Noticia:
La lucha contra la trata de personas en México también se libra en los juzgados. A pesar de la ley vigente desde 2007 que sanciona esta en práctica, en la mayoría de los casos en que los responsables llegan a prisión, los jueces reclasifican el delito a explotación sexual o laboral, lenocinio o corrupción de menores imponiéndoles penas que les permiten salir en libertad.
Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República, expuso así en entrevista que uno de los retos para combatir este delito es contar con una mejor legislación que contemple todas sus modalidades.
Aunque este es sólo uno de los factores que hacen complejo el combate a la comercialización de seres humanos con fines de explotación sexual o laboral, pues en algunos casos está asociado a usos y costumbres; las víctimas se rehúsan a declarar y actualmente herramientas como las redes sociales de internet pueden ser utilizadas para enganchar con mayor facilidad a las víctimas.
El escenario se agrava al considerar que en la mayoría de los casos, detrás “hay organizaciones criminales que lucran con este delito, porque las ganancias por explotar a un ser humano son muy grandes”, indicó la criminóloga.
La campaña “Corazón Azul”, impulsada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que fue lanzada aquí, busca generar conciencia de esta esclavitud moderna y la necesidad de combatir todos sus frentes, impedir que cualquier persona sea convertida en un objeto y se le despoje de la dignidad humana.
Las investigaciones
En la PGR hay 38 averiguaciones previas vigentes por el delito de trata de personas, de las cuales 30 se han iniciado desde 2009 a la fecha y están a cargo de la Fevimtra; cinco más en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y las tres restantes en la Unidad Especializada de Delitos cometidos en el Extranjero.
Herrerías Guerra advirtió que en todo caso “este número no refleja la situación a nivel nacional”, pues también existen indagatorias en las Procuradurías de Justicia estatales.
El número de casos en curso en la Fevimtra podría incrementarse, ya que existe relación entre los reportes de mujeres desaparecidas y la comisión del delito de trata de personas. Hoy, están activas 115 indagatorias por desaparición.
La fiscal rechazó señalar qué zonas del país son focos rojos en este delito, por ser investigaciones abiertas, sólo comentó que la trata con fines sexuales se incrementa en las fronteras y la laboral en diferentes estados en tiempos de cosecha.
Sobre las modalidades detalló que “hay muchos aspectos de la trata de personas que están en nuestra cultura y de muchos países y por eso no se vislumbra, como puede ser esta cuestión de usos y costumbres donde se entrega a la hija a otra familia a veces para trabajo doméstico y muchas veces contiene la explotación sexual”. También los niños jornaleros agrícolas es otro tipo de trata.
También en muchos casos el enganche puede ser la seducción para llevarse a la víctima a otras ciudades para explotarlas sexualmente, y en este escenario aparecen nuevas herramientas para los criminales: “Estamos muy preocupadas por estos delitos de internet y redes sociales donde se tiene acceso a todos los datos y a través de ellos establece contacto una persona para engancharla para la trata”.
Agregó que “todos estos medios están dando más herramientas a los tratantes para captar a las niñas”.
En el combate a la trata, dijo la titular de Fevimtra, “estamos analizando la forma de tener una mejor legislación, pues en muchas ocasiones es más fácil detectar la explotación, el momento en que están explotando a estas mujeres, por ejemplo en los hoteles, o los niños y adultos en los campos agrícolas”.
Esta situación ha propiciado que “muchas veces los jueces reclasifican el delito a lenocinio, corrupción de menores o pornografía infantil y muchas veces son delitos con penas muy bajas”, reconoció.
Mostrando entradas con la etiqueta Trata de personas.. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Trata de personas.. Mostrar todas las entradas
miércoles, 28 de abril de 2010
jueves, 7 de enero de 2010
Cae en el DF otra red de trata de menores.
Noticia:
Organismos no gubernamentales vincularon a la red de prostitución desarticulada ayer en el Centro Histórico de la ciudad de México con la familia Flores Carreto implicada en el caso de explotación sexual en Nueva York, en 2004.
La asociación civil Brigada Callejera dio a conocer que una de las zonas de influencia de esa familia es el hotel Oviedo, donde la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvo y tiene bajo arraigo e investigación a 10 personas que presuntamente conforman una red que explotaba sexualmente a mujeres y a menores de edad, en su mayoría de provincia.
El modus operandi de la red detenida es similar al que refiere la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer respecto a la familia Flores Carreto.
En ambos casos se menciona que los lenones retenían hijos de las mujeres para obligarlas a prostituirse.
Brigada Callejera afirmó que Ángelica Flores, quien se ostenta como representante de sexoservidoras en la zona de La Merced, es enlace de los Flores Carreto.
