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Finalmente se les terminó el dinero fácil. Las tesorerías de muchos corporativos mexicanos habían olvidado su principal función (administrar los recursos financieros de la empresa), frente a la atractiva posibilidad de generar ganancias a través de operaciones con derivados en tiempos en que el tipo de cambio se mantuvo estable. Por su parte, los bancos pusieron a disposición de las empresas un menú de productos derivados, calificados de armas de destrucción masiva por parte del famoso inversionista Warren Buffet.
Sin embargo, con la pérdida de valor del peso de septiembre y octubre del año pasado, se acabó el acceso al dinero fácil para bancos y empresas. En el aire quedó la duda: ¿quién es más responsable del desastre financiero: la empresa que compró o el banco que vendió derivados?
De acuerdo con la experiencia internacional, la contratación de instrumentos derivados por parte de los corporativos ha generado una serie de desencuentros judiciales que, en diversos casos, dio la razón a las empresas.
El caso más memorable sucedió en 1994 cuando Procter & Gamble demandó a Bankers Trust por unas transacciones en derivados por 195 millones de dólares; P&G argumentó que le habían informado equivocadamente sobre los riesgos implicados y el valor de los derivados; algo que en las leyes de Estados Unidos se conoce como suitability.
El suitability es un concepto que hace referencia a la conveniencia, adecuación e idoneidad de un instrumento financiero para una determinada empresa, comentó un operador de derivados que pidió el anonimato.
Un intermediario tiene la obligación de explicar a detalle los alcances de un derivado.
En México, dicho concepto no existe porque el derecho mexicano es más formalista, explica el operador, pero en países como Estados Unidos el suitability permitió a P&G en 94 pagar solamente 35 millones de dólares; las autoridades le dieron la razón.
En entrevista, el operador mencionó que sin duda existe una corresponsabilidad entre empresas e intermediarios en el asunto de los derivados, y que la ambición de los involucrados generó una bola de nieve que dejó al descubierto la inexperiencia del sistema financiero mexicano ante estas situaciones.
Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, ha reconocido que los bancos de inversión habían sido poco profesionales en recomendar instrumentos derivados que no eran adecuados al perfil de sus clientes.
En la convención bancaria de marzo pasado, Ortiz señaló que “el diseño de la compensación con la que se le paga a los altos directivos, a los traders, a las gentes que estaban en las mesas, etcétera, era tal, que distorsionaba el manejo y la toma de riesgos”.
El incentivo era obviamente colocar productos, muchos de ellos potencialmente tóxicos y, sin duda, difíciles de entender, pero que devengaban jugosas comisiones, en un principio, de acuerdo con el funcionario de Banxico.
Una mesa financiera que coloca un solo instrumento derivado con un cliente corporativo puede registrar una ganancia —dependiendo del monto, complejidad y plazo del mismo— de entre varios miles de dólares hasta más de un millón.
“Cuando un derivado funciona, tanto la empresa como el banco ganan: la primera cubre su riesgo y el segundo gana por la intermediación. En medio de ambos, los operadores (o traders) se llevan, además de su sueldo, bonos anuales por cientos de miles de dólares”, afirma el operador entrevistado.
Sin embargo, el documento Operaciones con Derivados. Herramientas para mantener la rentabilidad, de la consultoría KPMG, revela en una de sus conclusiones que “las tesorerías corporativas no están capacitadas para sortear una sesión de alta volatilidad”.
“Las tesorerías no contaban con las destrezas de negociación que se requieren en sesiones de volatilidad para salir lo menos dañadas, y si las tuvieron en su momento, perdieron con los años de estabilidad cambiaria”, según el reporte.
Habría también que preguntarse si los vendedores de derivados asesoraron correctamente a las empresas, considerando que algunas tomaron riesgos que no estaban acordes con sus operaciones naturales.
La moneda sigue en el aire; aunque algunas compañías mexicanas que entraron en estos problemas ya comenzaron a buscar soluciones y negociar con sus acreedores, otras pueden llegar a los tribunales.
Comentario:
Ambas partes son irresponsables.
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Hace 4 años
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