Noticia:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de otros nueve indígenas a los que se les responsabilizó y sentenció a 25 años de prisión por la matanza de 45 personas ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en Acteal, Chiapas, por considerar que se usaron en su contra pruebas y testigos fabricados por la Procuraduría General de la República.
El ministro José Ramón Cossío Díaz afirmó que los indígenas fueron condenados y declarados culpables como resultado de un juicio plagado de violaciones, y se detectó que “no existe material probatorio para comprobar su culpa” en la matanza.
De manera simultánea, los ministros de la Primera Sala de la Corte también ampararon a otro grupo de 16 personas para que se reabran sus juicios y se les vuelva a juzgar, pero únicamente por los delitos de lesiones y homicidio calificado, porque se les eliminaron los cargos por portación de arma sin licencia y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Aún falta revisar pruebas
Los ministros no dejaron en libertad a este segundo grupo porque consideraron que, eliminando todas las pruebas y testimonios ilegales que presentó la PGR, aún quedan algunas pruebas que deben ser revisadas por un tribunal unitario.
Es decir, sólo si existen elementos suficientes para comprobar su responsabilidad en dichos ilícitos, estas 16 personas permanecerán en prisión.
La decisión que adoptó ayer la Primera Sala de la Corte se suma a la que emitió el 12 de agosto pasado cuando también ordenó la liberación inmediata de otros 20 indígenas y giró instrucciones para que se reabriera el juicio de otros seis.
En total, en estas dos decisiones, la Corte ordenó la liberación de 29 personas y la reapertura de los juicios de 22 indígenas más.
“Un Estado seguro, exento de impunidad, sólo se logra cuando el orden jurídico es eficazmente aplicado y se logra la aplicación del Derecho en la vida de cualquier ciudadano sin distinción alguna”, dijo el ministro José Ramón Cossío Díaz.
“El claro mensaje de la resolución es entonces que: si las autoridades están interesadas en que las personas que consideran culpables por la comisión de un delito obtengan una pena, entonces deben actuar de conformidad con el marco constitucional”.
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jueves, 5 de noviembre de 2009
miércoles, 28 de octubre de 2009
Ministros resolverán 26 amparos de Acteal.
Noticia:
La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) resolverá hoy el segundo grupo de amparos sobre el caso Acteal, en el que se espera sean liberados 26 indígenas acusados de la matanza de 45 personas, ocurrida el 27 de diciembre de 1997 en esa comunidad de Chenalhó, Chiapas.
En el grupo de indígenas tzotziles que hoy espera su libertad está, por ejemplo, Hilario Guzmán Luna, de 77 años, quien fue procesado y sentenciado por la masacre sin una sola prueba o testimonio directo en su contra.
“Es un hombre de edad avanzada, que cuando ocurrió la matanza tenía sesenta y tantos y apenas podía caminar, menos sostener un arma”, explicó Javier Angulo Nobara, representante común de la defensa de los sentenciados.
El abogado confió en que la SCJN confirme el criterio adoptado para los primeros amparos, en el sentido de que la Procuraduría General de la República alteró evidencias y falsificó pruebas al consignar a sus representados, y ordenó su inmediata libertad.
Además de los amparos que se resuelven este martes, queda pendiente la situación de dos grupos, uno de 24 indígenas y otros ocho a los que la Suprema Corte ordenó reponer el procedimiento.
La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) resolverá hoy el segundo grupo de amparos sobre el caso Acteal, en el que se espera sean liberados 26 indígenas acusados de la matanza de 45 personas, ocurrida el 27 de diciembre de 1997 en esa comunidad de Chenalhó, Chiapas.
En el grupo de indígenas tzotziles que hoy espera su libertad está, por ejemplo, Hilario Guzmán Luna, de 77 años, quien fue procesado y sentenciado por la masacre sin una sola prueba o testimonio directo en su contra.
“Es un hombre de edad avanzada, que cuando ocurrió la matanza tenía sesenta y tantos y apenas podía caminar, menos sostener un arma”, explicó Javier Angulo Nobara, representante común de la defensa de los sentenciados.
El abogado confió en que la SCJN confirme el criterio adoptado para los primeros amparos, en el sentido de que la Procuraduría General de la República alteró evidencias y falsificó pruebas al consignar a sus representados, y ordenó su inmediata libertad.
Además de los amparos que se resuelven este martes, queda pendiente la situación de dos grupos, uno de 24 indígenas y otros ocho a los que la Suprema Corte ordenó reponer el procedimiento.
martes, 25 de agosto de 2009
Chuayffet pide llegar “al fondo” en Acteal.