De los detenidos, sólo cinco fueron presentados ante el Ministerio Público para su investigación. Lourdes Arenas Hernández, de 46 años, fue señalada como la encargada de entregar las credenciales de elector falsas a las menores de edad.
La Procuraduría informó que la investigación comenzó el 28 de diciembre pasado, cuando una de las menores escapó y presentó la denuncia. Ella detalló que el 6 de diciembre, en Monterrey, Nuevo León, un sujeto la interceptó cuando cargaba a su hija de dos años de edad, y le ofreció apoyarla para conseguirle vivienda y “un buen” trabajo. Él la trasladó a Zacaltengo, en Tlaxcala, y luego a la capital del país, para obligarla a prostituirse.
Organismos no gubernamentales vincularon a la red de prostitución desarticulada ayer en el Centro Histórico de la ciudad de México con la familia Flores Carreto implicada en el caso de explotación sexual en Nueva York, en 2004.
La asociación civil Brigada Callejera dio a conocer que una de las zonas de influencia de esa familia es el hotel Oviedo, donde la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvo y tiene bajo arraigo e investigación a 10 personas que presuntamente conforman una red que explotaba sexualmente a mujeres y a menores de edad, en su mayoría de provincia.
El modus operandi de la red detenida es similar al que refiere la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer respecto a la familia Flores Carreto.
En ambos casos se menciona que los lenones retenían hijos de las mujeres para obligarlas a prostituirse.
Brigada Callejera afirmó que Ángelica Flores, quien se ostenta como representante de sexoservidoras en la zona de La Merced, es enlace de los Flores Carreto.
De los detenidos, sólo cinco fueron presentados ante el Ministerio Público para su investigación. Lourdes Arenas Hernández, de 46 años, fue señalada como la encargada de entregar las credenciales de elector falsas a las menores de edad.
La Procuraduría informó que la investigación comenzó el 28 de diciembre pasado, cuando una de las menores escapó y presentó la denuncia. Ella detalló que el 6 de diciembre, en Monterrey, Nuevo León, un sujeto la interceptó cuando cargaba a su hija de dos años de edad, y le ofreció apoyarla para conseguirle vivienda y “un buen” trabajo. Él la trasladó a Zacaltengo, en Tlaxcala, y luego a la capital del país, para obligarla a prostituirse.
domingo, 21 de junio de 2009
Relega gobierno trata de personas.
Noticia:
El gobierno federal ha retrasado sin explicaciones la puesta en marcha de normas para prevenir la trata de personas, por lo que ha sido necesaria la presión del Poder Legislativo para usar instrumentos a los que está obligado por ley, así como destinar recursos para la aplicación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acusó el pasado 20 de mayo que, además de que el Poder Ejecutivo excedió el plazo para publicar el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, “la parte sustancial de la mencionada normatividad pasa a un segundo plano, a grado tal que en algunos casos sólo se es mencionada de manera muy general”.
En un punto de acuerdo aprobado para exhortar al Ejecutivo a revisar dicho Reglamento, el Congreso sostiene que “ocurre así con los rubros de atención y protección de las víctimas del delito, las acciones de prevención del mismo, las acciones que tendrían que desarrollar las dependencias de gobierno, lo referente a la persecución del delito y los lineamientos que debe seguir el Programa Nacional”.
El 27 de noviembre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y que además reformó y adicionó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal Federal, y el Código de Procedimientos Penales, como parte de un paquete de leyes para atacar este flagelo.
En julio del 2008 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto al Poder Ejecutivo para que publicara el reglamento de la ley, ya que se le fijó un plazo de 120 días hábiles para hacerlo. Sin embargo, no hubo respuesta.
Nuevo llamado
En noviembre, legisladores del PRD presentaron ante el Senado un nuevo exhorto para que se publicara “a la brevedad posible” el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, “para poder dar cumplimiento a los diversos instrumentos internacionales en la materia”. Tampoco hubo respuesta aunque la propuesta se quedó en análisis en comisiones.
El 14 de enero del 2009, cinco meses después del exhorto formal de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un grupo de senadores y diputados del PRI volvió a presentar un punto de acuerdo para solicitar la publicación del Reglamento.
“En primer lugar, es posible constatar el incumplimiento de la obligación establecida en la ley, respecto del plazo previsto para emitir las disposiciones Reglamentarias. Como consecuencia de lo anterior, la efectiva aplicación de la ley sufrió un retraso importante, al igual que el desarrollo de las diversas tareas a realizar para la prevención y atención del delito de trata”, sostiene la diputada Maricela Contreras Julián (PRD).
Finalmente el Poder Ejecutivo publicó el Reglamento hasta el 27 de febrero de 2009.
Esta no ha sido la única presión del Legislativo hacia el Ejecutivo en esta materia.
