Noticia:
El ex presidente Alberto Fujimori sería indultado antes de que termine la actual administración del jefe de Estado (2006-2011) , Alan García, advirtió hoy el ex jefe de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, Omar Chehade.
Chehade, quien consiguió traer a Fujimori desde Chile cuando éste estaba en aquel país, alertó que el permiso que le fue otorgado para asistir a la boda de su hija Sachi es una advertencia de que se prepara el terreno para perdonarlo.
Fujimori permanece preso desde 2007 en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, en el distrito de Ate Vitarte, al este de Lima, tras haber sido hallado responsable de la muerte de 25 personas.
Para Chehade el tema del indulto es una posibilidad bastante fuerte y formaría parte de la estrategia política de Alan García para conseguir una especie de protección futura, al término de su gobierno.
Recomendó que a Fujimori se le traslade a un penal de máxima seguridad como la Base Naval donde purgan condena otros genocidas (los líderes de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, Víctor Polay) .
El ministro del Interior, Octavio Salazar, admitió en declaraciones a periodistas que el gobierno autorizó la realización del matrimonio de Sachi Fujimori, hija del ex mandatario, en la sede de la Diroes.
La ceremonia se realizará este sábado en la capilla del recinto policial, indicó Salazar al argumentar que se le dio permiso a Fujimori de estar presente en la boda de su hija por un "tema de humanidad".
A la ceremonia que será en estricto privado acudirán unos 60 invitados lo que provocó fuertes críticas del líder opositor Ollanta Humala, candidato presidencial del Partido Nacionalista Peruano.
Ironizó que la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) está degenerando a una unidad especializada de la Policía Nacional para otorgar favores políticos.
"Ahora la Diroes es una iglesia donde la gente va a casarse.Cualquiera puede pedir la capilla de la Diroes para casarse. Eso no es un tema humanitario, es una mañosería" , señaló al canal cuatro de la televisión peruana.
"Este es un indicio de contubernio entre el Poder Ejecutivo y el fujimorismo", indicó
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jueves, 25 de febrero de 2010
martes, 29 de septiembre de 2009
Fujimori se declara culpable de otros tres delitos de corrupción.
Noticia:
El ex presidente peruano Alberto Fujimori volvió a sentarse este lunes en el banquillo de los acusados y, al igual que en un anterior juicio, en el que se le condenó por pagar una suerte de indemnización de 15 millones de dólares a su asesor Vladimiro Montesinos, volvió a declararse "conforme" con los cargos formulados en la acusación. De esta manera evita la presentación de pruebas y el desfile de 61 testigos que había solicitado la fiscalía para demostrar su responsabilidad en tres delitos de corrupción. Ante el reconocimiento de su responsabilidad, el tribunal decretó la conclusión anticipada del juicio y anunció su sentencia para el miércoles.
Este juicio, el cuarto y último al que se somete desde que fue extraditado de Chile en 2007, Fujimori debía responder por tres casos emblemáticos de la corrupción durante su régimen, que duró 10 años (1990-2000): las escuchas telefónicas ilegales ejecutadas por su servicios de inteligencia, los sobornos a congresistas para que se pasasen a su grupo parlamentario tras las elecciones del año 2000, y la compra de la línea editorial de los medios de comunicación, incluida la adquisición de un canal de noticias por cable. El fiscal supremo José Pelaez Bardales sostuvo que Fujimori ordenó estas acciones ilegales y que en todas ellas usó dinero del Estado. Por ello, solicitó una pena de ocho años de prisión, además del pago de reparaciones civiles por 8 millones de soles (1,9 millones de euros, aproximadamente). Tras la exposición del fiscal, Fujimori se limitó a declarar: "Señor, estoy conforme", lo que se entiende como una aceptación no sólo de la comisión de los delitos, sino también de la condena solicitada por el ministerio público.
El desenlace era previsible, ya que unos días antes el abogado César Nakazaki había anticipado que el ex mandatario no tenía intención de batallar por su inocencia. "Estamos convencidos de que la Corte Suprema ha decidido no hacerle justicia al señor Fujimori, sino destruirlo", había declarado al diario El Comercio. Los seguidores de Fujimori también criticaron al tribunal. "El mensaje es: sentencien de una vez, hagan lo que tengan que hacer. Será el pueblo el que libere a Alberto Fujimori", declaró el congresista fujimorista Carlos Raffo, portavoz de su grupo parlamentario, inmediatamente después de la conclusión de la audiencia.