Noticia:
La masacre de Acteal debe investigarse “hasta el fondo”, sentenció Emilio Chuayffet, diputado electo y ex secretario de Gobernación, quien agregó: “No podemos quedarnos satisfechos con lo que tenemos hasta hoy”.
Encargado de la política interior en 1997, fecha en que ocurrieron los sangrientos hechos en Chiapas, dijo que lo han llamado “cínico” por demandar tal investigación. “Considero que es una palabra fuerte e inapropiada”, dijo.
En conferencia de prensa en San Lázaro, después de registrarse, Chuayffet manifestó: “Acteal debe ser materia de una investigación en la que todos, sin excepeción, produzcamos nuestras declaraciones sobre los hechos”.
Añadió que de esta manera, investigando a fondo, interrogando a cuantos sea posible, las autoridades deben llegar a una conclusión que tenga credibilidad y certidumbre para los mexicanos, pero fundamentalmente para los habitantes de Chenalhó.
Más adelante, cuando se retiraba del Palacio Legislativo, comentaría, como lo ha hecho en otras ocasiones, que lo ocurrido en Acteal —donde fueron asesinadas 45 personas— le dejó gran dolor, profundo pesar, pero de ningún modo sentimiento de culpabilidad.
Cabe recordar que en mayo de 2002, cuando llegó a la Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional del PRI, Chuayffet estableció que ningún juicio de carácter penal lo había involucrado en la masacre, tampoco la relatoría que en su momento hizo la ONU.
En aquella ocasión también aseguró que no fue destitutido de Gobernación por lo ocurrido en Chenalhó, sino que presentó su renuncia.
Ayer, finalmente aseguró que está dispuesto a rendir declaración, ya que él es quien está demandando que se investigue sin excepción alguna.
La masacre de Acteal debe investigarse “hasta el fondo”, sentenció Emilio Chuayffet, diputado electo y ex secretario de Gobernación, quien agregó: “No podemos quedarnos satisfechos con lo que tenemos hasta hoy”.
Encargado de la política interior en 1997, fecha en que ocurrieron los sangrientos hechos en Chiapas, dijo que lo han llamado “cínico” por demandar tal investigación. “Considero que es una palabra fuerte e inapropiada”, dijo.
En conferencia de prensa en San Lázaro, después de registrarse, Chuayffet manifestó: “Acteal debe ser materia de una investigación en la que todos, sin excepeción, produzcamos nuestras declaraciones sobre los hechos”.
Añadió que de esta manera, investigando a fondo, interrogando a cuantos sea posible, las autoridades deben llegar a una conclusión que tenga credibilidad y certidumbre para los mexicanos, pero fundamentalmente para los habitantes de Chenalhó.
Más adelante, cuando se retiraba del Palacio Legislativo, comentaría, como lo ha hecho en otras ocasiones, que lo ocurrido en Acteal —donde fueron asesinadas 45 personas— le dejó gran dolor, profundo pesar, pero de ningún modo sentimiento de culpabilidad.
Cabe recordar que en mayo de 2002, cuando llegó a la Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional del PRI, Chuayffet estableció que ningún juicio de carácter penal lo había involucrado en la masacre, tampoco la relatoría que en su momento hizo la ONU.
En aquella ocasión también aseguró que no fue destitutido de Gobernación por lo ocurrido en Chenalhó, sino que presentó su renuncia.
Ayer, finalmente aseguró que está dispuesto a rendir declaración, ya que él es quien está demandando que se investigue sin excepción alguna.
jueves, 13 de agosto de 2009
Las Abejas: decisión reabre las heridas.
Noticia:
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) son cómplices “de impunidad” al liberar a 20 participantes en la matanza de 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997, en Acteal, dijeron miembros de la organización Las Abejas.
La Primera Sala de la SCJN dictaminó ayer por cuatro votos en favor y uno en contra un amparo contra la condena por la matanza de Acteal, en Chenalhó, Chiapas, para 57 personas presas desde hace 12 años y de ellas, le concede la libertad inmediata a 20.
“La Suprema Corte abrió de nuevo las heridas en la gente; las personas empezaron a llorar porque vivieron y sintieron el dolor al ver sus familiares y vecinos muertos y heridos por el ataque de los paramilitares que son de aldeas aledañas y de aquí mismo, de Acteal”, dijo Sebastián Pérez Vázquez, presidente de la organización civil.
Las Abejas es un grupo pacífico de meditación integrado por indígenas tzotziles de la diócesis católica y que viven en la zona donde se desarrolla el conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno mexicano desde 1994.
La matanza se dio cuando la comunidad salió de un local donde oraba y el mayor número de víctimas fueron mujeres y niños.
