión de Justicia, Salvador Márquez Lozornio.
El Congreso del estado recibió tres iniciativas para armonizar las leyes penales con los lineamientos de los organismos internacionales en el delito de tortura, tras el asesinato de un ganadero por policías ministeriales, el ataque de agentes de León contra un detenido y los entrenamientos con tortura a oficiales.
Comentario:
Esperemos que haya castigos mayores y así se logre erradicar este "procedimiento".
La fracción del PAN en el Congreso local impulsará una reforma al Código Penal del estado para que la tortura se castigue hasta con 10 años de prisión en el estado de Guanajuato, informó el presidente de la Comisión de Justicia, Salvador Márquez Lozornio.
El Congreso del estado recibió tres iniciativas para armonizar las leyes penales con los lineamientos de los organismos internacionales en el delito de tortura, tras el asesinato de un ganadero por policías ministeriales, el ataque de agentes de León contra un detenido y los entrenamientos con tortura a oficiales.
Comentario:
Esperemos que haya castigos mayores y así se logre erradicar este "procedimiento".
lunes, 9 de febrero de 2009
Agentes describen tortura a agricultor.
Noticia:
El ganadero y agricultor Vicente Palomo Rodríguez, de 53 años, murió víctima de las torturas infligidas por policías ministeriales del estado. Querían que se declarara culpable de ser “robavacas”.
Originario del municipio de San Felipe, el 20 de enero pasado, sus agresores lo golpearon, le pusieron una bolsa de plástico en la cara y le aplicaron toques eléctricos con cables pelados en la espalda, la cabeza y entre las piernas, para lo cual le colocaron un gato hidráulico entre las nalgas y un tubo de metal en el recto. Falleció vendado, esposado y desnudo.
Guanajuato, estado a cargo de cuatro administraciones panistas al hilo —Carlos Medina Plascencia, Vicente Fox Quesada, Juan Carlos Romero Hicks y Juan Manuel Oliva Ramírez—, firmó en 2005 el compromiso para instaurar en la entidad el Protocolo de Estambul, a fin de erradicar la tortura. Fox, como presidente, lo suscribió dos años atrás.
En el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la tortura está prevista como un crimen de lesa humanidad, al igual que las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias.
El miércoles pasado, el procurador estatal de Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, emitió nueve recomendaciones al procurador de Justicia del estado, Daniel Federico Chowell, al acreditar que le infligió “tortura” al agricultor.
El 22 de enero, el procurador de Justicia negó la tortura y afirmó que en el homicidio del Palomo Rodríguez sólo habían participado dos policías ministeriales. “Palomo forcejeó y al momento de ser sometido se le privó de la vida”, dijo. Sin embargo, días después admitió la muerte por estrangulamiento.
El 5 de febrero aceptó las recomendaciones que emitió el ombudsman, que en su indagatoria descubrió participación y encubrimiento de seis funcionarios de la PGJE en la tortura y asesinato del agricultor, por lo que lo primero que hizo fue pedir perdón a la familia del campesino.
El mismo día, el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva, informó que la Procuraduría aceptó las recomendaciones del procurador de los Derechos Humanos.
Palomo era padre de 11 hijos, esposo de Socorro Guerrero Piña y con un capital de 10 mil pesos, se dedicaba a la compraventa de ganado.
Tres burros y una vaca eran los únicos animales que el día de su muerte había en el corral de su casa de adobe, en la comunidad de San José de Almoloyán, a 60 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe.
El 20 de enero, policías y la agente del Ministerio Público, Laura Beatriz Calvillo Correa, lo detuvieron en su rancho como probable responsable del robo de unas vacas y fue trasladado a la dependencia.
Palomo recibió la muerte con los ojos vendados con un paliacate, las manos esposadas y desnudo sobre un colchón en un reducido cuarto de la Procuraduría General de Justicia en San Felipe.
Los investigadores lo despojaron de su pantalón y calzones, lo hincaron y le colocaron un gato hidráulico entre las nalgas, un cable con las puntas pelonas que estaba conectado a la luz y un tubo de metal en el recto, para obligarlo a que se confesara culpable.
