Transparencia gana terreno en la capital.

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Por no cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 77 servidores públicos han sido sancionados sin goce de sueldo o amonestados, en los últimos tres años, por las contralorías internas de las secretarías, delegaciones políticas y órganos autónomos de la ciudad de México.

Óscar Guerra Ford, presidente comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública local (Info-DF), reconoció que todavía hay algunas resistencias por parte de funcionarios para entregar los datos que requieren los solicitantes, pero, insistió, hay avances importantes.

De 2006 a la fecha, el instituto de transparencia de la capital ha recibido más de 340 recursos de revisión de personas que no han quedado satisfechas con la información entregada. De éstas, sólo 77 funcionarios han sido sancionados, y el resto de los casos fueron solventados después de un largo proceso jurídico.

Para Guerra Ford, no todo es negativo. “Tenemos un balance positivo porque llevamos 97% de recursos atendidos, y este miércoles daremos a conocer un informe global en el que demostraremos que hemos avanzado”, aseguró el funcionario.

Insistió en que los entes responsables de obedecer la ley de transparencia tienen mayor conciencia de su responsabilidad en este tema, y un ejemplo de ello es que hace algunos días el gobierno del Distrito Federal (GDF) giró un oficio a todas las dependencias que lo conforman para que su personal esté capacitado para atender este tipo de casos.

Sin embargo, manifestó su preocupación porque muchas secretarías y delegaciones políticas todavía no aplican la Ley de Archivos del Distrito Federal. “Hay una desorganización muy fuerte y tenemos varios casos de personas que no han encontrado una respuesta a sus solicitudes de información”, afirmó.

Aunque esta situación no representa un problema grave, pues sólo se ha registrado 12% de casos con respuestas de inexistencia, consideró que para evitar lo anterior la ley cuenta con un candado en el que interviene el contralor interno de la dependencia, y que al darse cuenta de que falta documentación puede iniciar una investigación.

Los recursos de revisión

Cuando un ente local se resiste a entregar la información requerida, el interesado podrá presentar un recurso de revisión ante el instituto capitalino. En caso de no obtener los datos, los comisionados dan vista a la Contraloría Interna de la dependencia respectiva para que sancione al funcionario que se resiste a cumplir con la ley de transparencia.

En 2007, el Info-DF presentó 89 vistas a los órganos de control interno de las dependencias. En ese año, se inhabilitó por dos años a un servidor público de la Secretaría de Finanzas del DF para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público. Cuatro funcionarios —uno de la delegación Iztapalapa, otro de la delegación Cuajimalpa y dos de la Secretaría de Obras— recibieron una amonestación pública, mientras que también fue amonestado en forma privada otro servidor del Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Así también recibieron recomendaciones para mejorar su desempeño en el trabajo cinco empleados de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Para 2008, esta cifra disminuyó con 52 vistas por incumplimiento de las resoluciones del pleno del Info-DF, de las cuales 30% correspondieron a dependencias del gobierno capitalino, siendo la Secretaría de Transportes y Vialidad del DF (Setravi) quien encabeza la lista, mientras que las delegaciones obtuvieron el mayor número de incumplimiento, al grado tal que Tlalpan y Tláhuac representan 62% del total de las vistas.

Respecto a este año, el Instituto de Acceso a la Información del DF todavía hace un balance sobre el cumplimiento; en tanto, en 2006 se presentaron 57 vistas.

El perfil de los solicitantes

En un informe del instituto capitalino destaca que hay un proceso de ciudadanización del acceso a la información, en el que cada vez participan más empresarios, comerciantes, empleados, obreros y mujeres que se dedican al hogar o a otra ocupación; mientras que disminuyen las solicitudes presentadas por representantes de medios de comunicación, servidores públicos, organismos no gubernamentales, académicos y estudiantes.

Además los comisionados han detectado un cambio en la escolaridad de los solicitantes. Antes había más personas con estudios de primaria o sin instrucción que pedían información; ahora han aumentado quienes tienen secundaria, bachillerato y licenciatura. También disminuyeron las solicitudes que se recibían de habitantes del estado de México y cada vez participan más los que residen en el Distrito Federal.

La mayoría de la información que piden los solicitantes está relacionada con temas de presupuesto, regulatorios, actos de gobierno, relación con la sociedad y sobre datos personales.

Algunos casos relevantes

El 3 de diciembre de 2007 un solicitante pidió conocer cuáles son las dependencias federales que deben el pago del servicio del agua y cuánto debe cada una de ellas. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) consideró que esta información era reservada, al estar protegida por el secreto fiscal previsto en los artículos 124 y 679 del Código Financiero del Distrito Federal.

Sin embargo, la persona interesada en obtener estos datos interpuso un recurso de revisión ante el Info-DF. El pleno de este instituto resolvió que la difusión de estos datos produce mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran ocasionarse con su divulgación.

Otro caso que provocó un debate intenso entre los comisionados fue una solicitud para obtener las averiguaciones previas en contra de la ex jefa de Gobierno Rosario Robles Berlanga. El 12 de febrero de 2008, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) respondió que era información reservada y confidencial, además los agentes del Ministerio Público están obligados a no proporcionar datos contenidos en las indagaciones a su cargo a terceras personas ajenas a las mismas.

El pleno del Info-DF resolvió que los agentes del Ministerio Público no incurren en responsabilidad por proporcionar a terceros o a cualquier persona el acceso a averiguaciones previas concluidas, y en los casos de que el probable responsable haya sido enterado, por parte de la propia Procuraduría de Justicica de la capital sobre la integración de una averiguación en su contra, desaparece el motivo de reserva. Sin embargo, el contenido de la misma no es para divulgarla, salvo que haya sido resuelta.

El 28 de marzo de 2008, una persona solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) conocer el tipo de cámaras de las 8 mil que se instalarían en la ciudad como parte del Proyecto del Bicentenario: si se iba a usar un software inteligente, la ubicación de las mismas, el total de éstas por delegación, entre otras peticiones.

El solicitante no obtuvo toda la información requerida y presentó un recurso de revisión que fue discutido por los comisionados, quienes consideraron que dar la ubicación exacta de las cámaras pone en riesgo la prevención y persecución de los delitos. Además, ordenaron que sólo se entregara la información por delegación y por colonia, para no vulnerar la seguridad pública.