Noticia:
Al menos 60 personas han muerto y 225 han resultado heridas en una tormenta que ha destruido más de 50 mil viviendas del estado indio oriental de Bengala y la limítrofe Bihar, informaron hoy fuentes oficiales.
La tormenta se desató anoche en el distrito bengalí de Dinajpur, con vientos de hasta 125 kilómetros por hora que arrastraron grandes cantidades de arena.
Más tarde, la tormenta se desplazó hasta los distritos de Araria y Purnia del estado colindante de Bihar.
Al menos 31 personas murieron en Bengala y 29 en Bihar a causa de la tormenta, que ha herido a 225 personas, según distintas fuentes oficiales citadas por las agencias indias.
El viento derrumbó miles de árboles que cortaron las principales vías de tráfico, rompió postes eléctricos y líneas de comunicación y destrozó más de 50.000 viviendas.
El inspector de la Policía del tercio norteño de Bengala, Kundan Lal Tamta, expresó a la agencia IANS su temor de que "mucha gente esté atrapada bajo árboles caídos y casas arrasadas".
El ministro bengalí de Defensa Civil, Srikumar Mukherjee, explicó a PTI que la tormenta tuvo lugar cuando los ciudadanos ya estaban durmiendo y que los daños han sido considerables porque la mayoría de casas que fueron destrozadas estaban construidas con barro.
Mukherjee describió la situación como "muy grave", dado que se teme que miles de personas se hayan quedado sin hogar.
"No sólo las chozas, ni siquiera las casas pudieron escapar de la cólera (de la tormenta). No hay suministro eléctrico. Los teléfonos fijos y los móviles no funcionan", detalló el ministro.
miércoles, 14 de abril de 2010
Expropiarán dos predios más para línea 12.
Noticia:
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) expropió hoy dos predios más en la delegación Tláhuac para continuar con la construcción de la línea 12 del Metro.
Este miércoles se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos decretos expropiatorios de inmuebles en avenida Tláhuac número 6229, en la colonia La Conchita Zapotitlán y el número 6494-A en el pueblo de Santiago Zapotitlán.
El documento autoriza al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a tomar posesión de los predios que en conjunto suman mil 115 metros cuadrados que son necesarios para edificar el tramo elevado de Zapotitlán a la Nopalera y la edificación de una estación.
El martes, el gobierno capitalino concretó otras dos expropiaciones en sobre Avenida Tláhuac, en la colonia Miguel Hidalgo, donde se requisaron terrenos que suman una superficie de 2 mil 800 metros cuadrados y la demolición de sus inmuebles es necesaria para la edificación del tramo elevado de la línea 12 del Metro.
Tras la publicación del acuerdo, los propietarios deberán acudir a la Consejería Jurídica del DF para que se efectúen los pagos de las indemnizaciones.
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) expropió hoy dos predios más en la delegación Tláhuac para continuar con la construcción de la línea 12 del Metro.
Este miércoles se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos decretos expropiatorios de inmuebles en avenida Tláhuac número 6229, en la colonia La Conchita Zapotitlán y el número 6494-A en el pueblo de Santiago Zapotitlán.
El documento autoriza al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a tomar posesión de los predios que en conjunto suman mil 115 metros cuadrados que son necesarios para edificar el tramo elevado de Zapotitlán a la Nopalera y la edificación de una estación.
El martes, el gobierno capitalino concretó otras dos expropiaciones en sobre Avenida Tláhuac, en la colonia Miguel Hidalgo, donde se requisaron terrenos que suman una superficie de 2 mil 800 metros cuadrados y la demolición de sus inmuebles es necesaria para la edificación del tramo elevado de la línea 12 del Metro.
Tras la publicación del acuerdo, los propietarios deberán acudir a la Consejería Jurídica del DF para que se efectúen los pagos de las indemnizaciones.
Llegan a 400 los muertos por sismo en China.
Noticia:
Al menos 400 personas han muerto y 10 mil están heridas a causa del terremoto de 7.1 grados que sacudió hoy la provincia occidental china de Qinghai, informó la agencia oficial de noticias Xinhua.
El seísmo se produjo a las 7:49 hora local, según la Administración China de Terremotos.
El epicentro se localizó a 33.1 grados latitud norte y 96.7 grados longitud este en el distrito de Yushu, en la prefectura autónoma tibetana del mismo nombre, con una profundidad de 33 kilómetros.
La prensa señala que se han registrado al menos 18 réplicas, la más grande de 6.3 grados de magnitud, una hora y 36 minutos después del principal seísmo.
Cerca de 700 soldados trabajan en las tareas de desescombro y ya han rescatado a más de 900 personas, declaró un portavoz de la Oficina de Emergencia Provincial de Qinghai, quien agregó que "otros 1 mil militares serán enviados a la zona".
