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El ritual se repite cada viernes en Estados Unidos. Los agentes del Fondo de Garantía de Depósitos (FDIC) se colocan en la puerta de un banco y cuando sale el último cliente toman el control. La pasada madrugada cayeron cinco entidades más (21 este año). Y a la vista de la delicada situación en la que se encuentra el sector financiero, se teme que superarán el centenar.
Para contener la sangría, el equipo económico del presidente Barack Obama tiene previsto anunciar mañana los detalles de su plan para sacar los activos tóxicos de los balances de los bancos. La intención de Washington es conseguir la mayor implicación posible del sector privado en el proceso de limpieza, y para ello les ofrece incentivos con los que adquirir esos activos a un precio favorable.
Muchos bancos en EE UU son insolventes. Sus clientes son incapaces de devolver el dinero que han tomado prestado. Y la vía tradicional de hacerse con capital privado para recomponer sus balances no funciona: las acciones de estas entidades valen poco y la intervención del Gobierno diluye más su valor. Para romper con la espiral, el Departamento del Tesoro va a poner como anzuelo hasta un billón de dólares en financiación.
Pero para asumir riesgos, los inversores privados quieren certidumbres. Los últimos episodios del escándalo de los bonos en la aseguradora AIG no ayudan. Por eso el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, necesita moverse rápido.
Geithner ya expuso las líneas generales de su plan el 10 de febrero. Pero su estrategia para usar el dinero que queda en el fondo de estabilidad financiera no convenció a Wall Street. Los 333.100 millones de dólares (243.800 millones de euros) ya inyectados -casi la mitad del primer plan de rescate, el que aprobó la Administración de Bush en octubre- para recapitalizar los bancos con problemas tampoco parece estar dando grandes resultados, a la vista de la acción de la Reserva Federal (Fed) el pasado miércoles.
Se estima que el dinero canalizado por esta vía llegó a medio centenar de bancos, grandes y pequeños. Pero antes de conceder nuevas ayudas, el Tesoro quiere saber cuál es el estado de salud de los 20 mayores bancos, a los que somete a examen desde hace un mes.
Con el terreno de juego claro, una de las ideas es crear una plataforma integrada por varios fondos de inversión en el que se realicen las operaciones de compraventa de la deuda tóxica, en su mayoría son activos hipotecarios. De esta manera el Gobierno daría la mano al sector privado aportando una parte equivalente del capital (un dólar público por cada uno privado), respaldando las pérdidas que puedan sufrir esos activos y llevándose a cambio parte de las ganancias.
En paralelo se crearía una institución -respaldada en un 85% por la FDIC- en la que se colocarán los activos tóxicos, a la espera de que mejoren las condiciones del mercado. Y se quiere ampliar la gama de activos que estarían cubiertos por el programa. Se volvería así a la misión original sobre la que se diseñó el fondo de rescate de Wall Street en octubre. Pero hay mayor un problema: cómo poner precio a estos activos.
El diablo, como señalan desde el parqué neoyorquino, está en los detalles. Los grandes bancos prefieren dejar esos activos en los balances antes que sacarlos al mercado o venderlos a un precio muy bajo. Eso dispararía más sus pérdidas. Y ni el Tesoro ni los potenciales inversores quieren pagar mucho por ellos.
La idea es que Washington aporte el grueso del dinero que se necesitará para proceder a la descontaminación de los bancos. Y no se descarta que el Tesoro se vea obligado a solicitar otros 100.000 millones más para financiar el plan de rescate. Pero el Congreso de EE UU está en plena caza de brujas, lo que podría dificultar la autorización de fondos adicionales y provocar que el plan dependa más de la Fed y de la FDIC.
Comentario:
Obama propone planes y tiene que convencer. Eso es lo más difícil.
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