Noticia:
El primer ministro de Portugal, José Sócrates, celebró ayer los resultados de las elecciones parlamentarias, afirmando que su Partido Socialista (PS) “obtuvo una victoria extraordinaria”. En su primer discurso tras la divulgación de los resultados de los comicios, en los que el PS triunfó con cerca de 36.6% de los votos, Sócrates dijo que el “pueblo portugués eligió sin ambigüedades”.
Según la Comisión Nacional Electoral, el PS perdió la mayoría absoluta.
La principal agrupación de oposición, el conservador Partido Socialdemócrata de Manuela Ferreira Leite, logró cerca de 29.1%. Ferreira Leite, una economista de 68 años apodada la Dama de Hierro, reconoció entretanto la derrota y reveló que llamó por teléfono a Sócrates “para felicitar a los ganadores”, pero también festejó el hecho de que “los votos de los portugueses despojaron al PS de la mayoría absoluta”. Aseguró que su partido realizará “una oposición responsable”, pero advirtió que “no se dejará callar ni intimidar en el pleno ejercicio de sus derechos”.
En 2005, el PS había obtenido 45.03% de los votos, lo que según el sistema electoral le había alcanzado para lograr una mayoría de 121 sobre un total 230 diputados en la Asamblea de la República. El PSD se había alzado cuatro años atrás con 28.77% y tenía desde entonces 75 presentantes en el Parlamento.
Luego de que se conozcan los resultados definitivos, el presidente Anibal Cavaco Silva encargará la formación de gobierno a los socialistas. Según los analistas, esto se convertirá en una dura tarea, ya que los dos grandes partidos descartan formar una “gran coalición” y las agrupaciones menores rechazaron hasta el momento cooperar con el PS.
En total, casi 9.5 millones de electores estaban llamados a elegir a los hasta 230 diputados nacionales en la “Assembleia da República”. De acuerdo con las proyecciones, la abstención ascendió a casi 40%.
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lunes, 28 de septiembre de 2009
miércoles, 23 de septiembre de 2009
Un escándalo debilita las opciones de la candidata conservadora portuguesa.
Noticia:
La oposición conservadora está aturdida. Los socialistas (en el Gobierno) contienen la euforia. En la recta final, la campaña portuguesa ha dado un giro que puede sentenciar las elecciones legislativas del domingo a favor del primer ministro y candidato socialista, José Sócrates, y en contra de la aspirante conservadora, Manuela Ferreira Leite. Un presunto escándalo de espionaje, que inicialmente tenía mala pinta para el jefe de Gobierno, se ha convertido en su tabla de salvación a causa de un grave traspié de uno de los principales asesores del presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva. El único damnificado, de momento, se llama Fernando Lima, colaborador del jefe del Estado desde hace 24 años y su actual jefe de prensa, que fue destituido de manera fulminante el lunes.
El caso compromete al propio Cavaco, deja malparada a la candidata Ferreira Leite -ambos del Partido Social Demócrata (PSD), en la oposición de centroderecha-, y abre numerosos interrogantes sobre la relación entre poder y prensa. Porque entre los ingredientes de esta historia destaca el diario Público, que sacó a la luz el supuesto caso de espionaje. La historia se remonta al 18 de agosto pasado cuando Público tituló en portada: "La Presidencia sospecha estar vigilada por el Gobierno". La supuesta noticia, que tuvo seguimiento al día siguiente, señalaba que desde la oficina del primer ministro se espiaba al presidente de la República, y se citaba el nombre de Rui Paulo Figueiredo, asesor jurídico de Sócrates, como implicado.
La versión del periódico señalaba que dicho consejero fue incluido de manera irregular en la comitiva del presidente Cavaco, en un viaje oficial a Madeira en abril de 2008, durante el cual habría mantenido una actitud que despertó sospechas entre los miembros del entorno presidencial. La noticia daba a entender claramente que el primer ministro espiaba al presidente. Pasadas las vacaciones, la noticia tomó nuevos bríos cuando Diario de Noticias publicó el viernes pasado que la "fuente anónima" de aquella grave acusación era Fernando Lima, hombre de máxima confianza del presidente, quien se habría reunido con un periodista de Público para tramar la historia del espionaje. El mismo día, Cavaco ni confirmó ni desmintió la noticia, dijo que hablaría después de las elecciones, y anunció, para sorpresa general, que ordenaría investigar lo que llamó "cuestiones de seguridad". Los dos últimos domingos, el defensor del lector de Público, Joaquim Vieira, fue sumamente crítico con la actuación del diario y de su director, hasta el punto de preguntarse si el periódico, su periódico, tiene "una agenda política oculta". El lunes, se producía el bombazo: Fernando Lima, el fiel escudero de Cavaco, era destituido.
