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Una organización izquierdista entregó 330 mil firmas de uruguayos que apoyan la anulación de la amnistía otorgada dos décadas atrás a los militares implicados en violaciones a derechos humanos durante la dictadura de 1973 a 1985.
La central sindical PIT-CNT, que recolectó las firmas, desea que en las elecciones generales de octubre se consulte también a la ciudadanía si quiere anular o no la ley de amnistía aprobada por el Congreso en 1986 y respaldada en un plebiscito por 54% de los votos en 1989.
Las 33 cajas con las papeletas firmadas fueron entregadas la noche del viernes en el palacio Legislativo y las recibió el presidente interino del senado, José Mujica, un ex militante tupamaro, la organización ilegal que intentó tomar el poder por la vía armada a fines de los 1960.
“La vida quiso que yo reciba estas firmas que tienen muchos años de dolor y frustración”, manifestó emocionado Mujica.
Luis Puig, presidente de la comisión de derechos humanos de la central obrera, consideró “un éxito de la democracia” el haber obtenido las firmas y confió en que lograría anular la amnistía.
El Legislativo ahora debe enviar a la Corte Electoral las firmas para determinar su validez y en caso de que las certificadas superen 25% del padrón electoral (unas 250 mil), se convocará a una consulta popular que se votará junto a las elecciones de octubre.
Varios comandantes de las Fuerzas Armadas, a su turno en el cargo, han considerado “cerrado” el capítulo de los enfrentamientos y de las secuelas de la dictadura, una postura que mantienen hasta ahora y no han reaccionado ante las intenciones de los izquierdistas.
Al final de la dictadura también se dictó una amnistía que favoreció a los tupamaros y otras organizaciones similares, así como a presos políticos sancionada en 1985. Al margen de la amnistía, el presidente Tabaré Vázquez promovió el enjuiciamiento de militares implicados en violaciones a los derechos humanos cometidas en el exterior, especialmente Argentina, donde desaparecieron unos 150 uruguayos.
De esa forma, logró procesar y encarcelar una decena de uniformados, al ex dictador Juan M. Bordaberry y su ex canciller Juan C. Blanco.
Vázquez dijo el jueves durante una visita a Costa Rica que “como ciudadano” está de acuerdo con anular la amnistía.
Líderes de la oposición política criticaron ayer esos comentarios del mandatario y le atribuyen haber dado una “voltereta” a su postura, ya que su administración, que se inició en marzo de 2005, no procuró derogar esta ley pese a que el Frente Amplio cuenta con mayoría parlamentaria.
Cuando ejercieron el poder de facto los militares torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a opositores al régimen. En esos años muchos “tupamaros” y otros militantes de izquierda fueron encarcelados.
Comentario:
No pueden irse sin castigo quienes cometieron abusos, asesinatos y violaciones a los derechos humanos.
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