Noticia:
Al cumplirse hoy cuatro años de los hechos violentos entre pobladores de San Salvador Atenco y la fuerza pública que dejó un saldo de dos muertos, decenas de heridos y más de 200 detenidos; a los tres dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Moreno, presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, les fincaron nuevas órdenes de aprehensión por supuestos delitos cometidos hace más de 25 años.
En tanto, simpatizantes del movimiento campesino que echó por la borda el proyecto de construcción del aeropuerto alterno de la ciudad de México en Texcoco, iniciaron actividades para recordar la represión gubernamental que sufrieron en 2006.
Leonel Rivero, representante legal de los integrantes del FPDT, explicó que hasta el momento no se sabe con certeza qué nuevos delitos les imputan a los tres dirigentes que cumplen una condena de 112 años y 67 años de prisión, respectivamente.
De confirmarse las nuevas órdenes de aprehensión, se sumarían a las nueve que ya enfrentan Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Moreno, detenidos el 3 de mayo de 2006, luego de que los miembros del FPDT se enfrentaron a las fuerzas estatales y municipales en el centro de Texcoco.
Ese día los ejidatarios de San Salvador Atenco apoyaron a productores de flores a los que el ayuntamiento de Texcoco les impidió vender sus productos afuera del mercado Belisario Domínguez. Luego, se escenificaron más zafarranchos entre cientos de pobladores y la fuerza pública.
Este domingo, los simpatizantes del FPDT acudieron a tierras de cultivo del cerro de Huatepec y realizaron un acto de protesta para exigir la liberación de 12 de sus compañeros que aún están encarcelados, tres en el Altiplano y nueve más en el penal Molino de Flores de Texcoco. En ese sitio adornaron con flores rojas y blancas.
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lunes, 3 de mayo de 2010
lunes, 28 de septiembre de 2009
Atenco pide a Ejército no patrullar el municipio.
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y vecinos de la localidad denunciaron presuntos abusos de autoridad que cometieron elementos del Ejército Mexicano y de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) durante un operativo realizado este fin de semana en la comunidad de Nexquipáyac, por lo que exigieron que las fuerzas castrenses no vuelvan a pisar el territorio municipal, ya que se anunció que los operativos serán constantes.
Noticia:
Heriberto Salas, uno de los dirigentes del FPDT aseguró que un grupo de 150 elementos del ejército y de la ASE ingresó al poblado durante el viernes y sábado para llevar a cabo un supuesto operativo de vigilancia en el que se cometieron abusos contra los habitantes.
Los que participaron en esas acciones, afirmó, recorrieron las calles y revisaron a todos los que encontraban en su camino, incluidas amas de casa, que se atemorizaron por la presencia de los soldados y de los policías mexiquenses.
“Algunas mujeres fueron auscultadas sin ningún pudor y con lujo de violencia por los elementos del Ejército, lo que causó enojo entre los habitantes. No nos indicaron que buscaban”, expresó.
Para Heriberto Salas, los operativos que efectuarán a partir de este fin de semana las fuerzas castrenses y agentes estatales, son una “provocación” que pretende sembrar miedo entre los residentes de San Salvador Atenco, como lo hizo la fuerza pública durante los hechos violentos del 3 y 4 de mayo de 2006 y después de éstos.
El Frente de Pueblos s en Defensa de la Tierra exigió al gobierno federal que suspendan los operativos programados en San Salvador Atenco porque la gente los “repudia”. En tanto, la ASE negó que se hayan cometido abusos durante la presencia que realizó en coordinación con el Ejército Mexicano e informó que los operativos no obedecen a cuestiones políticas, sino para inhibir a la delincuencia y garantizar la seguridad de la población de este municipio y en todo el estado de México.
Los miembros del FPDT buscan desde hace tres años la liberación de 12 de sus compañeros que aún permanecen recluidos, luego de que fueron detenidos durante los hechos de violencia del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco cuando entró la policía al municipio.
Entre los presos, se encuentra Ignacio del Valle Medina, líder emblemático del movimiento campesino que impidió la realización de la construcción del aeropuerto alterno de la ciudad de México en la región de Texcoco.