En agosto de 2008 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó en votación económica un exhorto al titular del Ejecutivo federal, es decir, al presidente Felipe Calderón Hinojosa, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 “incluya los recursos necesarios para la instrumentación y ejecución efectiva de las diversas medidas consideradas en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas”.
“Se derivan graves consecuencias de la publicación tardía del Reglamento, entre las cuales se encuentra que, en términos concretos, la entrada en vigor de la Ley se daría tan sólo hasta el 2011”, precisó la legisladora Maricela Contreras.
Comentario:
Se trata de un pendiente muy grave que tiene el gobierno federal.
El gobierno federal ha retrasado sin explicaciones la puesta en marcha de normas para prevenir la trata de personas, por lo que ha sido necesaria la presión del Poder Legislativo para usar instrumentos a los que está obligado por ley, así como destinar recursos para la aplicación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acusó el pasado 20 de mayo que, además de que el Poder Ejecutivo excedió el plazo para publicar el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, “la parte sustancial de la mencionada normatividad pasa a un segundo plano, a grado tal que en algunos casos sólo se es mencionada de manera muy general”.
En un punto de acuerdo aprobado para exhortar al Ejecutivo a revisar dicho Reglamento, el Congreso sostiene que “ocurre así con los rubros de atención y protección de las víctimas del delito, las acciones de prevención del mismo, las acciones que tendrían que desarrollar las dependencias de gobierno, lo referente a la persecución del delito y los lineamientos que debe seguir el Programa Nacional”.
El 27 de noviembre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y que además reformó y adicionó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal Federal, y el Código de Procedimientos Penales, como parte de un paquete de leyes para atacar este flagelo.
En julio del 2008 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto al Poder Ejecutivo para que publicara el reglamento de la ley, ya que se le fijó un plazo de 120 días hábiles para hacerlo. Sin embargo, no hubo respuesta.
Nuevo llamado
En noviembre, legisladores del PRD presentaron ante el Senado un nuevo exhorto para que se publicara “a la brevedad posible” el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, “para poder dar cumplimiento a los diversos instrumentos internacionales en la materia”. Tampoco hubo respuesta aunque la propuesta se quedó en análisis en comisiones.
El 14 de enero del 2009, cinco meses después del exhorto formal de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un grupo de senadores y diputados del PRI volvió a presentar un punto de acuerdo para solicitar la publicación del Reglamento.
“En primer lugar, es posible constatar el incumplimiento de la obligación establecida en la ley, respecto del plazo previsto para emitir las disposiciones Reglamentarias. Como consecuencia de lo anterior, la efectiva aplicación de la ley sufrió un retraso importante, al igual que el desarrollo de las diversas tareas a realizar para la prevención y atención del delito de trata”, sostiene la diputada Maricela Contreras Julián (PRD).
Finalmente el Poder Ejecutivo publicó el Reglamento hasta el 27 de febrero de 2009.
Esta no ha sido la única presión del Legislativo hacia el Ejecutivo en esta materia.
En agosto de 2008 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó en votación económica un exhorto al titular del Ejecutivo federal, es decir, al presidente Felipe Calderón Hinojosa, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 “incluya los recursos necesarios para la instrumentación y ejecución efectiva de las diversas medidas consideradas en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas”.
“Se derivan graves consecuencias de la publicación tardía del Reglamento, entre las cuales se encuentra que, en términos concretos, la entrada en vigor de la Ley se daría tan sólo hasta el 2011”, precisó la legisladora Maricela Contreras.
Comentario:
Se trata de un pendiente muy grave que tiene el gobierno federal.
viernes, 19 de junio de 2009
El turismo sexual es inevitable: INM.
Noticia:
Para la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, el turismo sexual, tráfico de personas, comercio de mujeres, redes de pederastia, plagio y violencia contra miles de migrantes son “males de la humanidad” que México no puede erradicar.
Aun cuando dichas prácticas han detonado crudos informes del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como denuncias de extranjeras víctimas de una forzosa prostitución, lenonas y cubanos extorsionados con miles de dólares para irse a Florida, la funcionaria asegura en entrevista con EL UNIVERSAL que todo ello existe desde los orígenes de la migración.
La respuesta a la serie de señalamientos, que esta semana figuraron en la agenda nacional, aún no la tiene la comisionada del INM, quien aclaró que no ha pensado en renunciar.
Argumenta que sigue entusiasmada por consolidar una institución acorde con el siglo XXI, ya que pretende seguir en el cargo hasta 2012, si así lo quieren “Dios, el Ejecutivo y el secretario de Gobernación (Segob), Fernando Gómez Mont”.
Romero sostiene que en el Instituto Nacional de Migración han puesto en práctica una serie de acciones de depuración y por eso han emergido todos estos problemas que ahora se están viendo.