El 85% de las viviendas de la ciudad de Jiegu, una de las más afectadas por el seísmo y donde se encuentra el gobierno del distrito, quedaron destruidas, dijo Zhuohuaxia, un portavoz del servicio provincial de emergencias de la zona.
"En las calles reina el pánico y están atestadas de heridos con heridas en la cabeza", relató.
Zhuohuaxia añadió que "muchas personas permanecen enterradas tras el derrumbe de sus viviendas y hay otras muchas heridas que están siendo atendidas en hospitales locales".
Uno de los policías que participa en las labores de rescate aseguró que alumnos de escuelas primarias locales se encuentran entre las víctimas, pero el número todavía se desconoce.
Al menos 400 personas han muerto y 10 mil están heridas a causa del terremoto de 7.1 grados que sacudió hoy la provincia occidental china de Qinghai, informó la agencia oficial de noticias Xinhua.
El seísmo se produjo a las 7:49 hora local, según la Administración China de Terremotos.
El epicentro se localizó a 33.1 grados latitud norte y 96.7 grados longitud este en el distrito de Yushu, en la prefectura autónoma tibetana del mismo nombre, con una profundidad de 33 kilómetros.
La prensa señala que se han registrado al menos 18 réplicas, la más grande de 6.3 grados de magnitud, una hora y 36 minutos después del principal seísmo.
Cerca de 700 soldados trabajan en las tareas de desescombro y ya han rescatado a más de 900 personas, declaró un portavoz de la Oficina de Emergencia Provincial de Qinghai, quien agregó que "otros 1 mil militares serán enviados a la zona".
El 85% de las viviendas de la ciudad de Jiegu, una de las más afectadas por el seísmo y donde se encuentra el gobierno del distrito, quedaron destruidas, dijo Zhuohuaxia, un portavoz del servicio provincial de emergencias de la zona.
"En las calles reina el pánico y están atestadas de heridos con heridas en la cabeza", relató.
Zhuohuaxia añadió que "muchas personas permanecen enterradas tras el derrumbe de sus viviendas y hay otras muchas heridas que están siendo atendidas en hospitales locales".
Uno de los policías que participa en las labores de rescate aseguró que alumnos de escuelas primarias locales se encuentran entre las víctimas, pero el número todavía se desconoce.
Cae avión en Monterrey; reportan al menos 4 muertos.
Noticia:
Un avión de carga se estrelló cuando estaba a punto de aterrizar en la ciudad de Monterrey y al menos cuatro tripulantes murieron, informaron el miércoles las autoridades.
Un quinto tripulante estaba desaparecido, aunque existe el temor de que haya muerto.
Los socorristas retiraron cuatro cadáveres de los restos humeantes de la aeronave en las inmediaciones del aeropuerto, dijo Jorge Camacho, director de Protección Civil de Nuevo León.
Camacho indicó que continuaban los trabajos de rescate en busca de un quinto tripulante, quien podría haber fallecido.
Las autoridades también temían que un vehículo todo terreno hubiera sido aplastado por el avión, pero por ahora se ha podido identificar a ningún vehículo entre los restos, dijo.
La caída del avión en Monterrey fue reportada por usuarios de Twitter, quienes informaron de diversas cifras de muertos minutos después de que se conociera la noticia.
En el sitio de microblog se puede acceder al hashtag #avionMty, en el que algunos usuarios aseguran que son cinco las personas fallecidas en el accidente, sin precisar si se trata de miembros de la tripulación o de personas que se encontraban en tierra al momento del choque.
El avión, un Airbus A300, estaba por aterrizar en un ambiente de lluvia y nubes cuando se estrelló en un camino que lleva a la terminal aérea. La aeronave, de la empresa Aerotransporte de Carga Unión con sede en Ciudad de México, había despegado del DF la noche del martes.
Los bomberos dijeron que el avión se incendió luego del percance, pero que las llamas fueron sofocadas.
Las autoridades investigan la causa del incidente.
Un avión de carga se estrelló cuando estaba a punto de aterrizar en la ciudad de Monterrey y al menos cuatro tripulantes murieron, informaron el miércoles las autoridades.
Un quinto tripulante estaba desaparecido, aunque existe el temor de que haya muerto.
Los socorristas retiraron cuatro cadáveres de los restos humeantes de la aeronave en las inmediaciones del aeropuerto, dijo Jorge Camacho, director de Protección Civil de Nuevo León.
Camacho indicó que continuaban los trabajos de rescate en busca de un quinto tripulante, quien podría haber fallecido.
Las autoridades también temían que un vehículo todo terreno hubiera sido aplastado por el avión, pero por ahora se ha podido identificar a ningún vehículo entre los restos, dijo.
