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jueves, 20 de agosto de 2009

Proponen eliminar secretarías de Estado.

Noticia:


Las secretarías de la Reforma Agraria y la Función Pública deben desaparecer para 2010 para compensar la falta de recursos que se espera en ese año, plantearon el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y la Universidad Panamericana.

La eliminación de ambas dependencias federales darían un colchón de 7 mil 372 millones de pesos, recursos que fueron programados para su gasto en 2009.

Esa cantidad es ligeramente inferior a los 7 mil 865 millones de pesos del recorte al gasto en subsidios de las secretarías de Educación Pública, Salud y Desarrollo Social que aplicó la Secretaría de Hacienda, el cual se anunció la semana pasada.

Juan Pardinas, director de análisis y finanzas públicas del Imco, puntualizó que la Secretaría de la Reforma Agraria debe desaparecer porque en el territorio mexicano ya no hay tierras que repartir.

“Es una herencia e inercia de gasto que no sé para qué existe”, puntualizó.

Si desde la administración del expresidente Vicente Fox Quesada se hubieran cerrado sus oficinas, los recursos presupuestados hubieran servido para construir tres refinerías de Pemex, argumentó Pardinas.

En conferencia de prensa, afirmó que la Secretaría de la Función pública es una herencia del presidencialismo mexicano.

“No hay razón para que la contabilidad interna del gobierno esté centralizada en una secretaría. No veo una justificación clara de su existencia en tiempos recientes”, dijo.

Cuando se creó la Secretaría de la Función Pública, en México no había criterios de transparencia y rendición de cuentas, dijo.

Más ajustes

En Xalapa, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, propuso al presidente Felipe Calderón eliminar todas las delegaciones federales en los estados para ahorrarse anualmente 233 mil millones de pesos.

Durante la inauguración de un laboratorio para producir orquídeas, aseguró que es momento de recordarle al Partido Acción Nacional (PAN) “su vocación federalista” y eliminar dichas oficinas federales que sólo duplican funciones con municipios y estados.

Pero además, sostuvo, lo más importante es que con el ahorro de esos recursos se podrá hacer frente al déficit anticipado y a la grave presión presupuestal derivado de la caída en los ingresos petroleros.

Herrera Beltrán aseveró que con la eliminación de oficinas federales en los estados se logrará contar con un ahorro para allegarse de recursos y evitar así la creación de nuevos impuestos o incrementar los que ya existen.

Gabriel Pérez del Peral, director de la Facultad de Economía de la Universidad Panamericana, coincidió con la propuesta de eliminar dependencias que son obsoletas como la Reforma Agraria y la Función Pública.

Jorge Romero, director ejecutivo de Fundar, consultoría especializada en el análisis del gasto público, dijo que es un tema que tiene que ser discutido “ampliamente” por los diferentes sectores.

El directivo del Imco criticó la actitud del gobierno federal, porque consideró que no importa la cantidad de dinero que se necesita, el gobierno siempre gasta más y no ahorra.

Juan Pardinas manifestó que el ajuste al presupuesto de las secretarías de la Reforma Agraria y Función Pública puede ser inferior, pero de “poquito en poquito” se puede formar una bolsa importante.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 considera un gasto de mil 568 millones de pesos para la Secretaría de la Función Pública y 5 mil 804 millones de pesos para la Reforma Agraria.

Los especialistas dijeron que estas secretarías son ejemplo de recortes al gasto, pero hay muchos ejemplos donde el escritorio del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, debería estar trabajando.

Ajustes afectan a quien menos tiene

El directivo de Fundar auguró que el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2010, que la Secretaría de Hacienda enviará al Congreso, proyectará ajustes a los subsidios y criticó que en el reciente ajuste al presupuesto se dañó a las familias pobres de México.

Informó que del recorte total los subsidios fueron los más afectados: a la Secretaría de Desarrollo Social le correspondió 83%; a Salud 69% y a Educación más de 50%.

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