Noticia:
Los gobiernos del estado de México, Hidalgo y el Distrito Federal ubicaron seis grandes impactos negativos en abasto de agua potable, movilidad de pasajeros, retrasos en obras de transporte y riesgos de operación en el drenaje profundo si la Cámara de Diputados no les aprueba 6 mil 500 millones de pesos a través del Fondo Metropolitano para el próximo año.
De acuerdo con un documento que hace cuatro días entregaron los secretarios de Finanzas de esas entidades a los legisladores federales, la falta de dinero afectaría, por ejemplo, el desarrollo de la línea 12 del Metro que en 2009 contó con más de mil 500 millones de pesos de ese fondo.
Además, señalaron que sería muy difícil realizar nuevas líneas de Metrobús como la que se planea de Tenayuca a la estación Etiopía del Metro y rutas de autobuses articulados en el estado de México, como el que se ha diseñado para conectar Ecatepec con la zona de Lechería.
Sin ese presupuesto “se mantendrían los tiempos de traslado de más de cuatro horas diarias en la zona oriente del valle de México, ante la falta de infraestructura de transporte masivo”, señala.
Presas Guadalupe y Madín
En materia de agua potable se argumenta que la falta de recursos impediría el envío al valle de México de 1.6 metros cúbicos por segundo de líquido proveniente de las presas Guadalupe y Madín y concluir el saneamiento de esos embalses.
Tampoco, agregan, se edificaría infraestructura para enviar agua al oriente de la zona metropolitana, en donde el costo por metro cúbico de líquido en pipa asciende a 40 pesos. No se podrían tomar a tiempo acciones preventivas para el mantenimiento del drenaje profundo ni la construcción de colectores que disminuyan el riesgo de inundaciones como los que se han presentado en fechas recientes.
Además, no se podrían concluir sistemas viales en las zonas oriente y norte de la zona metropolitana, como los distribuidores vehiculares que se edifican en Periférico Arco Norte y Centenario y en avenida Pantitlán en su cruce con calle 7.
Hay 4 mil mdp: PRD
Agustín Guerrero, legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en la Cámara de Diputados, dijo que el pasado viernes ese grupo de trabajo preautorizó una bolsa por 4 mil 100 millones de pesos para el Fondo Metropolitano del Valle de México.
Recordó que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, redactado por el Ejecutivo federal, se proponía entregar tan sólo 2 mil 100 millones de pesos a este fondo, “pero los diputados hicimos una revaloración y ampliamos la bolsa”, dijo el legislador.
Pero también aceptó que la propuesta no es definitiva, pues debe pasar por un aval de la Comisión de Presupuesto y luego por el pleno de la propia Cámara, la cual tiene hasta el domingo 15 de noviembre para aprobar el presupuesto de egresos federal.
Enorme rezago
De acuerdo con los secretarios de Finanzas del estado de México, Hidalgo y el Distrito Federal, la petición de esa millonaria bolsa para el Fondo Metropolitano se hace para atemperar las grandes necesidades de la zona, en donde se requieren hasta 62 mil millones de pesos para poder financiar más de 350 proyectos hidráulicos, viales, de transporte, de desarrollo urbano y ambientales.
En el documento que entregaron a la Cámara de Diputados, los secretarios dieron a conocer que la mayoría de esos 350 proyectos son acciones que se encuentran en lista de espera para obtener presupuesto.
domingo, 8 de noviembre de 2009
Grave, la situación de violencia en México.
Noticia:
La situación de violencia en México es “grave”, sin embargo, no puede hablarse de un Estado fallido, aunque sí de un Estado con fallas, aseguró aquí el presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, AC (ANCPC, AC), Marcos Fastlicht Sackler.
“No me atrevo a decir que es un Estado fallido, porque es una acusación muy grave y aún tenemos instituciones, leyes, Congreso y elecciones libres, entonces, no puede ser un Estado fallido, pero sí un Estado con fallas y es indudable”, manifestó.
Entrevistado en la víspera de la segunda sesión ordinaria de dicha asociación y del primer Congreso Nacional Delincuencia Ciudadana y Medios de Difusión, Fastlicht Sackler aseguró que algunos afirman que se va ganando la batalla contra la delincuencia, mientras que otros dicen que estamos empatados.
“Pero finalmente, no es un partido de futbol, no se trata de sumar semana a semana. Sabemos los números y que en lo que van del sexenio suman entre 14 mil y 15 mil personas asesinadas, entonces, el cierre (del año) es difícil”, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica.
