Noticia:
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, alcalde de la ciudad, reconoció que en estos días la administración municipal enfrenta serios problemas para juntar los 21 millones de pesos que se requieren para pagar la nomina de 4 mil trabajadores que tiene el ayuntamiento.
Por lo que de no llegar las participaciones federales con las cuales buscan subsanar el pago de los funcionarios, la única apuesta es juntar los recursos que se necesitan mediante la recaudación propia del ayuntamiento que cada semana ha sido de 3 millones de pesos.
Lamentó que los esquemas de flujo financiero federal y estatal registren un atraso, situación que ocasiona, entre otras cosas, que los gobiernos locales no puedan concluir su gestión en buenos términos. En este sentido Octavio Mena Alarcón, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem), sostuvo que los ayuntamientos pueden atribuir su falta de dinero a la carencia de recursos federales, pero la realidad es que el los apoyos han estado llegando en tiempo y forma, aseguró.
“Tenemos un indicador que nos permite medir como sale el dinero de la federación, llega al estado y se distribuye en los ayuntamientos. Están en tiempo los recursos federales, la Secretaría de Finanzas del estado se los ha entregado”, aseguró.
Explicó que los problemas financieros de las administraciones municipales se registran, en parte, porque han tenido entre 20% y 30% menos recursos que en 2008, por lo que más de 50% —63 presidencias municipales— tiene problemas.
Asimismo puntualizó que los recursos federales que llegaran en el presente mes, serán entregados a los nuevos administradores “los actuales alcaldes ya no van a tener más recursos de los que tienen ahora”, acotó.
Al respecto, el edil toluqueño informó que su administración está a la espera de 19 millones de pesos provenientes de excedentes petroleros; 20 millones del Programa de Apoyo al Gasto de Inversión Municipal (Pagim) y 23 millones de pesos de las participaciones municipales ordinarias provenientes del Ramo 33.
De llegar dichos recursos federales el área financiera del ayuntamiento estaría en la posibilidad de dejar alrededor de 40 millones de pesos en caja, aunque de no presentarse ese escenario, los próximos administradores recibirían las arcas municipales en ceros, admitió el alcalde panista que el próximo 17 del presente mes entregará la administración a la priísta María Elena Barrera.
Datos del ayuntamiento establecen que a seis días de que termine el trienio, hay deudas por 61 millones de pesos y dos grandes proyectos por concluir como la remodelación de los Portales de Toluca y el paso a desnivel Vicente Guerrero, obras que a decir del alcalde saliente quedarán concluidas antes de irse.
El alcalde subrayó que recibió la administración con una deuda de 150 millones de pesos, de los cuales dos terceras partes fueron pagados durante su gestión, aunque en ese mismo plazo la Legislatura le autorizó un endeudamiento por ese mismo monto, por lo que se dejara una deuda de 300 millones de pesos.
miércoles, 12 de agosto de 2009
Advierten de despidos masivos en municipios.
Noticia:
El cambio de presidentes municipales implicará el despido de más de 40 mil burócratas que laboran en los 125 ayuntamientos del estado de México, quienes por ser empleados de confianza deberán dejar sus puestos a los nuevos equipos, conformados en su mayoría por priístas que buscarán sacar a panistas y perredistas que laboraban en las alcaldías mexiquenses.
En las presidencias de esta entidad laboran 42 mil trabajadores sindicalizados, quienes conservarán sus empleos y sus prestaciones laborales; sin embargo, también trabajan más de 40 mil empleados de confianza, que estarán en riesgo de perder su empleo con el cambio de administraciones, reconoció Antonio García Mendoza, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, conocido como el Suteym.
El próximo 17 de agosto, termina la gestión de los 125 presidentes municipales mexiquenses, quienes entregarán el cargo a los nuevos alcaldes, en su mayoría del PRI, que ganaron más de 90% de las alcaldías mexiquenses en los comicios locales del pasado 5 de julio, desplazando a ediles de filiación panista y perredista que gobernaban a la mayoría de la población mexiquense.
El cambio de administración y la filiación política de los nuevos alcaldes, implicará el relevo de puestos, con personal afín a los nuevos ediles y al partido tricolor.
Sin embargo, “hemos recomendado que las nuevas administraciones traten de conservar al personal operativo, que sea útil para evitar el despido de más de 40 mil burócratas”, apuntó Antonio García.
Luego de haber trabajado 12 años en ayuntamientos como Naucalpan y Nezahualcóyotl, municipios que junto con otros han estado gobernados por el PAN y PRD desde 1997, cientos de empleados de confianza “sabemos que estamos identificados como panistas o perredistas, por lo que no podremos conservar nuestro empleo”, apuntaron trabajadores operativos de confianza en esos ayuntamientos.
