Poderes ejecutivo y judicial si cumplieron.

Noticia:


Los poderes Judicial y Ejecutivo tuvieron mayores índices de cumplimiento en sus compromisos firmados para los primeros 100 días del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El Poder Judicial cumplió los compromisos fijados para los primeros 100 días y adelantó dos que se habían programado para concretarlos a los seis meses.

El Consejo de la Judicatura Federal creó y sistematizó índices de desempeño para dar acceso a la sociedad a datos de juicios.

Puso seis juzgados de control con residencia en el DF facultados para emitir, vía internet, órdenes de cateo y arraigo y autorizaciones para intervenir comunicaciones.

Concentró la información de personas sometidas a procesos penales relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico, en reclusorios de alta seguridad.

También instaló en todo el país un sistema biométrico que le permite controlar, a través de su huella digital, a los procesados con libertad bajo caución.

Por su parte, el Ejecutivo triplicó el gasto en seguridad en su iniciativa de Presupuesto 2009 presentada a legisladores y al mandar al Congreso de la Unión iniciativas de la Ley General de Seguridad Pública y de reorganización administrativa de la Procuraduría General de la República (PGR).

Otro acuerdo cumplido ha sido el que recae en las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública y en la PGR, relativo a fortalecer la participación civil mediante la denuncias anónimas contra funcionarios corruptos o a delincuentes.

No sin rispideces con organizadores de la Marcha contra la Inseguridad, la SSP cumplió al promover la creación de un Observatorio Ciudadano plural, representativo de los distintos sectores sociales. Aunque este Observatorio no está creado de manera formal, el gobierno cabildea con grupos civiles y universidades y espera que quede listo el proximo viernes que se celebra la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional cumplió al actualizar las licencias colectivas de portación de armas de fuego a los cuerpos de seguridad pública, aunque no las puede entregar hasta que exista un padrón nacional de corporaciones confiables, de acuerdo con los nuevos estándares establecidos en la Ley General de Seguridad Pública que está en dictamen en el Congreso de la Unión.

Comentario:

Es evidente que estos dos poderes son los que si están cumpliendo, pero aún falta mucho por hacer.