En este sentido, el también presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República (PGR), destacó que hay ciertos lugares estratégicos donde se ha recrudecido la violencia, como Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Baja California.
Por eso, resaltó la importancia de la participación ciudadana, si bien no para erradicar totalmente la violencia, sí para disminuirla a su expresión mínima, como ha ocurrido en otros países del mundo, explicó.
Incongruencias
“Encontramos incongruencias, por un lado mucha gente sigue asustada y más asustada que antes y no participa, y por el otro lado, los que participan lo hacen mas activamente, peor en términos generales. El movimiento ciudadano ha crecido enormemente de 10 años para acá y en los últimos tres años, más”.
Por eso, puso como ejemplo la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, la cual busca conjuntar los esfuerzos de todas las asociaciones y organismos para crear un frente común ciudadano y tratar de frenar a la delincuencia.
Fastlicht Sackler indicó que la segunda sesión ordinaria de dicha asociación y del primer Congreso Nacional Delincuencia Ciudadana y Medios de Difusión, tiene que ver con el primer intento serio y responsable que se hace a nivel nacional para conjuntar a todas las sociedades y movimientos cívicos del país.
“Durante mucho tiempo hemos notado que hay un despertar de movimientos cívicos en el país, debido a la situación del endurecimiento en el actuar de la delincuencia organizada y vemos cómo nacen movimientos como México Unido y SOS de Fernando Martí”, recordó.
Cada quien jala por su lado
Sin embargo, lamentó que todo mundo jale por su lado, lo que es un desgaste fuerte de dinero y horas hombres de cada organización, por lo cual decidieron crear una asociación que ampare a estos movimientos sociales.
Fastlicht Sackler señaló que gracias al trabajo que iniciaron hace poco más de un año con esta asociación, durante el congreso nacional que se celebrará aquí se contará con la presencia de aproximadamente 200 participantes y de entre 150 y 200 consejos ciudadanos.
Reconoció que nunca es fácil conciliar algo de esta magnitud, porque mucha gente quiere jalar por su lado y se deja llevar por las luminarias, pero resaltó que poco a poco han construido un gran movimiento sin demérito ni la fuerza de otras organizaciones.
“No se busca en esta asociación que las demás se deshagan o minimizarlas, al contrario, se busca fortalecer cada una de esas asociaciones, pero a través de una donde tengamos un portavoz y nos haga mucho más fuerte ante la opinión pública y ante los tres órdenes de gobierno que nos harán mucho más caso cuando nos vean unidos”, aseveró.
Actividades del Congreso
Dentro del primer Congreso Nacional Delincuencia Ciudadana y Medios de Difusión, se abordará el tema la legalidad y el combate a la delincuencia en México, que estará a cargo de especialistas de Italia, Colombia y Estados Unidos, además de importantes analistas nacionales.
Asimismo, se revisarán los retos y las exigencias de los medios de difusión (electrónicos, escritos y televisivos) ante el futuro inmediato, para asumir el compromiso de cooperación en el combate a la delincuencia.
Aparte de los paneles magistrales y las mesas de trabajo que se tienen programados, también habrá lugar para un simposio sobre el tema, así como la primera sesión ordinaria de la ANCPC.
En las mesas de trabajo participarán expertos de todo el país y los presidentes de los comités estatales del Consejo de Participación Cívica de la Procuraduría General de la República, y de Consulta y Participación Ciudadana de Seguridad Pública de toda la República, explicó a este diario el entrevistado.
La situación de violencia en México es “grave”, sin embargo, no puede hablarse de un Estado fallido, aunque sí de un Estado con fallas, aseguró aquí el presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, AC (ANCPC, AC), Marcos Fastlicht Sackler.
“No me atrevo a decir que es un Estado fallido, porque es una acusación muy grave y aún tenemos instituciones, leyes, Congreso y elecciones libres, entonces, no puede ser un Estado fallido, pero sí un Estado con fallas y es indudable”, manifestó.
Entrevistado en la víspera de la segunda sesión ordinaria de dicha asociación y del primer Congreso Nacional Delincuencia Ciudadana y Medios de Difusión, Fastlicht Sackler aseguró que algunos afirman que se va ganando la batalla contra la delincuencia, mientras que otros dicen que estamos empatados.
“Pero finalmente, no es un partido de futbol, no se trata de sumar semana a semana. Sabemos los números y que en lo que van del sexenio suman entre 14 mil y 15 mil personas asesinadas, entonces, el cierre (del año) es difícil”, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica.