Desde que fue extraditado, Fujimori ha sido sometido a cuatro juicios, pero sólo intentó defenderse en los dos primeros: un proceso por allanamiento ilegal a la vivienda de la ex esposa de Vladmiro Montesinos y el más importante, el que se abrió por las matanzas de Barrios Altos y la Universidad de La Cantuta, además de dos casos de secuestro. Ambos acabaron con sentencias condenatorias y el segundo, con una pena de 25 años de prisión. En los otros dos procesos, referidos a delitos de corrupción, Fujimori ha preferido asumir la responsabilidad para abreviar los procesos, algo que muchos analistas interpretan como una maniobra para no perjudicar la candidatura de su hija Keiko, que lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2011, junto al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.
Uno de los tópicos que el fiscal pretendía exponer en el juicio era el presunto uso que hizo Fujimori de fondos del Estado para pagar los estudios universitarios de su hija en Estados Unidos, un tema que sigue en investigación y sobre el cual Keiko ha dado explicaciones contradictorias. "Esto sirve para cubrir la candidatura de Keiko y que ella consiga la libertad de su padre", comentó el ex parlamentario de izquierda Javier Diez Canseco. "Esto no es una victoria. Lo que se pretende es que se olvide la verdadera historia del fujimorismo", concluyó.
El ex presidente peruano Alberto Fujimori volvió a sentarse este lunes en el banquillo de los acusados y, al igual que en un anterior juicio, en el que se le condenó por pagar una suerte de indemnización de 15 millones de dólares a su asesor Vladimiro Montesinos, volvió a declararse "conforme" con los cargos formulados en la acusación. De esta manera evita la presentación de pruebas y el desfile de 61 testigos que había solicitado la fiscalía para demostrar su responsabilidad en tres delitos de corrupción. Ante el reconocimiento de su responsabilidad, el tribunal decretó la conclusión anticipada del juicio y anunció su sentencia para el miércoles.
Este juicio, el cuarto y último al que se somete desde que fue extraditado de Chile en 2007, Fujimori debía responder por tres casos emblemáticos de la corrupción durante su régimen, que duró 10 años (1990-2000): las escuchas telefónicas ilegales ejecutadas por su servicios de inteligencia, los sobornos a congresistas para que se pasasen a su grupo parlamentario tras las elecciones del año 2000, y la compra de la línea editorial de los medios de comunicación, incluida la adquisición de un canal de noticias por cable. El fiscal supremo José Pelaez Bardales sostuvo que Fujimori ordenó estas acciones ilegales y que en todas ellas usó dinero del Estado. Por ello, solicitó una pena de ocho años de prisión, además del pago de reparaciones civiles por 8 millones de soles (1,9 millones de euros, aproximadamente). Tras la exposición del fiscal, Fujimori se limitó a declarar: "Señor, estoy conforme", lo que se entiende como una aceptación no sólo de la comisión de los delitos, sino también de la condena solicitada por el ministerio público.
El desenlace era previsible, ya que unos días antes el abogado César Nakazaki había anticipado que el ex mandatario no tenía intención de batallar por su inocencia. "Estamos convencidos de que la Corte Suprema ha decidido no hacerle justicia al señor Fujimori, sino destruirlo", había declarado al diario El Comercio. Los seguidores de Fujimori también criticaron al tribunal. "El mensaje es: sentencien de una vez, hagan lo que tengan que hacer. Será el pueblo el que libere a Alberto Fujimori", declaró el congresista fujimorista Carlos Raffo, portavoz de su grupo parlamentario, inmediatamente después de la conclusión de la audiencia.
Desde que fue extraditado, Fujimori ha sido sometido a cuatro juicios, pero sólo intentó defenderse en los dos primeros: un proceso por allanamiento ilegal a la vivienda de la ex esposa de Vladmiro Montesinos y el más importante, el que se abrió por las matanzas de Barrios Altos y la Universidad de La Cantuta, además de dos casos de secuestro. Ambos acabaron con sentencias condenatorias y el segundo, con una pena de 25 años de prisión. En los otros dos procesos, referidos a delitos de corrupción, Fujimori ha preferido asumir la responsabilidad para abreviar los procesos, algo que muchos analistas interpretan como una maniobra para no perjudicar la candidatura de su hija Keiko, que lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2011, junto al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.