“Pero si quieren que nos vayamos, tendrán que indemnizarnos conforme marca la Ley Federal del Trabajo”, es decir, con tres meses de salario, más 20 días por año trabajado, vacaciones y parte proporcional de aguinaldo, apuntó Federico López, quien tiene 12 años como burócrata mexiquense.
Evalúan crear sindicatos
En Naucalpan, el edil José Luis Durán Reveles informó que el 17 de agosto recibirán liquidación cerca de 300 personas, especialmente síndicos, regidores, directores, subdirectores, jefes de departamento, cargos afines y personal de las regidurías con finiquitos según la Ley Federal del Trabajo.
Sin embargo, en este ayuntamiento la nómina del personal de confianza asciende a mil 200 personas, por lo que burócratas que temen perder su empleo señalaron que “somos cerca de 800 empleados, que ocupamos cargos operativos, que no nos consideraron en esta liquidación y que quedaremos expuestos a despidos injustificados y fuera de la ley” cuando asuma el cargo la nueva presidenta, Azucena Olivares.
En Ecatepec, la lista de trabajadores de confianza asciende a 6 mil 148, la mayoría de ellos —4 mil 700— que aún laboran en el ayuntamiento, 548 en el DIF local y 900 en Sapase, que ya externaron que exigirán conservar sus empleos con la creación incluso de sindicatos independientes o, “si el nuevo presidente, Eruviel Ávila, no nos quiere, que nos indemnice conforme a la ley”.
También empleados de confianza de los municipios de Valle de Chalco, Chalco y Teoloyucan “han buscado crear sindicatos independientes” como una estrategia para evitar ser despedidos por los nuevos alcaldes, afirmó Antonio Mendoza.
Otros municipios con abultadas nóminas son Tlalnepantla, que tiene 2 mil 100 sindicalizados y más de 2 mil empleados de confianza, indicó el dirigente local del Suteym, José Diego Durán Flores.
El cambio de presidentes municipales implicará el despido de más de 40 mil burócratas que laboran en los 125 ayuntamientos del estado de México, quienes por ser empleados de confianza deberán dejar sus puestos a los nuevos equipos, conformados en su mayoría por priístas que buscarán sacar a panistas y perredistas que laboraban en las alcaldías mexiquenses.
En las presidencias de esta entidad laboran 42 mil trabajadores sindicalizados, quienes conservarán sus empleos y sus prestaciones laborales; sin embargo, también trabajan más de 40 mil empleados de confianza, que estarán en riesgo de perder su empleo con el cambio de administraciones, reconoció Antonio García Mendoza, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, conocido como el Suteym.
El próximo 17 de agosto, termina la gestión de los 125 presidentes municipales mexiquenses, quienes entregarán el cargo a los nuevos alcaldes, en su mayoría del PRI, que ganaron más de 90% de las alcaldías mexiquenses en los comicios locales del pasado 5 de julio, desplazando a ediles de filiación panista y perredista que gobernaban a la mayoría de la población mexiquense.
El cambio de administración y la filiación política de los nuevos alcaldes, implicará el relevo de puestos, con personal afín a los nuevos ediles y al partido tricolor.
Sin embargo, “hemos recomendado que las nuevas administraciones traten de conservar al personal operativo, que sea útil para evitar el despido de más de 40 mil burócratas”, apuntó Antonio García.
Luego de haber trabajado 12 años en ayuntamientos como Naucalpan y Nezahualcóyotl, municipios que junto con otros han estado gobernados por el PAN y PRD desde 1997, cientos de empleados de confianza “sabemos que estamos identificados como panistas o perredistas, por lo que no podremos conservar nuestro empleo”, apuntaron trabajadores operativos de confianza en esos ayuntamientos.
“Pero si quieren que nos vayamos, tendrán que indemnizarnos conforme marca la Ley Federal del Trabajo”, es decir, con tres meses de salario, más 20 días por año trabajado, vacaciones y parte proporcional de aguinaldo, apuntó Federico López, quien tiene 12 años como burócrata mexiquense.
Evalúan crear sindicatos
En Naucalpan, el edil José Luis Durán Reveles informó que el 17 de agosto recibirán liquidación cerca de 300 personas, especialmente síndicos, regidores, directores, subdirectores, jefes de departamento, cargos afines y personal de las regidurías con finiquitos según la Ley Federal del Trabajo.