En este sentido, el también presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República (PGR), destacó que hay ciertos lugares estratégicos donde se ha recrudecido la violencia, como Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Baja California.
Por eso, resaltó la importancia de la participación ciudadana, si bien no para erradicar totalmente la violencia, sí para disminuirla a su expresión mínima, como ha ocurrido en otros países del mundo, explicó.
Incongruencias
“Encontramos incongruencias, por un lado mucha gente sigue asustada y más asustada que antes y no participa, y por el otro lado, los que participan lo hacen mas activamente, peor en términos generales. El movimiento ciudadano ha crecido enormemente de 10 años para acá y en los últimos tres años, más”.
Por eso, puso como ejemplo la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, la cual busca conjuntar los esfuerzos de todas las asociaciones y organismos para crear un frente común ciudadano y tratar de frenar a la delincuencia.
Fastlicht Sackler indicó que la segunda sesión ordinaria de dicha asociación y del primer Congreso Nacional Delincuencia Ciudadana y Medios de Difusión, tiene que ver con el primer intento serio y responsable que se hace a nivel nacional para conjuntar a todas las sociedades y movimientos cívicos del país.
“Durante mucho tiempo hemos notado que hay un despertar de movimientos cívicos en el país, debido a la situación del endurecimiento en el actuar de la delincuencia organizada y vemos cómo nacen movimientos como México Unido y SOS de Fernando Martí”, recordó.
Cada quien jala por su lado
Sin embargo, lamentó que todo mundo jale por su lado, lo que es un desgaste fuerte de dinero y horas hombres de cada organización, por lo cual decidieron crear una asociación que ampare a estos movimientos sociales.
Fastlicht Sackler señaló que gracias al trabajo que iniciaron hace poco más de un año con esta asociación, durante el congreso nacional que se celebrará aquí se contará con la presencia de aproximadamente 200 participantes y de entre 150 y 200 consejos ciudadanos.
Reconoció que nunca es fácil conciliar algo de esta magnitud, porque mucha gente quiere jalar por su lado y se deja llevar por las luminarias, pero resaltó que poco a poco han construido un gran movimiento sin demérito ni la fuerza de otras organizaciones.
“No se busca en esta asociación que las demás se deshagan o minimizarlas, al contrario, se busca fortalecer cada una de esas asociaciones, pero a través de una donde tengamos un portavoz y nos haga mucho más fuerte ante la opinión pública y ante los tres órdenes de gobierno que nos harán mucho más caso cuando nos vean unidos”, aseveró.
Actividades del Congreso
Dentro del primer Congreso Nacional Delincuencia Ciudadana y Medios de Difusión, se abordará el tema la legalidad y el combate a la delincuencia en México, que estará a cargo de especialistas de Italia, Colombia y Estados Unidos, además de importantes analistas nacionales.
Asimismo, se revisarán los retos y las exigencias de los medios de difusión (electrónicos, escritos y televisivos) ante el futuro inmediato, para asumir el compromiso de cooperación en el combate a la delincuencia.
Aparte de los paneles magistrales y las mesas de trabajo que se tienen programados, también habrá lugar para un simposio sobre el tema, así como la primera sesión ordinaria de la ANCPC.
En las mesas de trabajo participarán expertos de todo el país y los presidentes de los comités estatales del Consejo de Participación Cívica de la Procuraduría General de la República, y de Consulta y Participación Ciudadana de Seguridad Pública de toda la República, explicó a este diario el entrevistado.
Cierran por daños carretera Villahermosa-Coatzacoalcos.
Noticia:
La circulación para vehículos pesados sobre la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa, que une a los estados de Veracruz y Tabasco, fue cerrada debido al deterioro causado por las inundaciones en ambas entidades, donde continúa lloviendo sin que se reporten víctimas. A la fecha, 218 mil damnificados esperan ayuda, agua y alimentos.
En los municipios tabasqueños de Cárdenas y Huimanguillo, unos 200 mil damnificados por las inundaciones generadas tras una semana de aguaceros debido al frente frío número nueve, que desbordó ríos, arroyos y laguna, se mantienen esperanzados a la ayuda oficial.
En el sur de Veracruz, las fuertes tormentas desbordaron seis ríos y arroyos que ocasionaron anegaciones en 10 municipios y afectaron a 18 mil habitantes de 84 comunidades rurales.