Temen más violencia
Pérez Vázquez también advirtió que puede resurgir la violencia en la región, “porque los paramilitares saldrán fortalecidos” y responsabilizó a la SCJN por lo que pueda ocurrir.
“Los sobrevivientes y los pobladores de Acteal estamos muy molestos e indignados por la liberación de los paramilitares perfectamente bien identificados como participantes de la masacre”, agregó el líder comunal.
El dirigente de Las Abejas, entrevistado en el lugar de la matanza, afirmó que el fallo favorece más a criminales que a víctimas.
Señaló que gobernantes de ese entonces fueron autores intelectuales de la matanza y acusó que los deslindan de responsabilidad.
Pérez Vázquez se refería al entonces presidente Ernesto Zedillo y al gobernador de Chiapas cuando ocurrió la masacre, Julio César Ruiz Ferro.
Según el representante de Las Abejas, quien habló frente a las 45 cruces de madera que recuerdan a los asesinados en 1997, “el gobierno a través de la SCJN se está lavando las manos manchadas de la sangre”.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Diego Cadena, dijo que lo acordado por la SCJN equipara a ese cuerpo con quienes han “perpetrado la estrategia de contrainsurgencia implementada en Chiapas por el Estado mexicano”. (Agencias)
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) son cómplices “de impunidad” al liberar a 20 participantes en la matanza de 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997, en Acteal, dijeron miembros de la organización Las Abejas.
La Primera Sala de la SCJN dictaminó ayer por cuatro votos en favor y uno en contra un amparo contra la condena por la matanza de Acteal, en Chenalhó, Chiapas, para 57 personas presas desde hace 12 años y de ellas, le concede la libertad inmediata a 20.
“La Suprema Corte abrió de nuevo las heridas en la gente; las personas empezaron a llorar porque vivieron y sintieron el dolor al ver sus familiares y vecinos muertos y heridos por el ataque de los paramilitares que son de aldeas aledañas y de aquí mismo, de Acteal”, dijo Sebastián Pérez Vázquez, presidente de la organización civil.
Las Abejas es un grupo pacífico de meditación integrado por indígenas tzotziles de la diócesis católica y que viven en la zona donde se desarrolla el conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno mexicano desde 1994.
La matanza se dio cuando la comunidad salió de un local donde oraba y el mayor número de víctimas fueron mujeres y niños.
Temen más violencia
Pérez Vázquez también advirtió que puede resurgir la violencia en la región, “porque los paramilitares saldrán fortalecidos” y responsabilizó a la SCJN por lo que pueda ocurrir.
“Los sobrevivientes y los pobladores de Acteal estamos muy molestos e indignados por la liberación de los paramilitares perfectamente bien identificados como participantes de la masacre”, agregó el líder comunal.
El dirigente de Las Abejas, entrevistado en el lugar de la matanza, afirmó que el fallo favorece más a criminales que a víctimas.
Señaló que gobernantes de ese entonces fueron autores intelectuales de la matanza y acusó que los deslindan de responsabilidad.
Pérez Vázquez se refería al entonces presidente Ernesto Zedillo y al gobernador de Chiapas cuando ocurrió la masacre, Julio César Ruiz Ferro.
Según el representante de Las Abejas, quien habló frente a las 45 cruces de madera que recuerdan a los asesinados en 1997, “el gobierno a través de la SCJN se está lavando las manos manchadas de la sangre”.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Diego Cadena, dijo que lo acordado por la SCJN equipara a ese cuerpo con quienes han “perpetrado la estrategia de contrainsurgencia implementada en Chiapas por el Estado mexicano”. (Agencias)
La Corte libera a 20 de Acteal.
Noticia:
La Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación de 20 de los indígenas presos por la matanza de Acteal, ya que sus sentencias se basaron en pruebas y testigos fabricados por la Procuraduría General de la República.
Por cuatro votos a uno los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal ampararon a los acusados, que llevan más de 11 años en la cárcel.
Un segundo grupo de 28 presos, quienes purgan condena por la misma masacre, perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad chiapaneca, también será amparado; sin embargo, debido a que su caso estaba a cargo del ministro Sergio Valls, quien pidió no protegerlos, sus expedientes se le turnaron a otro de sus compañeros de mayoría para que redacte los nuevos proyectos de sentencia.
La Corte votará esos juicios pendientes con base en los lineamientos que determinó ayer en el tema.
En su intervención, la ministra Olga Sánchez Cordero dijo que amparó a los acusados porque se detectó que en algunos casos un juez agregó, de manera irregular, delitos que ni siquiera había consignado el Ministerio Público.