Sin embargo, en este ayuntamiento la nómina del personal de confianza asciende a mil 200 personas, por lo que burócratas que temen perder su empleo señalaron que “somos cerca de 800 empleados, que ocupamos cargos operativos, que no nos consideraron en esta liquidación y que quedaremos expuestos a despidos injustificados y fuera de la ley” cuando asuma el cargo la nueva presidenta, Azucena Olivares.
En Ecatepec, la lista de trabajadores de confianza asciende a 6 mil 148, la mayoría de ellos —4 mil 700— que aún laboran en el ayuntamiento, 548 en el DIF local y 900 en Sapase, que ya externaron que exigirán conservar sus empleos con la creación incluso de sindicatos independientes o, “si el nuevo presidente, Eruviel Ávila, no nos quiere, que nos indemnice conforme a la ley”.
También empleados de confianza de los municipios de Valle de Chalco, Chalco y Teoloyucan “han buscado crear sindicatos independientes” como una estrategia para evitar ser despedidos por los nuevos alcaldes, afirmó Antonio Mendoza.
Otros municipios con abultadas nóminas son Tlalnepantla, que tiene 2 mil 100 sindicalizados y más de 2 mil empleados de confianza, indicó el dirigente local del Suteym, José Diego Durán Flores.
Hidalgo pierde 20 mil hectáreas de temporal.
Noticia:
Pérdidas en al menos 20 mil hectáreas de maíz y cebada, y riesgo de siniestro en 25% de las más de 500 mil hectáreas de cultivo que se sembraron en Hidalgo, es el resultado de la sequía, señaló Marino Benavides, director de Fomento Agrícola de la Secretaría de Agricultura del estado, quien señaló que julio ha sido el mes más seco de los últimos 69 años.
Por el retraso en las lluvias es nula la probabilidad de que unos 6 mil campesinos logren levantar sus cosechas, expuso.
Dijo además que municipios como Omitlán, Chapantongo, Villa de Tezontepec, Emiliano Zapata, Zempoala, Zapotlán y Atotonilco son los más afectados por la falta de agua, sobre todo en cultivos de maíz y cebada.
Las pérdidas totales aún no se cuantifican, ya que de acuerdo con el funcionario, se tiene que determinar si el siniestro es total o parcial. No obstante, aceptó que el daño es grave.
En lugares como Apan y Almoloya, donde una hectárea de cultivo puede producir cuatro toneladas, se obtiene una ganancia de 10 mil pesos. Sin embargo, hay lugares como Tizayuca, donde el rendimiento es menor y los recursos bajan hasta 70%.
Marino Benavides pidió a los campesinos que acudan a la Secretaría de Agricultura para hacer el reporte de afectaciones, a fin de ser incluirlos en el seguro que tiene la dependencia y que abarca 361 mil 664 hectáreas.
Dijo que para prevenir estos siniestros, el gobierno contrató un seguro de protección con la empresa Protección Agropecuaria (Proagro) por 28 millones 99 mil 369 pesos. De esta manera, los productores afectados podrán recibir el seguro por 900 pesos de apoyo, sin que éste tenga que sufragar algún dinero.
Lluvias casi nulas
Sin embargo, la situación del campo hidalguense podría complicarse más, ya que de acuerdo con pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, (Conagua) las lluvias podrían retrasarse.
El funcionario indicó que la sequía se ha resentido sobre todo porque ningún mes de julio ha sido más seco desde 1941.
Miguel García Conde, director de Protección Civil, señaló que los reportes de las presas y ríos en el estado registran en forma general 73% de su capacidad, pero algunas sólo tienen 30%. Destacó que las lluvias que se esperaban en julio y agosto serán prácticamente nulas.
Encienden alerta
La situación de sequía prendió la alerta en el campo, de acuerdo con el líder de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Onésimo Serrano, quien señaló que está en riesgo de pérdida 75% de las 542 mil 851 hectáreas sembradas.
En los reportes que tiene la CNC, los cultivos que han sufrido ya los estragos son el maíz, el frijol y algunas verduras. Regiones del Valle del Mezquital son las más afectadas, agregó.
Pérdidas en al menos 20 mil hectáreas de maíz y cebada, y riesgo de siniestro en 25% de las más de 500 mil hectáreas de cultivo que se sembraron en Hidalgo, es el resultado de la sequía, señaló Marino Benavides, director de Fomento Agrícola de la Secretaría de Agricultura del estado, quien señaló que julio ha sido el mes más seco de los últimos 69 años.
Por el retraso en las lluvias es nula la probabilidad de que unos 6 mil campesinos logren levantar sus cosechas, expuso.
