El origen de una rebelión.

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“Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán; además, cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción... El primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante. En ella se puede hacer forestación maderera, especialmente en los 8 millones de hectáreas destruidas, pero para eso se necesita propiedad, es decir un terreno seguro sobre cinco mil, 10 mil o 20 mil hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología... El tercer tema es el de los recursos mineros, en los que el Perú tiene la riqueza más grande del mundo”.

Quien vertió esos conceptos, en un artículo publicado el 28 de octubre de 2007 en el matutino El Comercio de Perú, es el mismo presidente Alan García, y justamente en ese texto aparece la raíz del conflicto entre el gobierno y los indígenas del Amazonas que desembocó en una matanza.

Aquel artículo, en donde el presidente García acusa a las comunidades indígenas de no desarrollar la tierra, es la muestra más palpable de su conversión ideológica. De un centroizquierdista denostado en los años 80 a un neoliberal convencido en el siglo XXI. Pero también fue la piedra fundamental con la que el gobierno decidió avanzar en el loteo de millones de hectáreas en el Amazonas peruano. Para ello aprovechó en su momento la modificación de una serie de leyes propuestas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para lograr que el Congreso le diera carta blanca para sancionar una serie de decretos en función de ese proyecto. Fue en el primer semestre de 2008, lo que de inmediato disparó las primeras huelgas indígenas en el Amazonas y la presentación masiva de la hasta entonces poco conocida Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, liderada por Alberto Pizango.

Decretos cuestionados

Fueron 33 días de huelga y de cortes de ruta y de un conflicto político que la administración García terminó perdiendo. Debió derogar los dos cuestionados decretos. Volvió a la carga este año, con otros decretos, uno para una nueva ley Forestal y de Fauna, en abril, y se desató otra protesta. Así, desde el 9 de ese mes, el reclamo ha sido la derogación de esos decretos. “La primera reacción del gobierno e incluso del ministro de Medio Ambiente, Antonio Brack (fue decir que) hay que dejar seguir la protesta hasta que se cansen”, relataba ayer un ex alto funcionario del gobierno, lo que consideró “un error garrafal” porque lejos de agotarse la protesta, fue creciendo en número y en apoyos políticos, como así también el liderazgo de Pizango.

En días pasados, cuando todos esperaban que el Congreso tratara la derogación, el primer ministro Yehude Simón convocó a una nueva mesa de diálogo. Aceptaron y el Congreso esperaba los resultados para tratar el asunto. “Aquello fue una burla porque después se desató la ofensiva represiva. El mensaje del gobierno es claro. Todo aquel que se oponga a su neoliberalismo será reprimido”, opinó el analista Alberto Adrianzén.

La represión terminó con muertos bajo fuego cruzado, policías asesinados y degollados o secuestrados y una ira que en las próximas horas podría extenderse a otras regiones del país. Para los analistas, el manejo de la crisis “fue el peor error político de la carrera política” del presidente. La demostración de que ninguna conversión es fácil ni gratuita.


Comentario:

Lo cierto es que el gobierno de Alan García ni desarrolla la zona ni impulsa a que mejoren las condiciones de vida de los indígenas. El fracaso de su política está a la vista.