El asunto no está cerrado ni mucho menos. La opinión mayoritaria es que el presidente tardó en reaccionar y debe una explicación al país, porque ahora las sospechas recaen sobre el jefe del Estado. La cohabitación entre el primer ministro y el presidente, de signo político contrario, no ha sido fácil en los últimos tres años. La distancia entre ambos es considerable. Prueba de ello es que en tres años Cavaco ha ejercido en 12 ocasiones su facultad constitucional de vetar proyectos legislativos auspiciados por los socialistas. El presidente devolvió al Parlamento, entre otras, las leyes sobre paridad, régimen jurídico del divorcio, financiación de partidos y campañas electorales y parejas de hecho, además del estatuto de autonomía de las Azores. El escándalo del supuesto espionaje entre altas instituciones del Estado, cuyas consecuencias son imprevisibles, no contribuye a la estabilidad política de Portugal.
La oposición conservadora está aturdida. Los socialistas (en el Gobierno) contienen la euforia. En la recta final, la campaña portuguesa ha dado un giro que puede sentenciar las elecciones legislativas del domingo a favor del primer ministro y candidato socialista, José Sócrates, y en contra de la aspirante conservadora, Manuela Ferreira Leite. Un presunto escándalo de espionaje, que inicialmente tenía mala pinta para el jefe de Gobierno, se ha convertido en su tabla de salvación a causa de un grave traspié de uno de los principales asesores del presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva. El único damnificado, de momento, se llama Fernando Lima, colaborador del jefe del Estado desde hace 24 años y su actual jefe de prensa, que fue destituido de manera fulminante el lunes.
El caso compromete al propio Cavaco, deja malparada a la candidata Ferreira Leite -ambos del Partido Social Demócrata (PSD), en la oposición de centroderecha-, y abre numerosos interrogantes sobre la relación entre poder y prensa. Porque entre los ingredientes de esta historia destaca el diario Público, que sacó a la luz el supuesto caso de espionaje. La historia se remonta al 18 de agosto pasado cuando Público tituló en portada: "La Presidencia sospecha estar vigilada por el Gobierno". La supuesta noticia, que tuvo seguimiento al día siguiente, señalaba que desde la oficina del primer ministro se espiaba al presidente de la República, y se citaba el nombre de Rui Paulo Figueiredo, asesor jurídico de Sócrates, como implicado.
La versión del periódico señalaba que dicho consejero fue incluido de manera irregular en la comitiva del presidente Cavaco, en un viaje oficial a Madeira en abril de 2008, durante el cual habría mantenido una actitud que despertó sospechas entre los miembros del entorno presidencial. La noticia daba a entender claramente que el primer ministro espiaba al presidente. Pasadas las vacaciones, la noticia tomó nuevos bríos cuando Diario de Noticias publicó el viernes pasado que la "fuente anónima" de aquella grave acusación era Fernando Lima, hombre de máxima confianza del presidente, quien se habría reunido con un periodista de Público para tramar la historia del espionaje. El mismo día, Cavaco ni confirmó ni desmintió la noticia, dijo que hablaría después de las elecciones, y anunció, para sorpresa general, que ordenaría investigar lo que llamó "cuestiones de seguridad". Los dos últimos domingos, el defensor del lector de Público, Joaquim Vieira, fue sumamente crítico con la actuación del diario y de su director, hasta el punto de preguntarse si el periódico, su periódico, tiene "una agenda política oculta". El lunes, se producía el bombazo: Fernando Lima, el fiel escudero de Cavaco, era destituido.