Para el ministro Juan Silva, se envía un claro mensaje a las autoridades encargadas de perseguir y castigar los delitos en el sentido de que deben respetar la ley y los derechos humanos.
EL UNIVERSAL publicó el jueves pasado las conclusiones que había alcanzado la Corte sobre el asunto.
La Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación de 20 de los indígenas presos por la matanza de Acteal, ya que sus sentencias se basaron en pruebas y testigos fabricados por la Procuraduría General de la República.
Por cuatro votos a uno los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal ampararon a los acusados, que llevan más de 11 años en la cárcel.
Un segundo grupo de 28 presos, quienes purgan condena por la misma masacre, perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad chiapaneca, también será amparado; sin embargo, debido a que su caso estaba a cargo del ministro Sergio Valls, quien pidió no protegerlos, sus expedientes se le turnaron a otro de sus compañeros de mayoría para que redacte los nuevos proyectos de sentencia.
La Corte votará esos juicios pendientes con base en los lineamientos que determinó ayer en el tema.
En su intervención, la ministra Olga Sánchez Cordero dijo que amparó a los acusados porque se detectó que en algunos casos un juez agregó, de manera irregular, delitos que ni siquiera había consignado el Ministerio Público.
Para el ministro Juan Silva, se envía un claro mensaje a las autoridades encargadas de perseguir y castigar los delitos en el sentido de que deben respetar la ley y los derechos humanos.
EL UNIVERSAL publicó el jueves pasado las conclusiones que había alcanzado la Corte sobre el asunto.
martes, 11 de agosto de 2009
Evangélicos exigen cese persecución por Acteal.
Noticia:
Organizaciones cristianas evangélicas agrupadas en Confraternice hicieron un llamado al obispo Samuel Ruiz y al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas para que dejen de perseguir a los indígenas tzotziles presos desde hace casi 12 años, acusados de la masacre de Acteal.
Arturo Farela, presidente de Confraternice, pidió que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva, sin presión y conforme a derecho, este caso, “para que haya por fin una verdadera justicia”, comentó.
El pastor evangélico afirmó que por casi 12 años ha estado en la cárcel gente inocente que no tuvo que ver con la masacre de Acteal, en la que fallecieron 45 indígenas.
Incluso, consideró que la Corte no sólo debe liberar a los 40 indígenas, sino a los 80 que están presos, pues se ha demostrado que toda la trayectoria judicial ha estado viciada y coludida con la línea de investigación creada “por aquél al que le haya convenido más sofocar el escándalo de la matanza”, expuso.
Cada vez más voces, dijo, exigen una investigación genuina y “que los verdaderos autores materiales e intelectuales, y los funcionarios que tácitamente han avalado este caso, sean sujetos a la justicia penal mexicana”.
El presbítero confió en que la Corte finque responsabilidades al ex procurador Jorge Madrazo y al fiscal especial para el caso Acteal, que “inventó chivos espiatorios”.
Organizaciones cristianas evangélicas agrupadas en Confraternice hicieron un llamado al obispo Samuel Ruiz y al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas para que dejen de perseguir a los indígenas tzotziles presos desde hace casi 12 años, acusados de la masacre de Acteal.
Arturo Farela, presidente de Confraternice, pidió que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva, sin presión y conforme a derecho, este caso, “para que haya por fin una verdadera justicia”, comentó.
El pastor evangélico afirmó que por casi 12 años ha estado en la cárcel gente inocente que no tuvo que ver con la masacre de Acteal, en la que fallecieron 45 indígenas.
Incluso, consideró que la Corte no sólo debe liberar a los 40 indígenas, sino a los 80 que están presos, pues se ha demostrado que toda la trayectoria judicial ha estado viciada y coludida con la línea de investigación creada “por aquél al que le haya convenido más sofocar el escándalo de la matanza”, expuso.
Cada vez más voces, dijo, exigen una investigación genuina y “que los verdaderos autores materiales e intelectuales, y los funcionarios que tácitamente han avalado este caso, sean sujetos a la justicia penal mexicana”.
El presbítero confió en que la Corte finque responsabilidades al ex procurador Jorge Madrazo y al fiscal especial para el caso Acteal, que “inventó chivos espiatorios”.
domingo, 9 de agosto de 2009
Desconocen en Acteal liberación de familiares.
Noticia:
La inminente liberación de los indígenas presos por la matanza de la ermita de Acteal, es desconocida aún por sus familiares en esta comunidad tzotzil de los Altos de Chiapas, que no ha logrado superar el odio y el rencor.
