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lunes, 26 de enero de 2009

En Uruguay se está privatizando la seguridad.

Noticia:


La sociedad uruguaya vive un marco de delitos que vienen acompañados por un grado de violencia extrema. Ante este aumento, los ciudadanos se sienten desprotegidos por el Estado y para defenderse han comenzado a armarse, a colocar más sistemas de vigilancia y a agruparse, cuando no a hacer justicia por mano propia. En consecuencia el sector privado ha aumentado el gasto en seguridad.

Esta realidad fue analizada por el sociólogo, y candidato a la presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres. A su entender, la sociedad uruguaya está asistiendo a un espiral de violencia cada vez mayor, producto del vacío existente en materia de seguridad.

Mieres dijo que los delincuentes también viven una situación nueva: ahora la víctima esta armada. Como consecuencia, cuando se comete el crimen, se realiza con mayor violencia. Estas circunstancias han llegado al "punto más extremo", al punto que para el profesional consultado la única solución posible pasa por la revalorización de la institución policial y de la seguridad pública.

"En Uruguay se vive una parajoda", afirmó. Esto es porque en las concepciones más liberales en material estatal se reivindica el rol de la gendarmería como un rol del Estado; pero en Uruguay se asiste a una privatización de la seguridad, donde los vecinos deben armarse y actuar colectivEl profesional agregó que a través de los diferentes gobiernos la eficacia de la seguridad es cada vez menor y propuso una comparación entre el gasto privado y el público en materia de seguridad.

Mientras que el gasto público no ha crecido significativamente, "porque los sueldos de los policías no son nada interesantes y cada vez se les permite entrar con menores requisitos de formación", el gasto privado ha aumentado considerablemente, ya sea por la contratación de empresas de seguridad, colocación de rejas y alarmas o compra de armas.

En la última rendición de cuentas, los gastos destinados a la seguridad incluyen US$ 20:, que van directamente al Ministerio del Interior y otros US$ 18:, que se destinan a la reforma del Estado, con los cuales se financiará la Agencia de Gobierno Electrónico y los centros de Atención Ciudadana, entre otras cosas.

MEDIDAS. Desde el punto de vista político, Mieres adelantó que el Partido Independiente ha elaborado un documento sobre la seguridad, el cual se basa en dos claves principales. La anteriormente mencionada, dignificación de la institución policial, y la eliminación del servicio privado 222.

Respecto al primer punto Mieres dijo que el Estado uruguayo debe priorizar el valor de la seguridad en el presupuesto. "Si los uruguayos queremos seguridad, hay que tener claro que debemos pagar por ella", puntualizó.

En cuanto a la eliminación del "222" argumentó que la supresión de este servicio no debe hacerse en base a la reducción del salario del policía, sino que por el contrario el mismo debe mejorar.

"No puede ser que el policía para tener un salario realmente digno, trabaje ocho horas como funcionario policial y otras ocho horas en el 222", criticó. De esta manera, además de no descansar, procurará preservar su trabajo en el servicio privado —de donde puede ser despedido— y descuidará su función policial —de donde no lo pueden echar— ya que es un funcionario público, manifestó el líder político.

Mieres también destacó la urgencia de reorganizar los límites geográficos de las seccionales, los cuales están vigentes desde hace medio siglo. Explicó que los procesos demográficos de distribución de la población han variado considerablemente y, por tanto, zonas que antes estaban vacías hoy están densamente pobladas.

También subrayó la necesidad de terminar con el círculo del delito, conformado por receptores o reducidores, a quien el ladrón vende la mercadería robada. Según el líder del Partido Independiente, la policía seguramente sabe quienes son los reducidores. Si se los elimina, el delincuente ya no tiene donde vender su mercadería, explicó.

Como última medida mencionó la recuperación de la dimensión local de la policía. "Cada comisario debe ser una referencia para el barrio", que esté basada en una relación social fuerte de la policía con la comunidad, así como la tienen hoy el centro comunal o los directores de las escuelas.


"¿En qué quedó el plan de seguridad?"

Mieres indicó que otro problema es que la gestión de la ministra del Interior "poco y nada ayuda" a resolver estos dilemas. Ha tenido una serie de conductas "la descalifican como autoridad" y le quitan capacidad para dar órdenes, agregó.

A su vez, señaló que el Ministerio del Interior no tiene ningún plan para combatir la inseguridad. "El año pasado nos tuvo a todos en vilo con el nuevo plan de seguridad y ¿en qué quedó el plan que se anunció con bombos y platillos?", se preguntó. "La única medida que recuerdo es el aumento del patrullaje, una medida obvia, simple y sin capacidad de tener efectos", agregó.


El País Digital


Comentario:

Un fenómeno de cuidarse y hacerse justicia por propia mano, frente a la incompetencia de la autoridad.

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