Edil avizora 6 meses de terror en Tijuana.

Noticia:


El alcalde de Tijuana, Jorge Ramos Hernández (PAN), admitió que la ola de crímenes que azota esta frontera superó las expectativas sobre la problemática que se había formado al tomar posesión el 1 de diciembre de 2007.

Al cumplir su primer año de gobierno, dijo que al iniciar su administración esperaba que en seis meses se controlaría la violencia que preveía como consecuencia de rechazar los vínculos establecidos entre la policía local y el crimen organizado desde la administración anterior (que encabezó el priísta Jorge Hank Rhon).

Sin embargo, agregó que luego de un periodo de aparente calma la situación empeoró hasta provocar que la Policía Municipal se apartara de sus obligaciones de prevenir el delito, mientras en el interior de la corporación se libraba otra batalla con los agentes vinculados al crimen organizado.

Expuso que el parteaguas que llevó a esta situación fueron los motines en el penal de La Mesa, donde al menos 23 reos murieron, y aunque admitió que no hay relación directa entre esos hechos y el clima inseguro de la ciudad, coinciden con el periodo de mayor intranquilidad.

Lamentó que la lucha contra los grupos que se disputan el control de la plaza se prolongó más de un año, y de acuerdo con sus expectativas pasarán otros seis meses antes de lograr que en Tijuana se restablezca la tranquilidad. Ante esa expectativa, reveló que tomó la decisión de nombrar al entonces presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal, Jesús Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública.

“Preveíamos un escenario donde en los primeros seis meses se registrara una disminución en la incidencia delictiva. Y así fue, de mayo a agosto vivimos tranquilidad hasta que se desató una guerra entre bandas que vinieron a descomponer esa tranquilidad”.

El combate sistemático por parte del Ejército contra un cártel, con el general Sergio Aponte, como comandante de la segunda región militar, las fuerzas federales y la Policía Municipal que después de muchos años colaboró en esta lucha contra la delincuencia, provocó un debilitamiento de dicha banda, y a partir de entonces la lucha de otras por entrar en la plaza intensificó la guerra, dijo.

De ahí surgió la violencia actual que afecta a los tijuanenses, señaló al explicar que “nos estamos fijando un plazo de seis meses para estabilizar la situación”, lapso durante el cual previó que habrá más violencia.

Militarización policiaca

Sobre el relevo de Alberto Capella Ibarra como secretario de Seguridad Pública municipal, justificó que dadas las circunstancias era indispensable la militarización de la policía.

En el cargo designó al teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, quien fungió como director de la Policía Municipal, y que deberá ser ratificado por el cabildo. Se trata de un replanteamiento de la estrategia para combatir la delincuencia que azota la ciudad.

Admitió que el este de Tijuana, considerado el de mayor incidencia delictiva, debe seguir sitiado por el estado y la Federación, pero con un replanteamiento que permita una mejor cobertura, pues ni soldados ni agentes federales conocen la ciudad y en consecuencia se tardan en atender los reportes ciudadanos.

Comentario:

El problema no es si la policía se militariza o no, sino que cumpla con su deber.