Dijo además que municipios como Omitlán, Chapantongo, Villa de Tezontepec, Emiliano Zapata, Zempoala, Zapotlán y Atotonilco son los más afectados por la falta de agua, sobre todo en cultivos de maíz y cebada.
Las pérdidas totales aún no se cuantifican, ya que de acuerdo con el funcionario, se tiene que determinar si el siniestro es total o parcial. No obstante, aceptó que el daño es grave.
En lugares como Apan y Almoloya, donde una hectárea de cultivo puede producir cuatro toneladas, se obtiene una ganancia de 10 mil pesos. Sin embargo, hay lugares como Tizayuca, donde el rendimiento es menor y los recursos bajan hasta 70%.
Marino Benavides pidió a los campesinos que acudan a la Secretaría de Agricultura para hacer el reporte de afectaciones, a fin de ser incluirlos en el seguro que tiene la dependencia y que abarca 361 mil 664 hectáreas.
Dijo que para prevenir estos siniestros, el gobierno contrató un seguro de protección con la empresa Protección Agropecuaria (Proagro) por 28 millones 99 mil 369 pesos. De esta manera, los productores afectados podrán recibir el seguro por 900 pesos de apoyo, sin que éste tenga que sufragar algún dinero.
Lluvias casi nulas
Sin embargo, la situación del campo hidalguense podría complicarse más, ya que de acuerdo con pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, (Conagua) las lluvias podrían retrasarse.
El funcionario indicó que la sequía se ha resentido sobre todo porque ningún mes de julio ha sido más seco desde 1941.
Miguel García Conde, director de Protección Civil, señaló que los reportes de las presas y ríos en el estado registran en forma general 73% de su capacidad, pero algunas sólo tienen 30%. Destacó que las lluvias que se esperaban en julio y agosto serán prácticamente nulas.
Encienden alerta
La situación de sequía prendió la alerta en el campo, de acuerdo con el líder de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Onésimo Serrano, quien señaló que está en riesgo de pérdida 75% de las 542 mil 851 hectáreas sembradas.
En los reportes que tiene la CNC, los cultivos que han sufrido ya los estragos son el maíz, el frijol y algunas verduras. Regiones del Valle del Mezquital son las más afectadas, agregó.
Pemex recupera 2.4 mdd por petróleo robado.
Noticia:
Las autoridades de Estados Unidos entregaron ayer a México un cheque por 2.4 millones de dólares como devolución de parte de las ganancias por la venta, a través de la frontera, de crudo robado a Petróleos Mexicanos (Pemex).
En una ceremonia en San Antonio, Texas, John Morton, secretario adjunto de la Oficina de Inmigración y Aduanas, señaló que por años grupos criminales, incluyendo miembros de cárteles de la droga, han robado petróleo a la empresa paraestatal.
Añadió que el hidrocarburo ha sido introducido de contrabando a Estados Unidos y vendido en el mercado negro.
El Departamento de Justicia indicó que los 2.4 millones de dólares entregados a México son de Donald Schroeder, presidente de Trammo Petroleum, quien en mayo se declaró culpable de comprar un precursor del petróleo extraído ilegalmente de oleoductos de Pemex.
Morton señaló que aunque Schroeder es el primero que admite haber participado en esas actividades, no cree que vaya a ser el último: “Hay gente que va a ir a la cárcel y gente que va a tener que pagar multas”, dijo.
Además, añadió que Trammo Petroleum accedió a pagar otros 2 millones de dólares en multas al gobierno de México.
Más decomisos
Hasta ahora, autoridades estadounidenses no han identificado otras petroleras que fueran investigadas por contrabando y compra de petróleo robado.
Fuentes de la industria recordaron que en marzo se confiscaron más de 40 mil dólares a Continental Fuels, que aparentemente provenían de la venta de petróleo robado a México.
Ese mismo mes agentes federales confiscaron más de 100 mil dólares a la empresa Valley Fuels que, como Trammo Petroleum y Continental Fuels, también opera en Houston, Texas.
Pemex expresó su reconocimiento a órganos que participaron en la detención del empresario que compró el hidrocarburo extraído ilícitamente de México e internado ilegalmente a EU.
“La detención de dicha persona fue resultado de una extensa investigación llevada a cabo por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y autoridades estadounidenses”, dijo Pemex en un comunicado. (Agencias)
Las autoridades de Estados Unidos entregaron ayer a México un cheque por 2.4 millones de dólares como devolución de parte de las ganancias por la venta, a través de la frontera, de crudo robado a Petróleos Mexicanos (Pemex).
En una ceremonia en San Antonio, Texas, John Morton, secretario adjunto de la Oficina de Inmigración y Aduanas, señaló que por años grupos criminales, incluyendo miembros de cárteles de la droga, han robado petróleo a la empresa paraestatal.