En el ataque participaron tres policías, según la declaración que dos de los implicados, Daniel Méndez Bazaldúa y Jorge Antonio Zavala Rodríguez, rindieron ante el juez penal. Señalan como el autor de la tortura a Juan Carlos Silva, otro agente ministerial.
La descarga fatal fue dirigida a la nuca y entonces Palomo echó su cabeza de manera brusca hacía atrás, por el rompimiento de tráquea y cayó muerto.
Sólo Méndez Bazaldúa y Zavala Rodríguez, están sujetos a proceso y recluidos en San Felipe. Durán Silva está libre y activo en la Policía Ministerial. Fueron cesados sus superiores Juan Antonio Peña Arias, delegado de zona de la Policía Ministerial y Francisco Sandoval Ramírez, subjefe de grupo. La MP Laura Beatriz Calvillo y la radiooperadora, Patricia Amaro, siguen en funciones.
Comentario:
Desgraciadamente, la tortura es un "método" todavía muy difícil de erradicar. No sería aventurado afirmar que pocos son los países que no la aplican.
El ganadero y agricultor Vicente Palomo Rodríguez, de 53 años, murió víctima de las torturas infligidas por policías ministeriales del estado. Querían que se declarara culpable de ser “robavacas”.
Originario del municipio de San Felipe, el 20 de enero pasado, sus agresores lo golpearon, le pusieron una bolsa de plástico en la cara y le aplicaron toques eléctricos con cables pelados en la espalda, la cabeza y entre las piernas, para lo cual le colocaron un gato hidráulico entre las nalgas y un tubo de metal en el recto. Falleció vendado, esposado y desnudo.
Guanajuato, estado a cargo de cuatro administraciones panistas al hilo —Carlos Medina Plascencia, Vicente Fox Quesada, Juan Carlos Romero Hicks y Juan Manuel Oliva Ramírez—, firmó en 2005 el compromiso para instaurar en la entidad el Protocolo de Estambul, a fin de erradicar la tortura. Fox, como presidente, lo suscribió dos años atrás.
En el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la tortura está prevista como un crimen de lesa humanidad, al igual que las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias.
El miércoles pasado, el procurador estatal de Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, emitió nueve recomendaciones al procurador de Justicia del estado, Daniel Federico Chowell, al acreditar que le infligió “tortura” al agricultor.
El 22 de enero, el procurador de Justicia negó la tortura y afirmó que en el homicidio del Palomo Rodríguez sólo habían participado dos policías ministeriales. “Palomo forcejeó y al momento de ser sometido se le privó de la vida”, dijo. Sin embargo, días después admitió la muerte por estrangulamiento.
El 5 de febrero aceptó las recomendaciones que emitió el ombudsman, que en su indagatoria descubrió participación y encubrimiento de seis funcionarios de la PGJE en la tortura y asesinato del agricultor, por lo que lo primero que hizo fue pedir perdón a la familia del campesino.
El mismo día, el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva, informó que la Procuraduría aceptó las recomendaciones del procurador de los Derechos Humanos.
Palomo era padre de 11 hijos, esposo de Socorro Guerrero Piña y con un capital de 10 mil pesos, se dedicaba a la compraventa de ganado.
Tres burros y una vaca eran los únicos animales que el día de su muerte había en el corral de su casa de adobe, en la comunidad de San José de Almoloyán, a 60 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe.
El 20 de enero, policías y la agente del Ministerio Público, Laura Beatriz Calvillo Correa, lo detuvieron en su rancho como probable responsable del robo de unas vacas y fue trasladado a la dependencia.
Palomo recibió la muerte con los ojos vendados con un paliacate, las manos esposadas y desnudo sobre un colchón en un reducido cuarto de la Procuraduría General de Justicia en San Felipe.
Los investigadores lo despojaron de su pantalón y calzones, lo hincaron y le colocaron un gato hidráulico entre las nalgas, un cable con las puntas pelonas que estaba conectado a la luz y un tubo de metal en el recto, para obligarlo a que se confesara culpable.
En el ataque participaron tres policías, según la declaración que dos de los implicados, Daniel Méndez Bazaldúa y Jorge Antonio Zavala Rodríguez, rindieron ante el juez penal. Señalan como el autor de la tortura a Juan Carlos Silva, otro agente ministerial.
