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La Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación de 20 de los indígenas presos por la matanza de Acteal, ya que sus sentencias se basaron en pruebas y testigos fabricados por la Procuraduría General de la República.
Por cuatro votos a uno los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal ampararon a los acusados, que llevan más de 11 años en la cárcel.
Un segundo grupo de 28 presos, quienes purgan condena por la misma masacre, perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad chiapaneca, también será amparado; sin embargo, debido a que su caso estaba a cargo del ministro Sergio Valls, quien pidió no protegerlos, sus expedientes se le turnaron a otro de sus compañeros de mayoría para que redacte los nuevos proyectos de sentencia.
La Corte votará esos juicios pendientes con base en los lineamientos que determinó ayer en el tema.
En su intervención, la ministra Olga Sánchez Cordero dijo que amparó a los acusados porque se detectó que en algunos casos un juez agregó, de manera irregular, delitos que ni siquiera había consignado el Ministerio Público.
Para el ministro Juan Silva, se envía un claro mensaje a las autoridades encargadas de perseguir y castigar los delitos en el sentido de que deben respetar la ley y los derechos humanos.
EL UNIVERSAL publicó el jueves pasado las conclusiones que había alcanzado la Corte sobre el asunto.
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