Noticia:
Heriberto Salas, uno de los dirigentes del FPDT aseguró que un grupo de 150 elementos del ejército y de la ASE ingresó al poblado durante el viernes y sábado para llevar a cabo un supuesto operativo de vigilancia en el que se cometieron abusos contra los habitantes.
Los que participaron en esas acciones, afirmó, recorrieron las calles y revisaron a todos los que encontraban en su camino, incluidas amas de casa, que se atemorizaron por la presencia de los soldados y de los policías mexiquenses.
“Algunas mujeres fueron auscultadas sin ningún pudor y con lujo de violencia por los elementos del Ejército, lo que causó enojo entre los habitantes. No nos indicaron que buscaban”, expresó.
Para Heriberto Salas, los operativos que efectuarán a partir de este fin de semana las fuerzas castrenses y agentes estatales, son una “provocación” que pretende sembrar miedo entre los residentes de San Salvador Atenco, como lo hizo la fuerza pública durante los hechos violentos del 3 y 4 de mayo de 2006 y después de éstos.
El Frente de Pueblos s en Defensa de la Tierra exigió al gobierno federal que suspendan los operativos programados en San Salvador Atenco porque la gente los “repudia”. En tanto, la ASE negó que se hayan cometido abusos durante la presencia que realizó en coordinación con el Ejército Mexicano e informó que los operativos no obedecen a cuestiones políticas, sino para inhibir a la delincuencia y garantizar la seguridad de la población de este municipio y en todo el estado de México.
Los miembros del FPDT buscan desde hace tres años la liberación de 12 de sus compañeros que aún permanecen recluidos, luego de que fueron detenidos durante los hechos de violencia del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco cuando entró la policía al municipio.
Entre los presos, se encuentra Ignacio del Valle Medina, líder emblemático del movimiento campesino que impidió la realización de la construcción del aeropuerto alterno de la ciudad de México en la región de Texcoco.
jueves, 12 de febrero de 2009
Atenco: Corte exonera a Peña Nieto y a Medina Mora.
Noticia:
Diez de los 11 ministros de la Suprema Corte determinaron no responsabilizar al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, ni al entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, de los abusos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006.
De los diez, siete señalaron que las violaciones a las garantías individuales fueron cometidas sólo por algunos policías, así como por algunos de los mandos medios.
El ministro Genaro Góngora fue el único que pidió declarar responsables a los funcionarios, por omisión.
Comentario:
Lo importante de esta decisión es dejar bien claro que no se trata de una política gubernamental de represión. Sin embargo, al ministro Genaro Gongora le asiste la razón en el sentido de que son cuerpos policiacos cuya responsabilidad por sus conductas siempre recae sobre los niveles más altos. Procedería legalmente, como dice Góngora, por omisión.
Diez de los 11 ministros de la Suprema Corte determinaron no responsabilizar al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, ni al entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, de los abusos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006.
De los diez, siete señalaron que las violaciones a las garantías individuales fueron cometidas sólo por algunos policías, así como por algunos de los mandos medios.
El ministro Genaro Góngora fue el único que pidió declarar responsables a los funcionarios, por omisión.
Comentario:
Lo importante de esta decisión es dejar bien claro que no se trata de una política gubernamental de represión. Sin embargo, al ministro Genaro Gongora le asiste la razón en el sentido de que son cuerpos policiacos cuya responsabilidad por sus conductas siempre recae sobre los niveles más altos. Procedería legalmente, como dice Góngora, por omisión.
miércoles, 11 de febrero de 2009
Atenco: Corte fijará responsabilidades.
Noticia:
La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia llegó a la conclusión de que sí hubo violaciones graves a las garantías de la población en los enfrentamientos de Atenco registrados el 3 y 4 de mayo de 2006, durante el segundo día de análisis en torno a este caso.
Pero dejaron pendiente para hoy precisar cuáles derechos de los pobladores se violaron y la participación de funcionarios involucrados, desde el gobernador Enrique Peña Nieto, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, hasta mandos de la policía a cargo de los operativos.
