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Grupos ecologistas plantearon que la designación del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recaiga en el Congreso de la Unión y no en la Presidencia de la República.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace coincidieron en la necesidad de que la dependencia cuente con autonomía financiera y de operación para que aplique de manera efectiva las leyes ambientales.
Greenpeace advirtió que por pertenecer a la estructura gubernamental, Profepa se convierte en juez y parte.
En tanto, el Cemda llamó a la procuraduría a aplicar la ley sin importar si los desarrolladores inmobiliarios “son hermanos, primos o parientes” del titular.
Sobre el tema, el coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), José Sarukhán Kermez, comentó que la Profepa tiene una capacidad limitada de acción y no está equiparada a otras dependencias de su tipo como la PGR. Expresó que la Profepa debe ejercer una autonomía equiparable a la que tienen las universidades.
EL UNIVERSAL publicó ayer que un hotel construido ilegalmente sobre un manglar, en Holbox, Quintana Roo, opera de manera normal a pesar de que fue clausurado. Habitantes señalan como dueño del inmueble a Alejandro Patrón Laviada, hermano del procurador ambiental. La representante legal es Bárbara Hernández.
En Mérida se reportó ayer que la edición de este diario no circuló; voceadores y lectores desconocieron la causa.
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