La secretaria de Protección Civil de Veracruz, Silvia Domínguez, informó que el puente en el cruce del río Tonalá estaba dañado, lo que impide el paso vehicular, en especial de carga, por lo que los conductores tienen que realizar un rodeo de cuatro horas por la angosta y sinuosa carretera Cárdenas-Huimanguillo-Malpasito-Las Choapas.
Algunos camiones y autobuses que intentaron cruzar el tramo inundado por el desbordamiento de los ríos Tonalá y Blasillo se quedaron atrapados y los pasajeros tuvieron que romper las ventanas para poder salir.
Previenen epidemias
La recién adquirida Unidad Móvil de Inteligencia Epidemiológica (UMIE), en la que se invirtieron 1.4 millones de pesos y que cuenta con avanzados equipos de monitoreo y comunicación satelital, fue enviada a la zona inundada de Chontalpa, en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, para evitar brotes.
Autoridades estatales reconocieron que en esos dos municipios tabasqueños, los damnificados soportan bajas temperaturas y lloviznas, con carencia de víveres y agua potable, después de que el frente frío número 9 afectó también a las costas de Comacalco y Paraíso.
Los alcaldes de Cárdenas, Óscar Ferrer, y de Huimanguillo, Salvador Aquino, dijeron que la situación de los habitantes de las zonas inundadas es crítica, porque sus viviendas fueron destruidas y perdieron animales domésticos y cultivos, pero no quieren salir porque están cuidando sus escasas pertenencias.
Según el subsecretario de la Desarrollo Económico de Tabasco, Enrique Nadal, 500 empresas de esos municipios resultaron con afectaciones.
El desbordamiento de los ríos Tonalá, Zanapa, Blasillo, Tembladera, El Zapotal, El Panal, Abuelo y Agua Fría y otros arroyos, también mantiene incomunicadas a decenas de comunidades rurales al norte de Tabasco, donde los pobladores denunciaron que nunca fueron advertidos por las autoridades de Protección Civil ni por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El vocero de Conagua, Gilberto Segovia, admitió que a esos afluentes nunca se les da seguimiento a sus niveles, debido a que la mayoría son escurrimientos de la sierra de Chiapas.
La Conagua indicó que se mantendrá el mal tiempo debido a una baja presión en el sur del golfo de México, con viento del norte de hasta 60 kilómetros por hora en el sur de Veracruz y el oeste de Tabasco.
Avanza “Ida” en el Caribe
La tormenta tropical Ida se intensificó y avanza a 15 kilómetros por hora sobre el mar Caribe, 450 kilómetros al este de Chetumal, Quintana Roo, con vientos de 110 kilómetros por hora.
Se espera que hoy se convierta en huracán categoría 1 en su trayectoria y pase por el canal de Yucatán o por el extremo norte de la península.
El meteoro genera fuertes lluvias en su área de influencia desde el sábado, por lo que autoridades de Protección Civil de Quintana Roo, Yucatán y Campeche mantienen una estrecha vigilancia. La Secretaría de Gobernación recomendó a la población extremar precauciones.
La circulación para vehículos pesados sobre la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa, que une a los estados de Veracruz y Tabasco, fue cerrada debido al deterioro causado por las inundaciones en ambas entidades, donde continúa lloviendo sin que se reporten víctimas. A la fecha, 218 mil damnificados esperan ayuda, agua y alimentos.
En los municipios tabasqueños de Cárdenas y Huimanguillo, unos 200 mil damnificados por las inundaciones generadas tras una semana de aguaceros debido al frente frío número nueve, que desbordó ríos, arroyos y laguna, se mantienen esperanzados a la ayuda oficial.
En el sur de Veracruz, las fuertes tormentas desbordaron seis ríos y arroyos que ocasionaron anegaciones en 10 municipios y afectaron a 18 mil habitantes de 84 comunidades rurales.
La secretaria de Protección Civil de Veracruz, Silvia Domínguez, informó que el puente en el cruce del río Tonalá estaba dañado, lo que impide el paso vehicular, en especial de carga, por lo que los conductores tienen que realizar un rodeo de cuatro horas por la angosta y sinuosa carretera Cárdenas-Huimanguillo-Malpasito-Las Choapas.
Algunos camiones y autobuses que intentaron cruzar el tramo inundado por el desbordamiento de los ríos Tonalá y Blasillo se quedaron atrapados y los pasajeros tuvieron que romper las ventanas para poder salir.
