El presidente Enrique Peña Nieto, asesorado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de Oficina, Aurelio Nuño, declaró en un principio que los acontecimientos eran responsabilidad de los guerrerenses.
Otro error fue no entender que la desaparición forzada de personas, sin importar que fueran normalistas o criminales, significa una violación a los derechos humanos y que, por tanto, puede llevar a la constitución de un crimen de lesa humanidad.
La parálisis gubernamental, que no tomó en cuenta que habían participado policías, provocó movilizaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo. La difusión en la prensa extranjera de cómo actuaron gobiernos y policías como criminales, puso en duda la eficacia de la estrategia de seguridad del gobierno federal, y puso en entredicho el Estado de derecho.
Un error más fue la política de repliegue de la estrategia de seguridad planteada por Osorio Chong, Una especie de afán por querer diferenciarse de la estrategia adoptada por Calderón. Se decidió cambiar la estrategia, aún sabiendo que en el caso particular de la Tierra Caliente guerrerense, existe la sospecha que hay 12 municipios controlados por el crimen. Lo único que provocó las decisiones de Osorio Chong fue el fortalecimiento de bandas delincuenciales.
El CISEN se dedicó a elaborar información mediocre y sesgada, resultado del desmantelamiento de las plataformas tecnológicas que ya tenía. Por último, la PGR no atendió las denuncias sobre la participación directa de Abarca en crímenes políticos en Iguala.
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