Corrompen oficina anticorrupción.

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Las pretensiones de alcanzar grados de eficiencia y legalidad en el gobierno federal han fracasado en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, acusan analistas. La instancia encargada de dar transparencia y combatir la corrupción, la Secretaría de la Función Pública, ha sido encabezada por amigos y aliados políticos de ambos presidentes.

“En esta y otras secretarías vemos a los amigos y parientes dentro de los organigramas, no a profesionales. Incluso se ha terminado por trabar los servicios de carrera de algunas de ellas (tenemos el caso sintomático de Relaciones Exteriores). Por ello el discurso de la eficacia es un discurso vacío”, dice Israel Covarrubias, director de la revista especializada Metapolítica.

Desde la Secodam hasta la Función Pública, se crearon marcos jurídicos y herramientas preventivas como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Pero no se han logrado prevenir, abatir ni sancionar prácticas de corrupción e impunidad en la gestión pública, señalan.

Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional lo confirman: 197 millones de servicios públicos a ciudadanos se dieron mediante soborno en 2007; en 2005 fueron 115 millones. Estas cifras fueron claves para situar al país en la posición 72 de 180 naciones evaluadas a partir de la corrupción que perciben los ciudadanos de sus autoridades.

Desde el primer contralor panista, Francisco Barrio, hasta Germán Martínez –de los políticos más allegados a Calderón– y el actual secretario Salvador Vega, el órgano supervisor es una farsa, sostiene María Teresa Magallón, jefa del área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas de la UAM Azcapotzalco.