Subraya que desde que llegó como parte del equipo del presidente Felipe Calderón ha trabajado, pero está consciente de que nunca será suficiente lo que se haga.
La funcionaria manifiesta que la gran mayoría de las denuncias que se han presentado provienen del instituto y hasta ahora tienen cerca de 300 funcionarios que han sido amonestados, inhabilitados, cesados o en su caso, consignados. “Es una muestra del esfuerzo realizado, aunque nunca estaré satisfecha en la lucha contra el crimen organizado”.
Cuando se habla de migrantes, añade, siempre se voltean los ojos al INM, pero dentro de las redes delincuenciales operan policías estatales, agentes aduanales y también agentes migratorios, a quienes investigan y persiguen. Asegura poder demostrar que se actúa a fondo para reducir la corrupción.
Para la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, el turismo sexual, tráfico de personas, comercio de mujeres, redes de pederastia, plagio y violencia contra miles de migrantes son “males de la humanidad” que México no puede erradicar.
Aun cuando dichas prácticas han detonado crudos informes del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como denuncias de extranjeras víctimas de una forzosa prostitución, lenonas y cubanos extorsionados con miles de dólares para irse a Florida, la funcionaria asegura en entrevista con EL UNIVERSAL que todo ello existe desde los orígenes de la migración.
La respuesta a la serie de señalamientos, que esta semana figuraron en la agenda nacional, aún no la tiene la comisionada del INM, quien aclaró que no ha pensado en renunciar.
Argumenta que sigue entusiasmada por consolidar una institución acorde con el siglo XXI, ya que pretende seguir en el cargo hasta 2012, si así lo quieren “Dios, el Ejecutivo y el secretario de Gobernación (Segob), Fernando Gómez Mont”.
Romero sostiene que en el Instituto Nacional de Migración han puesto en práctica una serie de acciones de depuración y por eso han emergido todos estos problemas que ahora se están viendo.
Subraya que desde que llegó como parte del equipo del presidente Felipe Calderón ha trabajado, pero está consciente de que nunca será suficiente lo que se haga.
La funcionaria manifiesta que la gran mayoría de las denuncias que se han presentado provienen del instituto y hasta ahora tienen cerca de 300 funcionarios que han sido amonestados, inhabilitados, cesados o en su caso, consignados. “Es una muestra del esfuerzo realizado, aunque nunca estaré satisfecha en la lucha contra el crimen organizado”.
Cuando se habla de migrantes, añade, siempre se voltean los ojos al INM, pero dentro de las redes delincuenciales operan policías estatales, agentes aduanales y también agentes migratorios, a quienes investigan y persiguen. Asegura poder demostrar que se actúa a fondo para reducir la corrupción.
Omisiones y deficiencias en ley contra trata de personas.
Noticia:
Un análisis de la Cámara de Diputados documenta que la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas tiene “múltiples deficiencias y omisiones” que frenan su operación y el combate al delito.
Ante el escenario, la fracción del PRD presentó una iniciativa de reforma para aumentar las penas contra funcionarios que participen en el delito, así como reforzar la persecución en México.
El estudio menciona que “hay una gran cantidad de casos no atendidos ni resueltos por la justicia mexicana, lo cual evidencia el enorme atraso en la materia”.
Respecto a la presunta red de prostitución ligada al Instituto Nacional de Migración, EL UNIVERSAL confirmó ayer la revelación de la costarricense Keisy Johann González Corrales sobre vínculos entre una red de pederastia y la explotadora sexual Gloria Carrera Domínguez.
Keisy Johann se encuentra prófuga, luego de que fue mencionada como la lenona que operaba la red vinculada con funcionarios de Migración. Este diario publicó ayer una entrevista con ella.
Un análisis de la Cámara de Diputados documenta que la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas tiene “múltiples deficiencias y omisiones” que frenan su operación y el combate al delito.
Ante el escenario, la fracción del PRD presentó una iniciativa de reforma para aumentar las penas contra funcionarios que participen en el delito, así como reforzar la persecución en México.
El estudio menciona que “hay una gran cantidad de casos no atendidos ni resueltos por la justicia mexicana, lo cual evidencia el enorme atraso en la materia”.
Respecto a la presunta red de prostitución ligada al Instituto Nacional de Migración, EL UNIVERSAL confirmó ayer la revelación de la costarricense Keisy Johann González Corrales sobre vínculos entre una red de pederastia y la explotadora sexual Gloria Carrera Domínguez.
Keisy Johann se encuentra prófuga, luego de que fue mencionada como la lenona que operaba la red vinculada con funcionarios de Migración. Este diario publicó ayer una entrevista con ella.
jueves, 18 de junio de 2009
Cae jefe de Migración en DF.