El asunto no está cerrado ni mucho menos. La opinión mayoritaria es que el presidente tardó en reaccionar y debe una explicación al país, porque ahora las sospechas recaen sobre el jefe del Estado. La cohabitación entre el primer ministro y el presidente, de signo político contrario, no ha sido fácil en los últimos tres años. La distancia entre ambos es considerable. Prueba de ello es que en tres años Cavaco ha ejercido en 12 ocasiones su facultad constitucional de vetar proyectos legislativos auspiciados por los socialistas. El presidente devolvió al Parlamento, entre otras, las leyes sobre paridad, régimen jurídico del divorcio, financiación de partidos y campañas electorales y parejas de hecho, además del estatuto de autonomía de las Azores. El escándalo del supuesto espionaje entre altas instituciones del Estado, cuyas consecuencias son imprevisibles, no contribuye a la estabilidad política de Portugal.
miércoles, 5 de agosto de 2009
La corrupción municipal hunde la política portuguesa.
Noticia:
Isaltino Morais trató de guardar la compostura ante los periodistas a la salida de los juzgados de Sintra. Soy un chivo expiatorio de los políticos, dijo. Esbozó una sonrisa poco creíble y aseguró que mantenía su candidatura a la reelección como alcalde de Oeiras, municipio portugués de 162.000 habitantes, en el distrito de Lisboa. Los comicios municipales serán el 11 de octubre, poco después de las legislativas del 27 de septiembre. Un tribunal de tres jueces acababa de condenar a la máxima autoridad municipal de Oeiras (cargo que ostenta desde 1986) a siete años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y una indemnización a Hacienda de medio millón de euros.
La sentencia, insólita por su dureza tratándose de un político, acerca el final de un proceso de cuatro años, salpicado de presiones, contra un dirigente que fue un valor preciado del conservador Partido Social Demócrata (PSD), principal fuerza de la oposición portuguesa, que en su día fue considerado alcalde-modelo y que fue ministro en el Gobierno de José Manuel Durão Barroso, actual presidente de la Comisión Europea. Morais, de 59 años, es, por cierto, ex magistrado.
La sentencia incluye cuatro de los siete delitos de los que el alcalde estaba acusado: evasión, abuso de poder, corrupción y lavado de dinero. En sus conclusiones, el tribunal estima que Morais tuvo "una conducta que mina los fundamentos del Estado democrático". Como el abogado defensor presentó recurso inmediatamente, la condena no será firme hasta que se pronuncie el tribunal de apelaciones. El caso, pues, no está cerrado. Mientras la justicia no diga su última palabra, el señor alcalde sigue en su puesto. Y con ganas de repetir.
Varios de los candidatos a la alcaldía de Oeiras han expresado su intención de no usar en campaña el escándalo, pero han pedido a Morais que reflexione y retire su candidatura.
Isaltino Morais fue procesado en 2005 por ser titular de cuentas bancarias no declaradas en Suiza y en el KBC Bank Brussel, en Bélgica. Según la acusación, el alcalde recibía dinero en sobres que se entregaban en su despacho del Ayuntamiento, para licitar títulos de propiedad, construcciones y permutas de terrenos.
El caso se añade a una lista cada día más larga de regidores condenados, y que siguen en sus alcaldías gracias a una legislación permisiva con la presentación de recursos y a la lentitud de la justicia. Esto, en precampaña electoral, es un problema. Aparecen de nuevo en la prensa nombres como el de Fátima Felgueiras, alcaldesa socialista de Felgueiras, protagonista de uno de los casos más mediáticos. Envuelta en un asunto de corrupción y financiación ilegal, escapó a una orden de prisión preventiva y se refugió en Brasil. A su regreso fue detenida y condenada, pero recurrió y compitió de nuevo por el puesto, esta vez como independiente, en las elecciones de 2005. Ganó y mantiene el cargo a la espera de una sentencia definitiva.
Valentim Loureiro, alcalde de Gondomar y antiguo militante del PSD, fue condenado el año pasado a tres años de cárcel en un proceso por corrupción. Su inhabilitación está suspendida. Pero hay más: Abílio Curto, antiguo alcalde socialista de Guarda; António Cerqueira, ex alcalde de Vila Verda, en la cárcel desde marzo de 2004; Avelino Ferreira Torres, de Marco de Canaveses; Luis Monterroso, de Nazaré; António Lobo, de Ponta do Sol.