Uno de los tópicos que el fiscal pretendía exponer en el juicio era el presunto uso que hizo Fujimori de fondos del Estado para pagar los estudios universitarios de su hija en Estados Unidos, un tema que sigue en investigación y sobre el cual Keiko ha dado explicaciones contradictorias. "Esto sirve para cubrir la candidatura de Keiko y que ella consiga la libertad de su padre", comentó el ex parlamentario de izquierda Javier Diez Canseco. "Esto no es una victoria. Lo que se pretende es que se olvide la verdadera historia del fujimorismo", concluyó.
martes, 21 de julio de 2009
Siete años de cárcel para Fujimori por corrupción.
Noticia:
El ex presidente peruano Alberto Fujimori ha recibido una nueva sentencia. Pero, a diferencia de las anteriores, ésta es por un caso de corrupción. La sala penal especial de la Corte Suprema peruana, presidida por el juez César San Martín, condenó ayer al ex mandatario (1990-2001) a siete años y seis meses de prisión por pagar 15 millones de dólares, extraídos del tesoro público, a su ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos Torres en 2001. Fujimori argumentó que entregó ese dinero para impedir un golpe de Estado, pero esa justificación no fue tomada en cuenta por el tribunal, que lo encontró culpable de los delitos de peculado y falsedad ideológica.
Por esta condena, Fujimori deberá permanecer en prisión hasta el 11 de agosto de 2014 y pagar una reparación civil al Estado de tres millones de soles (unos 720.000 euros). Sin embargo, ya cuenta con otra sentencia mayor, de 25 años, por las matanzas de Barrios Altos y la Universidad de La Cantuta en los noventa, que aún debe ser confirmada por la instancia superior, al igual que ésta, ya que Fujimori ha presentado recursos de nulidad en ambos casos. Como la legislación peruana no contempla la acumulación de penas, el ex presidente sólo deberá cumplir la sentencia más larga.
Aunque el final era previsible, porque tres ex ministros que participaron en la operación ya han sido condenados por este caso, el juicio fue muy rápido. Duró menos de dos semanas, porque Fujimori admitió los hechos tal como fueron presentados en la acusación fiscal y únicamente rechazó la responsabilidad penal, una maniobra legal que, a juicio de varios analistas, tenía como finalidad evitar un largo proceso de presentación pública de evidencias y testigos que perjudique más su imagen. Y, sobre todo, la inminente campaña electoral de su hija Keiko, que -según un sondeo de la empresa Ipsos Apoyo publicado el domingo- sigue liderando la intención de voto para las elecciones de 2011, con un 20% de los votantes, por delante del alcalde de Lima, Luis Castañeda, que tiene un 18%.
El caso, conocido en Perú como "la CTS (suerte de indemnización por tiempo de trabajo) de Montesinos" se originó tras la aparición de los primeros vídeos que dejaron en evidencia la corrupción del régimen fujimorista y de que el presidente anunciara públicamente la disolución del Servicio de Inteligencia Nacional y el adelanto de las elecciones en 2000. El 11 de septiembre de ese año, el Gobierno emitió un decreto de urgencia que asignaba recursos extraordinarios al Ministerio de Defensa para ejecutar un supuesto plan que impidiera el ingreso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Perú. El dinero, en realidad, fue cambiado a dólares y entregado en maletines a Montesinos, quien se lo dio a un traficante de armas para que lo depositara en una cuenta en el extranjero y luego se fugó a Panamá. El viernes, en su exposición, Fujimori argumentó que había sido chantajeado por Montesinos, que aún mantenía un férreo control de las fuerzas armadas y amenazaba con dar un golpe de Estado, y que, por mediación del ministro de Economía, había logrado convencerlo de que abortara sus planes a cambio del pago.