Previenen epidemias
La recién adquirida Unidad Móvil de Inteligencia Epidemiológica (UMIE), en la que se invirtieron 1.4 millones de pesos y que cuenta con avanzados equipos de monitoreo y comunicación satelital, fue enviada a la zona inundada de Chontalpa, en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, para evitar brotes.
Autoridades estatales reconocieron que en esos dos municipios tabasqueños, los damnificados soportan bajas temperaturas y lloviznas, con carencia de víveres y agua potable, después de que el frente frío número 9 afectó también a las costas de Comacalco y Paraíso.
Los alcaldes de Cárdenas, Óscar Ferrer, y de Huimanguillo, Salvador Aquino, dijeron que la situación de los habitantes de las zonas inundadas es crítica, porque sus viviendas fueron destruidas y perdieron animales domésticos y cultivos, pero no quieren salir porque están cuidando sus escasas pertenencias.
Según el subsecretario de la Desarrollo Económico de Tabasco, Enrique Nadal, 500 empresas de esos municipios resultaron con afectaciones.
El desbordamiento de los ríos Tonalá, Zanapa, Blasillo, Tembladera, El Zapotal, El Panal, Abuelo y Agua Fría y otros arroyos, también mantiene incomunicadas a decenas de comunidades rurales al norte de Tabasco, donde los pobladores denunciaron que nunca fueron advertidos por las autoridades de Protección Civil ni por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El vocero de Conagua, Gilberto Segovia, admitió que a esos afluentes nunca se les da seguimiento a sus niveles, debido a que la mayoría son escurrimientos de la sierra de Chiapas.
La Conagua indicó que se mantendrá el mal tiempo debido a una baja presión en el sur del golfo de México, con viento del norte de hasta 60 kilómetros por hora en el sur de Veracruz y el oeste de Tabasco.
Avanza “Ida” en el Caribe
La tormenta tropical Ida se intensificó y avanza a 15 kilómetros por hora sobre el mar Caribe, 450 kilómetros al este de Chetumal, Quintana Roo, con vientos de 110 kilómetros por hora.
Se espera que hoy se convierta en huracán categoría 1 en su trayectoria y pase por el canal de Yucatán o por el extremo norte de la península.
El meteoro genera fuertes lluvias en su área de influencia desde el sábado, por lo que autoridades de Protección Civil de Quintana Roo, Yucatán y Campeche mantienen una estrecha vigilancia. La Secretaría de Gobernación recomendó a la población extremar precauciones.
San Pedro, rehén de arengas y el crimen.
Noticia:
Lo único claro en San Pedro Garza García son las arengas del alcalde Mauricio Fernández, quien insiste en que tendrá “una policía especial de combate al crimen, con preparación extraordinaria”.
Durante la ceremonia en la que presentó al nuevo secretario de Seguridad, Gonzalo Adalid Mier, un general retirado del Ejército, se esperaba ver a ese cuerpo de élite, pero no fue así, sólo se observó a un grupo de 18 agentes de la fuerza especial que al final se despojaron de los pasamontañas; tres eran mujeres. Ninguno parecía mayor de 30 años.
El resto de los elementos, unos 150 individuos, eran policías, agentes de tránsito, bomberos y hombres de rescate.
Al insistir en una nueva corporación, mejor preparada y profesional, Fernández anunció convenios con dueños de empresas como FEMSA, que les concederán descuentos que crecerán conforme la antigüedad y honorabilidad de los efectivos policiacos perdure.
Pero las principales cámaras de hombres de negocios del estado condicionaron su apoyo al alcalde a que éste se mantenga dentro del margen de la ley. Lo mismo demandó el gobernador Rodrigo Medina.
En la zona pujante de San Pedro la tranquilidad se acabó hace siete años.
Residentes como Tatiana Clouthier, hija del ex candidato presidencial, Manuel J. Clouthier, quien llegó hace 27 años aquí, resienten las operaciones del crimen, que se manifiestan por las calles y avenidas.
En la parte popular las cosas también cambiaron hace siete años. Según Tatiana, “si tú no tienes empleo, a tu hijo se le contrata por un sueldo para realizar trabajo de narcomenudeo, y mamá y papá se callan porque no hay dinero para comer”.
Lo único claro en San Pedro Garza García son las arengas del alcalde Mauricio Fernández, quien insiste en que tendrá “una policía especial de combate al crimen, con preparación extraordinaria”.
