Amonestan a PGJ por actuación deficiente.

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La Comisión de Derechos Humanos del estado de México (Codhem) emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia por la mala integración de una averiguación previa que provocó que un individuo, que es señalado como responsable de abusar sexualmente de una menor, no fuera detenido.

El organismo envió al titular de la PGJEM, Alberto Bazbaz Sacal, la recomendación porque en marzo de 2008, una menor de 12 años fue víctima de abuso sexual, y acompañada de su familia acudió a denunciar.

Sin embargo, “las deficiencias en la integración del acta impidieron que el presunto responsable fuera capturado, aun cuando estaba identificado y el examen del médico legista confirmaba el ataque del que fue objeto la jovencita”.

De acuerdo con la recomendación 18/09, la menor se presentó a denunciar el ilícito, en el Ministerio Público de Real de Costitlán, en Chicoloapan, pero el representante social, José Agustín Loaiza Meneses, integró de manera irregular la indagatoria, lo que impidió la detención del probable responsable, no obstante que las lesiones presentadas por la afectada se produjeron dentro de las 72 horas previas a la denuncia penal.

“Incluso, de acuerdo con el expediente de queja que fue iniciado en esta Comisión, la declaración de la jovencita fue tomada por una licenciada de la que no se sabe su nombre, quien le dijo a la víctima varias cosas que la hicieron sentir intimidada, provocando que emitiera un testimonio incompleto de los hechos”.

La madre de la niña aseguró que los abusos sexuales se repitieron en más de una ocasión, pero la licenciada que no fue identificada no asentó las fechas de tales agresiones en la declaración y le dijo a la mamá que ya firmara así, porque si no la menor podría salir perjudicada.

“El papá de la agraviada refirió que se entrevistaron con el comandante Heriberto Dolores Martínez Galván, adscrito al Grupo de Investigaciones, quien les dijo que el encargado del caso sería el policía ministerial Édgar Israel Álvarez Pérez, quien sólo entrevistó a la menor y le solicitó a los denunciantes que le avisaran cuando el probable responsable estuviera afuera de su casa, ya que no lo podía detener en su domicilio”, señala.

La Codhem, luego de una investigación, confirmó que se vulneraron los derechos humanos de la menor porque el representante social, José Agustín Loaiza Meneses, omitió vigilar, supervisar y dar seguimiento a la averiguación previa, más aún, sabiendo que la atención era necesaria, ya que conoció oportunamente de los hechos que fueron certificados por el médico legista.

Ernesto Méndez Prado, secretario del Ministerio Público, manifestó que fue él quien realizó la fe ministerial del estado ginecológico y sí observó la anotación en dicho certificado, pero no consideró necesario recabar la declaración de la mamá.

La Codhem explicó en el documento que tanto el representante social como el secretario actuaron inadecuadamente, porque permitieron que persona ajena a la institución recabara la declaración de la afectada, y peor aún, se dedicara a intimidarla.

El fiscal no hizo acción alguna para dar vigencia a los derechos de la adolescente, quien no recibió ni la atención ni el apoyo que como víctima le correspondían, agregó la Codhem en el texto.