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La decisión de la administración de Barack Obama de solicitar al Congreso 4 mil 600 millones de dólares para reforzar las tareas de la Patrulla Fronteriza y continuar el proyecto del primer tramo del muro, desató una serie de manifestaciones de repudio y malestar entre la comunidad hispana de EU y expertos mexicanos en temas migratorios, que ven en la medida la “sepultura” del prometido acuerdo.
“Si la Casa Blanca ya ha calculado que no introducirá una iniciativa de reforma migratoria hasta después de las elecciones intermedias de noviembre, va a tener muy serios problemas porque para ese entonces va a quedar muy claro que el récord de redadas y deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional, bajo la gestión de Janet Napolitano, ha sido peor o igual de malo que durante la administración Bush”, consideró Angela Kelly, vicepresidenta de política migratoria del Center for American Progress.
El representante demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, informó que líderes comunitarios y religiosos del sur de California acordaron implementar la misma táctica de “hacernos visibles en una marcha en Washington el 21 de marzo”, en protesta por el anuncio de Obama.
Carlos Villanueva, presidente de la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior y José Luis Arzola, ex presidente de la Comisión Fronteriza del Instituto de Mexicanos en el Exterior, calificaron el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos como electorera y que responde a la pérdida de popularidad y el costo político que tuvo la reforma de salud.
“Representa un retroceso para las condiciones de la comunidad latina en Estados Unidos; confirma que seguirán las redadas y los crímenes de odio y echa por tierra cualquier esperanza de que se concrete la reforma migratoria a la que se comprometió Obama durante su campaña y que le ganó 60% del voto latino”.
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