La caída del avión en Monterrey fue reportada por usuarios de Twitter, quienes informaron de diversas cifras de muertos minutos después de que se conociera la noticia.
En el sitio de microblog se puede acceder al hashtag #avionMty, en el que algunos usuarios aseguran que son cinco las personas fallecidas en el accidente, sin precisar si se trata de miembros de la tripulación o de personas que se encontraban en tierra al momento del choque.
El avión, un Airbus A300, estaba por aterrizar en un ambiente de lluvia y nubes cuando se estrelló en un camino que lleva a la terminal aérea. La aeronave, de la empresa Aerotransporte de Carga Unión con sede en Ciudad de México, había despegado del DF la noche del martes.
Los bomberos dijeron que el avión se incendió luego del percance, pero que las llamas fueron sofocadas.
Las autoridades investigan la causa del incidente.
Guerra antinarco suma 22 mil 700 asesinatos.
Noticia:
La violencia vinculada al crimen organizado y al narcotráfico ha dejado más de 22 mil 700 muertos desde diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los cárteles de las drogas, según cifras oficiales.
En un reporte confidencial entregado a legisladores, el gobierno de Calderón señaló que sólo entre enero y marzo de 2010 se han registrado 3 mil 365 asesinatos y que 2009 ha sido el más violento con 9 mil 635 asesinatos, y el estado de Chihuahua el más afectado.
El Ejecutivo señaló que entre diciembre de 2006 y marzo de 2010 han sido detenidas 121 mil 199 personas vinculadas al crimen organizado, y afirmó que el cártel del Golfo y el grupo de Los Zetas han sido las organizaciones del narcotráfico que más detenciones ha registrado, seguido del cártel de Sinaloa.
Miembros de la oposición han sugerido en algunos momentos que el combate a los cárteles de las drogas era desigual, algo que los datos presentados por el gobierno buscan desmentir.
Equidad de arrestos
Sin especificar el número total, el gobierno aseguró que 27% de las detenciones corresponden al Golfo-Zetas y 24% al Pacífico-Sinaloa.
A esas organizaciones les siguen los cárteles de Juárez o de los hermanos Carrillo Fuentes, con 17%; de los hermanos Beltrán Leyva, con 14%, y de Tijuana o de los Arellano Félix con 13%.
“´El tema del combate sesgado a las bandas del crimen organizado estuvo presente (en la reunión) y la respuesta contundente también: no hay una estrategia de pactar con unos y combatir a otros”´, dijo el martes en MVS Radio el presidente del Senado, Carlos Navarrete, sobre la reunión.
El reporte fue entregado la noche del lunes a legisladores federales en un encuentro privado con miembros del gabinete de seguridad de Calderón, incluidos los titulares de Gobernación, de la Defensa, de la Marina, de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.
Aumento de violencia
Apenas asumió el poder en diciembre de 2006, Calderón anunció una ofensiva contra el crimen organizado y el narcotráfico, que ha incluido el despliegue inédito de más de 45 mil soldados para apoyar a las autoridades civiles en el combate a los cárteles de las drogas.
El reporte preparado para los legisladores señaló que en diciembre de 2006 se registraron 62 homicidios y en 2007, 2 mil 837. Para 2008, los asesinatos se dispararon hasta 6 mil 844 y subieron hasta 9 mil 635 en 2009, que lo convirtió en el año más violento, y de enero a marzo de 2010 se registraron 3 mil 365 para sumar en lo que va del gobierno de Calderón un total de 22 mil 743 muertes vinculadas al crimen organizado.
El estado de Chihuahua, al que pertenece la violenta localidad fronteriza de Ciudad Juárez, ha registrado el mayor número de asesinatos con 6 mil 757 entre diciembre de 2006 y marzo de 2010.
Sinaloa, considerado el bastión del cártel del mismo nombre, se ubicó en el segundo lugar con 3 mil 136 homicidios; mientras que Guerrero, donde se ha reportado una disputa de varios cárteles, ocupó el tercer puesto con mil 826 homicidios.
Juárez, en la frontera con El Paso, Texas, ha registrado 4 mil 324 asesinatos en lo que va del gobierno de Calderón, lo que la convierte en la municipalidad con mayor número de homicidios. (EFE)
La violencia vinculada al crimen organizado y al narcotráfico ha dejado más de 22 mil 700 muertos desde diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los cárteles de las drogas, según cifras oficiales.
En un reporte confidencial entregado a legisladores, el gobierno de Calderón señaló que sólo entre enero y marzo de 2010 se han registrado 3 mil 365 asesinatos y que 2009 ha sido el más violento con 9 mil 635 asesinatos, y el estado de Chihuahua el más afectado.
