Adultos mayores, al filo del abandono.

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La mayoría de los adultos mayores de la ciudad, esto es 98.5% del total, sobrevive con menos de un salario mínimo y en el caso de las mujeres, casi tres de cada diez dependen absolutamente de la pensión alimentaria que les otorga el gobierno de la ciudad, esto es 822 pesos mensuales.

De acuerdo el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, esta población ejerce la mayoría de los recursos que recibe en su tarjeta para la compra de alimentos, servicios médicos y medicinas.

Éstos son los mismos rubros que durante la crisis económica han registrado incrementos sustanciales; de ahí que se considere a esta población como la más afectada en esta época. Ofelia Muñoz es beneficiaria de este servicio desde hace 5 años y para ella representa todo el ingreso del mes porque a sus 82 años no trabaja y el único hijo que permanece a su lado no le ayuda.

Con los 822 pesos al mes que recibe y puede canjear por despensa en los centros comerciales y algunos pequeños comercios, compra alimentos y medicamentos, pero cada vez le alcanza para menos.

“Antes sí me alcanzaba, compraba desde papel, arroz, azúcar, jabón, insecticida, servilletas, pero cada vez me voy limitando”.

Por eso también acude al comedor del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF), donde hasta hace poco podía desayunar, comer y merendar todos los días, con solo pagar 25 pesos al mes.

Además deben cooperar

Antonia Contreras luce encorvada, delgada, mientras platica que a pesar de tener 81 años hace apenas un mes comenzó a recibir su mensualidad para despensa, debido a que no tenía su acta de nacimiento.

Ella vive en la casa de una conocida que le dio alojamiento, porque a sus hijos hace mucho que no los ve.

En agradecimiento Antonia aporta la despensa que puede adquirir con los recursos que le da el gobierno.

“Ahí estirándole alcanza porque esta persona también tiene que pagar luz, agua, todo y a lo mejor pasado o mañana me manda a la calle porque no fui una ayuda”, señala con preocupación. Graciano López Cruz vive una situación distinta a sus 82 años.

Él cuenta con una pensión propia, pero ésta no es mayor a los mil pesos mensuales. Los recursos los destina al pago de agua, luz, gas y lo que se requiere en el lugar que habita; pero la tarjeta alimentaria del gobierno local la usa para comprar despensa y medicamentos. En los últimos meses, don Graciano también ha visto disminuida la cantidad de víveres que adquiere en la tienda departamental que visita, por eso se atreve a pedir que se entreguen los recursos en efectivo:

“Así podríamos comprar en otro lugar más barato, porque ahora sólo podemos ir a las tiendas comerciales. Antes nos alcanzaba muy bien, pero ahora ya no”.

De hecho, continúa, “si nos mandamos ya no nos alcanza para medicinas, y necesitamos guardar algún fondito para lo que se ofrezca”. La pensión comenzó a otorgarse a los adultos mayores de 70 años durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en 2003 subió a rango de ley, por lo que se generalizó a todos los capitalinos que cumplan con el requisito de la edad y residencia en el Distrito Federal.

Analizan extender beneficio

A partir de septiembre de este año será vigente la incorporación de los adultos mayores de 68 años a este programa, tal como lo aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Sin embargo, la falta de recursos ha llevado a las autoridades locales a analizar una posible aplicación gradual.

Ricardo Gallardo Hernández, director de la Pensión alimentaria del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, estima que en lo que resta del año unas 70 mil personas solicitarán incorporarse a este beneficio.

Ello aunque las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) para este año revelan que serán 81 mil 760 las personas de 68 y 69 años de edad en el Distrito Federal. Para el funcionario, la reducción en la edad de los beneficiarios es un acto de justicia social porque los adultos mayores son los más afectados en época de crisis, debido al acelerado incremento en los precios de medicinas y alimentos. De hecho considera que esta política tendría que aplicarse a nivel nacional para tener un impacto positivo mayor entre esta población.