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En los asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos, antes de que la autoridad explore todas las hipótesis sobre los posibles móviles, se desacredita a las víctimas, dijo Alberto Brunori, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
“Preocupan los murmullos que se emiten sobre la supuesta vida de las víctimas, antes de que se llegue a la verdad, sobre todo en lo que respecta a los motivos por los que fueron ejecutadas”.
En una plática con miembros de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, el comisionado subrayó que la impunidad que prevalece alienta a la repetición de los hechos violentos en varios estados de la República.
Refirió que ante la creciente agresión y asesinatos de comunicadores en México, el próximo mes se reunirá con especialistas de Colombia, a fin de conocer los métodos que asumieron para proteger a sus reporteros.
Brunori señaló que recopila la información sobre la situación de violencia en Sinaloa, en especial del caso del reportero radiofónico José Luis Romero, levantado el 30 de diciembre y 15 días después fue localizado muerto y con huellas de tortura, envuelto en bolsas negras.
Este año dos reporteros han sido asesinados. El 7 de enero, Valentín Valdés del periódico Zócalo de Saltillo, fue localizado muerto tras después de haber sido levantado con otro de sus compañeros.
En la primera década del Siglo XXI, 64 periodistas perdieron la vida a manos de la delincuencia organizada.
Según datos de EL UNIVERSAL, los estados de Chihuahua con 10 asesinatos y Tamaulipas con ocho encabezan la lista de violencia contra periodistas, seguidos de Oaxaca con siete, Veracruz con seis y un desaparecido, Guerrero con seis y Durango con cinco.
De ese periodo, 2009 fue el año más violento, con 13 asesinatos y una desaparición, la de María Esther Aguilar Camcinden, de 32 años, periodista del Diario de Zamora, Michoacán, para el que cubría la información policial; fue levantada (secuestrada) el 11 de noviembre.
Agresiones contra los ombudsman
El comisionado de la ONU dijo que a la fecha se tienen documentados 128 casos de ataques y violaciones a activistas de derechos humanos en el país, de los que sólo dos han sido esclarecidos, lo que implica que 98.5% permanece en la impunidad, lo que es negativo.
En su informe, emitido en la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Alberto Brunori habló de su acercamiento con la Secretaría de Gobernación para impulsar en tiempos oficiales, en medios electrónicos, una intensa campaña sobre la labor de los activistas de derechos humanos.
Subrayó que es necesario establecer con claridad cuál es el desempeño de los ombudsman y de ciudadanos que abrazan esta causa, puesto que en muchos casos son blancos de críticas y falsas apreciaciones sobre su labor.
Informó que se ha reunido con autoridades estatales, para conocer los avances que se tienen en cuanto a la muerte violenta del secretario del Frente Cívico Sinaloense, Ricardo Murillo Monge, y del atentado que sufrió poco después su sucesor, Salomón Monarrez.
El presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, Eduardo Valdez Verde, expuso que ante la ola de violencia que se traduce en un aumento de ejecuciones, se observa una sociedad anestesiada y replegada.
“Los calificativos de ejecuciones, levantones, desaparecidos, encajuelados, incinerados, descuartizados y decapitados se han vuelto las palabras más usadas y divulgadas en los medios de comunicación en los últimos meses”.
Habló de la falta de credibilidad a los ofrecimientos de las autoridades judiciales de esclarecer los homicidios dolosos. “Van casi tres años del asesinato del ex presidente de la organización de periodistas, Óscar Rivera Inzunza, y sólo se conoce un retrato hablado de los presuntos agresores.
“El caso es uno de los tantos que se ventilan en la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas, de la PGR”.
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