El Ejecutivo señaló que entre diciembre de 2006 y marzo de 2010 han sido detenidas 121 mil 199 personas vinculadas al crimen organizado, y afirmó que el cártel del Golfo y el grupo de Los Zetas han sido las organizaciones del narcotráfico que más detenciones ha registrado, seguido del cártel de Sinaloa.
Miembros de la oposición han sugerido en algunos momentos que el combate a los cárteles de las drogas era desigual, algo que los datos presentados por el gobierno buscan desmentir.
Equidad de arrestos
Sin especificar el número total, el gobierno aseguró que 27% de las detenciones corresponden al Golfo-Zetas y 24% al Pacífico-Sinaloa.
A esas organizaciones les siguen los cárteles de Juárez o de los hermanos Carrillo Fuentes, con 17%; de los hermanos Beltrán Leyva, con 14%, y de Tijuana o de los Arellano Félix con 13%.
“´El tema del combate sesgado a las bandas del crimen organizado estuvo presente (en la reunión) y la respuesta contundente también: no hay una estrategia de pactar con unos y combatir a otros”´, dijo el martes en MVS Radio el presidente del Senado, Carlos Navarrete, sobre la reunión.
El reporte fue entregado la noche del lunes a legisladores federales en un encuentro privado con miembros del gabinete de seguridad de Calderón, incluidos los titulares de Gobernación, de la Defensa, de la Marina, de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.
Aumento de violencia
Apenas asumió el poder en diciembre de 2006, Calderón anunció una ofensiva contra el crimen organizado y el narcotráfico, que ha incluido el despliegue inédito de más de 45 mil soldados para apoyar a las autoridades civiles en el combate a los cárteles de las drogas.
El reporte preparado para los legisladores señaló que en diciembre de 2006 se registraron 62 homicidios y en 2007, 2 mil 837. Para 2008, los asesinatos se dispararon hasta 6 mil 844 y subieron hasta 9 mil 635 en 2009, que lo convirtió en el año más violento, y de enero a marzo de 2010 se registraron 3 mil 365 para sumar en lo que va del gobierno de Calderón un total de 22 mil 743 muertes vinculadas al crimen organizado.
El estado de Chihuahua, al que pertenece la violenta localidad fronteriza de Ciudad Juárez, ha registrado el mayor número de asesinatos con 6 mil 757 entre diciembre de 2006 y marzo de 2010.
Sinaloa, considerado el bastión del cártel del mismo nombre, se ubicó en el segundo lugar con 3 mil 136 homicidios; mientras que Guerrero, donde se ha reportado una disputa de varios cárteles, ocupó el tercer puesto con mil 826 homicidios.
Juárez, en la frontera con El Paso, Texas, ha registrado 4 mil 324 asesinatos en lo que va del gobierno de Calderón, lo que la convierte en la municipalidad con mayor número de homicidios. (EFE)
Seguro Popular; gasto negligente.
Noticia:
El capítulo de irregularidades detectadas en la elaboración de las credenciales para afiliados al Seguro Popular, y cuyos protagonistas fueron directivos de alto nivel de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), continúa sin finalizar hasta ahora.
Tres de los cuatro funcionarios que fueron inhabilitados y sancionados económicamente por la Secretaría de la Función Pública presentaron un juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Si los tres ex funcionarios ganan ese juicio, se cancela su inhabilitación y se librarían de pagar, en conjunto, 450 millones 975 mil 927 pesos.
En 2007, a partir de denuncias ciudadanas, Función Pública comenzó una serie de investigaciones sobre el contrato que en 2005 estableció la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) con la empresa Image Technology México, SA de CV, para elaborar las credenciales Tu Salud para los afiliados al Seguro Popular.
El contrato fue acordado en 368 millones 460 mil pesos.
Esta credencial, se dijo entonces, permitiría identificar a los afiliados al Seguro Popular, comprobar la vigencia de sus derechos, automatizar los registros de información y agilizar los trámites administrativos de las unidades médicas.
En la revisión del ejercicio fiscal del 2006, la Auditoria Superior de la Federación encontró que no se tuvo evidencia de la distribución y entrega de las credenciales y módulos de enrolamiento, así como del funcionamiento y operación de los procesos de credencialización y operación de tales módulos, sobre los cuales se realizaron pagos por un monto de 330 millones de pesos.
En 2006, la CNPSS otorgó un nuevo contrato a la empresa, por 465 millones de pesos, para elaborar nuevas credenciales para los afiliados del Seguro Popular. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública ordenó en 2007 que dicho contrato se suspendiera.
