Jueces dan plazas a sus familiares.

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El Consejo de la Judicatura Federal documentó a través de una investigación el tráfico disfrazado de plazas que se da entre jueces y magistrados para burlar la prohibición de contratar a familiares en sus propios tribunales.

Al conocer el caso, la Comisión Nacional de Ética Judicial, un organismo de reciente creación que agrupa a todos los impartidores de justicia, locales y federales, pidió al Consejo de la Judicatura prohibir y sancionar esas prácticas.

A raíz de una denuncia, la Judicatura analizó la situación en tribunales de Yucatán para encontrar que los hijos, las nueras, los yernos, los sobrinos, las esposas y hasta los compadres de los impartidores de justicia abundan.

Al indagar entre 10 juzgadores de esa entidad, el Consejo de la Judicatura documentó el cruce de contrataciones familiares. Así, allegados a un juez son contratados por otro juez o magistrado y, en reciprocidad, el primero acoge a los parientes de quien empleó a sus familiares.

Para académicos y juristas, lo que ocurre en Yucatán es una muestra de lo que sucede a nivel nacional y comprueba los señalamientos que ubican al Poder Judicial como la “Gran Familia” o la “Familia Judicial”.

Según la Comisión de Ética, “existe un pacto explícito o implícito con el fin de tender una capa de protección sobre los nombrados que, así, quedan respaldados de manera mutua y privilegiada de entre el resto de los empleados”.

Lo más grave, agrega la Comisión, es que este método de nombramientos de mutuo compromiso se convierte en una forma de eludir la prohibición que existe para que ningún juez o magistrado contrate a sus familiares en su propio tribunal.

Por ese motivo, la Comisión recomendó al Consejo de la Judicatura emitir reglas en las que establezca que “si un titular nombra como secretario o actuario al cónyuge de otro titular, a sus familiares o a cualquiera de las personas referidas, este último titular ya no podrá hacer lo mismo con el cónyuge o familiares allegados del otro”.

Como conclusión, expresó que ese tipo de acciones “tienden a contaminar al Poder Judicial y acarrean el riesgo de que la institución se deteriore”.