Añadió que el hidrocarburo ha sido introducido de contrabando a Estados Unidos y vendido en el mercado negro.
El Departamento de Justicia indicó que los 2.4 millones de dólares entregados a México son de Donald Schroeder, presidente de Trammo Petroleum, quien en mayo se declaró culpable de comprar un precursor del petróleo extraído ilegalmente de oleoductos de Pemex.
Morton señaló que aunque Schroeder es el primero que admite haber participado en esas actividades, no cree que vaya a ser el último: “Hay gente que va a ir a la cárcel y gente que va a tener que pagar multas”, dijo.
Además, añadió que Trammo Petroleum accedió a pagar otros 2 millones de dólares en multas al gobierno de México.
Más decomisos
Hasta ahora, autoridades estadounidenses no han identificado otras petroleras que fueran investigadas por contrabando y compra de petróleo robado.
Fuentes de la industria recordaron que en marzo se confiscaron más de 40 mil dólares a Continental Fuels, que aparentemente provenían de la venta de petróleo robado a México.
Ese mismo mes agentes federales confiscaron más de 100 mil dólares a la empresa Valley Fuels que, como Trammo Petroleum y Continental Fuels, también opera en Houston, Texas.
Pemex expresó su reconocimiento a órganos que participaron en la detención del empresario que compró el hidrocarburo extraído ilícitamente de México e internado ilegalmente a EU.
“La detención de dicha persona fue resultado de una extensa investigación llevada a cabo por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y autoridades estadounidenses”, dijo Pemex en un comunicado. (Agencias)
Latinos, inquietos por retraso de la reforma migratoria.
Noticia:
La decisión del presidente estadounidense Barack Obama de posponer hasta el año 2010 el debate de una reforma migratoria ha sido recibida entre muestras de decepción, impaciencia y desilusión entre un nutrido grupo de organizaciones defensoras de inmigrantes que ya han anunciado la calendarización de movilizaciones cívicas a partir de septiembre y octubre, a fin de conseguir que el Congreso y la Casa Blanca no prolonguen más allá de ese año la solución al problema de 12 millones de indocumentados.
Además, en un intento por mitigar el impacto de una política de seguridad que sigue separando familias y criminalizando a inmigrantes que viven bajo un continuo ambiente de persecución, distintas organizaciones ya han solicitado a la administración “una moratoria inmediata de las redadas, las deportaciones, las sanciones a patrones, una suspensión del sistema de verificación de empleo y de la detención prolongada por ofensas” migratorias.
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a emprender una intensa movilización cívica para conseguir que el presidente cumpla con su promesa”, aseguró Juan José Gutiérrez, de Movimiento Latino USA, un grupo que participa en el intenso debate de la comunidad migrante para evitar que la derecha conservadora vuelva a frustrar los planes de una reforma migratoria justa y comprensiva en EU.
“Esta es la tercera ocasión en que el presidente empeña su palabra ante los latinos y la comunidad inmigrante”, aseguró Gutiérrez al recordar que, desde el inicio de su campaña, Obama se comprometió a presentar una iniciativa en los primeros 100 días de su mandato y, posteriormente, aseguró que la reforma migratoria sería una realidad en el primer año de su gobierno.
“Hoy nos dice que será hasta 2010 y su credibilidad se está tambaleando. Por eso esperamos que la tercera sea la vencida y nosotros vamos a tener que inyectar presión”, sentenció Gutiérrez.
El largo paréntesis que Obama planteó durante su viaje a la ciudad de Guadalajara, para poder introducir y debatir la iniciativa de reforma migratoria en el primer trimestre de 2010, ha causado el malestar y la preocupación de organizaciones de base, que han demandado medidas que permitan paliar la crisis que afecta a millones de indocumentados ante el vacío legal de un sistema migratorio que está roto y que divide profundamente a la nación.
“Si el presidente no nos puede dar reforma este año, le pedimos entonces con carácter urgente un alivio en la forma de parar la aplicación de sanciones a patrones, redadas, deportaciones, el sistema de verificación de empleo y la detención prolongada por ofensas relacionada con inmigración”, aseguró una coalición de organizaciones que incluyen a la Hermandad Latinoamericana, al Consejo Obrero de American Apparel y a la Coalición de Inmigración del Sur de California, entre otras.
“Nos preocupa que la crisis humanitaria que afecta a millones se convierta en un callejón sin salida mientras prosiguen los esfuerzos de la derecha conservadora para frustrar una reforma migratoria”, aseguró Gloria Saucedo, de la organización Hermandad Mexicana.
