Argentina garantiza la seguridad jurídica de las empresas españolas.

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El Gobierno de Argentina salió hoy a garantizar seguridad jurídica a directivos de YPF y Telefónica, ambas de capital español, después del anuncio de un proyecto para nacionalizar los fondos de pensión privados y trasladar los fondos de las actuales empresas al sistema estatal. "En Argentina las empresas tienen seguridad jurídica, por eso no hay motivo alguno de preocupación, especialmente en el caso de YPF.

La decisión de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha causado turbulencias en los mercados. El índice español, el Ibex 35, ha sufrido la segunda peor caída del año, superior al 8%, por la incertidumbre creada por esa decisión, debido al peso que las inversiones en Argentina tienen muchas empresas españolas.

No le va mucho mejor al índice Merval de la bolsa de Buenos Aires, que se ha desplomado un 16% en la apertura. Mientras, el riesgo-país (el diferencial entre los bonos argentinos y los de EE UU) también castiga la nacionalización de las pensiones argentinas, con una subida del 20%.

El índice que elabora la entidad bancaria JP Morgan en base a la diferencia de la tasa entre bonos argentinos con su similar de Estados Unidos, subía en el inicio del mercado 102 puntos básicos con respecto al cierre del martes, hasta las 1.720 unidades. Ya ayer, el Merval recibió con disgusto el anuncio de la nacionalización, con una caída del 10,99%.

Revolución política

Desde el punto de vista político, la decisión de Cristina Fernández ha provocado una auténtica revolución. El grupo Radical, que inicialmente se habia declarado favorable, al plan, rectificó ayer. Su portavoz, Oscar Aguad, aseguró que el proyecto de ley, tal y como se conoce en estos momentos, es "un auténtico disparate". La Coalición Cívica, de Elisa Carrió, advirtió sobre el hecho de que el año próximo se celebrarán elecciones legislativas por lo que los Kirchner, la presidenta y su esposo, el ex presidente Nestor Kirchner, necesitan "dinero líquido" con el que hacer frente a compromisos electorales. Por último, Hermes Binner, el unico gobernador socialista de Argentina (en Santa Fé) se mostró favorable al sistema estatal obligatorio pero exigió que se declare la "intangibilidad" de los fondos de la ANSeS, a fin de que Kirchner no pueda "usar la caja".

El vicepresidente Julio Cobos dio su apoyo al proyecto, "siempre que se garantice un triple cinturón de seguridad y se independice a ANSES", un organismo que suele "prestar" sus fondos al gobierno, según las necesidades. Cobos se negó en su día a apoyar a Cristina Fernández en su pelea con el campo, la frustrada batalla que la presidenta dio en julio pasado para conseguir fondos "extra" aumentando los impuestos a las exportaciones de soja y que dio origen a una auténtica revuelta. fin

Defensa de los jubilados

La medida anunciada ayer por Kirchner ha provocado una enorme confusión y temor en la sociedad argentina. La presidenta aseguró que pretende proteger a los pensionistas "privados", puesto que las empresas han sufrido serias pérdidas por culpa de la crisis financiera internacional. "Cuando hay perdidas, aparece el Estado", aseguró, al tiempo que relacionaba su plan con las medidas adoptadas por otros gobiernos para acudir en apoyo de empresas en riesgo. "Nosotros hemos acudido en socorro de nuestros jubilados", explicó. Se acaba una época, mantuvo, ésta es una decisión estratégica. El sistema privado era un "despojo", dijo.

Sin embargo, muchos argentinos temen que el gobierno se esté limitando a apropiarse del dinero de esos fondos de jubilación para hacer frente al pago de la deuda y otros gastos corrientes. Desde hace semanas, se analizan las dificultaddes de financiación del Gobierno de la presidenta Kirchner, por culpa de la bajada del precio de la soja y del petróleo, es decir, de dos de los principales capítulos por los que el Gobierno argentino ingresa impuestos.

El sistema de jubilación privada, vigente desde 1994, cuenta con 9,5 millones de afiliados. Este régimen fue instaurado durante la presidencia del peronista Carlos Menem, cuando los trabajadores comenzaron a poder elegir entre el sistema estatal o el sistema privado, sin posibilidad de cambiar posteriormente de opción, hasta el año pasado, cuando se decidió que los que hubiesen preferido el régimen privado pudiesen volver al estatal.Unos cinco millones de argentinos cobran su jubilación a través del sistema estatal de reparto, el cual se nutre de las aportaciones de otros cinco millones de trabajadores.

Según el diario Clarín, el Estado asumirá los fondos de los trabajadores. Para ello, el Gobierno se plantea un retorno al sistema único y obligatorio de jubilación por reparto.Los cambios, señala Clarín, serán anunciados este martes por Cristina Fernández, quien enviará al Parlamento un proyecto de ley con la reforma.

Comentario:

Pues después de esa nacionalización de las pensiones, ¿quién va a tener confianza en lo dicho por Cristina Kirchner?