Colombia inició caída de mandos.

Noticia:


La investigación por robo que mantiene en prisión a Víctor Gerardo Garay Cadena, ex comisionado interino de la Policía Federal Preventiva (PFP), y a Francisco Navarro Espinoza, inició por solicitud del Consulado de Colombia en México a la Procuraduría General de la República (PGR).

El 28 de octubre, el consulado recibió una copia de la declaración de Ángela María Quintero, una de las 15 personas detenidas en una mansión del Desierto de los Leones, en la que denunció haber sido víctima, junto con los asistentes a una fiesta, de detención ilegal, golpes, tortura y robo por los mandos y agentes que participaron en el operativo.

Los detenidos están vinculados presuntamente al colombiano Harold Mauricio Poveda El Conejo, principal abastrecedor de cocaína para Arturo Beltrán Leyva.

La representación colombiana solicitó a la PGR, vía diplomática, investigar la denuncia, asignada al coordinador de Ministerios Públicos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Cuatro días después, Garay y Navarro, quien encabezó el operativo, fueron arraigados.

Quintero acusa a Navarro, jefe de la División Antidrogas de la PFP, de robarle joyas con valor de 145 mil dólares, y al ratificar su denuncia el 22 de noviembre también señaló a Víctor Gerardo Garay y a Enrique Bayardo, subdirector de investigación de Delitos contra la Salud de la corporación.

Según su defensa, la colombiana identificó en fotos, a varios agentes de PFP y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que participaron en el operativo, entre ellas varias mujeres que de acuerdo con su declaración, le quitaron a ella y a sus compañeras sus joyas y objetos de valor.

Los mandos acumulan cargos, pues a la denuncia de Quintero se sumaron las de Juliana López, Teodoro Mauricio Fino , Raúl Muñoz y Alessandro Brasesco, quienes los acusan de haber saqueado sus domicilios tras la detención.

Los cuatro ratificaron sus declaraciones al fiscal del caso, en la averiguación previa por robo y abuso de autoridad que se inició a los ex policías. La defensa de Angela María aportó como prueba la factura y fotos de las joyas sustraídas.

De manera simultánea, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investiga las denuncias de tortura y detención ilegal, pues los quejosos refieren que fueron detenidos tres días antes del reportado oficialmente y de las condiciones en que cumplen su arraigo en el Centro de Mando de la PFP en Iztapalapa.

Comentario:

Se trata de toda una madeja que es necesario desenredar. Es comprensible que la Comisión de Derechos humanos se preocupe por posibles violaciones y detenciones ilegales, pero también que esto no sea motivo para obstaculizar investigaciones.