“Le queremos creer al presidente, pero nos preocupa el cariz que ya está adquiriendo el debate por la reforma sanitaria donde representantes de la extrema derecha ya han comenzado a insinuar que el presidente Obama se propone dar servicio médico a millones de indocumentados”, añadió Saucedo.
“Si el presidente no consigue que se apruebe la reforma antes de junio de 2010, mucho me temo que no tendremos reforma sino hasta el fin de su mandato”, sentenció.
La decisión del presidente estadounidense Barack Obama de posponer hasta el año 2010 el debate de una reforma migratoria ha sido recibida entre muestras de decepción, impaciencia y desilusión entre un nutrido grupo de organizaciones defensoras de inmigrantes que ya han anunciado la calendarización de movilizaciones cívicas a partir de septiembre y octubre, a fin de conseguir que el Congreso y la Casa Blanca no prolonguen más allá de ese año la solución al problema de 12 millones de indocumentados.
Además, en un intento por mitigar el impacto de una política de seguridad que sigue separando familias y criminalizando a inmigrantes que viven bajo un continuo ambiente de persecución, distintas organizaciones ya han solicitado a la administración “una moratoria inmediata de las redadas, las deportaciones, las sanciones a patrones, una suspensión del sistema de verificación de empleo y de la detención prolongada por ofensas” migratorias.
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a emprender una intensa movilización cívica para conseguir que el presidente cumpla con su promesa”, aseguró Juan José Gutiérrez, de Movimiento Latino USA, un grupo que participa en el intenso debate de la comunidad migrante para evitar que la derecha conservadora vuelva a frustrar los planes de una reforma migratoria justa y comprensiva en EU.
“Esta es la tercera ocasión en que el presidente empeña su palabra ante los latinos y la comunidad inmigrante”, aseguró Gutiérrez al recordar que, desde el inicio de su campaña, Obama se comprometió a presentar una iniciativa en los primeros 100 días de su mandato y, posteriormente, aseguró que la reforma migratoria sería una realidad en el primer año de su gobierno.
“Hoy nos dice que será hasta 2010 y su credibilidad se está tambaleando. Por eso esperamos que la tercera sea la vencida y nosotros vamos a tener que inyectar presión”, sentenció Gutiérrez.
El largo paréntesis que Obama planteó durante su viaje a la ciudad de Guadalajara, para poder introducir y debatir la iniciativa de reforma migratoria en el primer trimestre de 2010, ha causado el malestar y la preocupación de organizaciones de base, que han demandado medidas que permitan paliar la crisis que afecta a millones de indocumentados ante el vacío legal de un sistema migratorio que está roto y que divide profundamente a la nación.
“Si el presidente no nos puede dar reforma este año, le pedimos entonces con carácter urgente un alivio en la forma de parar la aplicación de sanciones a patrones, redadas, deportaciones, el sistema de verificación de empleo y la detención prolongada por ofensas relacionada con inmigración”, aseguró una coalición de organizaciones que incluyen a la Hermandad Latinoamericana, al Consejo Obrero de American Apparel y a la Coalición de Inmigración del Sur de California, entre otras.
“Nos preocupa que la crisis humanitaria que afecta a millones se convierta en un callejón sin salida mientras prosiguen los esfuerzos de la derecha conservadora para frustrar una reforma migratoria”, aseguró Gloria Saucedo, de la organización Hermandad Mexicana.
“Le queremos creer al presidente, pero nos preocupa el cariz que ya está adquiriendo el debate por la reforma sanitaria donde representantes de la extrema derecha ya han comenzado a insinuar que el presidente Obama se propone dar servicio médico a millones de indocumentados”, añadió Saucedo.
“Si el presidente no consigue que se apruebe la reforma antes de junio de 2010, mucho me temo que no tendremos reforma sino hasta el fin de su mandato”, sentenció.
México no es Estado fallido, asegura el embajador de EU.
Noticia:
México no es un Estado fallido, asegura Carlos Pascual, el nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país, al emitir sus primeras declaraciones públicas.
Pascual, quien llegó el pasado domingo con el presidente Barack Obama, sostiene que es necesario que en el corto plazo el “Ejército mexicano pueda cambiar su funcionamiento y tener un sistema más transparente” en derechos humanos.
Sobre el papel de los militares en tareas de seguridad —que ha generado críticas en su país por presuntas violaciones a derechos humanos—, detalla que a más tardar la próxima semana el Departamento de Estado entregará un informe al respecto al Senado, sin que pueda prever la reacción de los legisladores.