La sentencia contra Morais es la noticia política de la semana y, quizás, del verano. La lucha electoral se prevé encarnizada. Los socialistas, acosados desde derecha e izquierda, lo tendrán difícil para conservar la mayoría.
"Es una vergüenza para la democracia que políticos acusados o condenados por delitos graves puedan ser candidatos a elecciones". La reacción de Luis Marques-Mendes ha sido la más contundente de las escuchadas hasta ahora. Por la claridad y porque se trata un destacado dirigente que ocupó la presidencia del PSD.
"La política sin ética es una vergüenza", insiste Marques-Mendes, que intentó, sin éxito, cambiar las cosas. En las municipales de 2005, siendo presidente del PSD, rechazó las candidaturas en las listas del partido de Isaltino Morais y de Valentim Loureiro. Ambos tenían causas pendientes con la Justicia.
Marques-Mendes fue también el autor de un proyecto de ley presentado en la Asamblea hace más de tres años, que declara inelegibles a los candidatos con acusaciones o condenas judiciales especialmente graves. El proyecto fue aprobado en su generalidad por todos los grupos parlamentarios, pero a la hora de la verdad quedó aparcado. "No hubo coraje para avanzar", ha dicho el dirigente del PSD.
Isaltino Morais trató de guardar la compostura ante los periodistas a la salida de los juzgados de Sintra. Soy un chivo expiatorio de los políticos, dijo. Esbozó una sonrisa poco creíble y aseguró que mantenía su candidatura a la reelección como alcalde de Oeiras, municipio portugués de 162.000 habitantes, en el distrito de Lisboa. Los comicios municipales serán el 11 de octubre, poco después de las legislativas del 27 de septiembre. Un tribunal de tres jueces acababa de condenar a la máxima autoridad municipal de Oeiras (cargo que ostenta desde 1986) a siete años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y una indemnización a Hacienda de medio millón de euros.
La sentencia, insólita por su dureza tratándose de un político, acerca el final de un proceso de cuatro años, salpicado de presiones, contra un dirigente que fue un valor preciado del conservador Partido Social Demócrata (PSD), principal fuerza de la oposición portuguesa, que en su día fue considerado alcalde-modelo y que fue ministro en el Gobierno de José Manuel Durão Barroso, actual presidente de la Comisión Europea. Morais, de 59 años, es, por cierto, ex magistrado.
La sentencia incluye cuatro de los siete delitos de los que el alcalde estaba acusado: evasión, abuso de poder, corrupción y lavado de dinero. En sus conclusiones, el tribunal estima que Morais tuvo "una conducta que mina los fundamentos del Estado democrático". Como el abogado defensor presentó recurso inmediatamente, la condena no será firme hasta que se pronuncie el tribunal de apelaciones. El caso, pues, no está cerrado. Mientras la justicia no diga su última palabra, el señor alcalde sigue en su puesto. Y con ganas de repetir.
Varios de los candidatos a la alcaldía de Oeiras han expresado su intención de no usar en campaña el escándalo, pero han pedido a Morais que reflexione y retire su candidatura.
Isaltino Morais fue procesado en 2005 por ser titular de cuentas bancarias no declaradas en Suiza y en el KBC Bank Brussel, en Bélgica. Según la acusación, el alcalde recibía dinero en sobres que se entregaban en su despacho del Ayuntamiento, para licitar títulos de propiedad, construcciones y permutas de terrenos.
El caso se añade a una lista cada día más larga de regidores condenados, y que siguen en sus alcaldías gracias a una legislación permisiva con la presentación de recursos y a la lentitud de la justicia. Esto, en precampaña electoral, es un problema. Aparecen de nuevo en la prensa nombres como el de Fátima Felgueiras, alcaldesa socialista de Felgueiras, protagonista de uno de los casos más mediáticos. Envuelta en un asunto de corrupción y financiación ilegal, escapó a una orden de prisión preventiva y se refugió en Brasil. A su regreso fue detenida y condenada, pero recurrió y compitió de nuevo por el puesto, esta vez como independiente, en las elecciones de 2005. Ganó y mantiene el cargo a la espera de una sentencia definitiva.
