Nadie olvida el “grito” del terror.

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Hace un año del ataque terrorista que sufrió Morelia y lejos de cicatrizar la herida que el narcoatentado dejó en la memoria de sus habitantes, duele el incremento de las actividades de la delincuencia organizada, que ha dejado 318 asesinatos desde esa trágica fecha.

La sociedad civil, que aún no se recobra de la conmoción que provocó el estallido de las granadas que ensangrentaron la Plaza Melchor Ocampo en plena celebración del Grito de Independencia, ha atestiguado desde entonces la generalización de la violencia en casi todo el territorio michoacano, afirmó Fausto Vallejo Figueroa, alcalde de Morelia.

El primer ataque narcoterrorista registrado en México, que cobró la vida de ocho personas y a dos más las dejó lisiadas de por vida, ocurrió mientras el gobernador Leonel Godoy Rangel recordaba a los héroes que nos dieron patria, en pleno centro de la ciudad.

Nadie podía creer este artero ataque en contra de cientos de familias que coreaban el ¡Viva México! Sin deberle nada a nadie, más de un centenar de personas sufrieron además lesiones diversas, añadió el edil.

Sin embargo, fustigó que a un año del ataque se tiene a tres detenidos, pero se desconocen las causas que los llevaron a arrojar las granadas de fragmentación a quienes se congregaron a festejar la gesta de independencia.

Día de duelo estatal

Leonel Godoy Rangel señaló que el gobierno de Michoacán declarará el 15 de septiembre como Día de Duelo estatal, en recuerdo de las víctimas que dejaron los ataques de hace un año.

Con ello se recordará la memoria de quienes murieron: Alfredo Sánchez Torres, Gloria Álvarez Bautista, Elisa Guerrero García, María del Pilar Navarro Mendoza, Martha Quintero Branbila, Juan Antonio Ríos Pescador, Leticia Tapia Guerrero y el pequeño Ángel Uriel Herrera García.

Y aunque confirmó que se realizará la ceremonia del Grito de Independencia y el desfile cívico-militar los días 15 y 16 de septiembre, señaló que fue cancelada la celebración de la tradicional verbena popular y la quema de juegos pirotécnicos.

Parientes de las víctimas censuran la falta de apoyos por parte del gobierno estatal, “que se ha mostrado vacilante en todos estos meses, ya que se comprometió a conceder pensiones vitalicias a los deudos de las víctimas, así como a Carmen Liliana Rico Urbina y a Belén Zavala Rodríguez —ambas perdieron alguna de sus extremidades—, pero hasta ahora no se ha concretado. Criticaron la actitud del Congreso local, que le ha dado largas a la decisión que Leonel Godoy expresó en los primeros momentos de la tragedia.

La inseguridad aumenta

Tras el 15 de septiembre, lejos de mejorar las condiciones de seguridad, se han incrementado los hechos delictivos que siguen marcando a la tierra del presidente Felipe Calderón. En el recuento de EL UNIVERSAL sobre las víctimas por la guerra que libran los narcotraficantes, se tiene el registro de 318 asesinatos, de los cuales 26 son uniformados.

Entre estos hechos destaca el atentado ocurrido el 3 de septiembre, donde ejecutaron al subsecretario de Protección Ciudadana, José Manuel Revueltas López, así como dos de sus escoltas y un civil.

Detienen a 30 funcionarios

En el combate a la delincuencia, fuerzas federales iniciaron el pasado 26 de mayo un operativo en Michoacán para capturar a 30 funcionarios y alcaldes por presuntos vínculos con La Familia Michoacana.

Entre los detenidos está Citlalli Fernández González, ex secretaria de Seguridad Pública, y hasta ese día asesora del gobernador. También fue arrestado el entonces procurador del estado, Miguel García Hurtado.

Los 30 detenidos presuntamente tienen vínculos con la organización criminal La Familia Michoacana.

Derivado de estos hechos se dio un distanciamiento entre el gobierno estatal y federal. Al referirse a los hechos, Godoy Rangel dijo que se trató de una ocupación, ya que no hubo comunicación para realizar el operativo y hasta exigió una disculpa pública del procurador general de la República, por la irrupción policiaca en palacio de gobierno.

Represalias de “La Familia”

En relación con la organización La Familia, se le atribuye el asesinato de 12 agentes federales, cuyos cuerpos fueron encontrados amontonados, atados de pies y manos y con huellas de tortura y disparos de arma de fuego, en el kilómetro 188 de la autopista Siglo XXI, el 13 de julio.

Ese mismo día, un comando armado disparó con armas de alto poder contra las oficinas de la PFP en el municipio de Maravatío y se presume que fue en respuesta por la captura del Arnoldo Rueda Medina, La Minsa, presunto líder de la organización delictiva.

El 11 de julio, una semana antes de la detención de Rueda, en represalia sicarios atacaron las bases de la Policía Federal en los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Huetamo. Pátzcuaro, Apatzingán y Zitácuaro.

Si bien desde el año pasado han sido detenidas varias personas relacionadas con la delincuencia y en específico con La Familia, sigue la búsqueda de Servando Gómez, alias La Tuta, quien en agosto se comunicó a una televisora, para pedir a las autoridades federales llegar a un acuerdo.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, advirtió que el gobierno federal no pacta con la delincuencia. Mientras tanto, la violencia persiste en Michoacán.