En cinco horas de discusión separadas por dos recesos, 10 ministros coincidieron en que se violaron derechos a la vida, a la no discriminación por género, a no ser torturado, a la integridad personal, al debido proceso legal, a la justicia, a la igualdad ante la ley, a no ser detenido arbitrariamente, a la inviolabilidad del domicilio y a las libertades de trabajo, sexual y de expresión.
El único en desacuerdo con declarar la existencia de violaciones a garantías fue Sergio Aguirre Anguiano e incluso puso en duda que algunas mujeres hubieran sido víctimas de abusos sexuales. Su propuesta no tuvo eco.
Genaro Góngora, Juan Silva, Sergio Valls, Mariano Azuela, José Ramón Cossío, Olga Sánchez, Fernando Franco, Margarita Luna y Guillermo Ortiz coincidieron con el dictamen que presentó el ministro José de Jesús Gudiño, aunque con diversos matices, en que en Atenco sí era necesario emplear la fuerza pública, pero al aplicarla se incurrió en las violaciones citadas.
Uno de los puntos en que hubo divergencia fue la muerte de Javier Cortés y Alexis Benhumea, pues mientras el ministro Góngora se mantuvo en su postura de culpar a la policía, la mayoría de sus compañeros se pronunció por no determinar si los responsables fueron policías, por no contar con pruebas suficientes para determinar quién detonó la bala que mató al primero ni quién arrojó el artefacto que hirió y provocó la muerte del segundo.
Para la sesión de hoy se espera que el Pleno de la Corte revise cuáles autoridades estuvieron involucradas en estos hechos.
La discusión en torno a la participación de la autoridades que intervinieron en el conflicto partirá de la propuesta que presentó el ministro Gudiño Pelayo, como encargado del caso, en el sentido de declarar que si bien la violencia no fue planeada por autoridad alguna, sí se encontraron elementos que permiten considerar que, una vez que se dieron los enfrentamientos y las detenciones, las agresiones fueron permitidas y alentadas por los mandos de la policía que estaban al frente de los operativos.
Se trata de una conclusión que de antemano y antes de empezar su discusión, fue puesta en duda por Genaro Góngora Pimentel.
En su opinión, la violencia en los enfrentamientos fue una venganza planeada por autoridades de rangos “superiores”, a quienes calificó como los autores intelectuales de las agresiones.
Sin mencionarlo por su nombre, cuestionó, de manera directa, la actuación del procurador Medina Mora, quien era secretario de Seguridad Pública federal, por no aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno a las violaciones registradas por policías federales.
“Quienes no aceptaron la recomendación de la CNDH –dijo- violaron gravemente los derechos humanos en su conjunto, pues implica un total desprecio a la dignidad humana”.
Comentario:
Y hay quienes dicen que México no ha cambiado. En la división de poderes, la corte deslindará responsabilidades como debe de ser en un Estado de Derecho.
La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia llegó a la conclusión de que sí hubo violaciones graves a las garantías de la población en los enfrentamientos de Atenco registrados el 3 y 4 de mayo de 2006, durante el segundo día de análisis en torno a este caso.
Pero dejaron pendiente para hoy precisar cuáles derechos de los pobladores se violaron y la participación de funcionarios involucrados, desde el gobernador Enrique Peña Nieto, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, hasta mandos de la policía a cargo de los operativos.
En cinco horas de discusión separadas por dos recesos, 10 ministros coincidieron en que se violaron derechos a la vida, a la no discriminación por género, a no ser torturado, a la integridad personal, al debido proceso legal, a la justicia, a la igualdad ante la ley, a no ser detenido arbitrariamente, a la inviolabilidad del domicilio y a las libertades de trabajo, sexual y de expresión.
El único en desacuerdo con declarar la existencia de violaciones a garantías fue Sergio Aguirre Anguiano e incluso puso en duda que algunas mujeres hubieran sido víctimas de abusos sexuales. Su propuesta no tuvo eco.
Genaro Góngora, Juan Silva, Sergio Valls, Mariano Azuela, José Ramón Cossío, Olga Sánchez, Fernando Franco, Margarita Luna y Guillermo Ortiz coincidieron con el dictamen que presentó el ministro José de Jesús Gudiño, aunque con diversos matices, en que en Atenco sí era necesario emplear la fuerza pública, pero al aplicarla se incurrió en las violaciones citadas.