Los 15 millones, efectivamente, regresaron al tesoro público al cabo de un mes, pero la explicación de Fujimori, que señaló que el dinero provino de un hallazgo en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional, no fue considerada verosímil por el tribunal. Tampoco se consideró válido el argumento de la defensa, que señalaba que como el dinero había sido devuelto no se había ocasionado perjuicio al Estado. Al final, la sala sólo rebajó seis meses a la pena de ocho años que había pedido el fiscal Avelino Guillén. La fiscalía, además, ha solicitado que se investigue de dónde salió el dinero para la reposición.
A Fujimori aún le queda responder por tres casos más de corrupción: la compra de un canal de televisión por cable con dinero del Estado, la intercepción de comunicaciones telefónicas a cargo de sus servicios de inteligencia, y los sobornos entregados a congresistas de oposición en 2000 para que se pasaran a su partido. Las tres denuncias se han comprendido en un solo juicio, que debe iniciarse en breve. A falta de que las sentencias por homicidio y la de ayer sean confirmadas en la Corte Suprema, por ahora Fujimori cumple una condena de seis años de cárcel por allanar ilegalmente la casa de la esposa de Montesinos con ayuda de un falso fiscal, la única firme hasta el momento.
El ex presidente peruano Alberto Fujimori ha recibido una nueva sentencia. Pero, a diferencia de las anteriores, ésta es por un caso de corrupción. La sala penal especial de la Corte Suprema peruana, presidida por el juez César San Martín, condenó ayer al ex mandatario (1990-2001) a siete años y seis meses de prisión por pagar 15 millones de dólares, extraídos del tesoro público, a su ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos Torres en 2001. Fujimori argumentó que entregó ese dinero para impedir un golpe de Estado, pero esa justificación no fue tomada en cuenta por el tribunal, que lo encontró culpable de los delitos de peculado y falsedad ideológica.
Por esta condena, Fujimori deberá permanecer en prisión hasta el 11 de agosto de 2014 y pagar una reparación civil al Estado de tres millones de soles (unos 720.000 euros). Sin embargo, ya cuenta con otra sentencia mayor, de 25 años, por las matanzas de Barrios Altos y la Universidad de La Cantuta en los noventa, que aún debe ser confirmada por la instancia superior, al igual que ésta, ya que Fujimori ha presentado recursos de nulidad en ambos casos. Como la legislación peruana no contempla la acumulación de penas, el ex presidente sólo deberá cumplir la sentencia más larga.
Aunque el final era previsible, porque tres ex ministros que participaron en la operación ya han sido condenados por este caso, el juicio fue muy rápido. Duró menos de dos semanas, porque Fujimori admitió los hechos tal como fueron presentados en la acusación fiscal y únicamente rechazó la responsabilidad penal, una maniobra legal que, a juicio de varios analistas, tenía como finalidad evitar un largo proceso de presentación pública de evidencias y testigos que perjudique más su imagen. Y, sobre todo, la inminente campaña electoral de su hija Keiko, que -según un sondeo de la empresa Ipsos Apoyo publicado el domingo- sigue liderando la intención de voto para las elecciones de 2011, con un 20% de los votantes, por delante del alcalde de Lima, Luis Castañeda, que tiene un 18%.
El caso, conocido en Perú como "la CTS (suerte de indemnización por tiempo de trabajo) de Montesinos" se originó tras la aparición de los primeros vídeos que dejaron en evidencia la corrupción del régimen fujimorista y de que el presidente anunciara públicamente la disolución del Servicio de Inteligencia Nacional y el adelanto de las elecciones en 2000. El 11 de septiembre de ese año, el Gobierno emitió un decreto de urgencia que asignaba recursos extraordinarios al Ministerio de Defensa para ejecutar un supuesto plan que impidiera el ingreso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Perú. El dinero, en realidad, fue cambiado a dólares y entregado en maletines a Montesinos, quien se lo dio a un traficante de armas para que lo depositara en una cuenta en el extranjero y luego se fugó a Panamá. El viernes, en su exposición, Fujimori argumentó que había sido chantajeado por Montesinos, que aún mantenía un férreo control de las fuerzas armadas y amenazaba con dar un golpe de Estado, y que, por mediación del ministro de Economía, había logrado convencerlo de que abortara sus planes a cambio del pago.