En medio de la desesperanza, las madres, esposas e hijos de los sentenciados se afanan por la reconciliación comunitaria y exigen justicia para castigar a los verdaderos responsables de la muerte de 45 personas, el 22 de diciembre de 1997.
En esta comunidad tzotzil, desde hace años intentan superar el odio y el rencor que dejó aquella masacre y el posterior encarcelamiento de los acusados en el penal El Amate.
A más de una década del trágico suceso, jóvenes como Edilio Gutiérrez dejaron el terruño para tratar de olvidar.
Desde aquel día las familias han resentido también la muerte de tres mujeres y tres niños. Incluso, algunas madres tuvieron que casarse con otros hombres de la comunidad para poder asegurar el sustento para sus hijos.
Dolor que no cesa
Celso Gutiérrez Santís, de 19 años, tuvo que enfrentar el sufrimiento y el desamparo cuando apenas tenía 8 años.
Sin embargo, Gutiérrez Santís aún recuerda cuando agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) aprehendieron a su padre Antonio Gutiérrez Santís, quien fue sentenciado a 25 años de prisión.
En entrevista, relata que su madre Juana Santís Pérez murió hace tres años, aquejada por la fatiga del trabajo, la enfermedad y la enorme pena que le causó ver a su cónyuge preso.
“Mi madre luchó duro por sus tres hijos, al final no aguantó. Se enfermó y cayó en la tristeza; hasta el último día nos pidió que creyéramos en la inocencia de nuestro padre”, señaló.
A siete años de distancia, Celso vive con su esposa y con su hija Carolina, de dos meses de nacida. Trabaja la agricultura en espera de un mejor porvenir.
Recuerdos dolorosos
Recuerda con dolor la ausencia de su padre y el rechazo que enfrentaron al ser señalados como familiares de los homicidas que tirotearon la ermita en donde oraban 300 personas. “No nos aceptaban ni daban trabajo, porque decían que nuestro padre era un asesino”.
Aún así, se empeña en lograr la reconciliación y la paz con sus vecinos de Acteal.
“Hasta el día que liberen a nuestros familiares sabremos convivir”, señala con esperanza.
Aunque desconoce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría otorgar el amparo a los 41 implicados en los hechos en donde murieron 45 tzotziles, aguarda el momento cuando volverá a encontrarse con su padre.
“Que van a ser liberados, no sabemos si es verdad. Los abogados siempre nos engañan, ya estamos acostumbradas a las mentiras; esta vez, esperaremos a ver si es cierto”, manifestó incrédulo Gutiérrez Santís.
Abandono del gobierno
Lorenzo Pérez Vázquez, presidente del comité ejecutivo agrario de este poblado, afirmó que a 11 años de la matanza de Acteal, la pobreza y la marginación crecieron en esta zona dedicada al cultivo del maíz y el café, que también han tenido malos años.
“El gobierno nos abandonó, nunca recibimos apoyo. Fuimos los familiares y los parientes quienes nos responsabilizamos de criar, ayudar a los niños y de cuidar a los ancianos familiares de los que se fueron presos”, sostuvo Pérez Vázquez.
Que el gobierno los ayude
Indica que una forma de reparar la deuda por los detenidos inocentes, es que el gobierno nos ayude con nuestras tierras, cultivos y viviendas, puntualizó.
En Acteal vive Catalina Pérez López. Entre súplicas y sollozos reclama la liberación de su esposo Hilario Guzmán Luna.
La mujer evangélica desconoce la inminente liberación de su cónyuge. “Todos estos años he confiado en la inocencia de mi esposo; mi vida sin él ha sido puro sufrimiento. Pero si lo liberan vamos a estar muy contentos, porque se va a hacer justicia que tanto hemos pedido a Dios”.
La inminente liberación de los indígenas presos por la matanza de la ermita de Acteal, es desconocida aún por sus familiares en esta comunidad tzotzil de los Altos de Chiapas, que no ha logrado superar el odio y el rencor.
En medio de la desesperanza, las madres, esposas e hijos de los sentenciados se afanan por la reconciliación comunitaria y exigen justicia para castigar a los verdaderos responsables de la muerte de 45 personas, el 22 de diciembre de 1997.
En esta comunidad tzotzil, desde hace años intentan superar el odio y el rencor que dejó aquella masacre y el posterior encarcelamiento de los acusados en el penal El Amate.
A más de una década del trágico suceso, jóvenes como Edilio Gutiérrez dejaron el terruño para tratar de olvidar.
Desde aquel día las familias han resentido también la muerte de tres mujeres y tres niños. Incluso, algunas madres tuvieron que casarse con otros hombres de la comunidad para poder asegurar el sustento para sus hijos.