Uno de los puntos en que hubo divergencia fue la muerte de Javier Cortés y Alexis Benhumea, pues mientras el ministro Góngora se mantuvo en su postura de culpar a la policía, la mayoría de sus compañeros se pronunció por no determinar si los responsables fueron policías, por no contar con pruebas suficientes para determinar quién detonó la bala que mató al primero ni quién arrojó el artefacto que hirió y provocó la muerte del segundo.
Para la sesión de hoy se espera que el Pleno de la Corte revise cuáles autoridades estuvieron involucradas en estos hechos.
La discusión en torno a la participación de la autoridades que intervinieron en el conflicto partirá de la propuesta que presentó el ministro Gudiño Pelayo, como encargado del caso, en el sentido de declarar que si bien la violencia no fue planeada por autoridad alguna, sí se encontraron elementos que permiten considerar que, una vez que se dieron los enfrentamientos y las detenciones, las agresiones fueron permitidas y alentadas por los mandos de la policía que estaban al frente de los operativos.
Se trata de una conclusión que de antemano y antes de empezar su discusión, fue puesta en duda por Genaro Góngora Pimentel.
En su opinión, la violencia en los enfrentamientos fue una venganza planeada por autoridades de rangos “superiores”, a quienes calificó como los autores intelectuales de las agresiones.
Sin mencionarlo por su nombre, cuestionó, de manera directa, la actuación del procurador Medina Mora, quien era secretario de Seguridad Pública federal, por no aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno a las violaciones registradas por policías federales.
“Quienes no aceptaron la recomendación de la CNDH –dijo- violaron gravemente los derechos humanos en su conjunto, pues implica un total desprecio a la dignidad humana”.
Comentario:
Y hay quienes dicen que México no ha cambiado. En la división de poderes, la corte deslindará responsabilidades como debe de ser en un Estado de Derecho.
martes, 10 de febrero de 2009
Chocan en la Suprema Corte por Atenco.
Noticia:
La revisión de los hechos de violencia que se dieron en San Salvador Atenco en 2006 dividió ayer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Desde la perspectiva del ministro Genaro Góngora Pimentel, hay elementos suficientes para considerar que un joven murió en los enfrentamientos como consecuencia del disparo de un elemento policiaco.
Sin embargo, los ministros Margarita Luna Ramos y Sergio Aguirre Anguiano refutaron la idea de Góngora.
Comentario:
Sólo puedo comentar, cuestionando: ¿Qué fue lo que realmente sucedió en Atenco?
La revisión de los hechos de violencia que se dieron en San Salvador Atenco en 2006 dividió ayer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Desde la perspectiva del ministro Genaro Góngora Pimentel, hay elementos suficientes para considerar que un joven murió en los enfrentamientos como consecuencia del disparo de un elemento policiaco.
Sin embargo, los ministros Margarita Luna Ramos y Sergio Aguirre Anguiano refutaron la idea de Góngora.
Comentario:
Sólo puedo comentar, cuestionando: ¿Qué fue lo que realmente sucedió en Atenco?
viernes, 30 de enero de 2009
"Endosan" a la policía los abusos de Atenco.
Noticia:
Las carencias y deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad, la falta de profesionalismo de los policías y la inexistencia de una legislación y de protocolos acerca del uso de la fuerza pública fueron las causas que detonaron las violaciones graves que se registraron en la comunidad de Atenco, en mayo de 2006, de acuerdo con el dictamen final que elaboró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José de Jesús Gudiño Pelayo.
Todos estos factores, y no una orden o un plan específico puesto en marcha por alguna autoridad, fueron los que propiciaron que los policías que participaron en los hechos se salieran de control y que, incluso, algunos de ellos abusaran sexualmente de las mujeres detenidas en los operativos.
Porque, de acuerdo con las indagatorias realizadas sobre el caso, sí se detectaron indicios y pruebas de que varias de las mujeres detenidas fueron víctimas de algún tipo de abuso sexual.
En el documento se destaca que el cúmulo de carencias y deficiencias detectadas no son privativas de quienes participaron en los operativos de Atenco, sino de todas las policías del país, por lo que, incluso, de manera reiterada, se advierte del riesgo y del “estado sensible de vulnerabilidad” en que se coloca a la población cada que se tiene que hacer uso de la fuerza pública.