La descarga fatal fue dirigida a la nuca y entonces Palomo echó su cabeza de manera brusca hacía atrás, por el rompimiento de tráquea y cayó muerto.
Sólo Méndez Bazaldúa y Zavala Rodríguez, están sujetos a proceso y recluidos en San Felipe. Durán Silva está libre y activo en la Policía Ministerial. Fueron cesados sus superiores Juan Antonio Peña Arias, delegado de zona de la Policía Ministerial y Francisco Sandoval Ramírez, subjefe de grupo. La MP Laura Beatriz Calvillo y la radiooperadora, Patricia Amaro, siguen en funciones.
Comentario:
Desgraciadamente, la tortura es un "método" todavía muy difícil de erradicar. No sería aventurado afirmar que pocos son los países que no la aplican.
sábado, 24 de enero de 2009
Ex preso es ahora líder de Al-Qaeda.
Noticia:
La noticia de que un ex detenido de la base de Guantánamo se ha convertido en el número dos de la rama yemení de Al-Qaeda evidencia las potenciales complicaciones para llevar a cabo la orden ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama el jueves, según la cual, el centro de detenciones debe estar cerrado en el lapso de un año.
Se sospecha que el militante, Said Ali al-Shihri, estuvo implicado en el mortal atentado frente a la embajada de Estados Unidos en la capital de Yemen, Sanaa, en septiembre, que dejó 16 muertos, incluyendo seis agresores. Fue liberado en noviembre de 2007 y trasladado a su país natal, Arabia Saudita, donde pasó por un programa de rehabilitación para ex yihaidistas, antes de reaparecer con Al-Qaeda en Yemen.
Su estatus como el número dos fue anunciado en un comunicado difundido en internet por el grupo militante y fue confirmado por un funcionario antiterrorista estadounidense. “Son el mismo tipo”, dijo el funcionario, sobre el nombre mencionado en el comunicado y el ex preso de Guantánamo. “Regresó a Arabia Saudita en 2007, pero sus movimientos en Yemen no están claros”.
La noticia coincidió con las críticas de legisladores republicanos al plan de cerrar la prisión de Guantánamo, Cuba. Pero también ayuda a explicar por qué la nueva administración desea actuar con cautela, dándose tiempo para diseñar un plan para lidiar con las complicaciones derivadas del cierre.
Casi la mitad de los presos que aún están en Guantánamo son yemeníes, y los esfuerzos para repatriarlos dependen, en parte, de que se cree un programa de rehabilitación yemení —financiado parcialmente por Estados Unidos—, similar al saudita. Arabia Saudita asegura que ninguno de los que ha concluido su programa ha regresado a las actividades terroristas. “La lección aquí es que cualquiera que reciba a ex prisioneros de Guantánamo debe vigilarlos de cerca”, dijo el funcionario estadounidense.
Aunque el Pentágono ha dicho que decenas de presos de Guantánamo que han sido liberados “regresaron a la lucha”, sus afirmaciones son difíciles de documentar y han sido recibidas con escepticismo. En todo caso, pocos de los ex detenidos, si es que alguno, se habían convertido en líderes de una organización terrorista importante como Al-Qaeda en Yemen, un grupo mayoritariamente nacional que, a decir de expertos, se ha visto reforzado con combatientes extranjeros.
Considerado desde hace mucho como refugio de yihaidistas, Yemen, un país desesperadamente pobre en el extremo sur de la Península Arábiga, ha sido testigo de un creciente número de ataques en el último año.
En el comunicado de internet, Al-Qaeda en Yemen identificó a su nuevo subjefe como Abu Sayyaf al-Shihri, diciendo que regresó de Guantánamo a su natal Arabia Saudita y viajó a Yemen “hace más de 10 meses”. La fecha coincide con el regreso de Shihri a Arabia Saudita. Abu Sayyaf es el nombre de guerra usado comúnmente por los yihaidistas en vez de su nombre real.
Un funcionario saudita de seguridad, que pidió el anonimato, dijo que Shihri desapareció de Arabia Saudita el año pasado, después de terminar su programa de rehabilitación.