Noticia:
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) detuvo a dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) asignados al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por el presunto tráfico de ciudadanos extranjeros.
Información de la Secretaría de Gobernación señala que el jefe del departamento en la delegación de la terminal aérea, Óscar Arias Amezcua, y el agente Pipino Cuevas Márquez permitieron de manera irregular la entrada al país de dos extranjeros.
En Mérida, una mujer de origen cubano denunció que la directora jurídica del INM, Martha Cruz Guzmán, le pidió 20 mil pesos para legalizar el ingreso de un hermano suyo, lo que finalmente no cumplió.
Comentario:
Esta cayendo toda una red.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) detuvo a dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) asignados al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por el presunto tráfico de ciudadanos extranjeros.
Información de la Secretaría de Gobernación señala que el jefe del departamento en la delegación de la terminal aérea, Óscar Arias Amezcua, y el agente Pipino Cuevas Márquez permitieron de manera irregular la entrada al país de dos extranjeros.
En Mérida, una mujer de origen cubano denunció que la directora jurídica del INM, Martha Cruz Guzmán, le pidió 20 mil pesos para legalizar el ingreso de un hermano suyo, lo que finalmente no cumplió.
Comentario:
Esta cayendo toda una red.
“Madam” liga al INM a red de trata.
Noticia:
Keisy Johann González Corrales, acusada de encabezar una supuesta red de prostitución que operaba en Mérida, Yucatán, dijo a EL UNIVERSAL desde la clandestinidad que Gloria Carrera Domínguez, también vinculada con lenocinio, ha usado a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) para acosarla, y pidió investigar su relación con explotación de menores de edad.
La prófuga, nacida en 1970 en Central Alajuela, Costa Rica, fue localizada en un teléfono celular por reporteros de la Unidad de Investigación. Aceptó primero un intercambio de mensajes SMS, y después una entrevista acotada a preguntas que ella seleccionó.
Durante la plática, relacionó a Carrera Domínguez con agentes de Migración, y dijo que en el pasado Gloria Carrera y su hija Fabiola González Carrera (28 años) estuvieron ligadas con un pederasta convicto.
“Lo que yo le estoy diciendo es que el año pasado aprehendieron a un hombre de nombre Adrián. Si usted lo busca, a lo mejor en internet, por ahí le aparece acusado de lenocinio o de menores de edad, algo con menores de edad. A él lo acusaron y en su declaración, la niña, la menor de edad, que resultó ser la novia del muchacho, menciona a la hija de doña Gloria”, precisó González Corrales.
“Yo lo que tenía era una casa grande donde rentaba cuartos, y yo daba de comer a las muchachas. Y entonces a ella no le gustaba [...] El año pasado me tuve que ir de la ciudad. [...] Ella [Gloria Carrera] mandó a un agente, a unos agentes de [el Instituto Nacional de] Migración. Fíjese qué curioso. Le voy a dar a usted un dato muy curioso: Ella mandó el año pasado a unos agentes de Migración para detenerme”, dijo.
Las investigaciones sobre esta supuesta red han permitido el arresto de Rosa María Casanova May, acusada de lenocinio, y del delegado de Migración en Mérida, Yucatán, Hernán Vega Burgos.
Keisy Johann González Corrales, acusada de encabezar una supuesta red de prostitución que operaba en Mérida, Yucatán, dijo a EL UNIVERSAL desde la clandestinidad que Gloria Carrera Domínguez, también vinculada con lenocinio, ha usado a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) para acosarla, y pidió investigar su relación con explotación de menores de edad.
La prófuga, nacida en 1970 en Central Alajuela, Costa Rica, fue localizada en un teléfono celular por reporteros de la Unidad de Investigación. Aceptó primero un intercambio de mensajes SMS, y después una entrevista acotada a preguntas que ella seleccionó.
Durante la plática, relacionó a Carrera Domínguez con agentes de Migración, y dijo que en el pasado Gloria Carrera y su hija Fabiola González Carrera (28 años) estuvieron ligadas con un pederasta convicto.
“Lo que yo le estoy diciendo es que el año pasado aprehendieron a un hombre de nombre Adrián. Si usted lo busca, a lo mejor en internet, por ahí le aparece acusado de lenocinio o de menores de edad, algo con menores de edad. A él lo acusaron y en su declaración, la niña, la menor de edad, que resultó ser la novia del muchacho, menciona a la hija de doña Gloria”, precisó González Corrales.
“Yo lo que tenía era una casa grande donde rentaba cuartos, y yo daba de comer a las muchachas. Y entonces a ella no le gustaba [...] El año pasado me tuve que ir de la ciudad. [...] Ella [Gloria Carrera] mandó a un agente, a unos agentes de [el Instituto Nacional de] Migración. Fíjese qué curioso. Le voy a dar a usted un dato muy curioso: Ella mandó el año pasado a unos agentes de Migración para detenerme”, dijo.