En el considerando octavo del proyecto presentado por Gudiño, en el que se da respuesta a la pregunta: “¿Por qué sucedió, qué motivó lo narrado?”, se explica que derivado de la investigación realizada se advirtió que las carencias y deficiencias sistemáticas en la actividad policiaca, “en general, influyeron en el desarrollo y resultado de los acontecimientos”.
Mientras que la falta de leyes, reglamentos o protocolos sobre el uso de la fuerza pública fue lo que dejó un margen amplio de apreciación para las autoridades involucradas, pues ante este tipo de vacíos es muy fácil que el uso de la fuerza pueda tornarse arbitrario o que “se yerre por exceso o por defecto”.
“La seguridad pública —por tanto, se concluye— es una responsabilidad en la que concurren los gobiernos federal, estatal y municipal; y sus deficiencias y carencias son, por lo mismo, necesarias de atender por todos los niveles de gobierno”.
De ahí que, de manera primordial, el dictamen se concentra en analizar los alcances del uso de la fuerza pública y en fijar los lineamientos y límites que se deben seguir en torno a este tema, para casos futuros, tomando como base al menos 14 convenciones, pactos y códigos internacionales que existen sobre este punto.
Los involucrados
De manera predominante, en el dictamen elaborado por el ministro Gudiño se aclara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no emitirá una lista de responsables de los hechos ocurridos en Atenco, ni tampoco recomendará algún tipo de sanción en particular, por no contar con atribuciones para ello.
En el documento presentado por Gudiño sólo se presenta una relación de las personas que tuvieron algún tipo de participación en los hechos acontecidos los días 3 y 4 de mayo de 2006, “sin realizar un señalamiento acerca de su responsabilidad en los hechos”.
En la lista lo mismo aparecen el gobernador del estado de México y el actual procurador general de la República y ex secretario de Seguridad Pública federal en el momento de los hechos, Eduardo Medina Mora, que funcionarios estatales y federales de menor rango.
Pero a ninguno se le señala como responsable de las violaciones. Porque, se reitera, la Corte no se encuentra facultada para emitir un pronunciamiento en ese sentido, por corresponder al ámbito de otras autoridades en el orden federal, estatal y/o municipal.
Aunque, también, porque se asegura que la información que se recopiló en torno a las funciones que realizó cada una de las autoridades involucradas en el caso Atenco “era inconsistente”.
Además, se aclara que tampoco se menciona y se señala a los policías responsables de los abusos sexuales, porque “tampoco ha sido esclarecido ni puntualizado, en lo que atañe al personal operativo, qué elementos habrían sido los que realizaron las acciones abusivas ya descritas”.
En el dictamen se explica y se detalla qué fue lo que hicieron cada uno de los funcionarios, antes, durante y después de los operativos.
La propuesta del ministro, conforme a lo que establece la Constitución y la propia regulación de la Corte, es narrar lo que hizo cada uno de los funcionarios.
Todo ello, se explica, para que sean otras autoridades —a las que se les turnen las conclusiones del máximo tribunal— quienes determinen si incurrieron en algún tipo de responsabilidad, pero también por los actos u omisiones en que cada uno haya incurrido.
A partir de la próxima semana se difundirá una versión pública del dictamen, que será revisado por el pleno el 9 de febrero.
Comentario:
En cuanto a las deficiencias de los cuerpos policiacos, ni duda cabe, pero debería de haber una sanción contra sus superiores, porque están bajo su responsabilidad. En cuestiones de buen gobierno, todavía falta mucho por hacer.
Las carencias y deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad, la falta de profesionalismo de los policías y la inexistencia de una legislación y de protocolos acerca del uso de la fuerza pública fueron las causas que detonaron las violaciones graves que se registraron en la comunidad de Atenco, en mayo de 2006, de acuerdo con el dictamen final que elaboró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José de Jesús Gudiño Pelayo.
Todos estos factores, y no una orden o un plan específico puesto en marcha por alguna autoridad, fueron los que propiciaron que los policías que participaron en los hechos se salieran de control y que, incluso, algunos de ellos abusaran sexualmente de las mujeres detenidas en los operativos.
