La ONU quiere reducir el poder del Ejército en Guinea-Bissau.

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Guinea-Bissau camina hacia la autodestrucción. Tiene todos los ingredientes del Estado fallido, según han constatado sobre el terreno varias misiones de organismos internacionales. La fragilidad de las instituciones, el poder desmesurado de los militares frente a las autoridades civiles, y el acoso del narcotráfico colocan a este país africano al borde del colapso. Para revertir esta situación, una cumbre internacional reunida el lunes en Praia, capital de Cabo Verde, lanzó un ambicioso plan para reestructurar el sistema de defensa y seguridad, cuyo eje es la reducción drástica del Ejército.

Tras los asesinatos en marzo del presidente de la República, Joao Bernardo Nino Vieira, y del jefe del Estado Mayor, el general Batiste Tagmé na Waié, los militares controlan Guinea-Bissau.

La cumbre de Praia reunió a representantes de 27 naciones de cuatro continentes, de la UE y Naciones Unidas, y de organismos regionales. La reunión fue inaugurada por los primeros ministros de Cabo Verde y Guinea-Bissau, que hasta después de la independencia de Portugal integraban un único país. El plan de reformas aprobado abarca las áreas de defensa, seguridad y justicia e institucional, y de lucha contra el narcotráfico. El documento que recibió el visto bueno de todas las delegaciones subraya la importancia de las acciones que tendrá que asumir el Gobierno guineano para hacer realidad el plan de reformas. "Decisiones políticas cruciales deben ser adoptadas, tales como la aprobación de leyes orgánicas y estatutos para las distintas fuerzas de seguridad... Las medidas tendrán que entrar en vigor antes de diciembre de 2009".

Después de la aprobación del nuevo marco legal "y no antes", deberá acometerse el proceso de desmovilización y reclutamiento de 3.000 de los 4.500 efectivos del Ejército.

Los siguientes pasos serán la puesta en marcha de un plan de pensiones, rehabilitación y construcción de cuarteles, creación de una escuela de policía para la formación y entrenamiento de las fuerzas de seguridad civiles, compra de equipamiento y refuerzo de las capacidades institucionales de Guinea-Bissau. Todo ello para garantizar la seguridad y protección de las instituciones democráticas y sus representantes.

Éste no es un tema menor en un país donde el presidente de la República fue asesinado después de que sus guardianes huyeran en desbandada ante la llegada de los asesinos. Tres máximos jefes de las Fuerzas Armadas han muerto de manera violenta en los últimos 10 años. Una futura mesa de donantes deberá decidir los fondos que la comunidad internacional destinará al programa de reformas. Fuentes de la Unión Europea indicaron a EL PAÍS que la reestructuración de las Fuerzas Armadas, que es el asunto clave, demandará unos 100 millones de euros.

Realizado el censo de los efectivos militares, queda por hacer el de los distintos cuerpos policiales, en total nueve, que suman otros 4.000 efectivos. Trabaja en ello la misión de la Unión Europea para la Reforma del Sistema de Seguridad de Guinea-Bissau, creada hace año y que dirige el general español Juan Esteban Verástegui.

En el ámbito de la justicia, el plan prevé la creación de un nuevo marco legal, que deberá incluir un sistema penitenciario, hoy inexistente, con la construcción de prisiones, formación de funcionarios, y adquisición de los medios necesarios. Para acabar con la impunidad, el plan pretende acometer la reforma de juzgados y tribunales y el refuerzo del papel del fiscal general del Estado.

La lucha contra el narcotráfico, que acosa a Guinea-Bissau desde que los carteles colombianos decidieron abrir nuevas rutas a través de África Occidental para introducir en el mercado europeo la cocaína procedente de América del Sur, es el otro eje del plan de reformas aprobado en Praia y se aplicará a través de mecanismos de control, implicación de las fuerzas policiales y apertura a la cooperación con la comunidad internacional. La lucha contra la corrupción debe tener una dimensión regional a la hora de enfrentar un enemigo que actúa en la esfera internacional, señala el documento firmado en la capital caboverdiana.

En un espacio de 15 días, el Gobierno de Cabo Verde, anfitrión y promotor de la cumbre, presentará un plan de acción a los asistentes. Estará por ver cómo lo reciben en Bissau los militares guineanos que, en su mayoría, serán pasados inexorablemente al retiro forzoso.



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Es otra alerta roja.