Obama pone en riesgo la seguridad de EU: Cheney.

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La decisión de la administración del presidente Barack Obama de investigar una docena de casos de abusos y tortura que implican a varios agentes o contratistas de la CIA que hicieron uso de “técnicas no autorizadas” —ejecuciones simuladas, asfixia bajo el agua o amenazas de muerte contra familiares— desató una fuerte batalla política.

De un lado está el ex vicepresidente Dick Cheney, principal defensor de las “refinadas técnicas” de interrogatorio de la CIA, quien acusó a Obama de haber emprendido “juicios políticos” contra aquellos que “salvaron millones de vidas” y de “poner en riesgo la seguridad nacional”.

Del otro lado se ubican las organizaciones defensoras de los derechos humanos que han celebrado el inicio de una investigación sobre los más flagrantes casos de tortura, aunque advierten contra la tentación de acotar las investigaciones y ceder ante las presiones contra el procesamiento de los culpables.

La difusión del reporte desclasificado de la CIA, que ha sacado a relucir las prácticas de tortura que la administración del ex presidente George W. Bush se empeñó en mantener lejos del escrutinio público y la vigilancia del Congreso, se convirtió en punto de partida de una nueva política de interrogatorios que destierra la práctica de abusos.

Pero, además, es el inicio de una batalla en la que el secretario de Justicia, Eric Holder, tendrá que mantener un complicado equilibrio entre quienes exigen justicia y quienes se han empeñado en promover el olvido y una ley de punto final.

“La administración del presidente Obama tiene la obligación legal y moral de determinar qué tipo de crímenes fueron perpetrados durante la era Bush, como parte de las detenciones e interrogatorios que se practicaron contra los prisioneros de la guerra que emprendió contra el terrorismo”, consideró Eugene Robinson, uno de los más influyentes analistas políticos y simpatizante de la administración Obama.

“No creo que ni George W. Bush, ni Dick Cheney sean procesados. Pero, al igual que la nación, necesito conocer sin ambages la verdad de lo que ellos y otros hicieron en nuestro nombre”, enfatizó.

Desde las filas del Partido Demócrata y un ejército de organizaciones defensoras de los derechos humanos ha surgido el reclamo con respecto a la creación de una fiscalía especial para investigar y castigar las torturas y abusos cometidos por agentes o contratistas de la CIA durante la cruzada de Bush contra el terrorismo internacional, ha contrastado vivamente con la airada reacción del ex vicepresidente y un nutrido grupo de legisladores demócratas y republicanos.

“Las personas involucradas (en los interrogatorios) se merecen nuestro agradecimiento, no convertirse en objetivo de investigaciones políticas o procesamientos”, dijo Cheney al insinuar la politización de las investigaciones que estarán a cargo de John Durham, un fiscal de carrera de Connecticut.

En opinión de Cheney, la creación de una suerte de tribunal contra quienes “salvaron vidas y previnieron atentados terroristas” durante la administración Bush, deja en evidencia los motivos por los que “millones de estadounidenses” dudan de la capacidad de la administración Obama para velar por la seguridad nacional. “Las actividades de la CIA al llevar a cabo las políticas de la administración Bush fueron directamente responsables de derrotar todos los intentos de Al-Qaeda de lanzar más atentados con gran cantidad de víctimas contra EU”, declaró Cheney.

El ex vicepresidente había pedido este año a la CIA que desclasificara dos memorandos que según él demostraban la efectividad de utilizar duros métodos de interrogatorio a sospechosos de terrorismo. La CIA rechazó en mayo pasado esa petición; sin embargo, el lunes hizo públicos los documentos, con partes clasificadas suprimidas.

La ONU, contra impunidad

La alta comisionada de la ONU para derechos humanos, Navi Pillay, dijo el martes que no debe haber inmunidad dentro de la investigación que se sigue en Estados Unidos a la CIA por acusaciones de abusos y torturas a prisioneros sospechosos de terrorismo.

El próximo paso implicaría responsabilidad criminal para cualquiera que infrinja la ley, dijo Pillay en un comunicado en el que pide mayor transparencia sobre los “sitios secretos de detención y lo que ocurrió en ellos”. Pillay dijo que el uso de lugares de detención secretos debe ser frenado y pidió la publicación de los nombres de los detenidos que actualmente son mantenidos en ellos. (Con información de agencias)