Dolor que no cesa
Celso Gutiérrez Santís, de 19 años, tuvo que enfrentar el sufrimiento y el desamparo cuando apenas tenía 8 años.
Sin embargo, Gutiérrez Santís aún recuerda cuando agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) aprehendieron a su padre Antonio Gutiérrez Santís, quien fue sentenciado a 25 años de prisión.
En entrevista, relata que su madre Juana Santís Pérez murió hace tres años, aquejada por la fatiga del trabajo, la enfermedad y la enorme pena que le causó ver a su cónyuge preso.
“Mi madre luchó duro por sus tres hijos, al final no aguantó. Se enfermó y cayó en la tristeza; hasta el último día nos pidió que creyéramos en la inocencia de nuestro padre”, señaló.
A siete años de distancia, Celso vive con su esposa y con su hija Carolina, de dos meses de nacida. Trabaja la agricultura en espera de un mejor porvenir.
Recuerdos dolorosos
Recuerda con dolor la ausencia de su padre y el rechazo que enfrentaron al ser señalados como familiares de los homicidas que tirotearon la ermita en donde oraban 300 personas. “No nos aceptaban ni daban trabajo, porque decían que nuestro padre era un asesino”.
Aún así, se empeña en lograr la reconciliación y la paz con sus vecinos de Acteal.
“Hasta el día que liberen a nuestros familiares sabremos convivir”, señala con esperanza.
Aunque desconoce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría otorgar el amparo a los 41 implicados en los hechos en donde murieron 45 tzotziles, aguarda el momento cuando volverá a encontrarse con su padre.
“Que van a ser liberados, no sabemos si es verdad. Los abogados siempre nos engañan, ya estamos acostumbradas a las mentiras; esta vez, esperaremos a ver si es cierto”, manifestó incrédulo Gutiérrez Santís.
Abandono del gobierno
Lorenzo Pérez Vázquez, presidente del comité ejecutivo agrario de este poblado, afirmó que a 11 años de la matanza de Acteal, la pobreza y la marginación crecieron en esta zona dedicada al cultivo del maíz y el café, que también han tenido malos años.
“El gobierno nos abandonó, nunca recibimos apoyo. Fuimos los familiares y los parientes quienes nos responsabilizamos de criar, ayudar a los niños y de cuidar a los ancianos familiares de los que se fueron presos”, sostuvo Pérez Vázquez.
Que el gobierno los ayude
Indica que una forma de reparar la deuda por los detenidos inocentes, es que el gobierno nos ayude con nuestras tierras, cultivos y viviendas, puntualizó.
En Acteal vive Catalina Pérez López. Entre súplicas y sollozos reclama la liberación de su esposo Hilario Guzmán Luna.
La mujer evangélica desconoce la inminente liberación de su cónyuge. “Todos estos años he confiado en la inocencia de mi esposo; mi vida sin él ha sido puro sufrimiento. Pero si lo liberan vamos a estar muy contentos, porque se va a hacer justicia que tanto hemos pedido a Dios”.
viernes, 7 de agosto de 2009
PGR, dice, acatará fallo que libera a presos de Acteal.
Noticia:
La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que en el caso Acteal presentó en su momento pruebas “sólidas y suficientes” que los jueces avalaron y en consecuencia emitieron una sentencia.
Sin embargo, aseguró que respetará cualquier postura en el sentido contrario que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este diario publicó ayer que la Corte terminó de analizar los expedientes de la matanza ocurrida en diciembre de 2007 en la comunidad chiapaneca y concluyó que al menos 40 indígenas condenados son inocentes y deben ser liberados.
Luego de que el año pasado atrajo el caso, el máximo tribunal determinó que la PGR fabricó pruebas y testigos e incurrió en una serie de irregularidades.
La Primera Sala de la Corte votará el próximo miércoles el proyecto de sentencia, y de acuerdo con información recabada, la mayoría de los ministros prevén avalarla.
Entre las anomalías documentadas por la defensa de los indígenas que cumplen sentencias de 20 y 40 años, se menciona la desaparición de evidencia relevante para el caso, la alteración de la escena del crimen, la sustracción de inculpados que realizó de manera ilícita el Ministerio Público y la fabricación de testimonios.
En la investigación, la PGR presentó declaraciones en español de testigos que ni siquiera escribían en su propia lengua.
En la Cámara de Diputados, las fracciones de PAN, PRD y PRI condenaron la manipulación de pruebas en el proceso y plantearon que la Corte asegure resarcir el daño del que fueron víctimas, al menos 40 de los sentenciados.