Las investigaciones sobre esta supuesta red han permitido el arresto de Rosa María Casanova May, acusada de lenocinio, y del delegado de Migración en Mérida, Yucatán, Hernán Vega Burgos.
miércoles, 17 de junio de 2009
Corrupción alienta turismo sexual en México, señala EU.
Noticia:
México es una gran fuente, tránsito y destino de la explotación sexual de personas, alentada por la corrupción de funcionarios, señala un informe del gobierno estadounidense, que además destaca un aumento del turismo sexual en el país.
El documento menciona en el apartado dedicado a México que los grupos más vulnerables son las mujeres, los niños, los indígenas y los migrantes indocumentados.
Cada año, según el reporte, unos 20 mil menores de edad son “reclutados” por redes de prostitución que los engañan con ofertas de empleo para trasladarlos de sus lugares de origen, en las zonas rurales, a áreas urbanas, fronterizas y turísticas.
También hombres y niños son víctimas del comercio de personas en todo el país para realizar trabajos forzados. “Los centroamericanos, especialmente los guatemaltecos, son sometidos a trabajos forzados en el sur de México, particularmente en la agricultura”, dice el informe.
En el texto, las autoridades de Estados Unidos se muestran preocupadas por “la falta de una mayor respuesta” del gobierno mexicano. A pesar de los esfuerzos oficiales, al contar con una nueva ley contra la trata de personas, el informe señala que las accciones gubernamentales “no se ajustan plenamente a las normas mínimas para la eliminación del problema”.
La investigación, realizada en 175 países, revela que 12 millones de personas en el mundo han sido explotadas.
Comentario:
Vergonzoso que el gobierno mexicano no haga nada al respecto.
México es una gran fuente, tránsito y destino de la explotación sexual de personas, alentada por la corrupción de funcionarios, señala un informe del gobierno estadounidense, que además destaca un aumento del turismo sexual en el país.
El documento menciona en el apartado dedicado a México que los grupos más vulnerables son las mujeres, los niños, los indígenas y los migrantes indocumentados.
Cada año, según el reporte, unos 20 mil menores de edad son “reclutados” por redes de prostitución que los engañan con ofertas de empleo para trasladarlos de sus lugares de origen, en las zonas rurales, a áreas urbanas, fronterizas y turísticas.
También hombres y niños son víctimas del comercio de personas en todo el país para realizar trabajos forzados. “Los centroamericanos, especialmente los guatemaltecos, son sometidos a trabajos forzados en el sur de México, particularmente en la agricultura”, dice el informe.
En el texto, las autoridades de Estados Unidos se muestran preocupadas por “la falta de una mayor respuesta” del gobierno mexicano. A pesar de los esfuerzos oficiales, al contar con una nueva ley contra la trata de personas, el informe señala que las accciones gubernamentales “no se ajustan plenamente a las normas mínimas para la eliminación del problema”.
La investigación, realizada en 175 países, revela que 12 millones de personas en el mundo han sido explotadas.
Comentario:
Vergonzoso que el gobierno mexicano no haga nada al respecto.
martes, 16 de junio de 2009
Cuba y Nicaragua líderan Lista negra de tráfico de personas.
Noticia:
Trata de personas: Panamá, Costa Rica mejoran; Nicaragua empeora
Panamá y Costa Rica mejoraron en la clasificación del Departamento de Estado de países que más cumplen con parámetros del Congreso estadounidense para evitar la trata de personas, pero Nicaragua ha perdido posición y se ha puesto cerca del peor nivel, en el cual está solamente Cuba entre los países latinoamericanos.
En el mismo nivel de Nicaragua, que corresponde a una ''lista de observación'' y se ubica entre el segundo y tercer niveles, están Argentina, Guatemala, República Dominicana y Venezuela, como países que no cumplen los requisitos mínimos de la llamada ley de protección de víctimas de tráfico humano, aprobado por el Congreso en 1998.
Según el informe Trata de Personas-Junio 2009, el noveno que publica el Departamento de Estado desde entonces, Colombia sigue siendo el país que más cumple con esos requisitos mínimos en la región y ha sido puesto en el primer nivel, junto con la mayoría de países europeos incluido España.
En el segundo nivel, de países con gobiernos que no cumplen esos requisitos pero hacen ''importantes esfuerzos'' por cumplirlos, están Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay.
En el tercer y último nivel, de países que no cumplen los requisitos mínimos y tampoco hacen nada por cumplirlos, se encuentra solamente Cuba, como todos los años. Cuba comparte ese lugar con países como Siria, Zimbabwe, Irán y Eritrea, entre otros.