De viaje con el seguro
Las irregularidades encontradas en los contratos para las credenciales del Seguro Popular provocaron que la Secretaría de la Función Pública abriera expedientes en contra de cuatro funcionarios de la CNPSS, durante 2007 y 2008. En mayo de 2007, presentó la primera resolución sobre el caso.
Juan Antonio Fernández Ortiz, el primer titular de la CNPSS, fue inhabilitado para ejercer cargos en el gobierno federal durante diez años.
Además, la Secretaría de la Función Pública estableció en aquel entonces que el ex comisionado tenía que pagar una multa de 454 mil 528 pesos por las irregularidades en el manejo de los recursos destinados al Seguro Popular.
La investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública encontró que Juan Antonio Fernández Ortiz utilizó recursos del Seguro Popular para viajar a Hong Kong, Singapur y Tokio. El motivo del viaje era visitar las instalaciones de Gemplus Industrial, empresa subcontratada por Image Technology, SA de CV para fabricar las credenciales del Seguro Popular.
Fernández Ortiz realizó su viaje junto con Rocío Herrera, entonces directora general adjunta de la CNPS.
Sin embargo, ese viaje no fue autorizado y “existían problemas de justificación. El daño patrimonial fue de alrededor de 200 mil pesos, pero se le impuso una multa de 400 mil pesos”, explica en entrevista Alfonso Sáenz Ramírez, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública.
Fernández Ortiz es uno de los tres ex funcionarios que presentaron un juicio de nulidad de la inhabilitación y de la sanción económica.
Convenios voluntarios
Manuel Martínez Olguín, quien fue director general de procesos y tecnología de la CNPSS, es otro de los ex funcionarios federaels que presentaron el juicio de nulidad de las sanciones impuestas por Función Pública.
En marzo del 2009, Función Pública determinó que Martínez Olguín cometió una “negligencia administrativa”. Lo inhabilitó por 15 años y sancionó económicamente con una multa por 242 millones 593 mil 892 pesos.
Además, en agosto del 2009, Función Pública resolvió que Martínez Olguín también era responsable de la “violación de procedimientos de contratación”, por lo que le dio una nueva inhabilitación para ejercer un puesto público en la administración federal durante 15 años. También se le notificó que tenía otra multa por 103 millones 963 mil 753 pesos.
Pese a la inhabilitación, Manuel Martínez Olguín fue titular de “Innovación gubernamental”, en el Ayuntamiento de Ensenada, en Baja California.
Por lo menos, ese es el cargo con el que se le identifica en los boletines de prensa que distribuyó el Ayuntamiento de Ensenada los días 26 y 29 de mayo del 2009; así como en el comunicado de prensa que se distribuyó posteriormente el 10 de junio del 2009.
Alfonso Sáenz Ramírez, director general de Responsabilidad y Situación Patrimonial de Función Pública, explica que no existe un impedimento legal para evitar que los funcionarios inhabilitados a nivel federal sean contratados por los gobiernos estatales o municipales.
Para evitar estas prácticas, la Secretaría de la Función Pública estableció convenios de colaboración con gobiernos estatales, para que conozcan quienes son los inhabilitados a nivel federal.
Sin embargo, sólo queda como una acción “voluntaria” el que un gobierno estatal o municipal establezca como norma no contratar a un funcionario inhabilitado por la federación.
EL UNIVERSAL buscó a Manuel Martínez Olguín. Personal del Ayuntamiento de Ensenada informó que se le podía encontrar en la Unidad de Espacios Públicos. En esa oficina, la secretaria Elvia Ruth respondió que el señor Martínez Olguín “sólo viene a checar sus recados y se va”.
El pasado 9 de abril, Manuel Martínez Olguín respondió a la petición de entrevista que semanas atrás le realizó este periódico. El ex funcionario federal aseguró que en cuanto recibió la notificación de su inhabilitación, “platiqué con el alcalde de Ensenada y me retiré del cargo” como funcionario municipal.
Martínez Olguín asegura que se dedica a ejercer su profesión de abogado en Baja California. También señaló que se defenderá, a través de los mecanismos legales, de las sanciones que le impuso Función Pública, porque, asegura no cometió ninguna irregularidad.
“Sí hubo irregularidades”: SFP
Carlos Cabrera Hidalgo, ex director general de afiliación y Operación del CNPSS, también forma parte de la lista de ex funcionarios inhabilitados y sancionados económicamente por el caso de las credenciales del Seguro Popular.
El 14 de agosto del 2009, el órgano interno de control de la Secretaría de Salud lo inhabilitó durante 15 años por “violación de procedimientos de contratación”. También estableció que el ex funcionario tenía que pagar un monto de 103 millones 963 mil 753 pesos.
Cabrera Hidalgo también presentó un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Rocío Herrera, ex directora general adjunta de la CNPSS, también fue inhabilitada por un año y se le fijó una sanción económica por 2 mil 480 pesos.