Durante la ceremonia en la que presentó al nuevo secretario de Seguridad, Gonzalo Adalid Mier, un general retirado del Ejército, se esperaba ver a ese cuerpo de élite, pero no fue así, sólo se observó a un grupo de 18 agentes de la fuerza especial que al final se despojaron de los pasamontañas; tres eran mujeres. Ninguno parecía mayor de 30 años.
El resto de los elementos, unos 150 individuos, eran policías, agentes de tránsito, bomberos y hombres de rescate.
Al insistir en una nueva corporación, mejor preparada y profesional, Fernández anunció convenios con dueños de empresas como FEMSA, que les concederán descuentos que crecerán conforme la antigüedad y honorabilidad de los efectivos policiacos perdure.
Pero las principales cámaras de hombres de negocios del estado condicionaron su apoyo al alcalde a que éste se mantenga dentro del margen de la ley. Lo mismo demandó el gobernador Rodrigo Medina.
En la zona pujante de San Pedro la tranquilidad se acabó hace siete años.
Residentes como Tatiana Clouthier, hija del ex candidato presidencial, Manuel J. Clouthier, quien llegó hace 27 años aquí, resienten las operaciones del crimen, que se manifiestan por las calles y avenidas.
En la parte popular las cosas también cambiaron hace siete años. Según Tatiana, “si tú no tienes empleo, a tu hijo se le contrata por un sueldo para realizar trabajo de narcomenudeo, y mamá y papá se callan porque no hay dinero para comer”.
“El gobierno despilfarra recursos”.
Noticia:
Especialistas económicos consideran que el gasto del gobierno mexicano es ineficiente, con programas que no deberían de existir o que se duplican y una burocracia privilegiada que vive a expensas de los contribuyentes, quienes encima tienen que pagar por diversos servicios.
Pese a que las erogaciones generales de México son las más bajas, si se comparan con las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico —24.8% del PIB desembolsa nuestra nación contra 42% de países de la OCDE—, el problema radica en el despilfarro y el mal uso de los recursos públicos.
Académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Tecnológico de Monterrey, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) expusieron a este diario que el problema principal es el desperdicio de los fondos.
En opinión de los expertos existen rubros en el gasto que se pueden recortar y podrían generar una bolsa mínima de 100 mil millones de pesos, pero que inclusive superaría los 200 mil millones de pesos.
José Luis de la Cruz, académico del Tecnológico de Monterrey, presentó un primer diagnóstico de ajuste al gasto que sumaría 107 mil 201 millones de pesos del ramo administrativo, los cuales saldrían de rubros como compensación garantizada, primas quinquenales, acreditación por años de servicios, horas extra, asignaciones docentes y recursos adicionales al sueldo.
Además de otras prestaciones de carácter laboral y económico, estímulos de productividad, servicios de asesoría y consultoría, subcontratación de terceros, congresos, convenciones y también subsidios a rubros como fideicomisos privados.
Aníbal Gutiérrez, especialista en finanzas públicas de la UNAM, consideró que el problema central del gasto gubernamental es que no tiene la capacidad para conducir una estrategia de desarrollo que vaya más allá del carácter anual del paquete económico que trascienda lo sexenal.
Isaac Katz, académico del ITAM, dijo que otro problema que se presenta en México es que existen programas mal diseñados y que son de dudosa calidad para la población.
“Son presupuestos abultados y mal aplicados, que merecen ser reconsiderados”.
Eugenio Gómez, catedrático del IPADE, puntualizó que hay programas que han sido evaluados por consultores externos pagados por el gobierno, los cuales fueron bastante mal evaluados, pero continúan vigentes y con asignación presupuestal.
Para José Luis de la Cruz, del Tecnológico de Monterrey, el gobierno pide dinero para sus erogaciones, sin importarle sacrificar a la gente para que pague más impuestos.
Especialistas económicos consideran que el gasto del gobierno mexicano es ineficiente, con programas que no deberían de existir o que se duplican y una burocracia privilegiada que vive a expensas de los contribuyentes, quienes encima tienen que pagar por diversos servicios.
Pese a que las erogaciones generales de México son las más bajas, si se comparan con las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico —24.8% del PIB desembolsa nuestra nación contra 42% de países de la OCDE—, el problema radica en el despilfarro y el mal uso de los recursos públicos.
Académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Tecnológico de Monterrey, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) expusieron a este diario que el problema principal es el desperdicio de los fondos.
En opinión de los expertos existen rubros en el gasto que se pueden recortar y podrían generar una bolsa mínima de 100 mil millones de pesos, pero que inclusive superaría los 200 mil millones de pesos.
