Frei Montalva fue asesinado, ratifican.

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Un juez anunció ayer que el ex presidente Eduardo Frei Montalva, fallecido hace 27 años en plena dictadura de Augusto Pinochet, fue asesinado con sustancias tóxicas y ordenó la detención y proceso de seis personas, algunas de ellas presuntamente vinculadas a los servicios de seguridad del régimen militar.

Al enterarse del anuncio, la presidenta Michelle Bachelet recordó que al momento de su muerte, Frei Montalva “estaba denunciando las violaciones a los derechos humanos y probablemente eso motivó esta criminal acción en su contra, que finalmente le costó la vida”. “Esto demuestra que en Chile la justicia tarda, pero llega”, agregó Bachelet durante una actividad pública.

El juez Alejandro Madrid declaró a la prensa que al ex presidente “se le inocularon sustancia tóxicas que produjeron otras complicaciones que deterioraron su sistema inmunológico, y esa fue la causa de muerte”.

“Un antes y un después”

El ex mandatario era el padre de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ex presidente y actual candidato a la Presidencia, quien agradeció el trabajo del magistrado y señaló que en la historia política del país “hay un antes y un después porque nunca se había atentado contra la vida de un presidente (en Chile). Este es un magnicidio”.

Informes de dos académicas del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, concluyeron la presencia de más de una toxina en los restos de Frei Montalva, gas mostaza y talio. El primero es un arma química mortal y el segundo un veneno presente en los raticidas. Ambos dañan severamente el aparato digestivo.

Aunque Madrid no lo vinculó directamente a la dictadura, recordó que hubo otros magnicidios cuyos responsables fueron los servicios secretos, como los asesinatos del ex canciller socialista Orlando Letelier y el del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats.

Las personas sometidas a proceso por el juez son los médicos Patricio Silva Garín y Pedro Valdivia, chofer del mandatario, Luis Becerra y un empleado civil del Ejército, Raúl Lillo. Los otros dos médicos son los patólogos de la Universidad Católica que participaron en la autopsia no autorizada por la familia, Helmar Rosenberg y Sergio González. Becerra, Silva y Lillo fueron enjuiciados en calidad de autores; Valdivia como cómplice y Rosenberg y González como encubridores. Silva Garín era militante demócrata cristiano como Frei, su amigo personal y fue su subsecretario de Salud. Participó en la primera de dos intervenciones quirúrgicas.

Becerra confesó que fue pagado por la Central Nacional de Informaciones, la policía secreta del régimen. Lillo era en la época un agente de la policía secreta y funcionario de la unidad de la Dirección de Inteligencia del Ejército.

Valdivia participó en la primera de dos operaciones a Frei y su defensa alega que no intervino en la segunda porque se encontraba fuera del país.