PRI y PAN se erigen en defensores de la moral.

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En Tecate, Baja California, los hombres tienen prohibido salir a las calles vestidos de mujer. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es una falta al orden público salir a la calle disfrazado cuando “atente a la moral o las buenas costumbres”, vocear las noticias de los periódicos cuya información afecte “la vida privada o la dignidad de una persona o institución” y exhibirse “de manera indecorosa e indescente” en cualquier sitio público.

En Villanueva, Zacatecas, ser vago o “malviviente” se considera una falta a la moral. También lo es dormir en la calle en estado de ebriedad y permitir que “un loco furioso” salga a la vía pública “sin las debidas precauciones”. En Cuautla, Morelos, está prohibido cantar, declamar, bailar o actuar en público sin autorización. En Culiacán, Sinaloa, se sanciona a los dueños de cibercafés que permitan que esos lugares se conviertan “en un lugar para vagos”.

En Aguascalientes, algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal han comenzado a pintar el cabello con aerosol de colores verde, blanco y rojo a los reincidentes en delitos como robo y narcomenudeo que son detenidos hasta dos veces en la semana y que salen libres por pagar una fianza, con el propósito de que se distingan entre la gente.

Estas normas locales, fundamentadas en los Bandos de Policía y Buen Gobierno, comenzaron a ser tema de preocupación para los defensores de los derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales, pues aseguran que desde hace siete años los gobiernos municipales comenzaron a modificar esos reglamentos y cada vez son más los estados que lo hacen, imponiendo medidas cada vez más restrictivas e intolerantes con el argumento garantizar con ello la seguridad pública.

Proponen armonizar bandos

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y organizaciones civiles han expresado su preocupación por los preceptos establecidos en algunos bandos municipales de Aguscalientes, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Morelos, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

En enero pasado, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, encabezada por el ombudsman de Durango, Carlos García Carranza, comenzó a discutir la necesidad de armonizar todos los Bandos de Policía y Buen Gobierno con los principios de derechos humanos.

“Varias comisiones compartimos la preocupación por el tema de la seguridad pública y los bandos. Es uno de los temas más críticos y tenemos que generar un proceso de armonización sobre los bandos. Hemos visto un incremento en las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por las policías a nivel municipal”, señaló Emilio Alvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

“Se está disfrazando de moral pública el tema de la seguridad pública. Nos quieren a los ciudadanos como soldados y esta es una tendencia creciente que cada vez se presenta en más estados del país porque además tiene un trasfondo electoral. Se trata por supuesto de iniciativas impulsadas por el PAN y el PRI”, señaló Pietro Ameglio, representante de la organización civil Servicio Paz y Justicia de Morelos.

Esta organización exige al gobierno municipal de Cuernavaca, Morelos, que derogue las modificaciones hechas el 23 de enero pasado al artículo 129 del Bando de Policía y Buen Gobierno que prohíben el comercio o cualquier servicio en vía pública.

Rotundo rechazo en Cuernavaca

Señaló que con este bando en la mano, elementos de la Policía Preventiva Metropolitana detuvieron el 17 de marzo, a 12 jóvenes que limpiaban parabrisas. “Todos fueron remitidos con violencia a los separos donde estuvieron día y medio encerrados acusados sin fundamento de ser consumidores de drogas”, explicó Ameglio.

Aseguró que según una encuesta hecha a 2 mil 566 habitantes de Cuernavaca, 83% manifestó estar en desacuerdo con el bando “porque además viola el derecho constitucional de libertad de ocupación y no ofrece ninguna alternativa a las personas que por falta de un empleo formal, tienen que subsistir en las calles.

Este fenómeno de los bandos cobró relevancia en enero pasado a partir del intento del edil panista de Guanajuato, Eduardo Romero Hicks, para prohibir y castigar con cárcel a quienes se besaran con intensidad en lugares públicos, iniciativa que quedó congelada ante la polémica que desató a nivel nacional.

Sin embargo, el primer antecedente de reforma a los bandos data del 2002 cuando en Tecate, Baja California, se prohibió a los hombres que salieran a las calles vestidos de mujer causando perturbación social.

El asunto ameritó una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al gobierno municipal del PRI, por considerar que con esa norma “se violan los derechos a la libertad de tránsito, a ser y a vestirse diferente”. Sin embargo, la norma sigue vigente. En el mismo sentido está el bando de Chetumal, Q. Roo, donde se persigue a quien incurra “en actos contrarios a las relaciones sexuales normales”.

Víctor Hugo Flores, director de la asociación civil Transexual Legal, dijo que como parte de esas reformas a los bandos “hay cada vez más intolerancia hacia la comunidad gay, transexual, bisexual, transgénero y transexual. Es algo que sin duda tenemos que prevenir que siga creciendo y ya lo hemos planteado en el Conapred”.

Para documentar estos casos, el Conapred editó un “Análisis comparativo del ámbito local en materia de discriminación”, hecho por Rodolfo Millán, en el que se encontraron al menos 19 preceptos que resultan discriminatorios.


Comentario:

Sólo falta que el PRD diga que es atentar a la moral si se considera una persona de "derecha". En lugar de evolucionar como sociedad, vamos para atrás como los cangrejos y se cae en el ridículo.