Además, el 6 de mayo de 2009, el órgano interno de control de la Secretaría de Salud presentó en su contra una “amonestación pública” en su contra por “incumplimiento en declaración de situación patrimonial”.
De los cuatro ex funcionarios del Seguro Popular investigados por Función Pública, Rocío Herrera fue la única que pagó el monto económico. Ella no impugnó la sanción.
Al interponer un juicio de nulidad, los tres ex funcionarios consiguieron que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa “suspenda, por el momento, la ejecución del cobro (de la sanción económica impuesta por Función Pública), mientras dicta su resolución”, explica Sáenz Ramírez.
Un juicio de nulidad puede durar, en promedio, entre seis meses a un año. Aunque hay casos que han durado hasta cinco años. Según cálculos de la misma Secretaría de la Función Pública, del 100% de las resoluciones contra ex funcionarios; 30% son impugnadas.
Cuando el Tribunal decreta nulidad de una sanción, explica Sáenz Ramírez, no es porque “no haya existido corrupción o un acto administrativo irregular”, sino porque el acusado realizó una buena defensa o porque no se integró en forma adecuada el expediente.
“No hay casos perfectos y a veces es complicado documentar con plenitud todas las irregularidades”, acepta.
Sobre los casos de corrupción en el Seguro Popular, Sáenz Ramírez apunta que las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública “están respaldados con pruebas, con documentos.
La Secretaría determinó que había responsabilidades y están respaldadas con documentos... Espero que estos procedimientos queden firmes”, agregó el funcionario entrevistado.
El punto final para este capítulo lo colocará el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
El capítulo de irregularidades detectadas en la elaboración de las credenciales para afiliados al Seguro Popular, y cuyos protagonistas fueron directivos de alto nivel de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), continúa sin finalizar hasta ahora.
Tres de los cuatro funcionarios que fueron inhabilitados y sancionados económicamente por la Secretaría de la Función Pública presentaron un juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Si los tres ex funcionarios ganan ese juicio, se cancela su inhabilitación y se librarían de pagar, en conjunto, 450 millones 975 mil 927 pesos.
En 2007, a partir de denuncias ciudadanas, Función Pública comenzó una serie de investigaciones sobre el contrato que en 2005 estableció la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) con la empresa Image Technology México, SA de CV, para elaborar las credenciales Tu Salud para los afiliados al Seguro Popular.
El contrato fue acordado en 368 millones 460 mil pesos.
Esta credencial, se dijo entonces, permitiría identificar a los afiliados al Seguro Popular, comprobar la vigencia de sus derechos, automatizar los registros de información y agilizar los trámites administrativos de las unidades médicas.
En la revisión del ejercicio fiscal del 2006, la Auditoria Superior de la Federación encontró que no se tuvo evidencia de la distribución y entrega de las credenciales y módulos de enrolamiento, así como del funcionamiento y operación de los procesos de credencialización y operación de tales módulos, sobre los cuales se realizaron pagos por un monto de 330 millones de pesos.
En 2006, la CNPSS otorgó un nuevo contrato a la empresa, por 465 millones de pesos, para elaborar nuevas credenciales para los afiliados del Seguro Popular. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública ordenó en 2007 que dicho contrato se suspendiera.
De viaje con el seguro
Las irregularidades encontradas en los contratos para las credenciales del Seguro Popular provocaron que la Secretaría de la Función Pública abriera expedientes en contra de cuatro funcionarios de la CNPSS, durante 2007 y 2008. En mayo de 2007, presentó la primera resolución sobre el caso.
Juan Antonio Fernández Ortiz, el primer titular de la CNPSS, fue inhabilitado para ejercer cargos en el gobierno federal durante diez años.
Además, la Secretaría de la Función Pública estableció en aquel entonces que el ex comisionado tenía que pagar una multa de 454 mil 528 pesos por las irregularidades en el manejo de los recursos destinados al Seguro Popular.
La investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública encontró que Juan Antonio Fernández Ortiz utilizó recursos del Seguro Popular para viajar a Hong Kong, Singapur y Tokio. El motivo del viaje era visitar las instalaciones de Gemplus Industrial, empresa subcontratada por Image Technology, SA de CV para fabricar las credenciales del Seguro Popular.
Fernández Ortiz realizó su viaje junto con Rocío Herrera, entonces directora general adjunta de la CNPS.
Sin embargo, ese viaje no fue autorizado y “existían problemas de justificación. El daño patrimonial fue de alrededor de 200 mil pesos, pero se le impuso una multa de 400 mil pesos”, explica en entrevista Alfonso Sáenz Ramírez, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública.
