Sudán expulsa a 10 ONG humanitarias.

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Sudán decidió expulsar a 10 organizaciones de asistencia extranjeras de su territorio, poco después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera ayer una orden de arresto contra su presidente, Omar Hasan al-Bashir.

Un comunicado del Ministerio de Asuntos Humanitarios sudanés señaló que las autoridades del país han decidido expulsar a 10 organizaciones de asistencia de nacionalidad británica, francesa, estadounidense y noruega, y disolver otras dos sudanesas.

Algunos de los grupos implicados son Médicos Sin Fronteras, que ya ha confirmado la evacuación de su personal internacional en Darfur, Oxfam, el Consejo Noruego para los Refugiados, Care International y Asistencia Internacional.

La CPI emitió ayer en La Haya una orden de detención contra Al-Bashir por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, en una decisión que ya es rechazada por el régimen de Jartum y que podría causar más tensiones en la atribulada región.

Es la primera orden contra un jefe de Estado en funciones emitida por el tribunal de La Haya. Al-Bashir es el tercer presidente inculpado por la justicia internacional durante su mandato, tras el yugoslavo Slobodan Milosevic y el liberiano Charles Taylor, que fueron juzgados por tribunales especiales.

La CPI no incluyó cargos por genocidio contra Al-Bashir en relación a un conflicto que, según funcionarios de Naciones Unidas, causó la muerte a hasta 300 mil personas desde el 2003 y causó más de dos millones y medio de refugiados.

El presidente Al-Bashir dejó bien claro lo que piensa de la orden de captura emitida en su contra: “Se la pueden meter donde mejor les quepa”, bramó ante una multitud que se manifestaba en su apoyo.

“A aquel que intente cumplir la orden de captura le cortaremos las extremidades”, amenazó en Jartum el jefe de los servicios secretos, Salah Gosh.

La Corte, creada en el 2002, acusó a Al-Bashir, de 65 años, de siete cargos por crímenes de guerra y lesa humanidad, que incluyen asesinato, violación y tortura, entre otros. El panel de tres jueces dijo, sin embargo, que no disponía de suficientes elementos para acusarlo de genocidio.

“Sus víctimas son los mismos civiles que, como presidente, él se suponía que debía proteger”, dijo el fiscal de la Corte, Luis Moreno Ocampo, a periodistas, añadiendo que el gobierno de Sudán está obligado a ejecutar la orden. “Puede ser en dos meses o dos años, pero enfrentará a la justicia”, añadió.

Moreno Ocampo sugirió que Al- Bashir podría ser arrestado si sale de Sudán.

Cientos de manifestantes se reunieron en el centro de Jartum para protestar contra la orden de arresto. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, urgió al gobierno de Sudán a garantizar la seguridad de la población civil y el personal de la ONU en el país ante una posible reacción violenta a la orden de arresto contra el presidente sudanés.

El embajador de Sudán ante la ONU, Abdalmahmood Abdalhaleem Mohamad, dijo que “para nosotros la CPI no existe y no vamos a cooperar con ella”.

En tanto, la Unión Africana (UA) anunció que buscará apoyos para aplazar el proceso iniciado contra el presidente de Sudán, tras señalar que “la búsqueda de la justicia se debe hacer de modo que no impida o amenace la promoción de la paz”.

La Liga Árabe también manifestó su “fuerte descontento” por la orden de arresto contra el presidente sudanés y anunció que mandará una delegación al Consejo de Seguridad de la ONU para retrasar su ejecución.

Al comentar la decisión de la CPI, el gobierno estadounidense dijo que los responsables de atrocidades en Darfur deben “rendir cuentas por sus crímenes”. Por su parte, la Unión Europea reiteró su “apoyo total” a la CPI.

Amnistía Internacional afirmó que la decisión de la CPI demuestra que “nadie está por encima de la ley”. La organización Human Rights Watch consideró en Nueva York que la orden de captura contra Al-Bashir servirá para “estigmatizarlo” y “marginarlo” en las negociaciones del proceso de paz de su país.


Comentario:

Es cero respeto a las libertades humanas.