Agentes describen tortura a agricultor.

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El ganadero y agricultor Vicente Palomo Rodríguez, de 53 años, murió víctima de las torturas infligidas por policías ministeriales del estado. Querían que se declarara culpable de ser “robavacas”.

Originario del municipio de San Felipe, el 20 de enero pasado, sus agresores lo golpearon, le pusieron una bolsa de plástico en la cara y le aplicaron toques eléctricos con cables pelados en la espalda, la cabeza y entre las piernas, para lo cual le colocaron un gato hidráulico entre las nalgas y un tubo de metal en el recto. Falleció vendado, esposado y desnudo.

Guanajuato, estado a cargo de cuatro administraciones panistas al hilo —Carlos Medina Plascencia, Vicente Fox Quesada, Juan Carlos Romero Hicks y Juan Manuel Oliva Ramírez—, firmó en 2005 el compromiso para instaurar en la entidad el Protocolo de Estambul, a fin de erradicar la tortura. Fox, como presidente, lo suscribió dos años atrás.

En el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la tortura está prevista como un crimen de lesa humanidad, al igual que las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias.

El miércoles pasado, el procurador estatal de Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, emitió nueve recomendaciones al procurador de Justicia del estado, Daniel Federico Chowell, al acreditar que le infligió “tortura” al agricultor.

El 22 de enero, el procurador de Justicia negó la tortura y afirmó que en el homicidio del Palomo Rodríguez sólo habían participado dos policías ministeriales. “Palomo forcejeó y al momento de ser sometido se le privó de la vida”, dijo. Sin embargo, días después admitió la muerte por estrangulamiento.

El 5 de febrero aceptó las recomendaciones que emitió el ombudsman, que en su indagatoria descubrió participación y encubrimiento de seis funcionarios de la PGJE en la tortura y asesinato del agricultor, por lo que lo primero que hizo fue pedir perdón a la familia del campesino.

El mismo día, el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva, informó que la Procuraduría aceptó las recomendaciones del procurador de los Derechos Humanos.

Palomo era padre de 11 hijos, esposo de Socorro Guerrero Piña y con un capital de 10 mil pesos, se dedicaba a la compraventa de ganado.

Tres burros y una vaca eran los únicos animales que el día de su muerte había en el corral de su casa de adobe, en la comunidad de San José de Almoloyán, a 60 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe.

El 20 de enero, policías y la agente del Ministerio Público, Laura Beatriz Calvillo Correa, lo detuvieron en su rancho como probable responsable del robo de unas vacas y fue trasladado a la dependencia.

Palomo recibió la muerte con los ojos vendados con un paliacate, las manos esposadas y desnudo sobre un colchón en un reducido cuarto de la Procuraduría General de Justicia en San Felipe.

Los investigadores lo despojaron de su pantalón y calzones, lo hincaron y le colocaron un gato hidráulico entre las nalgas, un cable con las puntas pelonas que estaba conectado a la luz y un tubo de metal en el recto, para obligarlo a que se confesara culpable.

En el ataque participaron tres policías, según la declaración que dos de los implicados, Daniel Méndez Bazaldúa y Jorge Antonio Zavala Rodríguez, rindieron ante el juez penal. Señalan como el autor de la tortura a Juan Carlos Silva, otro agente ministerial.

La descarga fatal fue dirigida a la nuca y entonces Palomo echó su cabeza de manera brusca hacía atrás, por el rompimiento de tráquea y cayó muerto.

Sólo Méndez Bazaldúa y Zavala Rodríguez, están sujetos a proceso y recluidos en San Felipe. Durán Silva está libre y activo en la Policía Ministerial. Fueron cesados sus superiores Juan Antonio Peña Arias, delegado de zona de la Policía Ministerial y Francisco Sandoval Ramírez, subjefe de grupo. La MP Laura Beatriz Calvillo y la radiooperadora, Patricia Amaro, siguen en funciones.

Comentario:

Desgraciadamente, la tortura es un "método" todavía muy difícil de erradicar. No sería aventurado afirmar que pocos son los países que no la aplican.