Comentario:
¿El fin justifica los medios? Me refiero a que si se vale torturar para sacar una confesión. El asunto, es bastante controvertido. Si no se tienen las pruebas suficientes para acusar a alguien, se le deja libre y resulta que el personaje sí era terrorista y ahora a hacer de las suyas nuevamente. Desde el punto de vista legal, así debe ser: no hay pruebas, hay que otorgarle la libertad. Si no hay pruebas, ¿se vale torturar para sacar una confesión? De todos modos, a un terrorista bien entrenado, nunca se le podrá sacar una confesión, aún con tortura. Pero más allá de toda controversia, Obama ya tomó la decisión de cerrar Guantánamo y prohibir la tortura. Ya veremos cuantos de los que salen libres, se dedican a la actividad terroristas.
La noticia de que un ex detenido de la base de Guantánamo se ha convertido en el número dos de la rama yemení de Al-Qaeda evidencia las potenciales complicaciones para llevar a cabo la orden ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama el jueves, según la cual, el centro de detenciones debe estar cerrado en el lapso de un año.
Se sospecha que el militante, Said Ali al-Shihri, estuvo implicado en el mortal atentado frente a la embajada de Estados Unidos en la capital de Yemen, Sanaa, en septiembre, que dejó 16 muertos, incluyendo seis agresores. Fue liberado en noviembre de 2007 y trasladado a su país natal, Arabia Saudita, donde pasó por un programa de rehabilitación para ex yihaidistas, antes de reaparecer con Al-Qaeda en Yemen.
Su estatus como el número dos fue anunciado en un comunicado difundido en internet por el grupo militante y fue confirmado por un funcionario antiterrorista estadounidense. “Son el mismo tipo”, dijo el funcionario, sobre el nombre mencionado en el comunicado y el ex preso de Guantánamo. “Regresó a Arabia Saudita en 2007, pero sus movimientos en Yemen no están claros”.
La noticia coincidió con las críticas de legisladores republicanos al plan de cerrar la prisión de Guantánamo, Cuba. Pero también ayuda a explicar por qué la nueva administración desea actuar con cautela, dándose tiempo para diseñar un plan para lidiar con las complicaciones derivadas del cierre.
Casi la mitad de los presos que aún están en Guantánamo son yemeníes, y los esfuerzos para repatriarlos dependen, en parte, de que se cree un programa de rehabilitación yemení —financiado parcialmente por Estados Unidos—, similar al saudita. Arabia Saudita asegura que ninguno de los que ha concluido su programa ha regresado a las actividades terroristas. “La lección aquí es que cualquiera que reciba a ex prisioneros de Guantánamo debe vigilarlos de cerca”, dijo el funcionario estadounidense.
Aunque el Pentágono ha dicho que decenas de presos de Guantánamo que han sido liberados “regresaron a la lucha”, sus afirmaciones son difíciles de documentar y han sido recibidas con escepticismo. En todo caso, pocos de los ex detenidos, si es que alguno, se habían convertido en líderes de una organización terrorista importante como Al-Qaeda en Yemen, un grupo mayoritariamente nacional que, a decir de expertos, se ha visto reforzado con combatientes extranjeros.
Considerado desde hace mucho como refugio de yihaidistas, Yemen, un país desesperadamente pobre en el extremo sur de la Península Arábiga, ha sido testigo de un creciente número de ataques en el último año.
En el comunicado de internet, Al-Qaeda en Yemen identificó a su nuevo subjefe como Abu Sayyaf al-Shihri, diciendo que regresó de Guantánamo a su natal Arabia Saudita y viajó a Yemen “hace más de 10 meses”. La fecha coincide con el regreso de Shihri a Arabia Saudita. Abu Sayyaf es el nombre de guerra usado comúnmente por los yihaidistas en vez de su nombre real.
Un funcionario saudita de seguridad, que pidió el anonimato, dijo que Shihri desapareció de Arabia Saudita el año pasado, después de terminar su programa de rehabilitación.