Valentim Loureiro, alcalde de Gondomar y antiguo militante del PSD, fue condenado el año pasado a tres años de cárcel en un proceso por corrupción. Su inhabilitación está suspendida. Pero hay más: Abílio Curto, antiguo alcalde socialista de Guarda; António Cerqueira, ex alcalde de Vila Verda, en la cárcel desde marzo de 2004; Avelino Ferreira Torres, de Marco de Canaveses; Luis Monterroso, de Nazaré; António Lobo, de Ponta do Sol.
La sentencia contra Morais es la noticia política de la semana y, quizás, del verano. La lucha electoral se prevé encarnizada. Los socialistas, acosados desde derecha e izquierda, lo tendrán difícil para conservar la mayoría.
"Es una vergüenza para la democracia que políticos acusados o condenados por delitos graves puedan ser candidatos a elecciones". La reacción de Luis Marques-Mendes ha sido la más contundente de las escuchadas hasta ahora. Por la claridad y porque se trata un destacado dirigente que ocupó la presidencia del PSD.
"La política sin ética es una vergüenza", insiste Marques-Mendes, que intentó, sin éxito, cambiar las cosas. En las municipales de 2005, siendo presidente del PSD, rechazó las candidaturas en las listas del partido de Isaltino Morais y de Valentim Loureiro. Ambos tenían causas pendientes con la Justicia.
Marques-Mendes fue también el autor de un proyecto de ley presentado en la Asamblea hace más de tres años, que declara inelegibles a los candidatos con acusaciones o condenas judiciales especialmente graves. El proyecto fue aprobado en su generalidad por todos los grupos parlamentarios, pero a la hora de la verdad quedó aparcado. "No hubo coraje para avanzar", ha dicho el dirigente del PSD.
miércoles, 29 de julio de 2009
El 40% de los portugueses apoya una unión política con España.
Noticia:
La unión política entre España y Portugal es una idea que divide a los portugueses y causa indiferencia en España. El 39,9% de los ciudadanos del país vecino es partidario de integrarse con España en una federación, mientras que la mayoría de los españoles expresan su desinterés cuando se les plantea la propuesta, según una encuesta de la Universidad de Salamanca que fue presentada este martes en la sede de la Secretaría General Iberoamericana en Madrid. El 30,3% de los españoles apoyaría la creación de una unión ibérica.
El Barómetro de Opinión Hispano-Luso (BOHL), dirigido por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca, es el primer estudio conocido sobre lo que piensan los ciudadanos a uno y otro lado de la frontera sobre sus vecinos. Al no existir un sondeo similar con carácter periódico es difícil saber con precisión si la propuesta de federación política gana o pierde adeptos, aunque existe el precedente de la encuesta que publicó en 2006 el semanario lisboeta Sol por la que el 28% de los portugueses estaría dispuesto "a formar un solo país con España".
El sondeo publicado este martes muestra que los portugueses ponen aun menos cortapisas al aprendizaje del español en sus escuelas. El 50% considera que su enseñanza debe ser obligatoria en primaria y secundaria. El consenso es aún mayor si se plantea el estudio del español como lengua optativa, reforma que encuentra la aprobación del 85,1% de los encuestados. Por el contrario, la propuesta del estudio obligatorio del portugués en las escuelas españolas fue rechazada por el 76,2% de los españoles entrevistados.
Los portugueses también se muestran mucho más partidarios de incrementar la cooperación política entre ambos países. Propuestas de gran calado como un sistema fiscal conjunto o la supresión de todas las restricciones a la movilidad y asentamiento de profesionales, trabajadores y empresas reciben el apoyo del 59% y del 72% respectivamente, mientras que sólo el 37,1% y el 63,2% de los españoles es favorableme a estas reformas. Incluso una iniciativa con alto valor simbólico como es la presentación de candidaturas conjuntas para eventos internacionales como campeonatos de fútbol, juegos olímpicos y ferias de muestras, encuentra el apoyo de tres de cada cuatro portugueses. Por el contrario, uno de cada dos españoles está a favor. Lo cierto es que la candidatura ibérica para organizar el mundial de fútbol de 2018 es un proyecto en marcha que debe ser resuelto por la FIFA en diciembre de 2010.