Porque, de acuerdo con las indagatorias realizadas sobre el caso, sí se detectaron indicios y pruebas de que varias de las mujeres detenidas fueron víctimas de algún tipo de abuso sexual.
En el documento se destaca que el cúmulo de carencias y deficiencias detectadas no son privativas de quienes participaron en los operativos de Atenco, sino de todas las policías del país, por lo que, incluso, de manera reiterada, se advierte del riesgo y del “estado sensible de vulnerabilidad” en que se coloca a la población cada que se tiene que hacer uso de la fuerza pública.
En el considerando octavo del proyecto presentado por Gudiño, en el que se da respuesta a la pregunta: “¿Por qué sucedió, qué motivó lo narrado?”, se explica que derivado de la investigación realizada se advirtió que las carencias y deficiencias sistemáticas en la actividad policiaca, “en general, influyeron en el desarrollo y resultado de los acontecimientos”.
Mientras que la falta de leyes, reglamentos o protocolos sobre el uso de la fuerza pública fue lo que dejó un margen amplio de apreciación para las autoridades involucradas, pues ante este tipo de vacíos es muy fácil que el uso de la fuerza pueda tornarse arbitrario o que “se yerre por exceso o por defecto”.
“La seguridad pública —por tanto, se concluye— es una responsabilidad en la que concurren los gobiernos federal, estatal y municipal; y sus deficiencias y carencias son, por lo mismo, necesarias de atender por todos los niveles de gobierno”.
De ahí que, de manera primordial, el dictamen se concentra en analizar los alcances del uso de la fuerza pública y en fijar los lineamientos y límites que se deben seguir en torno a este tema, para casos futuros, tomando como base al menos 14 convenciones, pactos y códigos internacionales que existen sobre este punto.
Los involucrados
De manera predominante, en el dictamen elaborado por el ministro Gudiño se aclara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no emitirá una lista de responsables de los hechos ocurridos en Atenco, ni tampoco recomendará algún tipo de sanción en particular, por no contar con atribuciones para ello.
En el documento presentado por Gudiño sólo se presenta una relación de las personas que tuvieron algún tipo de participación en los hechos acontecidos los días 3 y 4 de mayo de 2006, “sin realizar un señalamiento acerca de su responsabilidad en los hechos”.
En la lista lo mismo aparecen el gobernador del estado de México y el actual procurador general de la República y ex secretario de Seguridad Pública federal en el momento de los hechos, Eduardo Medina Mora, que funcionarios estatales y federales de menor rango.
Pero a ninguno se le señala como responsable de las violaciones. Porque, se reitera, la Corte no se encuentra facultada para emitir un pronunciamiento en ese sentido, por corresponder al ámbito de otras autoridades en el orden federal, estatal y/o municipal.
Aunque, también, porque se asegura que la información que se recopiló en torno a las funciones que realizó cada una de las autoridades involucradas en el caso Atenco “era inconsistente”.
Además, se aclara que tampoco se menciona y se señala a los policías responsables de los abusos sexuales, porque “tampoco ha sido esclarecido ni puntualizado, en lo que atañe al personal operativo, qué elementos habrían sido los que realizaron las acciones abusivas ya descritas”.
En el dictamen se explica y se detalla qué fue lo que hicieron cada uno de los funcionarios, antes, durante y después de los operativos.
La propuesta del ministro, conforme a lo que establece la Constitución y la propia regulación de la Corte, es narrar lo que hizo cada uno de los funcionarios.
Todo ello, se explica, para que sean otras autoridades —a las que se les turnen las conclusiones del máximo tribunal— quienes determinen si incurrieron en algún tipo de responsabilidad, pero también por los actos u omisiones en que cada uno haya incurrido.
A partir de la próxima semana se difundirá una versión pública del dictamen, que será revisado por el pleno el 9 de febrero.
Comentario:
En cuanto a las deficiencias de los cuerpos policiacos, ni duda cabe, pero debería de haber una sanción contra sus superiores, porque están bajo su responsabilidad. En cuestiones de buen gobierno, todavía falta mucho por hacer.
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