Los 15 millones, efectivamente, regresaron al tesoro público al cabo de un mes, pero la explicación de Fujimori, que señaló que el dinero provino de un hallazgo en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional, no fue considerada verosímil por el tribunal. Tampoco se consideró válido el argumento de la defensa, que señalaba que como el dinero había sido devuelto no se había ocasionado perjuicio al Estado. Al final, la sala sólo rebajó seis meses a la pena de ocho años que había pedido el fiscal Avelino Guillén. La fiscalía, además, ha solicitado que se investigue de dónde salió el dinero para la reposición.
A Fujimori aún le queda responder por tres casos más de corrupción: la compra de un canal de televisión por cable con dinero del Estado, la intercepción de comunicaciones telefónicas a cargo de sus servicios de inteligencia, y los sobornos entregados a congresistas de oposición en 2000 para que se pasaran a su partido. Las tres denuncias se han comprendido en un solo juicio, que debe iniciarse en breve. A falta de que las sentencias por homicidio y la de ayer sean confirmadas en la Corte Suprema, por ahora Fujimori cumple una condena de seis años de cárcel por allanar ilegalmente la casa de la esposa de Montesinos con ayuda de un falso fiscal, la única firme hasta el momento.
martes, 7 de abril de 2009
Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos contra los derechos humanos.
Noticia:
Un tribunal ha sentenciado hoy culpable al ex presidente Alberto Fujimori por crímenes contra los derechos humanos. El presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, César San Martín, ha declarado que los cuatro cargos contra Fujimori están probados "más allá de toda duda razonable", por lo que se le ha condenado a 25 años de cárcel. Ante la decisión, Fujimori ha interpuesto de inmediato un recurso de nulidad.
Fujimori, de 70 años, estaba acusado por su responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos en 1991 y 1992, y en los secuestros de un periodista y un empresario en 1992. San Martín ha precisado que el grupo militar encubierto Colina, autor material de las matanzas, cometió 50 asesinatos en 15 meses de actividad y que el Gobierno de Fujimori desarrolló una febril actividad para ocultar los hechos una vez que se conocieron.
Esta es la primera vez que un ex mandatario elegido democráticamente en América Latina es declarado culpable en su país por violaciones a los derechos humanos.
Fujimori, quien durante gran parte de su mandato (1990-2000) disfrutó de enorme popularidad por haber derrotado a los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y el MRTA y además haber estabilizado al país en materia económica, se vio involucrado en graves escándalos de corrupción hacia el final de su mandato, por lo que huyó del país en el 2000 y se refugió en Japón -país de origen de sus padres- durante varios años antes de regresar a Perú a enfrentarse a la justicia.
El ex presidente siempre ha defendido su inocencia y se ha escudado en que tuvo que "gobernar desde el infierno", como dijo durante el juicio, cuando describió cómo se abocó a la lucha contra Sendero Luminoso -que durante la dácada de los 80 y comienzos de los 90 mantuvo a Perú en caos con ataques a infraestructuras y atentados- y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaro (MRTA), que protagonizó un espectacular secuestro en la residencia del embajador japonés en Lima en diciembre de 1996, y que terminó con un rescate de película más de cuatro meses después.
Pero su Gobierno se vio salpicado de denuncias de violaciones de derechos humanos llevados a cabo por el Servicio de Inteligencia liderado por Vladimiro Montesinos, quien también afronta varios juicios por estos delitos y corrupción.
Este juicio, que se ha desarrollado a lo largo de 15 meses, puede tener amplias implicaciones políticas ya que el actual mandatario, Alan García, también ha sido acusado de violación de derechos humanos durante su primer Gobierno en la década de 1980, antes de que fuera reemplazado por Fujimori, quien aún cuenta con amplia popularidad en algunas zonas de Perú, sobre todo las más pobres.
La hija de Fujimori, Keiko , es una parlamentaria muy popular en Perú y podría tratar de usar la condena de su padre para atraer simpatizantes de cara a sus propias ambiciones presidenciales en dos años. Algunas encuestas colocan a la joven -que fue la congresista peruana más votada en 2006- al frente de las preferencias electorales. De hecho, hoy decenas de simpatizantes de Fujimori se han congregado a las afueras de la sede del tribunal para mostrar su apoyo al ex mandatario.
Comentario:
Se hace justicia para muchos peruanos.
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