De este documento depende la liberación de 15% de los recursos de la Iniciativa Mérida.
Al respecto, el diplomático dice: “Todos entendemos por qué México ha necesitado el papel del Ejército, especialmente en zonas donde las policías locales no estaban al nivel necesario”.
Sin embargo, añade que “a corto plazo tenemos que ver si hay algunas maneras que el Ejército puede cambiar o mejorar su manera de funcionar, donde tengamos todos un sistema un poco más transparente; creo que tenemos la capacidad de entregar un reporte que pueda tocar estos asuntos de manera objetiva. Tenemos la cooperación del Estado mexicano para demostrar que es consistente con los estándares internacionales de respeto a derechos”.
Helicópteros, este año
Pascual anuncia que de los recursos de la Iniciativa Mérida que ya han sido liberados, la próxima semana comenzarán a llegar equipos no intrusivos —sistemas de inspección y rastreo de armas, drogas y explosivos—, y que este año se entregarán los helicópteros. “La ayuda de EU se va a ver”, sostiene.
Asegura que hay un avance de 70% en los contratos del equipo que su país entregará para la lucha contra la delincuencia, en la que México invierte cinco o seis veces más del apoyo que recibirá de Estados Unidos.
Ratificado la semana pasada en el cargo por el Senado estadounidense, este experto en análisis de regiones en conflicto, que desde hace más de dos décadas colabora con el Departamento de Estado, deja clara su misión: “Es interés de EU tener un México que sea fuerte, con una economía fuerte, y para mí es uno de los papeles principales que puedo tener aquí: ver cómo puedo representar a mi país y explicar México a los estadounidenses, para trabajar más eficientemente porque, en resumidas cuentas, ambos países nos necesitamos para poder competir de una manera más eficiente en un mundo globalizado”.
El embajador reconoció que la cooperación también es obligada en el tema de seguridad, pues “México está ahora en una situación en la que existe una presión tremenda, pero se tiene que ver que si no podemos trabajar juntos, ayudar a controlar la situación aquí, vamos a tener un problema mucho mayor en Estados Unidos también y en los países del hemisferio”.
Medio ambiente, salud y migración son también temas prioritarios en la relación bilateral, en la que, sostiene, no se dará marcha atrás, “pues no hay otra opción” que la reforma migratoria a pesar de la complicada agenda política en EU.
Regularizar a trabajadores mexicanos indocumentados y a la vez garantizar las condiciones de los estadounidenses, es un esquema en el que “tenemos la capacidad de integrar los mercados entre ambos países”.
México no es un Estado fallido, asegura Carlos Pascual, el nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país, al emitir sus primeras declaraciones públicas.
Pascual, quien llegó el pasado domingo con el presidente Barack Obama, sostiene que es necesario que en el corto plazo el “Ejército mexicano pueda cambiar su funcionamiento y tener un sistema más transparente” en derechos humanos.
Sobre el papel de los militares en tareas de seguridad —que ha generado críticas en su país por presuntas violaciones a derechos humanos—, detalla que a más tardar la próxima semana el Departamento de Estado entregará un informe al respecto al Senado, sin que pueda prever la reacción de los legisladores.
De este documento depende la liberación de 15% de los recursos de la Iniciativa Mérida.
Al respecto, el diplomático dice: “Todos entendemos por qué México ha necesitado el papel del Ejército, especialmente en zonas donde las policías locales no estaban al nivel necesario”.
Sin embargo, añade que “a corto plazo tenemos que ver si hay algunas maneras que el Ejército puede cambiar o mejorar su manera de funcionar, donde tengamos todos un sistema un poco más transparente; creo que tenemos la capacidad de entregar un reporte que pueda tocar estos asuntos de manera objetiva. Tenemos la cooperación del Estado mexicano para demostrar que es consistente con los estándares internacionales de respeto a derechos”.
Helicópteros, este año
Pascual anuncia que de los recursos de la Iniciativa Mérida que ya han sido liberados, la próxima semana comenzarán a llegar equipos no intrusivos —sistemas de inspección y rastreo de armas, drogas y explosivos—, y que este año se entregarán los helicópteros. “La ayuda de EU se va a ver”, sostiene.
Asegura que hay un avance de 70% en los contratos del equipo que su país entregará para la lucha contra la delincuencia, en la que México invierte cinco o seis veces más del apoyo que recibirá de Estados Unidos.
