APPO da respaldo político al EPR.

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Luego de tres días de sesiones, el Segundo Congreso Ordinario de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) determinó dar su respaldo político y revisar el proceso jurídico del caso de desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida el 25 de mayo de 2007.

El caso será llevado a la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, anunció ayer el secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Azael Santiago Chepi.

Tras dirimir sus diferencias entre organizaciones que la integran y que protagonizaron conatos de bronca en las reuniones celebradas en el hotel del magisterio, la APPO reiteró su desconocimiento a los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz y de Felipe Calderón y puntualizó que la única relación que mantienen será de tipo jurídico para exigir la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, combinando la lucha legal con la movilización en las calles.

Asimismo, recordó que el movimiento social ha dejado 26 muertos, más de 500 detenidos —de los cuales 380 fueron torturados—, siete desaparecidos, entre ellos los dos eperristas, y las 177 medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por conflictos sociales, lo cual “es preocupante y lamentable”.

El dirigente del movimiento magisterial —el cual convocó a la refundación de la APPO— dio a conocer los resolutivos en conferencia de la prensa, en la que destacó que “la APPO es independiente en lo político, organizativo e ideológico del Estado y de los partidos políticos electorales; que no puede haber dirigentes de ninguno de los partidos políticos como dirigentes o miembros porque esta asamblea no es trampolín político”.

Advirtió que “si algún militante quiere participar en el proceso electoral tendrá que renunciar al cargo que ostente en la APPO de manera pública con cinco meses de antes de su registro”.


Comentario:

¿O sea que jurídicamente si reconocen a los gobiernos de Ulises Ruíz y al de Felipe Calderón?