La unión política entre España y Portugal es un asunto polémico que aparece con intermitencia en el debate político luso, pero al que la mayoría de los españoles permanece ajeno. Es la motivación económica la causa del mayor interés del país vecino, como quedó probado en el sondeo del diario Sol. En aquella ocasión el 97% respondió que Portugal se desarrollaría más si se uniera a España. Sin embargo, el BOHL revela que el 34,1% de los encuestados portugueses rechaza esta opción.
"Los portugueses tienen una relación de amor-odio con respecto a España , algo similar a lo que nos pasa a los españoles con los franceses", según el responsable del estudio, Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca, quien establece el paralelismo con base en la posición geográfica y el diferente grado de desarrollo económico.
España y Portugal tienen una historia paralela pero distante. Portugal se convirtió en un reino autónomo de la Corona de Castilla en 1143 y posteriormente, con la excepción de los sesenta años en que Portugal pasó a formar parte de la Monarquía Española (1580-1640), ambos países han seguido rumbos distintos. Mientras que Portugal ha tenido tradicionalmente como referencia exterior a Inglaterra, España puso sus miras en el vecino francés.
El iberismo, una corriente política promovida por burgueses e intelectuales peninsulares en el siglo XIX, y que abogaba por la unión política peninsular no encontró continuidad histórica. "La federación ibérica es una idea que actualmente sigue sin ser considerada seriamente ni a uno ni a otro lado de la frontera y sigue pareciendo una propuesta pretendidamente ingeniosa pero destinada a impresionar".
La hipotética unión de España y Portugal resultaría en el país con mayor extensión de la Unión Europea y el quinto en población con más de 57 millones de habitantes, por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. La suma del Producto Interior Bruto a precios corrientes de los dos países ibéricos daría como resultado la quinta economía de la Unión Europea.
La encuesta, que se llevó a cabo entre abril y mayo mediante entrevistas telefónicas a 876 personas, muestra que no hay ningún asunto de fricción en las relaciones entre España y Portugal y la mayoría de los ciudadanos de ambos países considera que las relaciones bilaterales son buenas o muy buenas. Es destacable el hecho de que mientras que el 51% de los españoles condisera que las relaciones se han mantenido más o menos igual en los últimos años, los portugueses crean en su mayor parte (53,9%) que han mejorado.
El problema principal para los portugueses lo representa el aprovechamiento del agua de los ríos compartidos, que es considerado muy problemático por el 25,3% de los entrevistados, aunque en la sociedad lusa domina la disparidad de opiniones sobre este asunto. La mayor preocupación de los españoles la constituye, sin embargo, el uso del territorio del país vecino como refugio de terroristas y delincuentes. El 51,3% lo considera en alguna medida problemático. Por ello la gran mayoría de la sociedad española reclama un aumento de la cooperación policial, militar y judicial.
Los españoles conceden especial importancia a la comunicación por carretera y ferrocarril (20,7%), aunque según los responsables del sondeo "se trata de una preocupación que probablemente coincidiría con la demanda que existe para mejorar las comunicaciones con cualquier otro punto del territorio peninsular".
La unión política entre España y Portugal es una idea que divide a los portugueses y causa indiferencia en España. El 39,9% de los ciudadanos del país vecino es partidario de integrarse con España en una federación, mientras que la mayoría de los españoles expresan su desinterés cuando se les plantea la propuesta, según una encuesta de la Universidad de Salamanca que fue presentada este martes en la sede de la Secretaría General Iberoamericana en Madrid. El 30,3% de los españoles apoyaría la creación de una unión ibérica.
El Barómetro de Opinión Hispano-Luso (BOHL), dirigido por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca, es el primer estudio conocido sobre lo que piensan los ciudadanos a uno y otro lado de la frontera sobre sus vecinos. Al no existir un sondeo similar con carácter periódico es difícil saber con precisión si la propuesta de federación política gana o pierde adeptos, aunque existe el precedente de la encuesta que publicó en 2006 el semanario lisboeta Sol por la que el 28% de los portugueses estaría dispuesto "a formar un solo país con España".
