Un juez ordena desclasificar las pruebas contra detenidos en Guantánamo.

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El juez federal Thomas Hogan ordenó este lunes al Gobierno de Barack Obama permitir la difusión pública de documentos y pruebas que justifican el confinamiento de más de 100 presuntos terroristas en la base estadounidense en Guantánamo (Cuba). Según el auto del magistrado, "el acceso público a las acusaciones contra estos detenidos... garantiza una mayor supervisión de las detenciones y de los procesos", y añade que, mientras que ese acceso público no perjudique los intereses de los litigantes o la seguridad nacional, "el tribunal cree que el público tiene el derecho legal a conocerlas".

Hasta ahora el Gobierno había dado a conocer versiones no confidenciales de los documentos jurídicos "bajo sello", es decir, solo podían ser examinados por jueces, abogados y autoridades oficiales, pero no por el público. Según un portavoz del Departamento de Justicia, el dictamen del juez está bajo revisión, aunque aclaró que el Ejecutivo no tenía la intención de mantener el secreto de los documentos indefinidamente.

"El problema de qué se debe hacer con los detenidos en Guantánamo sigue siendo una fuente de gran interés y debate públicos", asegura el juez Hogan. De hecho, importantes medios de comunicación del país, como The New York Times o USA Today, habían reclamado en repetidas ocasiones la desclasificación de las pruebas al considerar que se estaba violando el derecho a la información, mientras que muchos abogados de los detenidos se quejaban de que las limitaciones les impedían preparar adecuadamente la defensa de sus clientes.

El centro de detención de Guantánamo fue creado por el Gobierno del ex presidente George W. Bush para albergar a "combatientes enemigos" capturados en el marco de la guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 en EE UU.

El presidente Barack Obama anunció tras llegar a la Casa Blanca el cierre de Guantánamo en el curso de un año, pero se mantiene la incertidumbre sobre el lugar al que serán enviados los 240 detenidos que aún permanecen en la base naval estadounidense en territorio cubano.


Comentario:

Es una decisión legal.