Estados Unidos no figura en la lista de países estudiados, pese a ser uno de los mercados principales del tráfico humano en el mundo, particularmente con fines laborales y sexuales, como lo han señalado varias organizaciones particulares, incluyendo Amnistía Internacional.
'La mayoría de países tiene leyes que prohiben toda forma de tráfico humano y se ha incrementado la conciencia global acerca del problema'', dice la secretaria de Estado Hillary Clinton en un mensaje de introducción del informe. ''Pero aún hay mucho que hacer especialmente en la identificación y enfrentamiento de las raíces del problema''.
En el informe 2008, Costa Rica y Panamá estuvieron en la lista de observación, pero mejoraron y ascendieron. El Departamento de Estado dijo que a Costa Rica le falta todavía incrementar sus esfuerzos para reducir la demanda de actos de comercio sexual y a Panamá intensificar la aplicación de la ley para investigar y sancionar casos que incluyen a funcionarios del gobierno.
En el caso de Nicaragua, el Departamento de Estado dice que le falta al país resolver casos en los cuales miembros del gobierno pudieran estar involucrados, así como el trabajo infantil, ayudar a las víctimas y hacer una campaña pública sobre la trata de personas particularmente entre los jóvenes.
Sobre Venezuela y los demás países en el grupo de observación prácticamente repite sus comentarios de ediciones previas. Dice que al gobierno de Caracas le falta intensificar esfuerzos para investigar y sancionar los delitos en este campo, donde puede haber ''complicidad de funcionarios públicos''.
Al igual que en ediciones previas, el informe contiene nombres de los ''héroes'' del año por su trabajo en la campaña. En Latinoamérica, este año la mención es para Mariliana Morales Berríos, creadora de la Fundación Rahab, en Costa Rica. En 2008 fue Manuel Capellín, de Casa Alianza, en Honduras.
El informe, que se basa en análisis hechos a través de las embajadas estadounidenses en el mundo, dice que el año pasado estuvo igualmente marcado por el surgimiento de la crisis financiera global, que ha puesto en el problema dos nuevas tendencias concurrentes: la contracción del mercado laboral y un creciente flujo de personas decididas a enfrentar riesgos a cambio de oportunidades económicas.
El propósito de la ley estadounidense, enmendada en diciembre, es ''sancionar a los traficantes, proteger a las víctimas y evitar el tráfico de personas'', conocido actualmente como ''esclavitud moderna''.
Afirma que los países que se encuentran en el nivel 3, pueden ser sujetos de ''ciertas sanciones'' de parte de Estados Unidos, que incluyen la retención de la ayuda humanitaria y ayuda exterior no relacionada al comercio.
Comentario:
¿Se sanciona porque están en ese nivel o porque no hacen "gran" esfuerzo?
Trata de personas: Panamá, Costa Rica mejoran; Nicaragua empeora
Panamá y Costa Rica mejoraron en la clasificación del Departamento de Estado de países que más cumplen con parámetros del Congreso estadounidense para evitar la trata de personas, pero Nicaragua ha perdido posición y se ha puesto cerca del peor nivel, en el cual está solamente Cuba entre los países latinoamericanos.
En el mismo nivel de Nicaragua, que corresponde a una ''lista de observación'' y se ubica entre el segundo y tercer niveles, están Argentina, Guatemala, República Dominicana y Venezuela, como países que no cumplen los requisitos mínimos de la llamada ley de protección de víctimas de tráfico humano, aprobado por el Congreso en 1998.
Según el informe Trata de Personas-Junio 2009, el noveno que publica el Departamento de Estado desde entonces, Colombia sigue siendo el país que más cumple con esos requisitos mínimos en la región y ha sido puesto en el primer nivel, junto con la mayoría de países europeos incluido España.
En el segundo nivel, de países con gobiernos que no cumplen esos requisitos pero hacen ''importantes esfuerzos'' por cumplirlos, están Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay.
En el tercer y último nivel, de países que no cumplen los requisitos mínimos y tampoco hacen nada por cumplirlos, se encuentra solamente Cuba, como todos los años. Cuba comparte ese lugar con países como Siria, Zimbabwe, Irán y Eritrea, entre otros.
Estados Unidos no figura en la lista de países estudiados, pese a ser uno de los mercados principales del tráfico humano en el mundo, particularmente con fines laborales y sexuales, como lo han señalado varias organizaciones particulares, incluyendo Amnistía Internacional.
'La mayoría de países tiene leyes que prohiben toda forma de tráfico humano y se ha incrementado la conciencia global acerca del problema'', dice la secretaria de Estado Hillary Clinton en un mensaje de introducción del informe. ''Pero aún hay mucho que hacer especialmente en la identificación y enfrentamiento de las raíces del problema''.