El sondeo publicado este martes muestra que los portugueses ponen aun menos cortapisas al aprendizaje del español en sus escuelas. El 50% considera que su enseñanza debe ser obligatoria en primaria y secundaria. El consenso es aún mayor si se plantea el estudio del español como lengua optativa, reforma que encuentra la aprobación del 85,1% de los encuestados. Por el contrario, la propuesta del estudio obligatorio del portugués en las escuelas españolas fue rechazada por el 76,2% de los españoles entrevistados.
Los portugueses también se muestran mucho más partidarios de incrementar la cooperación política entre ambos países. Propuestas de gran calado como un sistema fiscal conjunto o la supresión de todas las restricciones a la movilidad y asentamiento de profesionales, trabajadores y empresas reciben el apoyo del 59% y del 72% respectivamente, mientras que sólo el 37,1% y el 63,2% de los españoles es favorableme a estas reformas. Incluso una iniciativa con alto valor simbólico como es la presentación de candidaturas conjuntas para eventos internacionales como campeonatos de fútbol, juegos olímpicos y ferias de muestras, encuentra el apoyo de tres de cada cuatro portugueses. Por el contrario, uno de cada dos españoles está a favor. Lo cierto es que la candidatura ibérica para organizar el mundial de fútbol de 2018 es un proyecto en marcha que debe ser resuelto por la FIFA en diciembre de 2010.
La unión política entre España y Portugal es un asunto polémico que aparece con intermitencia en el debate político luso, pero al que la mayoría de los españoles permanece ajeno. Es la motivación económica la causa del mayor interés del país vecino, como quedó probado en el sondeo del diario Sol. En aquella ocasión el 97% respondió que Portugal se desarrollaría más si se uniera a España. Sin embargo, el BOHL revela que el 34,1% de los encuestados portugueses rechaza esta opción.
"Los portugueses tienen una relación de amor-odio con respecto a España , algo similar a lo que nos pasa a los españoles con los franceses", según el responsable del estudio, Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca, quien establece el paralelismo con base en la posición geográfica y el diferente grado de desarrollo económico.
España y Portugal tienen una historia paralela pero distante. Portugal se convirtió en un reino autónomo de la Corona de Castilla en 1143 y posteriormente, con la excepción de los sesenta años en que Portugal pasó a formar parte de la Monarquía Española (1580-1640), ambos países han seguido rumbos distintos. Mientras que Portugal ha tenido tradicionalmente como referencia exterior a Inglaterra, España puso sus miras en el vecino francés.
El iberismo, una corriente política promovida por burgueses e intelectuales peninsulares en el siglo XIX, y que abogaba por la unión política peninsular no encontró continuidad histórica. "La federación ibérica es una idea que actualmente sigue sin ser considerada seriamente ni a uno ni a otro lado de la frontera y sigue pareciendo una propuesta pretendidamente ingeniosa pero destinada a impresionar".
La hipotética unión de España y Portugal resultaría en el país con mayor extensión de la Unión Europea y el quinto en población con más de 57 millones de habitantes, por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. La suma del Producto Interior Bruto a precios corrientes de los dos países ibéricos daría como resultado la quinta economía de la Unión Europea.
La encuesta, que se llevó a cabo entre abril y mayo mediante entrevistas telefónicas a 876 personas, muestra que no hay ningún asunto de fricción en las relaciones entre España y Portugal y la mayoría de los ciudadanos de ambos países considera que las relaciones bilaterales son buenas o muy buenas. Es destacable el hecho de que mientras que el 51% de los españoles condisera que las relaciones se han mantenido más o menos igual en los últimos años, los portugueses crean en su mayor parte (53,9%) que han mejorado.
El problema principal para los portugueses lo representa el aprovechamiento del agua de los ríos compartidos, que es considerado muy problemático por el 25,3% de los entrevistados, aunque en la sociedad lusa domina la disparidad de opiniones sobre este asunto. La mayor preocupación de los españoles la constituye, sin embargo, el uso del territorio del país vecino como refugio de terroristas y delincuentes. El 51,3% lo considera en alguna medida problemático. Por ello la gran mayoría de la sociedad española reclama un aumento de la cooperación policial, militar y judicial.
Los españoles conceden especial importancia a la comunicación por carretera y ferrocarril (20,7%), aunque según los responsables del sondeo "se trata de una preocupación que probablemente coincidiría con la demanda que existe para mejorar las comunicaciones con cualquier otro punto del territorio peninsular".
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