La corrupción municipal hunde la política portuguesa.

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Isaltino Morais trató de guardar la compostura ante los periodistas a la salida de los juzgados de Sintra. Soy un chivo expiatorio de los políticos, dijo. Esbozó una sonrisa poco creíble y aseguró que mantenía su candidatura a la reelección como alcalde de Oeiras, municipio portugués de 162.000 habitantes, en el distrito de Lisboa. Los comicios municipales serán el 11 de octubre, poco después de las legislativas del 27 de septiembre. Un tribunal de tres jueces acababa de condenar a la máxima autoridad municipal de Oeiras (cargo que ostenta desde 1986) a siete años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y una indemnización a Hacienda de medio millón de euros.

La sentencia, insólita por su dureza tratándose de un político, acerca el final de un proceso de cuatro años, salpicado de presiones, contra un dirigente que fue un valor preciado del conservador Partido Social Demócrata (PSD), principal fuerza de la oposición portuguesa, que en su día fue considerado alcalde-modelo y que fue ministro en el Gobierno de José Manuel Durão Barroso, actual presidente de la Comisión Europea. Morais, de 59 años, es, por cierto, ex magistrado.

La sentencia incluye cuatro de los siete delitos de los que el alcalde estaba acusado: evasión, abuso de poder, corrupción y lavado de dinero. En sus conclusiones, el tribunal estima que Morais tuvo "una conducta que mina los fundamentos del Estado democrático". Como el abogado defensor presentó recurso inmediatamente, la condena no será firme hasta que se pronuncie el tribunal de apelaciones. El caso, pues, no está cerrado. Mientras la justicia no diga su última palabra, el señor alcalde sigue en su puesto. Y con ganas de repetir.

Varios de los candidatos a la alcaldía de Oeiras han expresado su intención de no usar en campaña el escándalo, pero han pedido a Morais que reflexione y retire su candidatura.

Isaltino Morais fue procesado en 2005 por ser titular de cuentas bancarias no declaradas en Suiza y en el KBC Bank Brussel, en Bélgica. Según la acusación, el alcalde recibía dinero en sobres que se entregaban en su despacho del Ayuntamiento, para licitar títulos de propiedad, construcciones y permutas de terrenos.

El caso se añade a una lista cada día más larga de regidores condenados, y que siguen en sus alcaldías gracias a una legislación permisiva con la presentación de recursos y a la lentitud de la justicia. Esto, en precampaña electoral, es un problema. Aparecen de nuevo en la prensa nombres como el de Fátima Felgueiras, alcaldesa socialista de Felgueiras, protagonista de uno de los casos más mediáticos. Envuelta en un asunto de corrupción y financiación ilegal, escapó a una orden de prisión preventiva y se refugió en Brasil. A su regreso fue detenida y condenada, pero recurrió y compitió de nuevo por el puesto, esta vez como independiente, en las elecciones de 2005. Ganó y mantiene el cargo a la espera de una sentencia definitiva.

Valentim Loureiro, alcalde de Gondomar y antiguo militante del PSD, fue condenado el año pasado a tres años de cárcel en un proceso por corrupción. Su inhabilitación está suspendida. Pero hay más: Abílio Curto, antiguo alcalde socialista de Guarda; António Cerqueira, ex alcalde de Vila Verda, en la cárcel desde marzo de 2004; Avelino Ferreira Torres, de Marco de Canaveses; Luis Monterroso, de Nazaré; António Lobo, de Ponta do Sol.

La sentencia contra Morais es la noticia política de la semana y, quizás, del verano. La lucha electoral se prevé encarnizada. Los socialistas, acosados desde derecha e izquierda, lo tendrán difícil para conservar la mayoría.

"Es una vergüenza para la democracia que políticos acusados o condenados por delitos graves puedan ser candidatos a elecciones". La reacción de Luis Marques-Mendes ha sido la más contundente de las escuchadas hasta ahora. Por la claridad y porque se trata un destacado dirigente que ocupó la presidencia del PSD.

"La política sin ética es una vergüenza", insiste Marques-Mendes, que intentó, sin éxito, cambiar las cosas. En las municipales de 2005, siendo presidente del PSD, rechazó las candidaturas en las listas del partido de Isaltino Morais y de Valentim Loureiro. Ambos tenían causas pendientes con la Justicia.

Marques-Mendes fue también el autor de un proyecto de ley presentado en la Asamblea hace más de tres años, que declara inelegibles a los candidatos con acusaciones o condenas judiciales especialmente graves. El proyecto fue aprobado en su generalidad por todos los grupos parlamentarios, pero a la hora de la verdad quedó aparcado. "No hubo coraje para avanzar", ha dicho el dirigente del PSD.