José Luis de la Cruz, académico del Tecnológico de Monterrey, presentó un primer diagnóstico de ajuste al gasto que sumaría 107 mil 201 millones de pesos del ramo administrativo, los cuales saldrían de rubros como compensación garantizada, primas quinquenales, acreditación por años de servicios, horas extra, asignaciones docentes y recursos adicionales al sueldo.
Además de otras prestaciones de carácter laboral y económico, estímulos de productividad, servicios de asesoría y consultoría, subcontratación de terceros, congresos, convenciones y también subsidios a rubros como fideicomisos privados.
Aníbal Gutiérrez, especialista en finanzas públicas de la UNAM, consideró que el problema central del gasto gubernamental es que no tiene la capacidad para conducir una estrategia de desarrollo que vaya más allá del carácter anual del paquete económico que trascienda lo sexenal.
Isaac Katz, académico del ITAM, dijo que otro problema que se presenta en México es que existen programas mal diseñados y que son de dudosa calidad para la población.
“Son presupuestos abultados y mal aplicados, que merecen ser reconsiderados”.
Eugenio Gómez, catedrático del IPADE, puntualizó que hay programas que han sido evaluados por consultores externos pagados por el gobierno, los cuales fueron bastante mal evaluados, pero continúan vigentes y con asignación presupuestal.
Para José Luis de la Cruz, del Tecnológico de Monterrey, el gobierno pide dinero para sus erogaciones, sin importarle sacrificar a la gente para que pague más impuestos.
sábado, 7 de noviembre de 2009
Senado de EU confirma a Arturo Valenzuela.
Noticia:
Casi medio año después de haber sido designado por el presidente Barack Obama como subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, ha conseguido finalmente la confirmación del Senado para asumir las riendas de la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica.
La confirmación de Valenzuela supone así el fin de trayecto para Thomas Shannon, uno de los operadores de transición que se había desempeñado como subsecretario en funciones y que apenas la semana pasada había conseguido en Tegucigalpa un principio de acuerdo entre el gobierno de facto y el presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya.
Precisamente, los términos del acuerdo conseguido en Honduras permitieron poner fin al bloqueo a la confirmación de Valenzuela que mantuvo un grupo de republicanos encabezados por el senador por Carolina del Sur, Jim DeMint.
El bloqueo de DeMint, un acto que dejó en evidencia el poder de cabildeo del régimen de facto de Honduras ante el Congreso de EU, se convirtió en una forma de represalia contra la administración Obama por su posición frente a Honduras y contra el propio Valenzuela que, en su audiencia de confirmación del pasado 8 de julio, irritó a los republicanos cuando dijo que lo ocurrido en Honduras había sido “un clásico caso de golpe de Estado”.
Valenzuela es un especialista en procesos de transición a la democracia en América Latina, sistemas electorales, y relaciones entre militares y la sociedad civil; también es un gran conocedor de la realidad política de Chile, su nación de origen, y de México. Valenzuela fue jefe de la oficina para México en el Departamento de Estado durante la administración Clinton.
Casi medio año después de haber sido designado por el presidente Barack Obama como subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, ha conseguido finalmente la confirmación del Senado para asumir las riendas de la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica.
La confirmación de Valenzuela supone así el fin de trayecto para Thomas Shannon, uno de los operadores de transición que se había desempeñado como subsecretario en funciones y que apenas la semana pasada había conseguido en Tegucigalpa un principio de acuerdo entre el gobierno de facto y el presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya.
Precisamente, los términos del acuerdo conseguido en Honduras permitieron poner fin al bloqueo a la confirmación de Valenzuela que mantuvo un grupo de republicanos encabezados por el senador por Carolina del Sur, Jim DeMint.
El bloqueo de DeMint, un acto que dejó en evidencia el poder de cabildeo del régimen de facto de Honduras ante el Congreso de EU, se convirtió en una forma de represalia contra la administración Obama por su posición frente a Honduras y contra el propio Valenzuela que, en su audiencia de confirmación del pasado 8 de julio, irritó a los republicanos cuando dijo que lo ocurrido en Honduras había sido “un clásico caso de golpe de Estado”.
Valenzuela es un especialista en procesos de transición a la democracia en América Latina, sistemas electorales, y relaciones entre militares y la sociedad civil; también es un gran conocedor de la realidad política de Chile, su nación de origen, y de México. Valenzuela fue jefe de la oficina para México en el Departamento de Estado durante la administración Clinton.