Para los diputados Alfonso Suárez del Real (PRD) y Alfredo Ríos Camarena (PRI) es una prueba de la corrupción que el país ha padecido de manera histórica y del “manejo faccioso de la justicia”.
En el Senado, el coordinador del PRD, Carlos Navarrete, dijo que la Procuraduría ha acusado falsamente por años a inocentes y ahora se enfrenta a una “vergüenza” por el caso Acteal.
jueves, 6 de agosto de 2009
La PGR aportó pruebas falsas en Acteal: Corte.
Noticia:
Al menos 40 indígenas que han pasado los últimos 11 años de su vida en prisión, inculpados por la matanza en Acteal, Chiapas, son inocentes, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego de revisar los expedientes de 57 de los acusados, el máximo tribunal del país concluyó que la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó pruebas, testigos y cometió un cúmulo de irregularidades en el caso.
A los indígenas, que cumplen sentencias de 20 y 40 años, se les responsabilizó de la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997.
En esa ocasión fueron asesinados 45 indígenas tzotziles cuando realizaban una jornada de oración en una ermita de madera en la comunidad de Acteal, en la zona conocida como Los Altos de Chiapas.
Meses después, la PGR consignó a más de 80 personas como responsables de la matanza. Las investigaciones se realizaron durante la gestión de Jorge Madrazo Cuéllar como procurador, y con Ernesto Zedillo en la Presidencia de la República.
A los capturados se les acusó de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Ahora, a más de una década de los hechos, la Corte concluye que al menos 40 indígenas fueron acusados de manera injusta por la PGR y sentenciados por jueces y magistrados federales.
De acuerdo con datos recabados por este diario, en la votación programada para el próximo miércoles 12 la mayoría de ministros de la Primera Sala votará por amparar a los indígenas, para que queden en libertad de inmediato.
Desde la perspectiva de los ministros, las anomalías encontradas son una muestra de los defectos que presenta el sistema de justicia.
A pesar de que la Corte casi nunca revisa la culpabilidad o inocencia de alguien en un juicio, el año pasado atrajo el asunto por su trascendencia y porque “reviste un interés superlativo, reflejado en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia o bienestar".
Con su decisión, la Suprema Corte pretende también establecer criterios que combatan en el futuro las irregularidades que se cometan relacionadas con la integración deficiente o amañada de las averiguaciones previas, la valoración de las pruebas obtenidas de manera ilegal, el respeto a las garantías procesales y al derecho a una adecuada defensa, así como a una justicia pronta y expedita.
miércoles, 10 de junio de 2009
La Corte aplaza fallo sobre el caso Acteal.
Noticia:
A casi 12 años de distancia de aquel 22 de diciembre de 1997 cuando se registró la matanza de 45 personas, incluyendo niños, en la comunidad de Acteal, Chiapas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza —en medio de un escenario dividido— la posibilidad de amparar a 57 indígenas que fueron sentenciados por los hechos.
Esto por considerar que en sus juicios no se les respetaron garantías y porque se les declaró culpables con base en una serie de pruebas irregulares y testigos a modo que presentó la PGR.
Muy pocas veces la Suprema Corte se manifiesta sobre la culpabilidad o inocencia de alguien en un juicio. Sólo lo hace en juicios únicos y excepcionales. Y el caso Acteal es uno de ellos.
El máximo tribunal del país atrajo este caso en julio del año pasado y pretendía resolverlo en esta semana, pero de última hora el ministro Sergio Valls le pidió a sus compañeros más tiempo para revisar a detalle los expedientes del caso que tiene a su cargo, que es el más numeroso porque agrupa a 31 de los acusados.
Por este motivo la decisión en torno a este juicio se aplazó de manera indefinida.
Los ministros decidieron no ponerle fecha a este asunto, pero estiman que se verá hasta el segundo periodo de sesiones que inicia en agosto próximo.
La Primera Sala de la Corte atrajo los cinco juicios de amparo que promovieron 57 indígenas que fueron sentenciados de 25 a 40 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego exclusivo del Ejército, no sólo por la relevancia particular de lo que pasó en Acteal, sino también porque estos casos le permitirán emitir una serie de lineamientos que deberán respetarse en todos los juicios.
Dichos lineamientos se prevé que estén encaminados a combatir las irregularidades que se cometen en la integración de las averiguaciones previas, en la valoración de las pruebas y las violaciones a las garantías procesales, al derecho a una adecuada defensa y a una justicia pronta y expedital.
Después de atraer los juicios, por un acuerdo interno, los ministros de la Primera Sala comenzaron a revisar el caso, desde mayo, en sesiones privadas.