Comentario:
¿El fin justifica los medios? Me refiero a que si se vale torturar para sacar una confesión. El asunto, es bastante controvertido. Si no se tienen las pruebas suficientes para acusar a alguien, se le deja libre y resulta que el personaje sí era terrorista y ahora a hacer de las suyas nuevamente. Desde el punto de vista legal, así debe ser: no hay pruebas, hay que otorgarle la libertad. Si no hay pruebas, ¿se vale torturar para sacar una confesión? De todos modos, a un terrorista bien entrenado, nunca se le podrá sacar una confesión, aún con tortura. Pero más allá de toda controversia, Obama ya tomó la decisión de cerrar Guantánamo y prohibir la tortura. Ya veremos cuantos de los que salen libres, se dedican a la actividad terroristas.
viernes, 12 de diciembre de 2008
Culpan a Rumsfeld de permitir torturas.
Noticia:
Los abusos contra presos en Abu Ghraib y Guantánamo fueron responsabilidad del ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y otros altos funcionarios del Gobierno del presidente George W. Bush, según un informe del Senado estadounidense presentado ayer.
El informe elaborado por el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado afirma que la autorización para usar métodos de tortura durante los interrogatorios de presos provino de Rumsfeld y otros funcionarios y consideró que los mismos no se deben achacar a soldados o interrogadores individuales.
“El abuso de detenidos bajo la custodia de EU no se puede atribuir simplemente a ´malas hierbas´ que actuaban por su cuenta” , señaló el informe dado a conocer por los senadores Carl Levin, demócrata, y John McCain, el ex candidato republicano a la presidencia.
El documento asegura que “altos funcionarios del gobierno de EU solicitaron información sobre cómo usar técnicas agresivas, redefinieron la ley para crear una apariencia de legalidad y utilizaron (esas técnicas) contra los detenidos”.
En concreto, los legisladores se centran en técnicas como la privación del sueño, el sometimiento a temperaturas extremas, la colocación de los presos en posiciones dolorosas, el desnudo forzado o el uso de perros.
Según el texto, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había adoptado algunas de estas técnicas, empleadas originalmente por el régimen comunista chino durante la guerra de Corea para obtener confesiones falsas de los estadounidenses capturados, en sus cárceles secretas.
Los interrogadores las adaptaron para su uso en la cárcel de la base naval en Guantánamo y más tarde se extendieron a los centros de prisioneros en Afganistán, incluida la prisión de Abu Ghraib.
Esas técnicas “se contradecían con el compromiso para un trato humano de los detenidos bajo custodia de EU” y eran inconsistentes con el objetivo de obtener información veraz, explica el documento.
Comentario:
Imitando las malas mañas de otros países.
Los abusos contra presos en Abu Ghraib y Guantánamo fueron responsabilidad del ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y otros altos funcionarios del Gobierno del presidente George W. Bush, según un informe del Senado estadounidense presentado ayer.
El informe elaborado por el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado afirma que la autorización para usar métodos de tortura durante los interrogatorios de presos provino de Rumsfeld y otros funcionarios y consideró que los mismos no se deben achacar a soldados o interrogadores individuales.
“El abuso de detenidos bajo la custodia de EU no se puede atribuir simplemente a ´malas hierbas´ que actuaban por su cuenta” , señaló el informe dado a conocer por los senadores Carl Levin, demócrata, y John McCain, el ex candidato republicano a la presidencia.
El documento asegura que “altos funcionarios del gobierno de EU solicitaron información sobre cómo usar técnicas agresivas, redefinieron la ley para crear una apariencia de legalidad y utilizaron (esas técnicas) contra los detenidos”.
En concreto, los legisladores se centran en técnicas como la privación del sueño, el sometimiento a temperaturas extremas, la colocación de los presos en posiciones dolorosas, el desnudo forzado o el uso de perros.
Según el texto, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había adoptado algunas de estas técnicas, empleadas originalmente por el régimen comunista chino durante la guerra de Corea para obtener confesiones falsas de los estadounidenses capturados, en sus cárceles secretas.
Los interrogadores las adaptaron para su uso en la cárcel de la base naval en Guantánamo y más tarde se extendieron a los centros de prisioneros en Afganistán, incluida la prisión de Abu Ghraib.
Esas técnicas “se contradecían con el compromiso para un trato humano de los detenidos bajo custodia de EU” y eran inconsistentes con el objetivo de obtener información veraz, explica el documento.
Comentario:
Imitando las malas mañas de otros países.
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