Fernández Ortiz es uno de los tres ex funcionarios que presentaron un juicio de nulidad de la inhabilitación y de la sanción económica.
Convenios voluntarios
Manuel Martínez Olguín, quien fue director general de procesos y tecnología de la CNPSS, es otro de los ex funcionarios federaels que presentaron el juicio de nulidad de las sanciones impuestas por Función Pública.
En marzo del 2009, Función Pública determinó que Martínez Olguín cometió una “negligencia administrativa”. Lo inhabilitó por 15 años y sancionó económicamente con una multa por 242 millones 593 mil 892 pesos.
Además, en agosto del 2009, Función Pública resolvió que Martínez Olguín también era responsable de la “violación de procedimientos de contratación”, por lo que le dio una nueva inhabilitación para ejercer un puesto público en la administración federal durante 15 años. También se le notificó que tenía otra multa por 103 millones 963 mil 753 pesos.
Pese a la inhabilitación, Manuel Martínez Olguín fue titular de “Innovación gubernamental”, en el Ayuntamiento de Ensenada, en Baja California.
Por lo menos, ese es el cargo con el que se le identifica en los boletines de prensa que distribuyó el Ayuntamiento de Ensenada los días 26 y 29 de mayo del 2009; así como en el comunicado de prensa que se distribuyó posteriormente el 10 de junio del 2009.
Alfonso Sáenz Ramírez, director general de Responsabilidad y Situación Patrimonial de Función Pública, explica que no existe un impedimento legal para evitar que los funcionarios inhabilitados a nivel federal sean contratados por los gobiernos estatales o municipales.
Para evitar estas prácticas, la Secretaría de la Función Pública estableció convenios de colaboración con gobiernos estatales, para que conozcan quienes son los inhabilitados a nivel federal.
Sin embargo, sólo queda como una acción “voluntaria” el que un gobierno estatal o municipal establezca como norma no contratar a un funcionario inhabilitado por la federación.
EL UNIVERSAL buscó a Manuel Martínez Olguín. Personal del Ayuntamiento de Ensenada informó que se le podía encontrar en la Unidad de Espacios Públicos. En esa oficina, la secretaria Elvia Ruth respondió que el señor Martínez Olguín “sólo viene a checar sus recados y se va”.
El pasado 9 de abril, Manuel Martínez Olguín respondió a la petición de entrevista que semanas atrás le realizó este periódico. El ex funcionario federal aseguró que en cuanto recibió la notificación de su inhabilitación, “platiqué con el alcalde de Ensenada y me retiré del cargo” como funcionario municipal.
Martínez Olguín asegura que se dedica a ejercer su profesión de abogado en Baja California. También señaló que se defenderá, a través de los mecanismos legales, de las sanciones que le impuso Función Pública, porque, asegura no cometió ninguna irregularidad.
“Sí hubo irregularidades”: SFP
Carlos Cabrera Hidalgo, ex director general de afiliación y Operación del CNPSS, también forma parte de la lista de ex funcionarios inhabilitados y sancionados económicamente por el caso de las credenciales del Seguro Popular.
El 14 de agosto del 2009, el órgano interno de control de la Secretaría de Salud lo inhabilitó durante 15 años por “violación de procedimientos de contratación”. También estableció que el ex funcionario tenía que pagar un monto de 103 millones 963 mil 753 pesos.
Cabrera Hidalgo también presentó un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Rocío Herrera, ex directora general adjunta de la CNPSS, también fue inhabilitada por un año y se le fijó una sanción económica por 2 mil 480 pesos.
Además, el 6 de mayo de 2009, el órgano interno de control de la Secretaría de Salud presentó en su contra una “amonestación pública” en su contra por “incumplimiento en declaración de situación patrimonial”.
De los cuatro ex funcionarios del Seguro Popular investigados por Función Pública, Rocío Herrera fue la única que pagó el monto económico. Ella no impugnó la sanción.
Al interponer un juicio de nulidad, los tres ex funcionarios consiguieron que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa “suspenda, por el momento, la ejecución del cobro (de la sanción económica impuesta por Función Pública), mientras dicta su resolución”, explica Sáenz Ramírez.
Un juicio de nulidad puede durar, en promedio, entre seis meses a un año. Aunque hay casos que han durado hasta cinco años. Según cálculos de la misma Secretaría de la Función Pública, del 100% de las resoluciones contra ex funcionarios; 30% son impugnadas.
Cuando el Tribunal decreta nulidad de una sanción, explica Sáenz Ramírez, no es porque “no haya existido corrupción o un acto administrativo irregular”, sino porque el acusado realizó una buena defensa o porque no se integró en forma adecuada el expediente.
“No hay casos perfectos y a veces es complicado documentar con plenitud todas las irregularidades”, acepta.