En dichas sesiones, de acuerdo con fuentes del alto tribunal, tres de los cinco ministros de la Primera Sala se inclinaron por amparar a los indígenas presos, pero por distintos motivos.
Sus opiniones se dividieron entre quienes consideran que es necesario concederles el amparo para que se decrete su libertad inmediata —en especial porque llevan casi 12 años presos sin ser culpables—, y quienes estiman que los amparos sólo deben otorgarse para el efecto de que se reabran sus juicios a fin de que se corrijan las irregularidades detectadas y se emita una nueva sentencia para ellos.
En dichas sesiones otro ministro de la Suprema Corte se manifestó por amparar a los sentenciados y uno más no dejó ver, todavía, cuál es su postura en torno a este tema.
De tal suerte que previo al aplazamiento del llamado caso Acteal, el escenario de la votación se encontraba dividido.
En este contexto, ante la posibilidad de que el caso se resolviera en esta semana, ayer un grupo de indígenas integrantes de la asociación civil conocida como Las Abejas y de sobrevivientes de la matanza, acudió a manifestarse ante las puertas de la Corte para pedir que no sean amparados 12 de los presos a quienes calificaron como paramilitares.
Comentario:
Todo un reto acomodar todo el desoreden que dejaron las autoridades de esa época. ¿La investigación se hará caiga quien caiga?
A casi 12 años de distancia de aquel 22 de diciembre de 1997 cuando se registró la matanza de 45 personas, incluyendo niños, en la comunidad de Acteal, Chiapas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza —en medio de un escenario dividido— la posibilidad de amparar a 57 indígenas que fueron sentenciados por los hechos.
Esto por considerar que en sus juicios no se les respetaron garantías y porque se les declaró culpables con base en una serie de pruebas irregulares y testigos a modo que presentó la PGR.
Muy pocas veces la Suprema Corte se manifiesta sobre la culpabilidad o inocencia de alguien en un juicio. Sólo lo hace en juicios únicos y excepcionales. Y el caso Acteal es uno de ellos.
El máximo tribunal del país atrajo este caso en julio del año pasado y pretendía resolverlo en esta semana, pero de última hora el ministro Sergio Valls le pidió a sus compañeros más tiempo para revisar a detalle los expedientes del caso que tiene a su cargo, que es el más numeroso porque agrupa a 31 de los acusados.
Por este motivo la decisión en torno a este juicio se aplazó de manera indefinida.
Los ministros decidieron no ponerle fecha a este asunto, pero estiman que se verá hasta el segundo periodo de sesiones que inicia en agosto próximo.
La Primera Sala de la Corte atrajo los cinco juicios de amparo que promovieron 57 indígenas que fueron sentenciados de 25 a 40 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego exclusivo del Ejército, no sólo por la relevancia particular de lo que pasó en Acteal, sino también porque estos casos le permitirán emitir una serie de lineamientos que deberán respetarse en todos los juicios.
Dichos lineamientos se prevé que estén encaminados a combatir las irregularidades que se cometen en la integración de las averiguaciones previas, en la valoración de las pruebas y las violaciones a las garantías procesales, al derecho a una adecuada defensa y a una justicia pronta y expedital.
Después de atraer los juicios, por un acuerdo interno, los ministros de la Primera Sala comenzaron a revisar el caso, desde mayo, en sesiones privadas.
En dichas sesiones, de acuerdo con fuentes del alto tribunal, tres de los cinco ministros de la Primera Sala se inclinaron por amparar a los indígenas presos, pero por distintos motivos.
Sus opiniones se dividieron entre quienes consideran que es necesario concederles el amparo para que se decrete su libertad inmediata —en especial porque llevan casi 12 años presos sin ser culpables—, y quienes estiman que los amparos sólo deben otorgarse para el efecto de que se reabran sus juicios a fin de que se corrijan las irregularidades detectadas y se emita una nueva sentencia para ellos.
En dichas sesiones otro ministro de la Suprema Corte se manifestó por amparar a los sentenciados y uno más no dejó ver, todavía, cuál es su postura en torno a este tema.
De tal suerte que previo al aplazamiento del llamado caso Acteal, el escenario de la votación se encontraba dividido.
En este contexto, ante la posibilidad de que el caso se resolviera en esta semana, ayer un grupo de indígenas integrantes de la asociación civil conocida como Las Abejas y de sobrevivientes de la matanza, acudió a manifestarse ante las puertas de la Corte para pedir que no sean amparados 12 de los presos a quienes calificaron como paramilitares.
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Todo un reto acomodar todo el desoreden que dejaron las autoridades de esa época. ¿La investigación se hará caiga quien caiga?
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