Noticia:
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó una terna de entre los aspirantes a consejero de la Judicatura Federal (CJF), luego de que los ministros del máximo tribunal del país evaluaron a un total de 10 magistrados que, a su vez, resultaron de una primera selección de los 25 candidatos que se postularon para ocupar ese alto cargo en un principio del proceso.
La terna elegida la forman los magistrados Jorge Pardo Rebolledo, Arturo Iturbe Rivas y César Esquinca Muñoa; éste último, durante su comparecencia, tuvo problemas para exponer las respuestas a las preguntas que le formularon. Ahora, el próximo martes 3 de noviembre los ministros de la Corte escogerán de entre los tres al nuevo integrante del Consejo de la Judicatura Federal.
De esta forma, quedaron descartados los aspirantes y magistrados Miguel Ángel Aguilar López, Julio Humberto Hernández Fonseca, Carlos Loranca Muñoz, Jorge Meza Pérez, Ricardo Ojeda Bohórquez, Humberto Manuel Román Franco y Rubén Arturo Sánchez Valencia.
Antecedentes
La primera selección de quienes integran la terna se hizo de acuerdo con factores de antigüedad, desempeño, cursos de actualización y especialización impartidos o recibidos en el Instituto de la Judicatura Federal o en cualquier otra institución del sistema educativo nacional, además de la obra jurídica publicada por cada uno de ellos.
La segunda selección se realizó luego de que cada uno de los aspirantes respondió a preguntas formuladas por el pleno de ministros de la Suprema Corte. Así, quien de la terna resulte electo en la próxima sesión del martes 3 de noviembre, ejercerá el cargo de consejero de la Judicatura Federal del 1 de diciembre de 2009 al 30 de noviembre de 2014, conforme a los términos de la convocatoria hecha para tal efecto.
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martes, 27 de octubre de 2009
martes, 22 de septiembre de 2009
Jueces dan plazas a sus familiares.
Noticia:
El Consejo de la Judicatura Federal documentó a través de una investigación el tráfico disfrazado de plazas que se da entre jueces y magistrados para burlar la prohibición de contratar a familiares en sus propios tribunales.
Al conocer el caso, la Comisión Nacional de Ética Judicial, un organismo de reciente creación que agrupa a todos los impartidores de justicia, locales y federales, pidió al Consejo de la Judicatura prohibir y sancionar esas prácticas.
A raíz de una denuncia, la Judicatura analizó la situación en tribunales de Yucatán para encontrar que los hijos, las nueras, los yernos, los sobrinos, las esposas y hasta los compadres de los impartidores de justicia abundan.
Al indagar entre 10 juzgadores de esa entidad, el Consejo de la Judicatura documentó el cruce de contrataciones familiares. Así, allegados a un juez son contratados por otro juez o magistrado y, en reciprocidad, el primero acoge a los parientes de quien empleó a sus familiares.
Para académicos y juristas, lo que ocurre en Yucatán es una muestra de lo que sucede a nivel nacional y comprueba los señalamientos que ubican al Poder Judicial como la “Gran Familia” o la “Familia Judicial”.
Según la Comisión de Ética, “existe un pacto explícito o implícito con el fin de tender una capa de protección sobre los nombrados que, así, quedan respaldados de manera mutua y privilegiada de entre el resto de los empleados”.
Lo más grave, agrega la Comisión, es que este método de nombramientos de mutuo compromiso se convierte en una forma de eludir la prohibición que existe para que ningún juez o magistrado contrate a sus familiares en su propio tribunal.
Por ese motivo, la Comisión recomendó al Consejo de la Judicatura emitir reglas en las que establezca que “si un titular nombra como secretario o actuario al cónyuge de otro titular, a sus familiares o a cualquiera de las personas referidas, este último titular ya no podrá hacer lo mismo con el cónyuge o familiares allegados del otro”.
Como conclusión, expresó que ese tipo de acciones “tienden a contaminar al Poder Judicial y acarrean el riesgo de que la institución se deteriore”.
El Consejo de la Judicatura Federal documentó a través de una investigación el tráfico disfrazado de plazas que se da entre jueces y magistrados para burlar la prohibición de contratar a familiares en sus propios tribunales.
Al conocer el caso, la Comisión Nacional de Ética Judicial, un organismo de reciente creación que agrupa a todos los impartidores de justicia, locales y federales, pidió al Consejo de la Judicatura prohibir y sancionar esas prácticas.
A raíz de una denuncia, la Judicatura analizó la situación en tribunales de Yucatán para encontrar que los hijos, las nueras, los yernos, los sobrinos, las esposas y hasta los compadres de los impartidores de justicia abundan.
Al indagar entre 10 juzgadores de esa entidad, el Consejo de la Judicatura documentó el cruce de contrataciones familiares. Así, allegados a un juez son contratados por otro juez o magistrado y, en reciprocidad, el primero acoge a los parientes de quien empleó a sus familiares.
Para académicos y juristas, lo que ocurre en Yucatán es una muestra de lo que sucede a nivel nacional y comprueba los señalamientos que ubican al Poder Judicial como la “Gran Familia” o la “Familia Judicial”.
Según la Comisión de Ética, “existe un pacto explícito o implícito con el fin de tender una capa de protección sobre los nombrados que, así, quedan respaldados de manera mutua y privilegiada de entre el resto de los empleados”.
Lo más grave, agrega la Comisión, es que este método de nombramientos de mutuo compromiso se convierte en una forma de eludir la prohibición que existe para que ningún juez o magistrado contrate a sus familiares en su propio tribunal.
Por ese motivo, la Comisión recomendó al Consejo de la Judicatura emitir reglas en las que establezca que “si un titular nombra como secretario o actuario al cónyuge de otro titular, a sus familiares o a cualquiera de las personas referidas, este último titular ya no podrá hacer lo mismo con el cónyuge o familiares allegados del otro”.
Como conclusión, expresó que ese tipo de acciones “tienden a contaminar al Poder Judicial y acarrean el riesgo de que la institución se deteriore”.
lunes, 7 de septiembre de 2009
Jueces no dejan que los verifiquen.
Noticia:
En su labor de verificación del cumplimiento de la ley antitabaco, la Secretaría de Salud se enfrenta con el rechazo del Consejo de la Judicatura Federal para que inspeccione sus instalaciones con el fin de determinar si cumple la norma.
Con el argumento de que vulneraría su autonomía e independencia, el órgano que tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina de todos los juzgados y tribunales federales del país, promovió un juicio de amparo para evitar la supervisión de la dependencia federal.
El Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco establece que la Secretaría de Salud federal tiene atribuciones para realizar tanto visitas de verificación ordinarias, en días y horas hábiles, como extraordinarias, estas últimas en cualquier horario.
En su labor de verificación del cumplimiento de la ley antitabaco, la Secretaría de Salud se enfrenta con el rechazo del Consejo de la Judicatura Federal para que inspeccione sus instalaciones con el fin de determinar si cumple la norma.
Con el argumento de que vulneraría su autonomía e independencia, el órgano que tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina de todos los juzgados y tribunales federales del país, promovió un juicio de amparo para evitar la supervisión de la dependencia federal.
El Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco establece que la Secretaría de Salud federal tiene atribuciones para realizar tanto visitas de verificación ordinarias, en días y horas hábiles, como extraordinarias, estas últimas en cualquier horario.
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