En el informe 2008, Costa Rica y Panamá estuvieron en la lista de observación, pero mejoraron y ascendieron. El Departamento de Estado dijo que a Costa Rica le falta todavía incrementar sus esfuerzos para reducir la demanda de actos de comercio sexual y a Panamá intensificar la aplicación de la ley para investigar y sancionar casos que incluyen a funcionarios del gobierno.
En el caso de Nicaragua, el Departamento de Estado dice que le falta al país resolver casos en los cuales miembros del gobierno pudieran estar involucrados, así como el trabajo infantil, ayudar a las víctimas y hacer una campaña pública sobre la trata de personas particularmente entre los jóvenes.
Sobre Venezuela y los demás países en el grupo de observación prácticamente repite sus comentarios de ediciones previas. Dice que al gobierno de Caracas le falta intensificar esfuerzos para investigar y sancionar los delitos en este campo, donde puede haber ''complicidad de funcionarios públicos''.
Al igual que en ediciones previas, el informe contiene nombres de los ''héroes'' del año por su trabajo en la campaña. En Latinoamérica, este año la mención es para Mariliana Morales Berríos, creadora de la Fundación Rahab, en Costa Rica. En 2008 fue Manuel Capellín, de Casa Alianza, en Honduras.
El informe, que se basa en análisis hechos a través de las embajadas estadounidenses en el mundo, dice que el año pasado estuvo igualmente marcado por el surgimiento de la crisis financiera global, que ha puesto en el problema dos nuevas tendencias concurrentes: la contracción del mercado laboral y un creciente flujo de personas decididas a enfrentar riesgos a cambio de oportunidades económicas.
El propósito de la ley estadounidense, enmendada en diciembre, es ''sancionar a los traficantes, proteger a las víctimas y evitar el tráfico de personas'', conocido actualmente como ''esclavitud moderna''.
Afirma que los países que se encuentran en el nivel 3, pueden ser sujetos de ''ciertas sanciones'' de parte de Estados Unidos, que incluyen la retención de la ayuda humanitaria y ayuda exterior no relacionada al comercio.
Comentario:
¿Se sanciona porque están en ese nivel o porque no hacen "gran" esfuerzo?
viernes, 27 de febrero de 2009
El combate a la trata de personas está rezagado.
Noticia:
Los “enganchadores” ubican a las jovencitas más atractivas en centrales camioneras, estaciones del Metro o a través de internet. Saben aprovecharse de las condiciones de pobreza y exclusión en las que viven muchas de ellas, por lo que comienzan el engaño ofreciéndoles trabajo, una relación sentimental o nuevas oportunidades de vida. Sólo es cuestión de tiempo para que varias terminen siendo explotadas sexualmente.
Aunque a finales de 2007 entró en vigor la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, expertos advierten que faltan muchos puntos por cumplirse para combatir el problema. La ONU ha señalado incluso negligencia oficial.
La incapacidad institucional para tipificar el delito ha impedido, a niveles federal y local, que miembros de redes criminales sean procesados y condenados.
La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (de la PGR) investiga sólo aquellos casos en los que esté implicado el crimen organizado; se traslade a las víctimas a otro país, o haya participación de servidores públicos.
El país carece de un diagnóstico integral sobre el alcance, víctimas y costos sociales de la trata de personas; sin embargo, testimonios recogidos por la Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL aportan indicios.
Comentario:
Otro aspecto en el que las autoridades están durmiéndose, mientras los delincuentes hacen de las suyas.
Los “enganchadores” ubican a las jovencitas más atractivas en centrales camioneras, estaciones del Metro o a través de internet. Saben aprovecharse de las condiciones de pobreza y exclusión en las que viven muchas de ellas, por lo que comienzan el engaño ofreciéndoles trabajo, una relación sentimental o nuevas oportunidades de vida. Sólo es cuestión de tiempo para que varias terminen siendo explotadas sexualmente.
Aunque a finales de 2007 entró en vigor la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, expertos advierten que faltan muchos puntos por cumplirse para combatir el problema. La ONU ha señalado incluso negligencia oficial.
La incapacidad institucional para tipificar el delito ha impedido, a niveles federal y local, que miembros de redes criminales sean procesados y condenados.
La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (de la PGR) investiga sólo aquellos casos en los que esté implicado el crimen organizado; se traslade a las víctimas a otro país, o haya participación de servidores públicos.
El país carece de un diagnóstico integral sobre el alcance, víctimas y costos sociales de la trata de personas; sin embargo, testimonios recogidos por la Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL aportan indicios.
Comentario:
Otro aspecto en el que las autoridades están durmiéndose, mientras los delincuentes hacen de las suyas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
