Sólidas las pruebas contra Jacinta: PGR.

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La delegada de la Procuraduría General de la República (PGR), Norma Patricia Valdés Argüelles, afirmó que fueron más de 200 personas y no sólo tres, las que secuestraron a media docena de elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).

“No fueron algunos indígenas… fueron 200 personas… no eran tres personas las que los secuestraron, fueron 200 personas de la comunidad de Amealco que se encontraban en el tianguis”, sostuvo la funcionaria.

También afirmó que de los hechos que se derivaron del operativo para decomisar mercancía pirata, que se realizó el 26 de marzo de 2006 en la localidad de Santiago Mexquititlán, hay pruebas suficientes para demostrar lo que han declarado los policías involucrados.

“Tenemos ahí la declaración de testigos, tenemos el reconocimiento de las personas y la confesión en la declaración preparatoria de Teresa (González), donde ella acepta que sí vieron el dinero y que lo aceptaron”, comentó la delegada de la PGR.

De acuerdo con dicha dependencia, cuando se presentaron los elementos policiales a decomisar la mercancía pirata, la gente los rodeó, incitados por Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes azuzaban a la población a lincharlos.

Refiere esta versión que para poder liberarse, los policías ofrecieron a la población el pago de un rescate, por lo que uno de ellos fue por dinero, mientras que otros permanecían en poder de la población y que fueron liberados hasta que pagaron lo exigido por la gente.

Sin embargo, tanto las declaraciones de las tres detenidas como la versión de Guillermo Francisco Prisciliano —esposo de Jacinta Francisco Marcial— discrepan de ella.

Otra versión

Refieren que los agentes federales llegaron al tianguis de la comunidad y sin identificarse ante la gente, destruyeron la mercancía pirata, por lo que la gente se enardeció y les exigió que se las pagaran.

Guillermo Francisco recuerda que los comerciantes pensaban que los policías eran ladrones y como no se identificaron, decidieron defenderse.

Los seis AFI aceptaron pagar los daños causados y por ende, decidieron ir por dinero para cubrir el monto de los destrozos.

Sin embargo, ninguna de las declaraciones y testimoniales de pobladores del lugar involucran como partícipe de la zacapela a la indígena Jacinta Francisco Marcial.

Norma Patricia Valdés Argüelles, delegada estatal de la PGR, sostuvo que los agentes actuaron conforme a lo marca su reglamento y en consecuencia les brinda su apoyo.

Manifestó también que la acusación en contra de dichas mujeres tiene fundamento, pues argumentó que entre las pruebas se encuentran testimonios e incluso una confesión, aunque destacó que la procuraduría será respetuosa de la valoración que se haga del caso.

“El Ministerio Público en su momento consignó los hechos al juez federal y el juez federal es quien ha estado valorando todas las pruebas; ellos decidirán cuáles pruebas sí fueron contundentes”, refirió.