Crimen de Estado, asesinato de monseñor Romero.
Noticia:
El Salvador dio ayer un giro radical a su tradicional política en materia de derechos humanos al asumir, por primera vez, la responsabilidad del Estado en el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero en 1980 y comprometerse a avanzar “sin condicionamientos” en el proceso de reparaciones y diálogo nacional.
El Estado salvadoreño “declara su compromiso de cumplir de buena fe y en la medida de sus posibilidades” las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboradas en el año 2000 en relación con el asesinato del religioso por escuadrones de la muerte de la ultraderecha, anunció ante el organismo el director general de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales.
Esto supone el “inicio de una nueva etapa de diálogo en El Salvador por el Estado para avanzar en el cumplimiento de estas recomendaciones”, agregó.
En el año 2000 la CIDH, que había admitido el caso de monseñor Romero siete años antes, concluyó en un informe que en el caso del religioso el Estado salvadoreño era responsable de la violación del derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva previstos en la Convención Americana, así como del derecho a conocer la verdad de lo sucedido. En ese sentido, recomendó al Estado del país centroamericano realizar una “investigación judicial completa, imparcial y efectiva” para “identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales” del asesinato de Romero.
El gobierno salvadoreño, en manos durante dos décadas de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se había negado constantemente a seguir las recomendaciones de la CIDH. Una Comisión de la Verdad auspiciada por Naciones Unidas había concluido que el fundador de ARENA, Roberto D’Aubuisson, fue el autor intelectual del crimen del religioso, ocurrido el 24 de marzo de 1980, cuando monseñor Romero oficiaba una homilía en la capilla del hospital La Divina Providencia.
La postura oficial salvadoreña cambió ayer con la presentación, en la sede de la CIDH en Washington, de los delegados del nuevo gobierno de izquierdas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) del presidente Mauricio Funes.
Ante la alta incidencia delincuencial, el mandatario envió a unos 4 mil soldados que ayer se desplazaron a las zonas más violentas y con más homicidios, entre la esperanza ciudadana y el escepticismo de quienes dudan de la eficacia de la medida. Funes recurrió al Ejército en un intento por contener la delincuencia, que causa 14 muertes diarias en un país de 6.1 millones de habitantes.
El Salvador dio ayer un giro radical a su tradicional política en materia de derechos humanos al asumir, por primera vez, la responsabilidad del Estado en el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero en 1980 y comprometerse a avanzar “sin condicionamientos” en el proceso de reparaciones y diálogo nacional.
El Estado salvadoreño “declara su compromiso de cumplir de buena fe y en la medida de sus posibilidades” las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboradas en el año 2000 en relación con el asesinato del religioso por escuadrones de la muerte de la ultraderecha, anunció ante el organismo el director general de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales.
Esto supone el “inicio de una nueva etapa de diálogo en El Salvador por el Estado para avanzar en el cumplimiento de estas recomendaciones”, agregó.
En el año 2000 la CIDH, que había admitido el caso de monseñor Romero siete años antes, concluyó en un informe que en el caso del religioso el Estado salvadoreño era responsable de la violación del derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva previstos en la Convención Americana, así como del derecho a conocer la verdad de lo sucedido. En ese sentido, recomendó al Estado del país centroamericano realizar una “investigación judicial completa, imparcial y efectiva” para “identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales” del asesinato de Romero.
El gobierno salvadoreño, en manos durante dos décadas de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se había negado constantemente a seguir las recomendaciones de la CIDH. Una Comisión de la Verdad auspiciada por Naciones Unidas había concluido que el fundador de ARENA, Roberto D’Aubuisson, fue el autor intelectual del crimen del religioso, ocurrido el 24 de marzo de 1980, cuando monseñor Romero oficiaba una homilía en la capilla del hospital La Divina Providencia.
La postura oficial salvadoreña cambió ayer con la presentación, en la sede de la CIDH en Washington, de los delegados del nuevo gobierno de izquierdas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) del presidente Mauricio Funes.
Ante la alta incidencia delincuencial, el mandatario envió a unos 4 mil soldados que ayer se desplazaron a las zonas más violentas y con más homicidios, entre la esperanza ciudadana y el escepticismo de quienes dudan de la eficacia de la medida. Funes recurrió al Ejército en un intento por contener la delincuencia, que causa 14 muertes diarias en un país de 6.1 millones de habitantes.
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