Trasladan a Caracas juicio de opositor.

Noticia:


Manuel Rosales, el alcalde de Maracaibo y ex candidato a la Presidencia de Venezuela en 2006, será sometido a juicio por presunto enriquecimiento ilícito, en Caracas y no en los tribunales del estado de Zulia, según la determinación adoptada ayer por el Tribunal Supremo de Justicia, después de desatarse un escándalo con los jueces de esa jurisdiscción.

La decisión se adoptó luego de que surgiera una denuncia en Zulia contra cuatro juezas penales, acusadas de haberse reunido en secreto con Rosales, a quien la fiscalía general le pide una pena de entre tres a 10 años de prisión por los cambios generados en su declaración jurada de bienes cuando se desempeñaba como gobernador de ese estado, el más pujante del país.

La suspensión recayó sobre las magistradas superiores penales del estado de Zulia, Irasema Vílchez, Guadalupe Sánchez, Doris Cruz y Luisa Rojas, quienes deberán separarse de sus cargos, según la denuncia dada a conocer por el congresista chavista, Calixto Ortega.

“El domingo se presentó una situación irregular cuando, de manera inexplicable, estas cuatro juezas superiores penales del estado Zulia, apartándose de toda regla que les obliga a mantenerse imparciales, se reunieron con el alcalde Rosales”, precisó Ortega.

Rosales, quien fue elegido alcalde de Maracaibo en noviembre, fue acusado la semana pasada por el Ministerio Público de incurrir en el delito de “enriquecimiento ilícito” durante los años 2000-2004 cuando fue gobernador del estado occidental de Zulia.

La fiscal del caso solicitó la detención preventiva del líder opositor mientras se le sigue juicio.

Para los abogados de la defensa, el proceso a Rosales “no es más que otra muestra de la persecución política que sufre mi defendido”, explicó el letrado Álvaro Castillo.

Por otra parte, ayer en la ciudad guatemalteca de Antigua, la Internacional Socialista decidió enviar una comisión a Venezuela para “informarse directamente del hostigamiento que sufre la oposición” y de las presuntas violaciones “al estado de derecho”, por pedido de los partidos opositores venezolanos adheridos a esa internacional, como Un Nuevo Tiempo, MAS y Acción Democrática.

En el caso puntual de Rosales la Internacional Socialista opinó que se trata de “una violación de las disposiciones legales y al debido derecho de defensa”, al tiempo que es “una abierta manipulación de las instituciones judiciales”, lo que llevó a la organización a enviar una comisión que intentará tomar contacto con el gobierno de Hugo Chávez.


Comentario:

¿Qué extraña coincidencia que el enriquecimiento ilícito venga de un opositor? ¿No creen?