Ratificado la semana pasada en el cargo por el Senado estadounidense, este experto en análisis de regiones en conflicto, que desde hace más de dos décadas colabora con el Departamento de Estado, deja clara su misión: “Es interés de EU tener un México que sea fuerte, con una economía fuerte, y para mí es uno de los papeles principales que puedo tener aquí: ver cómo puedo representar a mi país y explicar México a los estadounidenses, para trabajar más eficientemente porque, en resumidas cuentas, ambos países nos necesitamos para poder competir de una manera más eficiente en un mundo globalizado”.
El embajador reconoció que la cooperación también es obligada en el tema de seguridad, pues “México está ahora en una situación en la que existe una presión tremenda, pero se tiene que ver que si no podemos trabajar juntos, ayudar a controlar la situación aquí, vamos a tener un problema mucho mayor en Estados Unidos también y en los países del hemisferio”.
Medio ambiente, salud y migración son también temas prioritarios en la relación bilateral, en la que, sostiene, no se dará marcha atrás, “pues no hay otra opción” que la reforma migratoria a pesar de la complicada agenda política en EU.
Regularizar a trabajadores mexicanos indocumentados y a la vez garantizar las condiciones de los estadounidenses, es un esquema en el que “tenemos la capacidad de integrar los mercados entre ambos países”.
Encinas, líder del PRD en la Cámara.
Noticia:
Luego de 11 horas de negociación, los diputados federales electos del PRD alcanzaron un pacto de unidad para designar a Alejandro Encinas como su próximo coordinador en la 61 Legislatura.
Las distintas corrientes consideraron a Encinas como la única vía para garantizar la cohesión y la reestructuración del partido.
La vicecoordinación de la fracción sería ocupada por Guadalupe Acosta, integrante de Nueva Izquierda, antagonista de Izquierda Unida, que apoya a Encinas.
Las corrientes que siguen al ex jefe de gobierno del Distrito Federal amenazaron con dejar el partido y fracturar la bancada, una de las más pequeñas en la historia del perredismo; sin embargo, fueron los gobernadores, principalmente Marcelo Ebrard, los que presionaron para la elección de Encinas, argumentando que en los próximos tres años la negociación presupuestal será prioritaria.
Nueva Izquierda cedió sus aspiraciones y a cambio aseguraron cargos secundarios que les garantizarán no sólo la viabilidad política, sino también administrativa, legislativa y de logística.
En la Mesa Directiva de la Cámara habría una cuota para Jesús Zambrano; el Comité de Administración —que tiene en sus manos la viabilidad y flujo de más de 5 mil millones de pesos— será para Uriel López de Michoacán; así como las presidencias de cuatro de seis comisiones que según cálculos internos se les asignarán.
Para quienes respaldan a Encinas quedan algunas carteras de la mesa directiva de la bancada, además de la presidencia de una comisión que tendrán que compartir las corrientes que lo apoyaron.
Durante las negociaciones Nueva Izquierda expresó su temor de que Encinas cerrara el diálogo con el gobierno federal; al respecto, el coordinador designado garantizó que mantendrá comunicación con todos los actores políticos.
Luego de 11 horas de negociación, los diputados federales electos del PRD alcanzaron un pacto de unidad para designar a Alejandro Encinas como su próximo coordinador en la 61 Legislatura.
Las distintas corrientes consideraron a Encinas como la única vía para garantizar la cohesión y la reestructuración del partido.
La vicecoordinación de la fracción sería ocupada por Guadalupe Acosta, integrante de Nueva Izquierda, antagonista de Izquierda Unida, que apoya a Encinas.
Las corrientes que siguen al ex jefe de gobierno del Distrito Federal amenazaron con dejar el partido y fracturar la bancada, una de las más pequeñas en la historia del perredismo; sin embargo, fueron los gobernadores, principalmente Marcelo Ebrard, los que presionaron para la elección de Encinas, argumentando que en los próximos tres años la negociación presupuestal será prioritaria.
Nueva Izquierda cedió sus aspiraciones y a cambio aseguraron cargos secundarios que les garantizarán no sólo la viabilidad política, sino también administrativa, legislativa y de logística.
En la Mesa Directiva de la Cámara habría una cuota para Jesús Zambrano; el Comité de Administración —que tiene en sus manos la viabilidad y flujo de más de 5 mil millones de pesos— será para Uriel López de Michoacán; así como las presidencias de cuatro de seis comisiones que según cálculos internos se les asignarán.
Para quienes respaldan a Encinas quedan algunas carteras de la mesa directiva de la bancada, además de la presidencia de una comisión que tendrán que compartir las corrientes que lo apoyaron.
Durante las negociaciones Nueva Izquierda expresó su temor de que Encinas cerrara el diálogo con el gobierno federal; al respecto, el coordinador designado garantizó que mantendrá comunicación con todos los actores políticos.
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