El secuestro y asesinato del niño de 14 años, Fernando Martí, no puede y no debe pasar desapercibido, mientras se promueve una consulta petrolera.
La sociedad mexicana debe poner un alto a la impunidad, a la complicidad y a la ineficacia de los políticos, de los partidos y de los gobernantes, sin importar de que filiación sean. Ya han mostrado su incompetencia ante este tipo de crímenes.
En los primeros días de junio pasado, el muchacho Martí iba en el automóvil con su chofer y acompañado por su escolta por el sur de la Ciudad de México, cuando fueron detenidos por un supuesto retén de la PFP y secuestrados. Horas después su chofer y la escolta fueron encontrados muertos.
La familia Martí pago 6 millones de pesos, sin encontrar una respuesta positiva a la liberación de su hijo. Las autoridades callaron el acontecimiento. ¿Para qué? ¿Para no afectarel curso de las investigaciones o para esconder su incompetencia?
¿Cuánta más inseguridad tendrán que soportar no solamente familias que han logrado obtener un buen nivel de vida desde el punto de vista económico, sino clases medias y en muchas ocasiones hasta obreros y trabajadores que apenas gozan de un modesto nivel?
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