Sobre los casos de corrupción en el Seguro Popular, Sáenz Ramírez apunta que las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública “están respaldados con pruebas, con documentos.
La Secretaría determinó que había responsabilidades y están respaldadas con documentos... Espero que estos procedimientos queden firmes”, agregó el funcionario entrevistado.
El punto final para este capítulo lo colocará el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Diputados expulsan “chatarra” de aulas.
Noticia:
Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó cambios en la Ley General de Salud para prohibir la venta de comida chatarra en escuelas y hacer obligatoria la práctica de actividad física 30 minutos al día en los planteles.
Con el objetivo de atacar el problema de sobrepeso y obesidad entre la población infantil, la reforma otorga atribuciones a las autoridades sanitarias, educativas y laborales para apoyar las actividades recreativas, de esparcimiento, culturales y de promoción para fomentar una alimentación equilibrada.
En el texto, se especifica que la comida que contribuye al desarrollo sano del núcleo familiar es aquella rica en proteínas, baja en grasas y azúcares.
Ayer el secretario de Salud, José Ángel Córdova, informó que junto con la Secretaría de Educación Pública tienen “casi listos” los lineamientos que aplicarán en las escuelas del país para evitar que las cooperativas expendan productos considerados chatarra.
Luego de cinco meses de cabildeos y estudios, la aprobación del dictamen ocurrió sin incidentes. El anunciado cambio que propondrían PAN y Nueva Alianza para flexibilizar el tiempo de ejercicio físico no fue presentado.
El pleno aprobó esta reforma por 372 votos a favor y una abstención.
Cristina Díaz Salazar (PRI), Carlos Alberto Ezeta (PVEM) y Pilar Torre (Nueva Alianza) destacaron en tribuna la pertinencia de promover el consumo de alimentos bajos en grasa y en azúcares entre los niños, sector en el que más han crecido los casos de sobrepeso y obesidad, de acuerdo con datos oficiales.
Señalaron que enfermedades como diabetes, colesterol e hipertensión arterial, comunes entre los adultos, se presentan ahora en edades tempranas.
Agregaron que los recursos que debe destinar el gobierno federal para la atención de esas enfermedades crónico-degenerativas pueden llevar al sistema de salud a una catástrofe financiera.
La minuta se turnó al Senado para su discusión y eventual aprobación.
La priísta Díaz Salazar expresó su confianza en que los cambios resistan las presiones de cabilderos. “El asunto es grave, si no se hace algo ya, en poco tiempo nueve de cada 10 mexicanos padeceremos de obesidad”, añadió.
Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó cambios en la Ley General de Salud para prohibir la venta de comida chatarra en escuelas y hacer obligatoria la práctica de actividad física 30 minutos al día en los planteles.
Con el objetivo de atacar el problema de sobrepeso y obesidad entre la población infantil, la reforma otorga atribuciones a las autoridades sanitarias, educativas y laborales para apoyar las actividades recreativas, de esparcimiento, culturales y de promoción para fomentar una alimentación equilibrada.
En el texto, se especifica que la comida que contribuye al desarrollo sano del núcleo familiar es aquella rica en proteínas, baja en grasas y azúcares.
Ayer el secretario de Salud, José Ángel Córdova, informó que junto con la Secretaría de Educación Pública tienen “casi listos” los lineamientos que aplicarán en las escuelas del país para evitar que las cooperativas expendan productos considerados chatarra.
Luego de cinco meses de cabildeos y estudios, la aprobación del dictamen ocurrió sin incidentes. El anunciado cambio que propondrían PAN y Nueva Alianza para flexibilizar el tiempo de ejercicio físico no fue presentado.
El pleno aprobó esta reforma por 372 votos a favor y una abstención.
Cristina Díaz Salazar (PRI), Carlos Alberto Ezeta (PVEM) y Pilar Torre (Nueva Alianza) destacaron en tribuna la pertinencia de promover el consumo de alimentos bajos en grasa y en azúcares entre los niños, sector en el que más han crecido los casos de sobrepeso y obesidad, de acuerdo con datos oficiales.
Señalaron que enfermedades como diabetes, colesterol e hipertensión arterial, comunes entre los adultos, se presentan ahora en edades tempranas.
Agregaron que los recursos que debe destinar el gobierno federal para la atención de esas enfermedades crónico-degenerativas pueden llevar al sistema de salud a una catástrofe financiera.
La minuta se turnó al Senado para su discusión y eventual aprobación.
La priísta Díaz Salazar expresó su confianza en que los cambios resistan las presiones de cabilderos. “El asunto es grave, si no se hace algo ya, en poco tiempo nueve de cada 10 mexicanos padeceremos de obesidad”, añadió.
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