Cuba y Nicaragua líderan Lista negra de tráfico de personas.

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Trata de personas: Panamá, Costa Rica mejoran; Nicaragua empeora

Panamá y Costa Rica mejoraron en la clasificación del Departamento de Estado de países que más cumplen con parámetros del Congreso estadounidense para evitar la trata de personas, pero Nicaragua ha perdido posición y se ha puesto cerca del peor nivel, en el cual está solamente Cuba entre los países latinoamericanos.

En el mismo nivel de Nicaragua, que corresponde a una ''lista de observación'' y se ubica entre el segundo y tercer niveles, están Argentina, Guatemala, República Dominicana y Venezuela, como países que no cumplen los requisitos mínimos de la llamada ley de protección de víctimas de tráfico humano, aprobado por el Congreso en 1998.

Según el informe Trata de Personas-Junio 2009, el noveno que publica el Departamento de Estado desde entonces, Colombia sigue siendo el país que más cumple con esos requisitos mínimos en la región y ha sido puesto en el primer nivel, junto con la mayoría de países europeos incluido España.

En el segundo nivel, de países con gobiernos que no cumplen esos requisitos pero hacen ''importantes esfuerzos'' por cumplirlos, están Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay.

En el tercer y último nivel, de países que no cumplen los requisitos mínimos y tampoco hacen nada por cumplirlos, se encuentra solamente Cuba, como todos los años. Cuba comparte ese lugar con países como Siria, Zimbabwe, Irán y Eritrea, entre otros.

Estados Unidos no figura en la lista de países estudiados, pese a ser uno de los mercados principales del tráfico humano en el mundo, particularmente con fines laborales y sexuales, como lo han señalado varias organizaciones particulares, incluyendo Amnistía Internacional.

'La mayoría de países tiene leyes que prohiben toda forma de tráfico humano y se ha incrementado la conciencia global acerca del problema'', dice la secretaria de Estado Hillary Clinton en un mensaje de introducción del informe. ''Pero aún hay mucho que hacer especialmente en la identificación y enfrentamiento de las raíces del problema''.

En el informe 2008, Costa Rica y Panamá estuvieron en la lista de observación, pero mejoraron y ascendieron. El Departamento de Estado dijo que a Costa Rica le falta todavía incrementar sus esfuerzos para reducir la demanda de actos de comercio sexual y a Panamá intensificar la aplicación de la ley para investigar y sancionar casos que incluyen a funcionarios del gobierno.

En el caso de Nicaragua, el Departamento de Estado dice que le falta al país resolver casos en los cuales miembros del gobierno pudieran estar involucrados, así como el trabajo infantil, ayudar a las víctimas y hacer una campaña pública sobre la trata de personas particularmente entre los jóvenes.

Sobre Venezuela y los demás países en el grupo de observación prácticamente repite sus comentarios de ediciones previas. Dice que al gobierno de Caracas le falta intensificar esfuerzos para investigar y sancionar los delitos en este campo, donde puede haber ''complicidad de funcionarios públicos''.

Al igual que en ediciones previas, el informe contiene nombres de los ''héroes'' del año por su trabajo en la campaña. En Latinoamérica, este año la mención es para Mariliana Morales Berríos, creadora de la Fundación Rahab, en Costa Rica. En 2008 fue Manuel Capellín, de Casa Alianza, en Honduras.

El informe, que se basa en análisis hechos a través de las embajadas estadounidenses en el mundo, dice que el año pasado estuvo igualmente marcado por el surgimiento de la crisis financiera global, que ha puesto en el problema dos nuevas tendencias concurrentes: la contracción del mercado laboral y un creciente flujo de personas decididas a enfrentar riesgos a cambio de oportunidades económicas.

El propósito de la ley estadounidense, enmendada en diciembre, es ''sancionar a los traficantes, proteger a las víctimas y evitar el tráfico de personas'', conocido actualmente como ''esclavitud moderna''.

Afirma que los países que se encuentran en el nivel 3, pueden ser sujetos de ''ciertas sanciones'' de parte de Estados Unidos, que incluyen la retención de la ayuda humanitaria y ayuda exterior no relacionada al comercio.


Comentario:

¿Se sanciona porque están en ese nivel o porque no hacen "gran" esfuerzo?